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Sentencia AA-147-14 — Registro 9790

Resumen

Recurso de Amparo, contra la resolución de la sesión del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que suspende de forma provisional del cargo de Juez de Letras del Juzgado de Letras del departamento de Intibucá. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 60, 68, 76, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 y 317 de la Constitución de la República; artículos 6.1 y 7.1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículos 5.1, 8.1.2, 9, 11, 24 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO 8: Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el articulo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 9: Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 5) del articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, causal que se evidencia, por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho plasmadas en este libelo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO a favor de la abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL contenida en Punto Número nueve (9) del Acta Número catorce (14) de la sesión del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en fecha catorce de enero del año dos mil catorce, que suspende de forma provisional del cargo de Juez de Letras del Juzgado de Letras del departamento de Intibucá a la abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 60, 68, 76, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 y 317 de la Constitución de la República; artículos 6.1 y 7.1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículos 5.1, 8.1.2, 9, 11, 24 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número NUEVE del Acta número CATORCE de la sesión llevada a cabo en fecha catorce de enero del año dos mil catorce, por UNANIMIDAD DE VOTOS resolvió: “que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para los investigados, a los siguientes funcionarios judiciales: …; VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN Juez de Letras de la Esperanza, por tener dos denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgado y Tribunales; La presente resolución surtirá efectos a partir del día dieciséis de enero del presente año. La mismas es IRRECURRIBLE.-” (Folio treinta y dos (F-32) de la pieza de Amparo).- 2) Que el recurrente Abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha catorce de febrero del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo a favor de la señora VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, contra la Resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, contenida en el Punto Número NUEVE del Acta Número CATORCE de la sesión llevada a cabo en fecha catorce de enero del año dos mil catorce, del que se ha hecho referencia en el acápite que antecede, acto el cual considera violatorio de los dispuesto en los artículos 60, 68, 76, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 y 317 de la Constitución de la República; artículos 6.1 y 7.1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículos 5.1, 8.1.2, 9, 11, 24 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos. Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, ordenándose la apertura a pruebas a solicitud del recurrente, plazo que fue declarado caducado en providencia de fecha veintitrés de julio del mismo año, y ordena en consecuencia dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir su dictamen en la Acción constitucional promovida.- 3) En fecha trece de agosto del año dos mil catorce, la Abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal para la defensa de la Constitución, presentó abstención de emitir dictamen, argumentando que se desconoce si a la fecha ya fue impuesta la sanción correspondiente por parte de dicho Consejo de la Judicatura, ya que de aquella fecha a la actualidad han transcurrido mas de cinco meses; por lo que solicita se remita nueva comunicación al ente recurrido para que informe si a la fecha ya se emitió la resolución definitiva que corresponde en el presente caso.- 4) En fecha once de septiembre de dos mil catorce se tuvo por recibida la certificación de la resolución de fecha nueve de abril de dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, mediante la cual entre otras cuestiones resolvió lo siguiente: “1) DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la servidor judicial VILMA HONDURAS RODRÍGUEZ GUZMÁN por incurrir en las infracciones graves contenidas en el artículo 4 literales a), e), k) y m) del régimen disciplinario vigente en el Poder Judicial; y, 2) SUSPENDER DE SU CARGO de Jueza del Juzgado Primero de Letras Seccional de Intibucá, SIN DERECHO A REMUNERACIÓN, POR EL PLAZO DE 3 MESES, a la abogada VILMA HONDURAS RODRÍGUEZ GUZMÁN. MANDA: 1) Que habiendo sido suspendida provisionalmente el 16 de enero de 2014, y dado que ninguna suspensión puede durar mas de 3 meses, la sanción impuesta a la abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZNMAN se tenga por cumplida el 16 de abril de 2014, debiendo ser reinstalada a su cargo al día hábil inmediato siguiente…”. En consecuencia se procedió a dar nueva vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen en las diligencias. (Folios del sesenta y seis (F-66) al sesenta y ocho (F-68) de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, la abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE Y SE DECRETE SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS en virtud de ser el acto reclamado un acto consumado de modo irreparable, tal como lo establece el artículo 46 #5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo promovida por el Abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO a favor de la señora VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha catorce de enero del año dos mil catorce, mediante la cual suspendió de forma provisional a la Abogada VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN del cargo de Juez de Letras de La Esperanza.- CONSIDERANDO 2: Que es importante para esta Sala de lo Constitucional invocar lo establecido en la sentencia de fecha catorce de marzo del presente año dos mil dieciséis que declara la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y en consecuencia la deja sin vigencia; al desarrollar el cuarto motivo de la inconstitucionalidad de la referida ley, mencionando a la jurista María Carmelina Londoño señala: “El espectro de garantías que prevé el artículo 90. del pacto ha sido ampliado por la misma Corte a materia administrativa, cuando se verifica el ejercicio del poder sancionatorio. Así, en el caso Baena, por primera vez se sostuvo que: Las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita…”- CONSIDERANDO 3: Que en consecuencia, si la suspensión provisional del cargo, no constituye una sanción, como lo dejó plasmado el Consejo de la Judicatura en su resolución de fecha catorce de enero del año dos mil catorce, su imposición no debiera generar en consecuencia antecedentes disciplinarios, ni anotaciones en la hoja de vida; mucho menos exhibición pública del que se encuentra bajo investigación en un proceso disciplinario. Pues si en la imposición de una sanción se deben extremar las precauciones a fin de adoptar las mismas, mayor rigurosidad se debe observar en consecuencia cuando el proceso se encuentra en fase de investigación, como ha sucedido en el caso sub examine, en donde no existía resolución definitiva y motivada que facultara al Consejo de la Judicatura a suspender provisionalmente del cargo y de forma indeterminada en el tiempo a la recurrente en amparo. En esa misma línea de ideas, al igual que las medidas cautelares en el proceso penal, la suspensión provisional del cargo debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia, situaciones indispensables que no fueron precavidas por el Consejo de la Judicatura al momento de decretar la suspensión provisional del cargo aplicada a la pedidora de amparo.- CONSIDERANDO 4: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO 5: Que efectivamente constata esta Sala de lo Constitucional que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional, emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, contenida en el Punto Número Nueve del Acta Número Catorce de la sesión del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial llevada a cabo en fecha catorce de enero del año dos catorce, que resolvió por unanimidad de votos: “que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para los investigados, a los siguientes funcionarios judiciales:… VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, Juez de Letras de LA Esperanza…”, vulnero el debido proceso, al ser evidente el incumplimiento deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, vulnerando consecuentemente las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debiera ser otorgado, a no ser porque en el caso subjúdice se advierte una causal de inadmisibilidad de la acción, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 6: Que en ese orden de ideas la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, emitió dictamen, en el que concluye que la acción de amparo promovida se Deniegue y se Decrete Sobreseimiento de las Diligencias; en virtud de ser el acto reclamado un acto consumado de modo irreparable.- CONSIDERANDO 7: Que revisados que han sido los antecedentes que conforman la pieza de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que ha sido evidente la vulneración de los derechos invocados por el recurrente al momento de suspender provisionalmente del cargo a su representada, siendo también indudable que la acción constitucional se ha interpuesto contra un acto consumado de modo irreparable, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable”;…” ello porque el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial emitió resolución definitiva en fecha nueve de abril del año dos mil catorce, mediante la cual resuelve: (Sic) “1) DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la servidora judicial VILMA HONDURAS RODRÍGUEZ GUZMÁN por incurrir en las infracciones graves contenidas en el articulo 4 literales a), e), k) y m) del régimen disciplinario vigente en el Poder judicial; y, 2) SUSPENDER DE SU CARGO de Jueza del Juzgado Primero de Letras Seccional de Intibucá, SIN DERECHO A REMUNERACIÓN, POR EL PLAZO DE 3 MESES, a la abogada VILMA HONDURAS RODRÍGUEZ GUZMÁN…” (Ver folios del sesenta y seis (F-66) al sesenta y ocho (F-68) de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO 8: Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el articulo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 9: Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 5) del articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, causal que se evidencia, por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho plasmadas en este libelo.- CONSIDERANDO 10: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer Fiscal del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 183, 303, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 7, 9, 41, numeral 5 y párrafo último del articulo 46, 48 de la Ley sobre justicia constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0147-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL