Sentencia AA-254-15 — Registro 6010
Resumen
Acuerdo No. 120 ordenó traslado de recurrente de su cargo de Juez Supernumerario de Letras Civil al de igual cargo en el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia ambos de San Pedro Sula, Cortés; Dicho traslado fue aprobado en Acta No. 53 del Punto 12 de la Cesión de la Autoridad recurrida; Contra dicho Acuerdo se interpuso recurso de reposición el cual se declaró inadmisible
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el presente caso trata de un caso de principio-derecho a la independencia judicial, el que ha sido violado al haberse vulnerado el derecho constitucional a “la inamovilidad del Juez y Magistrado” lo que no es un concepto nuevo…"…"Que la Sala de lo Constitucional, en su función de defensora de la Constitución de la República, vela por la lucha de la independencia judicial a lo interno de este poder del Estado, en ese sentido, es obligado aplicar lo establecido en el primer párrafo del artículo 317 de la Carta Marga, que como quedó dicho, obliga a defender el principio-derecho constitucional a la inamovilidad de destino de los Jueces, más ahora que se ven sometidos a estrictos procesos de selección los que son realizados tomando en cuenta las distintas zonas del país y la especialización del profesional del derecho, es decir por materia..."..."tal garantía de inamovilidad debe ser reforzada en mayor manera cuanto más arriba en el escalafón se encuentre el Magistrado dada la trascendencia y afectación política de sus decisiones, al punto que en otros países la designación de los Magistrados del tribunal supremo es vitalicia. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, hasta que cumplan la edad para la jubilación voluntaria o forzosa, excepto cuando existan motivos para interrumpirla, siempre y cuando se lleve a cabo un debido proceso previo..."..."al haberse acreditado, que no se llevo a cabo un debido proceso para determinar las causas que motivaran la decisión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que emite el Acuerdo No.120 de fecha cinco de febrero del año dos mil quince, decisión aprobada en el Acta No. 53 del punto No. 12 de la Sesión celebrada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en fecha 6 de enero del 2015. (F. 11 pieza de amparo) mediante el cual se ordena el traslado del (recurrente) Juez de Letras de lo Civil, abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO al Juzgado Primero de Letras de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Se ha constatado que efectivamente en el caso subexamine, la resolución impugnada en esta vía constitucional, ha vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto, motivo suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado, en consecuencia debe restablecerse los derechos constitucionales del impetrante que fueron mancillados como consecuencia de la que resolución impugnada..."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 137 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO a favor de SI MISMO, contra la resolución emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha cinco de enero del año dos mil quince, transcrita el acuerdo número 120 del cinco de febrero de dos mil quince, mediante la cual se ordenó su traslado del cargo de Juez de Letras Civil la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a Juez Supernumerario del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 80, 82, 127, 303, 304 y 317 de la Constitución de la República; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de febrero de dos mil quince, el Consejo de la Judicatura Corte Suprema de Justicia, emitió el acuerdo número 120, el cual ordena trasladar al Abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO del cargo de Juez Supernumerario del Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al de igual cargo de Juez Supernumerario en el Juzgado de Letras de la Niñez y de la Adolescencia de San Pedro Sula, Cortés, en sustitución de la Abogada BLANCA GEORGINA RAMIREZ CASTRO, el cual fue aprobado mediante acta No. 53 del Punto 12 de la sesión celebrada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de fecha seis de enero de dos mil quince. 2) Que en fecha veinte de febrero de dos mil quince, el Abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO, interpuso recurso de reposición contra la resolución de fecha cinco de enero de dos mil quince, y el acuerdo numero 120 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, aduciendo el recurrente que dichas actuaciones lesionan sus derechos como funcionario judicial, vulnerando con ello los preceptos constitucionales de inamovilidad judicial, independencia judicial, lo cual pone en precario su carrera judicial, ya que no ha solicitado su traslado. (Folio 01 al 05 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, dictó Resolución mediante la cual resolvió declarando inadmisible a trámite el recurso de reposición interpuesto. (Folio 07 al 09 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMO, contra la Resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en fecha cinco de enero de dos mil quince y el Acuerdo No. 120 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, la cual considera violatoria de los dispuesto en los artículos 80, 82, 127, 303, 304 y 317 de la Constitución de la República; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de mayo de dos mil quince, y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. 5) Que en fecha veintidós de julio del año dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista y por emitido el dictamen de la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que “SE DENIEGUE” el Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución, dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, según el Acuerdo No. 120 de fecha 5 de febrero del año 2015, decisión aprobada en el Acta No. 53 del punto No. 12 de la Sesión celebrada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en fecha 6 de enero del 2015. (F. 11 pieza de amparo) mediante la cual se ordena el traslado del recurrente, en ese momento Juez Supernumerario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés con igual cargo al Juzgado Primero de Letras de la Niñez de la misma Sección Judicial. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, manifiesta en el Numeral Primero, que (sic) “…. El consejo de la Judicatura le lesionó muchas garantías y derechos constitucionales como ser: la independencia judicial e inamovilidad, el DERECHO DE SER ESCUCHADO con esto inobservando el debido proceso, mediante resolución de fecha 05 de enero del 2015 transcrita el 05 de febrero del mismo año, en donde resuelve dicho consejo ordenar arbitrariamente y antojadizamente mi traslado al juzgado de letras de la niñez y de la adolescencia, constando en acta número 53 punto número 12 de la sesión celebrada por el Consejo de la Judicatura el día 06 de enero del 2015, transcrita mediante el acuerdo 220 en fecha 05 de febrero del 2015, sin importarlas consecuencias jurídicas que trae este acto arbitrario en un Estado de derecho respetuoso de los tratados y convenios y sobre todo aquellos tratados y convenios referentes a los derechos humanos como norma protectora internacional alas garantías y derechos humanos de cual todo ser humano que está dotado de una dignidad inherente del cual no puede ser objeto de despojo alguno por ninguna autoridad administrativa” (F.99 pieza de amparo). CONSIDERANDO (5): Que el impetrante considera que (sic)“la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura lesiona gravemente y vulnera derechos fundamentales contenidos en los artículo 60, 82, 89, 90, 127, 303 y 317 de la Constitución de la República, y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los artículos 8 numeral primero y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual nunca el Consejo de la Judicatura respetó el debido proceso exigido en todo tipo de trámite administrativo…. Señala además que participó en la selección para ser nombrado como Juez de Letras de lo Civil en la ciudad de San Pedro Sula, como un derecho a escoger el trabajo que mejor le parece en un Estado de Derecho…”. Manifiesta además, que extrañamente su traslado sucede cuando hizo una denuncia por el tráfico de influencias ante la Inspectoría de Juzgados y Tribunales por el DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS, contra la Juez coordinadora de nombre Melida Estrada Quintanilla…”. Además señala el recurrente una serie de situaciones que tuvo que afrontar como consecuencia de las peticiones de favores por parte de la coordinadora denunciada. Siendo su opinión que (sic) “el motivo por el cual los jueces están siendo trasladados e incluso algunos sancionados arbitrariamente es o para meter miedo y así doblegarlo a uno para que resuelva como a ellos les parece o se les complazca en sus peticiones…”. Dice además que “los consejales se han repartido por zonas el poder judicial por ejemplo quien decide todo sobre la zona noroccidental es el consejal Quiroz, quien tiene actualmente secuestrado el poder judicial, nombrándose a persona s con que él mantiene relaciones sentimentales incluso vástagos con algunas de ellas, siendo el estado quien le mantiene a sus descendientes y amigo allegados a él, saltándose el proceso de selección, para optar a un cargo o ascenso…” (F. 100, 102, pieza de amparo). CONSIDERANDO (6): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores es menester por parte de esta Sala de lo Constitucional considerar si la referida resolución proferida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 317 reformado de la Constitución de la República, en el primer párrafo manda que “Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la ley.” Asimismo el artículo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial manda que “Las y los Jueces de Paz, los Jueces de Letras y los Magistrados de Cortes de Apelaciones gozan de inamovilidad. En consecuencia, no podrán ser trasladados, cesados, separados, ni suspendidos del cargo para el que hayan sido nombrados, sino por las causas y mediante los procedimientos y con los recursos establecidos en la Ley”. Una interpretación literal de las normas antes transcritas, indica que, para que sea separado, suspendido, trasladado, descendidos, ó jubilados deben HABER CAUSAS que nos lleven a ello, y además de las causas, indica en constituyente derivado, se debe tomar esta decisión con las garantías establecidas en la ley. Estas garantías no pueden ser otras que con un juicio previo, en el presente caso sería audiencias ad-hoc, celebradas para escuchas ambas versiones, audiencias que garanticen el derecho a ser oído y vencido en las mismas, en derecho de inocencia en tanto se llevan a cabo, y no haya una resolución administrativa firme, en derecho a la defensa y consecuentemente el derecho a un debido proceso garantizado constitucional y convencionalmente. CONSIDERANDO (8): Que el presente caso trata de un caso de principio-derecho a la independencia judicial, el que ha sido violado al haberse vulnerado el derecho constitucional a “la inamovilidad del Juez y Magistrado” lo que no es un concepto nuevo. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Ossorio, nos dice lo siguiente sobre este concepto: “Inamovilidad. Derecho que tienen los empleados públicos a no ser separados de sus cargos, si no es por causa de mala conducta, ineptitud o negligencia en el desempeño de sus funciones, y aún esto, a condición de que se les haya seguido un expediente previo, en el cual han de ser oídos: O bien por alcanzar la edad de su jubilación”. Es menester mencionar que el señor Manuel Ossorio, en la obra citada, enfatiza la importancia de la inamovilidad en el aparato judicial al señalar lo siguiente: “fácilmente es comprensible que dicha garantía, importante para las distintas ramas administrativas presenta trascendencia infinitamente mayor cuando la inamovilidad está referida a los funcionarios del Poder Judicial, ya que es lícito afirmar que donde no existe esa inamovilidad, de manera plena e indiscutida, los funcionarios judiciales carecen de independencia, de donde se desprende que no hay justicia sin garantías individuales.” CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional, en su función de defensora de la Constitución de la República, vela por la lucha de la independencia judicial a lo interno de este poder del Estado, en ese sentido, es obligado aplicar lo establecido en el primer párrafo del artículo 317 de la Carta Marga, que como quedó dicho, obliga a defender el principio-derecho constitucional a la inamovilidad de destino de los Jueces, más ahora que se ven sometidos a estrictos procesos de selección los que son realizados tomando en cuenta las distintas zonas del país y la especialización del profesional del derecho, es decir por materia. CONSIDERANDO (10): Que tal garantía de inamovilidad debe ser reforzada en mayor manera cuanto más arriba en el escalafón se encuentre el Magistrado dada la trascendencia y afectación política de sus decisiones, al punto que en otros países la designación de los Magistrados del tribunal supremo es vitalicia. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, hasta que cumplan la edad para la jubilación voluntaria o forzosa, excepto cuando existan motivos para interrumpirla, siempre y cuando se lleve a cabo un debido proceso previo. CONSIDERANDO (11): Que al haberse acreditado, que no se llevo a cabo un debido proceso para determinar las causas que motivaran la decisión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que emite el Acuerdo No.120 de fecha cinco de febrero del año dos mil quince, decisión aprobada en el Acta No. 53 del punto No. 12 de la Sesión celebrada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en fecha 6 de enero del 2015. (F. 11 pieza de amparo) mediante el cual se ordena el traslado del (recurrente) Juez de Letras de lo Civil, abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO al Juzgado Primero de Letras de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Se ha constatado que efectivamente en el caso subexamine, la resolución impugnada en esta vía constitucional, ha vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto, motivo suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado, en consecuencia debe restablecerse los derechos constitucionales del impetrante que fueron mancillados como consecuencia de la que resolución impugnada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 1o. y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 no.1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 58, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO a favor de SI MISMO, contra el Acuerdo No. 120 emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, quedando sin valor ni efecto el traslado impugnado del que se ha hecho mérito mediante el otorgamiento del Recurso de amparo, restituyendo al recurrente a sus funciones como Juez de Letras supernumerario de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de septiembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0254-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.