Sentencia AA-254-14 — Registro 6009
Resumen
En consulta la sentencia que otorgó la garantía de amparo, interpuesta contra el auto dictado por el Juzgado de Letras, en relacion a las defensas previas y oposición para que se declare la nulidad de un acto administrativo y reconocimiento de una situación jurídica individualizada; en relacion a la demanda interpuesta.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." que dicte nueva resolución debidamente motivada, resolviendo las defensas previas opuestas en la demanda de mérito. La corte de apelaciones expresa que consta en autos que la representación del Estado de Honduras, como parte demandada opuso tres defensas previas, consistentes en que la demanda se había presentado en forma extemporánea; que su objeto es un acto firme que no es susceptible de impugnación mediante la vía de la acción contenciosa administrativa; y la falta de legitimación activa. Manifiesta que el a quo desestimó las defensas previas al tener por acreditado que la demanda había sido entablada dentro del plazo legalmente establecido, tomando en cuenta la notificación personal practicada el dieciocho de diciembre de dos mil once; y que, en consecuencia, al estar relacionadas las otras defensas con ésta, debían ser también estimadas. Refiriéndose a lo anterior el tribunal de alzada expuso que consta en autos que la notificación personal al demandante de su acuerdo de cancelación fue realizada en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, con la firma del secretario general como notificante; constando en el expediente la negativa del notificado para firmar el acta correspondiente; constando también con un testigo, que el demandante no quiso recibirla, por lo que se le hizo saber, según consta en la notificación, que le quedaba expedito el derecho de acudir al juzgado de lo contencioso para ejercitar las acciones que estimara oportunas. Por lo que desde esa fecha tuvo conocimiento de su cancelación, al serle leído el respectivo acuerdo que no quiso recibir, siendo a partir del día siguiente hábil, nueve de noviembre que empezó a transcurrirle el término para acudir al órgano jurisdiccional competente. Concluye entonces la corte de apelaciones que del estudio del amparo estima que, con la denegatoria de las defensas previas opuestas por el Estado, hubo violación de los derechos constitucionales invocados por la garantista, debiendo por ello ser amparado..." …" Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho. En consecuencia, procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha seis de marzo de dos mil catorce mediante la cual la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió otorgar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 y 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dos de septiembre de dos mil dieciséis. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha seis de marzo de dos mil catorce por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual otorgó la garantía de amparo interpuesta por la abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto de defensas previas de fecha once de noviembre de dos mil trece, dictado por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Las diligencias corresponden a las defensas previas alegadas en la demanda especial en materia de personal, promovida por el señor MARTÍN ORLANDO ORTÉS, en contra del ESTADO DE HONDURAS, para que se declare la nulidad de un acto administrativo y reconocimiento de una situación jurídica individualizada. La garantista estima que el acto reclamado conculca los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1. En fecha diez de enero del año dos mil doce, el señor MARTÍN ORLANDO ORTÉS, compareció ante el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda especial en materia de personal, en contra del Estado de Honduras representado por la Procuraduría General de la República, para que se declare la nulidad de un acto administrativo y reconocimiento de una situación jurídica individualizada. 2. En fecha siete de octubre de dos mil trece, compareció ante el juzgado en referencia la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, oponiendo y alegando defensas previas contra la demanda ya mencionada. 3. En fecha once de noviembre de dos mil trece el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emitió auto resolviendo las defensas previas de la siguiente manera: “PRIMERO: Desestimar las siguientes defensas previas alegadas: Primero: que la demanda fue presentada fuera de los plazos respectivos. Segundo: que tuviere por objeto actos no susceptibles mediante la acción contencioso administrativa respecto de los actos firmes. Tercero: Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada, por las razones expuestas en el presente auto resolutivo. SEGUNDO: Contra la resolución que desestime las defensas previas no cabrá recurso alguno.… SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE.” (Folios 13 al 15 de la pieza de defensas previas). 4. En fecha uno de septiembre de dos mil quince, compareció ante la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, para interponer la garantía constitucional de amparo contra el auto resolutivo de fecha once de noviembre de dos mil trece que denegó las defensas previas, el cual fue dictado por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. La garantía fue interpuesta por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales al debido proceso y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 6 de la pieza de amparo). 5. En fecha seis de marzo de dos mil catorce, la referida corte de apelaciones dictó resolución en la que recayó la parte dispositiva siguiente: “FALLA: PRIMERO OTORGAR LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesto por la abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, actuando en su condición de procuradora judicial sustituta del Estado de Honduras contra la resolución descrita en el preámbulo del presente fallo. SEGUNDO: En consecuencia que el juez a quo proceda a dictar la sentencia que en derecho corresponda, las defensas previas relacionadas, de acuerdo a lo establecido en el presente fallo. SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE.” (Folios 29 al 31 de la pieza de amparo). 6. En fecha treinta de noviembre de dos mil quince, este alto tribunal de justicia, recibió para su consulta obligatoria el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos de defensa y debido proceso contenidos por su orden en los artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo señala que la resolución dictada en fecha once de noviembre de dos mil trece, violenta los derechos de defensa y debido proceso, debido a que el a quo al desestimar las defensas previas, obvió que la parte actora presentó su demanda fuera del plazo que establece el inciso c del artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, explica que el juzgador de primera instancia debió declarar la inadmisibilidad de la demanda por haber expirado el plazo dispuesto por la ley para su presentación. Señala que lo anterior se relaciona con el inciso d del artículo 80 de la misma ley y que acredita este extremo con la notificación que se hizo en forma personal el nueve de noviembre de dos mil doce del contenido del acuerdo de cancelación número 1438-2012 de fecha diez de octubre de dos mil doce. Indica que la notificación fue rechazada por el señor Martín Orlando Ortés, negándose a recibir dicho acuerdo mientras se encontraba privado de libertad en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto. Sin embargo se dejó constancia de esta circunstancia en el expediente correspondiente quedando de todas maneras notificado. La petente explica que la copia de la notificación de fecha dieciocho de diciembre presentada por la parte demandante, fue la entregada para efectos de trámite ante el Instituto de Previsión Militar. De manera que el juzgado debió declarar de oficio la inadmisibilidad de la demanda ya que ésta fue presentada el diez de enero de dos mil trece. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de otorgar la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió amparar al Estado de Honduras, ordenándole al honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que dicte nueva resolución debidamente motivada, resolviendo las defensas previas opuestas en la demanda de mérito. La corte de apelaciones expresa que consta en autos que la representación del Estado de Honduras, como parte demandada opuso tres defensas previas, consistentes en que la demanda se había presentado en forma extemporánea; que su objeto es un acto firme que no es susceptible de impugnación mediante la vía de la acción contenciosa administrativa; y la falta de legitimación activa. Manifiesta que el a quo desestimó las defensas previas al tener por acreditado que la demanda había sido entablada dentro del plazo legalmente establecido, tomando en cuenta la notificación personal practicada el dieciocho de diciembre de dos mil once; y que en consecuencia al estar relacionadas las otras defensas con ésta, debían ser también estimadas. Refiriéndose a lo anterior el tribunal de alzada expuso que consta en autos que la notificación personal al demandante de su acuerdo de cancelación fue realizada en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, con la firma del secretario general como notificante; constando en el expediente la negativa del notificado para firmar el acta correspondiente; constando también con un testigo, que el demandante no quiso recibirla, por lo que se le hizo saber, según consta en la notificación, que le quedaba expedito el derecho de acudir al juzgado de lo contencioso para ejercitar las acciones que estimara oportunas. Por lo que desde esa fecha tuvo conocimiento de su cancelación, al serle leído el respectivo acuerdo que no quiso recibir, siendo a partir del día siguiente hábil, nueve de noviembre que empezó a transcurrirle el término para acudir al órgano jurisdiccional competente. Concluye entonces la corte de apelaciones que del estudio del amparo estima que con la denegatoria de las defensas previas opuestas por el Estado, hubo violación de los derechos constitucionales invocados por la garantista, debiendo por ello ser amparado. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha seis de marzo de dos mil catorce mediante la cual la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió otorgar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 64 párrafo final de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que OTORGA la garantía de amparo declarada a favor del Estado de Honduras en fecha seis de marzo de dos mil catorce. La garantía constitucional de amparo se interpuso ante la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por la abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra del auto resolutivo de defensas previas de fecha once de noviembre de dos mil trece, dictado por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Lo anterior con relación a la demanda especial en materia de personal, promovida por el señor MARTÍN ORLANDO ORTÉS, en contra del ESTADO DE HONDURAS, para que se declare la nulidad de un acto administrativo y reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la cual fue promovida en fecha diez de enero del año dos mil doce, por el señor MARTÍN ORLANDO ORTÉS, en contra del Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 0254-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL