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Sentencia AA-142-10 — Registro 6145

Resumen

Resolución Definitiva No. 549-2008 emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA) determinó un justiprecio a pagar como indemnización por predios que fueron expropiados por causa de interés social al recurrente en aplicación del Decreto 18-2008, con relación a varias solicitudes de afectación presentadas por Grupos Campesinos La Amistad, Dagoberto Padilla, El Progreso, El Socorro y Cooperativa de Producción La Veinte Limitada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de esas cinco sentencias de amparo que el recurrente aduce le fueron otorgadas a favor de la Compañía CAGSSA invoca tres como precedentes, en los que no se agotaron previamente recurso ordinarios, porque las resoluciones recurridas no le fueron notificadas a CAGSSA, tal como acontece en el presente caso, sostiene el impetrante. Arguye que el Tribunal Supremo estimó violadas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, por no haber notificado a la resolución recurrida a CAGSSA, particularmente porque se recurrió a la solución CUMPLASE, como también ha ocurrido en el presente caso. Las sentencias en referencia son las siguientes: A. Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 274-01. B. Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 550-2001. C. Sentencia de fecha catorce (14) de diciembre del dos mil cinco (2005) dictada en el Expediente de amparo 3032-2004. concluye el pedidor que las garantías constitucionales que estima vulneradas son las que consagran los artículos 315, 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186 y 314 de la Constitución de la República..."..."esta Sala observa a folio número ciento doce (F-112) de la pieza de Amparo, el informe rendido por la Abogada Prisila Alvarado Euceda, en su condición de Secretaria General del Instituto Nacional Agrario, a solicitud de este Alto Tribunal, en relación a remitir el expediente contentivo del acto reclamado en amparo (Resolución No. 549-2008). Al respecto la funcionaria antes indicada señala en su informe: “Que consta en nuestros registros que el expediente numero 35598, 14941, 15698, 15125, 15953 contentivo de las solicitudes de afectación de tierras presentadas por los Grupos campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL SOCORRO, EL PROGRESO Y COOPERATIVA DE PRODUCCION LA VEINTE LIMITADA, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia en virtud de haberse solicitado para resolver Recurso de Amparo, sin embargo el mismo fue admitido sin suspensión del acto reclamado, razón por la cual esta Institución rectora de la Reforma Agraria en el país sigue conociendo del asunto agrario y es en el año 2008 que la Comisión integrada conforme lo establece el artículo 1 del Decreto 18-2008 lo incluyó en la lista de expedientes a resolverse en aplicación del dicho cuerpo legal, en consecuencia declarado expropiado de pleno derecho por causa de interés social”; Al respecto es de observancia obligatoria para la autoridad recurrida lo establecido en el último párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece: “… El envió de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento para dictar sentencia definitiva, y con tal fin, dejará un extracto de las actuaciones principales, siempre y cuando el amparo no se haya admitido con suspensión del acto reclamado”; la continuación del asunto sometido a la decisión del Instituto Nacional Agrario con franca inobservancia de los dispuesto en el último párrafo de la norma antes citada, que culminó con una Resolución Definitiva en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil ocho (2008), se encuentra dictada en colisión con el debido proceso que se garantiza a toda persona que recurre ante los órganos jurisdiccionales o cualquier otra autoridad a efecto de determinar las pretensiones que han sido invocadas por los peticionarios en tutela de sus derechos, pues como la misma funcionaria del INA refiere en el informe emitido y remitido a este Alto Tribunal, se encontraba pendiente de resolver un Recurso de Amparo interpuesto, en consecuencia se siguió conociendo del asunto, lo que no debió realizar la autoridad recurrida fue dictar una resolución definitiva sin antes haberse resuelto la garantía constitucional de amparo que se encontraba pendiente ante este Augusto Tribunal..."..."aunado a ello la Resolución Definitiva No. 549-2008 recurrida en amparo, termina con la formula “CÚMPLASE”, vedándole la posibilidad a los interesados, a los que se les ha despojado de las tierras de su propiedad, el recurrir dicha resolución, violentando lo dispuesto en el artículo 25.1[3] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en ese orden de ideas, la Constitución de la República en su artículo 103 garantiza el derecho a la propiedad privada, en ese sentido dispone:...de la resolución definitiva impugnada, manifiestamente se observa que al recurrente en amparo se le esta privando o despojando del derecho a la propiedad que la Constitución le garantiza, con las excepciones que la misma Constitución establece, siendo imperativo y de observancia obligatoria brindarle la oportunidad al afectado de hacer uso de los recursos que tenga a su disposición, a efecto que una autoridad superior revise la resolución emitida, dando cumplimiento a lo mandado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."..."en el relacionado expediente de solicitud de afectación de tierras, registrado con el número 35598 en el Instituto Nacional Agrario, contra la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. (CAGSSA), este Alto Tribunal dictó sentencias en fechas catorce de marzo del año dos mil uno y dieciséis de enero del año dos mil dos[4], amparos que fueron otorgados al observarse que en dichas resoluciones se empleo la formula “CÚMPLASE” en lugar de “NOTIFÍQUESE”, despojando al recurrente en amparo de su derecho a notificarse e interponer recursos, infringiendo frontalmente el derecho de defensa que consagra el articulo 82 de la Constitución de la Republica; volviendo a incurrir la autoridad recurrida en las mismas violaciones al debido proceso y derecho de defensa, aun y cuando se hicieron invocaciones en las referidas sentencias de antecedentes en relación a otros amparos interpuestos por el mismo recurrente contra la misma vulneración a su derecho de defensa, haciendo caso omiso a ellos la autoridad requerida..."..."es importante para esta Sala señalar que el Decreto 18-2008, que invoca la autoridad recurrida, fue el fundamento para darle continuidad al asunto agrario, en relación a la afectación de tierras propiedad de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. (CAGSSA) y que culminó con la resolución Definitiva No. 549-2008, que esta Sala conoce en Amparo, fue declarado inconstitucional por este Alto Tribunal en sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil doce (2012), registrado con el número de expediente 557-2008, por considerar esta Sala que el referido Decreto vulneraba a los propietarios de tierras afectadas, el derecho constitucional a ser oídos y el derecho a interponer recursos, ambos derechos constituyen manifestaciones del derecho de defensa[5], dejó plasmado esta Sala en el referido fallo de inconstitucionalidad..."..."la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su derecho a la propiedad privada, despojándolo de las tierras de su propiedad, manifestación específica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional..."..."el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley..."..."La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor CARLOS DANILO ECHEVERRI TREJO a favor de la empresa denominada COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), contra la Resolución Definitiva 549-2008, emitida por el Licenciado JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, en su condición de Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, que resolvió determinar un justiprecio a pagar como indemnización a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), por los predios afectados, con relación a las Solicitudes de Afectación registradas bajo los números 14941, 15125, 15698 y 15953 presentadas por los Grupos Campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL PROGRESO, EL SOCORRO y COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN LA VEINTE LIMITADA.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de la empresa COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), las garantías constitucionales consagradas en los artículos 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186, 314 y 315 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintiuno de junio del año mil novecientos ochenta y tres, compareció ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, el Señor TIMOTEO BRANDEL GARCIA, a solicitar adjudicación de un lote de terreno en dominio pleno, de aproximadamente DOSCIENTAS MANZANAS ubicado en el lugar denominado El Romano, Jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, en virtud que hace más de veinte años lo ha venido cultivando. (Exp. 14941). (Folios uno (01) y dos (02) de la pieza contentiva del expediente número 35598).-2) Que en fecha veintitrés de agosto del año mil novecientos noventa y cuatro, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, los Señores SANTOS VICENTE VASQUEZ BORJAS, OCTAVIO EUCEDA ESPINALES, RODOLFO ENRIQUE GUARDADO GUZMAN, BALERIO EUCEDA ESPINALES, PROSPERO MARTIR VASQUEZ BORJAS, JUAN ANGEL SORIANO PONCE, JACOBO ISAUL REYES, MAXIMO GARCIA, JOSE GOMEZ Y FLORENCIO FUENTES, quienes actúan como miembros del Grupo Campesino LA AMISTAD, a denunciar que en el lugar denominado Guanchías, Jurisdicción del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, existe un terreno aproximadamente de OCHENTA MANZANAS que no esta cumpliendo con su función social, teniendo como supuesto propietario al Señor JAIME ECHEVERRY. (Solicitud No. 15125). (Folios doscientos nueve (209) y doscientos diez (210) de la pieza contentiva del expediente número 35598 del Instituto Nacional Agrario).-3) Que en fecha veintisiete de enero del año mil novecientos noventa y cinco, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, los Señores CARLOS SANTOS GOMEZ RIVAS, MANUEL SANCHEZ MEJIA, JOSE ANGEL LOPEZ NATAREN, JACINTO HERNANDEZ ORTIZ, UBALDO MARTINEZ, SANTOS VIENVENIDO CASTELLANOS BUESO, MARIANO MEJIA REYES, REGINO LOPEZ, TOMAS CRUZ, JESÚS ALONZO VILLATORO, ADRIAN DUARTE CARCAMO, JESÚS PEÑA, JOSE INES AGUILAR PEÑA, ARMANDO DE JESUS REYES JUAREZ, JOSE OSMUNDO LOPEZ, JUAN DE LA CRUZ VILLALTA PUERTO, AGAPITO BANEGAS CRUZ, MARVIN YOVANY VILLEGAS MARTINEZ y ANDRES REYES, miembros del Grupo Campesino DAGOBERTO PADILLA, a denunciar que en el lugar denominado Guanchías, Jurisdicción del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, existe un terreno aproximadamente de DOSCIENTAS MANZANAS que no esta cumpliendo con su función social, teniendo como supuestos propietarios a los Señores JAIME ECHEVERRY Y CARLOS ECHEVERRY. (Solicitud No. 15698). (Folios doscientos cuarenta (240) al doscientos cuarenta y dos (242) de la pieza contentiva del expediente número 35598 del Instituto Nacional Agrario).-4) Que en fecha nueve de mayo del año mil novecientos noventa y cinco, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, los Señores BERNARDO ANDRADE, JESUS PINEDA MEMBREÑO, JUAN RAMON REYES ORTIZ, MERCEDES CONTRERAS MORALES, MANUEL JIMÉNEZ, CIPRIANO MALDONADO RAMIREZ, TOMASA RODRIGUEZ ALBA, OBED ELI RIVAS CASTRO, ANDRES ORTIZ, ERASMO VILLANUEVA VILLANUEVA, HECTOR ALEJANDRO VARELA GALEAS, JOSE FELIX NUÑEZ, JOSE ARNALDO RIVERA, ANGEL PORFIRIO ERAZO RAMIREZ, ANGEL MARIA CASTAÑEDA VILLEDA, ANTONIO NATAREN, CARLOS MEJIA GOMEZ, AGUSTIN PEGO, JOSE EDILIO MOLINA ACOSTA, MAXIMINO LEMUS, MANUEL DE JESUS PONCE, VICENTE BARREIRA, OSCAR RENE CHACON, FELIPE ORTIZ SORTO, HERNAN ZALDIVAR RIVERA, ISIDRO RAPALO RAPALO, JOSE ANTONIO PUERTO FUENTEZ, JUAN CARLOS GUTIERREZ RAMOS, ARNALDO ANTONIO GUARDADO CHINCHILLA, LUCIO RIVERA, CARLOS MONTES DIAZ, HECTOR ARMANDO CHAVARRIA, JOSE ISAAC CHAVEZ QUINTANILLA, SANTOS MURILLO SOLIS, ROGELIO AGUILAR, MIGUEL ANGEL CONTRERAS MORALES, SALOMON GARCIA y NAHUM RODRÍGUEZ, miembros del Grupo Campesino EL SOCORRO, a denunciar que en la aldea denominado El Socorro, Jurisdicción del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, existe un terreno aproximadamente de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS MANZANAS que no esta cumpliendo con su función social, teniendo como supuesto dueño al Señor JAIME ECHEVERRY. (Exp. 15953). (Folios cuatrocientos setenta y uno (471) al cuatrocientos setenta y cuatro (474) de la pieza contentiva del expediente número 35598 del Instituto Nacional Agrario).-5) Que en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, el Instituto Nacional Agrario, dictó Providencia mediante la cual resolvió: “Vistas las copias de las diligencias incoadas por el Grupo Campesino hoy Empresa Asociativa Campesina de Producción LA VEINTE a la que corren agregadas las solicitudes de las Empresas Asociativas campesinas EL SOCORRO, DAGOBERTO PADILLA, LA AMISTAD y EL PROGRESO, contraídas a obtener Afectación y posterior adjudicación un predio rural ubicado en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, identificadas con No. 14941-35598 cuyas originales se encuentran en la Corte Suprema de Justicia en virtud de Recurso de Amparo que fue admitido sin suspensión del actor reclamado y para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 18-2008 y en virtud que las mismas se encuentran incluidas en el listado o inventario oficial elaborado por la Comisión Especial creada para tal fin y declarados expropiados o recuperados de pleno derecho por el presente Decreto; practíquese Investigación registral para determinar el propietario del predio y si sobre el mismo existe gravamen alguno. Nómbrase una Comisión Especial integrada por un Técnico Agrimensor, un Agrónomo y un Capacitador Agrario para que de inmediato practiquen las siguientes diligencias: a) Delimitación del área ocupara por las Empresas Asociativas Campesinas de Producción LA VEINTE, EL SOCORRO, DAGOBERTO PADILLA, LA AMISTAD Y EL PROGRESO, levantando el plano topográfico georeferenciado, identificándolo en la respectiva hoja cartográfica, verificando además su naturaleza jurídica y si está amparado en las escrituras públicas que se encuentran agregadas en el expediente: b) investigación de campo a efecto de determinar vocación, forma, modo y grado de explotación a que está sometido el mismo; c) Avalúo de tierras y de mejoras útiles y necesarias, plantaciones y construcciones permanentes introducidas por el afectado; d) Investigación social de la Empresa en mención. Que la Oficina Regional para la Zona Norte investigue e informe si contra los Campesinos ocupantes del predio expropiado ha sido incoada acción civil o penal, de resultar afirmativo, líbrese atenta Comunicación al Juzgado respectivo para que se proceda a extinguir las civiles o sobreseer las penales en su caso; cumplimentando lo anterior, emítase la Resolución procedente acorde lo preceptuado en el referido Decreto y agréguense oportunamente a la pieza principal.-” (Folio uno (1) de la pieza contentiva del expediente número 45942, del Instituto Nacional Agrario).-6) Que en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, el Instituto Nacional Agrario, dictó Resolución Definitiva No.549-2008, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA SOCIEDAD ANÓNIMA, “CAGSSA” la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (LPS. 23,400,934.22), a razón de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.27,549.75) por hectárea, como indemnización justipreciada por los predios afectados, ubicados en las aldeas Ganchías y El Socorro, Jurisdicción del municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, que tienen un extensión superficial total de OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE HECTÁREAS, CUARENTA ÁREAS, SESENTA Y CUATRO PUNTO CERO NUEVE CENTIÁREAS (849.Hás. 40As. 64.09Cas.), equivalente a MIL DOSCIENTAS DIECIOCHO MANZANAS más DOS MIL SEISCIENTAS SETENTA PUNTO TREINTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS (1,218 Mzs. + 2670.34 Vrs.2), dividido en dos lotes que se describen así: LOTE No.1: Con una extensión superficial de SEISCIENTAS VEINTINUEVE HECTÁREAS, CINCUENTA Y SEIS ÁREAS, TREINTA Y CINCO PUNTO CERO DOS CENTIÁREAS (629 Has. 56As. 35.02 Cas.) equivalente a NOVECIENTAS DOS MANZANAS MAS NUEVE MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS (902 Mz+9,558.59 Vrs.2), con las colindancias siguientes; AL NORTE: Calle de por medio con Azucarera del Norte (AZUNOSA); AL SUR: Calle de por medio con Azucarera del Norte (AZUNOSA) y Quinel; AL ESTE: Azucarera del Norte (AZUNOSA); y AL OESTE: Río Ulúa; y LOTE No.2: DE DOSCIENTAS DIECINUEVE HECTÁREAS OCHENTA Y CUATRO ÁREAS CON VEINTINUEVE PUNTO CERO OCHO CENTIÁREAS (219 Has. 84 As. 29.08 Cas.) equivalente a TRESCIENTAS QUINCE MANZANAS CON TRES CIENTO DOCE PUNTO VEINTINUEVE VARAS CUADRADAS (315 Mzs. + 3,112.29 Vrs2); Con las colindancias siguientes: AL NORTE: Canal Guanchías, Equino Díaz y Finca ocho; AL SUR: Azucarera Nacional del Norte (AZUNOSA); AL ESTE: Azucarera Nacional del Norte (AZUNOSA); y AL OESTE: Río Ulúa, E.A.C. Fe y Esperanza, Aldea El Socorro y Finca Ocho; los cuales se enmarca dentro de otros de mayor cabida, que en aplicación del Decreto 18-2008 le fueron expropiados por causa e interés social a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA., “CAGSSA”, cuyo dominio se encuentra inscrito a su favor el lote No.1 bajo el Asiento No.499 Folio 407 al 412, Tomo VII y el lote No.2 bajo el asiento N.614 Folio 477 al 482 del Tomo 8, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro; la que se pagará así: VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS, (Lps 23,400,000.00), en Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria que devengarán el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada cinco años, en cuotas similares por un periodo de diez años a partir de la fecha de su colocación y el efectivo la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (Lps.934.22). SEGUNDO: Entregar al Representante Legal de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, “CAGSSA”, los valores en efectivo y Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria mencionados en el numeral anterior. Y MANDA Librar Copia Autorizada de la presente Resolución, a la Secretaría de Finanzas para la emisión y entrega inmediata del efectivo y Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria a favor de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, “CAGSSA”, conforme lo dispuesto en el numeral anterior y librar Comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la Jurisdicción de el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro a efecto de que proceda a inscribir el predio expropiado a favor del Instituto Nacional Agrario. CÚMPLASE.” (Folio ciento dieciocho (F-118) al ciento veinte (F-120) de la pieza contentiva del expediente número 45942 del Instituto Nacional Agrario).-7) Que el señor CARLOS DANILO ECHEVERRI TREJO compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiséis de febrero del año dos mil diez, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la empresa denominada COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, S.A. (CAGSSA), contra la Resolución Definitiva No. 549-2008, emitida por el Licenciado JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, en su condición de Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, alegando que con dicha resolución se esta violentado en perjuicio de la empresa COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), las garantías constitucionales consagradas en los artículos 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186, 314 y 315 de la Constitución de la República.- Teniendo la Sala en fecha catorce de septiembre del año dos mil diez, por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite, en virtud de haber desarrollado el recurrente de manera puntual el concepto de la violación, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente.-8) Que en fecha seis de octubre del año dos mil diez, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, se tuvo por abstenida de emitir dictamen en el Recurso de Amparo de mérito, y de conformidad a lo solicitado por la misma, la Sala Constitucional en providencia de fecha ocho de noviembre del mismo año dos mil diez, ordenó librar oficio a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a efecto de solicitar la remisión a está Sala de las piezas contentivas del expediente administrativo que sirven para conocer el Recurso de Amparo No. 332=07 y se dispuso a dar nueva vista al Fiscal del Ministerio Público para que dentro del término de cuarenta y ocho horas emitiere el correspondiente dictamen.-9) Que en fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo por existir vulneración de los preceptos Constitucionales invocados por el amparista.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución Definitiva No. 549-2008, emitida por el Licenciado JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, en su condición de Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, que resolvió determinar un justiprecio a pagar como indemnización a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), por los predios afectados, con relación a las Solicitudes de Afectación registradas bajo los números 14941, 15125, 15698 y 15953 presentadas por los Grupos Campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL PROGRESO, EL SOCORRO y COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN LA VEINTE LIMITADA.-CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, ha manifestado que SE OTORGUE la acción de amparo promovida, en virtud que a su criterio se han vulnerado los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, entre ellos el debido proceso, el derecho de igualdad, el derecho de defensa, la no retroactividad de la ley y el derecho a la propiedad.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en amparo realiza en orden cronológico todos los antecedentes del caso en estudio, que concluyen en una resolución definitiva dictada por el Ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho; sostiene el recurrente que el expediente 35598 que contiene la solicitud de afectación de unas tierras propiedad de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. es un caso cerrado y fenecido; expone asimismo el amparista que en relación a las tierras objeto de la resolución recurrida, es vigente lo siguiente: I. Una resolución del Ministerio de Recursos Naturales de fecha 26 de marzo de 1996, en que se autoriza el sobretecho a la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S. A. (CAGSSA), aprobada tal resolución por la Presidencia de la República mediante Acuerdo No. 682-96 dado el 22 de abril de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 8 de junio de 1996.-El efecto irresistible de una resolución de sobretecho es que las tierras que ampara son inafectables. II. Resolución del 6 de marzo de 1998 de la Dirección Ejecutiva del INA en que ordena Certificado de Inafectabilidad a favor de las tierras de CAGSS, ratificada dicha resolución por el Honorable Consejo Nacional Agrario, en sentencia de fecha 2 de mayo del dos mil (2000), resoluciones estas dictadas en el Expediente de Inafectabilidad número 45942 del Instituto Nacional Agrario. III. Resolución de fecha 06 de baril de 1998 en que se suspenden indefinidamente los trámites de afectación de las tierras de CAGSSA, dictada tal resolución por el señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario en el expediente de afectación número 35598, resolución que “…se encuentra firme al haberse desistido los recursos de apelación que se habían interpuesto contra la misma ante el Consejo Nacional Agrario…”[1] (El entrecomillado es del amparista). IV. Sentencia del Honorable Consejo Nacional Agrario, de fecha 2 de mayo del dos mil (2000), de declara con lugar un recurso de apelación interpuesto por CAGSSA contra resolución del INA de fecha 24 de marzo de 1999, en cuyo sexto considerando se lee lo siguiente: “…se concluye que es procedente otorgar Certificado de Inafectabilidad solicitado”[2]. V. En el segmento “ANTECEDENTES” que procede, se hace relación de cinco (05) sentencias dictadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en recursos de amparo plantados a favor de CAGSSA en todas las cuales se otorgó el amparo.-CONSIDERANDO (6): Que de esas cinco sentencias de amparo que el recurrente aduce le fueron otorgadas a favor de la Compañía CAGSSA invoca tres como precedentes, en los que no se agotaron previamente recurso ordinarios, porque las resoluciones recurridas no le fueron notificadas a CAGSSA, tal como acontece en el presente caso, sostiene el impetrante. Arguye que el Tribunal Supremo estimó violadas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, por no haber notificado a la resolución recurrida a CAGSSA, particularmente porque se recurrió a la solución CUMPLASE, como también ha ocurrido en el presente caso. Las sentencias en referencia son las siguientes: A. Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 274-01. B. Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 550-2001. C. Sentencia de fecha catorce (14) de diciembre del dos mil cinco (2005) dictada en el Expediente de amparo 3032-2004. concluye el pedidor que las garantías constitucionales que estima vulneradas son las que consagran los artículos 315, 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186 y 314 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala observa a folio número ciento doce (F-112) de la pieza de Amparo, el informe rendido por la Abogada Prisila Alvarado Euceda, en su condición de Secretaria General del Instituto Nacional Agrario, a solicitud de este Alto Tribunal, en relación a remitir el expediente contentivo del acto reclamado en amparo (Resolución No. 549-2008). Al respecto la funcionaria antes indicada señala en su informe: “Que consta en nuestros registros que el expediente numero 35598, 14941, 15698, 15125, 15953 contentivo de las solicitudes de afectación de tierras presentadas por los Grupos campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL SOCORRO, EL PROGRESO Y COOPERATIVA DE PRODUCCION LA VEINTE LIMITADA, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia en virtud de haberse solicitado para resolver Recurso de Amparo, sin embargo el mismo fue admitido sin suspensión del acto reclamado, razón por la cual esta Institución rectora de la Reforma Agraria en el país sigue conociendo del asunto agrario y es en el año 2008 que la Comisión integrada conforme lo establece el artículo 1 del Decreto 18-2008 lo incluyó en la lista de expedientes a resolverse en aplicación del dicho cuerpo legal, en consecuencia declarado expropiado de pleno derecho por causa de interés social”; Al respecto es de observancia obligatoria para la autoridad recurrida lo establecido en el último párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece: “… El envió de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento para dictar sentencia definitiva, y con tal fin, dejará un extracto de las actuaciones principales, siempre y cuando el amparo no se haya admitido con suspensión del acto reclamado”; la continuación del asunto sometido a la decisión del Instituto Nacional Agrario con franca inobservancia de los dispuesto en el último párrafo de la norma antes citada, que culminó con una Resolución Definitiva en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil ocho (2008), se encuentra dictada en colisión con el debido proceso que se garantiza a toda persona que recurre ante los órganos jurisdiccionales o cualquier otra autoridad a efecto de determinar las pretensiones que han sido invocadas por los peticionarios en tutela de sus derechos, pues como la misma funcionaria del INA refiere en el informe emitido y remitido a este Alto Tribunal, se encontraba pendiente de resolver un Recurso de Amparo interpuesto, en consecuencia se siguió conociendo del asunto, lo que no debió realizar la autoridad recurrida fue dictar una resolución definitiva sin antes haberse resuelto la garantía constitucional de amparo que se encontraba pendiente ante este Augusto Tribunal.- CONSIDERANDO (8): Que aunado a ello la Resolución Definitiva No. 549-2008 recurrida en amparo, termina con la formula “CÚMPLASE”, vedándole la posibilidad a los interesados, a los que se les ha despojado de las tierras de su propiedad, el recurrir dicha resolución, violentando lo dispuesto en el artículo 25.1[3] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en ese orden de ideas, la Constitución de la República en su artículo 103 garantiza el derecho a la propiedad privada, en ese sentido dispone: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; de la resolución definitiva impugnada, manifiestamente se observa que al recurrente en amparo se le esta privando o despojando del derecho a la propiedad que la Constitución le garantiza, con las excepciones que la misma Constitución establece, siendo imperativo y de observancia obligatoria brindarle la oportunidad al afectado de hacer uso de los recursos que tenga a su disposición, a efecto que una autoridad superior revise la resolución emitida, dando cumplimiento a lo mandado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (9): Que en el relacionado expediente de solicitud de afectación de tierras, registrado con el número 35598 en el Instituto Nacional Agrario, contra la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. (CAGSSA), este Alto Tribunal dictó sentencias en fechas catorce de marzo del año dos mil uno y dieciséis de enero del año dos mil dos[4], amparos que fueron otorgados al observarse que en dichas resoluciones se empleo la formula “CÚMPLASE” en lugar de “NOTIFÍQUESE”, despojando al recurrente en amparo de su derecho a notificarse e interponer recursos, infringiendo frontalmente el derecho de defensa que consagra el articulo 82 de la Constitución de la Republica; volviendo a incurrir la autoridad recurrida en las mismas violaciones al debido proceso y derecho de defensa, aun y cuando se hicieron invocaciones en las referidas sentencias de antecedentes en relación a otros amparos interpuestos por el mismo recurrente contra la misma vulneración a su derecho de defensa, haciendo caso omiso a ellos la autoridad requerida.-CONSIDERANDO (10): Que es importante para esta Sala señalar que el Decreto 18-2008, que invoca la autoridad recurrida, fue el fundamento para darle continuidad al asunto agrario, en relación a la afectación de tierras propiedad de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. (CAGSSA) y que culminó con la resolución Definitiva No. 549-2008, que esta Sala conoce en Amparo, fue declarado inconstitucional por este Alto Tribunal en sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil doce (2012), registrado con el número de expediente 557-2008, por considerar esta Sala que el referido Decreto vulneraba a los propietarios de tierras afectadas, el derecho constitucional a ser oídos y el derecho a interponer recursos, ambos derechos constituyen manifestaciones del derecho de defensa[5], dejó plasmado esta Sala en el referido fallo de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su derecho a la propiedad privada, despojándolo de las tierras de su propiedad, manifestación específica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional.-CONSIDERANDO (13): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley.-CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo.-CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.-CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 103, 106, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el señor CARLOS DANILO ECHEVERRI TREJO, a favor de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, S.A. (CAGSSA), contra la Resolución Definitiva Número 549-2008, de fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, emitida por el Licenciado JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRÍGUEZ, en su condición de Ministro Director del Instituto Nacional Agrario, debiendo dictar nueva resolución en la que se le brinde al recurrente en amparo la posibilidad y el derecho de impugnar dicha Resolución Definitiva . Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.-

Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Agrario) registrado en este Tribunal bajo el número 142-2010.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor CARLOS DANILO ECHEVERRI TREJO a favor de la empresa denominada COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), contra la Resolución Definitiva 549-2008, emitida por el Licenciado JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, en su condición de Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, que resolvió determinar un justiprecio a pagar como indemnización a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), por los predios afectados, con relación a las Solicitudes de Afectación registradas bajo los números 14941, 15125, 15698 y 15953 presentadas por los Grupos Campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL PROGRESO, EL SOCORRO y COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN LA VEINTE LIMITADA.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de la empresa COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), las garantías constitucionales consagradas en los artículos 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186, 314 y 315 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintiuno de junio del año mil novecientos ochenta y tres, compareció ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, el Señor TIMOTEO BRANDEL GARCIA, a solicitar adjudicación de un lote de terreno en dominio pleno, de aproximadamente DOSCIENTAS MANZANAS ubicado en el lugar denominado El Romano, Jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, en virtud que hace más de veinte años lo ha venido cultivando. (Exp. 14941). (Folios uno (01) y dos (02) de la pieza contentiva del expediente número 35598).-2) Que en fecha veintitrés de agosto del año mil novecientos noventa y cuatro, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, los Señores SANTOS VICENTE VASQUEZ BORJAS, OCTAVIO EUCEDA ESPINALES, RODOLFO ENRIQUE GUARDADO GUZMAN, BALERIO EUCEDA ESPINALES, PROSPERO MARTIR VASQUEZ BORJAS, JUAN ANGEL SORIANO PONCE, JACOBO ISAUL REYES, MAXIMO GARCIA, JOSE GOMEZ Y FLORENCIO FUENTES, quienes actúan como miembros del Grupo Campesino LA AMISTAD, a denunciar que en el lugar denominado Guanchías, Jurisdicción del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, existe un terreno aproximadamente de OCHENTA MANZANAS que no esta cumpliendo con su función social, teniendo como supuesto propietario al Señor JAIME ECHEVERRY. (Solicitud No. 15125). (Folios doscientos nueve (209) y doscientos diez (210) de la pieza contentiva del expediente número 35598 del Instituto Nacional Agrario).-3) Que en fecha veintisiete de enero del año mil novecientos noventa y cinco, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, los Señores CARLOS SANTOS GOMEZ RIVAS, MANUEL SANCHEZ MEJIA, JOSE ANGEL LOPEZ NATAREN, JACINTO HERNANDEZ ORTIZ, UBALDO MARTINEZ, SANTOS VIENVENIDO CASTELLANOS BUESO, MARIANO MEJIA REYES, REGINO LOPEZ, TOMAS CRUZ, JESÚS ALONZO VILLATORO, ADRIAN DUARTE CARCAMO, JESÚS PEÑA, JOSE INES AGUILAR PEÑA, ARMANDO DE JESUS REYES JUAREZ, JOSE OSMUNDO LOPEZ, JUAN DE LA CRUZ VILLALTA PUERTO, AGAPITO BANEGAS CRUZ, MARVIN YOVANY VILLEGAS MARTINEZ y ANDRES REYES, miembros del Grupo Campesino DAGOBERTO PADILLA, a denunciar que en el lugar denominado Guanchías, Jurisdicción del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, existe un terreno aproximadamente de DOSCIENTAS MANZANAS que no esta cumpliendo con su función social, teniendo como supuestos propietarios a los Señores JAIME ECHEVERRY Y CARLOS ECHEVERRY. (Solicitud No. 15698). (Folios doscientos cuarenta (240) al doscientos cuarenta y dos (242) de la pieza contentiva del expediente número 35598 del Instituto Nacional Agrario).-4) Que en fecha nueve de mayo del año mil novecientos noventa y cinco, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria de la Zona Norte, los Señores BERNARDO ANDRADE, JESUS PINEDA MEMBREÑO, JUAN RAMON REYES ORTIZ, MERCEDES CONTRERAS MORALES, MANUEL JIMÉNEZ, CIPRIANO MALDONADO RAMIREZ, TOMASA RODRIGUEZ ALBA, OBED ELI RIVAS CASTRO, ANDRES ORTIZ, ERASMO VILLANUEVA VILLANUEVA, HECTOR ALEJANDRO VARELA GALEAS, JOSE FELIX NUÑEZ, JOSE ARNALDO RIVERA, ANGEL PORFIRIO ERAZO RAMIREZ, ANGEL MARIA CASTAÑEDA VILLEDA, ANTONIO NATAREN, CARLOS MEJIA GOMEZ, AGUSTIN PEGO, JOSE EDILIO MOLINA ACOSTA, MAXIMINO LEMUS, MANUEL DE JESUS PONCE, VICENTE BARREIRA, OSCAR RENE CHACON, FELIPE ORTIZ SORTO, HERNAN ZALDIVAR RIVERA, ISIDRO RAPALO RAPALO, JOSE ANTONIO PUERTO FUENTEZ, JUAN CARLOS GUTIERREZ RAMOS, ARNALDO ANTONIO GUARDADO CHINCHILLA, LUCIO RIVERA, CARLOS MONTES DIAZ, HECTOR ARMANDO CHAVARRIA, JOSE ISAAC CHAVEZ QUINTANILLA, SANTOS MURILLO SOLIS, ROGELIO AGUILAR, MIGUEL ANGEL CONTRERAS MORALES, SALOMON GARCIA y NAHUM RODRÍGUEZ, miembros del Grupo Campesino EL SOCORRO, a denunciar que en la aldea denominado El Socorro, Jurisdicción del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, existe un terreno aproximadamente de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS MANZANAS que no esta cumpliendo con su función social, teniendo como supuesto dueño al Señor JAIME ECHEVERRY. (Exp. 15953). (Folios cuatrocientos setenta y uno (471) al cuatrocientos setenta y cuatro (474) de la pieza contentiva del expediente número 35598 del Instituto Nacional Agrario).-5) Que en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, el Instituto Nacional Agrario, dictó Providencia mediante la cual resolvió: “Vistas las copias de las diligencias incoadas por el Grupo Campesino hoy Empresa Asociativa Campesina de Producción LA VEINTE a la que corren agregadas las solicitudes de las Empresas Asociativas campesinas EL SOCORRO, DAGOBERTO PADILLA, LA AMISTAD y EL PROGRESO, contraídas a obtener Afectación y posterior adjudicación un predio rural ubicado en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, identificadas con No. 14941-35598 cuyas originales se encuentran en la Corte Suprema de Justicia en virtud de Recurso de Amparo que fue admitido sin suspensión del actor reclamado y para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 18-2008 y en virtud que las mismas se encuentran incluidas en el listado o inventario oficial elaborado por la Comisión Especial creada para tal fin y declarados expropiados o recuperados de pleno derecho por el presente Decreto; practíquese Investigación registral para determinar el propietario del predio y si sobre el mismo existe gravamen alguno. Nómbrase una Comisión Especial integrada por un Técnico Agrimensor, un Agrónomo y un Capacitador Agrario para que de inmediato practiquen las siguientes diligencias: a) Delimitación del área ocupara por las Empresas Asociativas Campesinas de Producción LA VEINTE, EL SOCORRO, DAGOBERTO PADILLA, LA AMISTAD Y EL PROGRESO, levantando el plano topográfico georeferenciado, identificándolo en la respectiva hoja cartográfica, verificando además su naturaleza jurídica y si está amparado en las escrituras públicas que se encuentran agregadas en el expediente: b) investigación de campo a efecto de determinar vocación, forma, modo y grado de explotación a que está sometido el mismo; c) Avalúo de tierras y de mejoras útiles y necesarias, plantaciones y construcciones permanentes introducidas por el afectado; d) Investigación social de la Empresa en mención. Que la Oficina Regional para la Zona Norte investigue e informe si contra los Campesinos ocupantes del predio expropiado ha sido incoada acción civil o penal, de resultar afirmativo, líbrese atenta Comunicación al Juzgado respectivo para que se proceda a extinguir las civiles o sobreseer las penales en su caso; cumplimentando lo anterior, emítase la Resolución procedente acorde lo preceptuado en el referido Decreto y agréguense oportunamente a la pieza principal.-” (Folio uno (1) de la pieza contentiva del expediente número 45942, del Instituto Nacional Agrario).-6) Que en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, el Instituto Nacional Agrario, dictó Resolución Definitiva No.549-2008, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA SOCIEDAD ANÓNIMA, “CAGSSA” la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (LPS. 23,400,934.22), a razón de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.27,549.75) por hectárea, como indemnización justipreciada por los predios afectados, ubicados en las aldeas Ganchías y El Socorro, Jurisdicción del municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, que tienen un extensión superficial total de OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE HECTÁREAS, CUARENTA ÁREAS, SESENTA Y CUATRO PUNTO CERO NUEVE CENTIÁREAS (849.Hás. 40As. 64.09Cas.), equivalente a MIL DOSCIENTAS DIECIOCHO MANZANAS más DOS MIL SEISCIENTAS SETENTA PUNTO TREINTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS (1,218 Mzs. + 2670.34 Vrs.2), dividido en dos lotes que se describen así: LOTE No.1: Con una extensión superficial de SEISCIENTAS VEINTINUEVE HECTÁREAS, CINCUENTA Y SEIS ÁREAS, TREINTA Y CINCO PUNTO CERO DOS CENTIÁREAS (629 Has. 56As. 35.02 Cas.) equivalente a NOVECIENTAS DOS MANZANAS MAS NUEVE MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS (902 Mz+9,558.59 Vrs.2), con las colindancias siguientes; AL NORTE: Calle de por medio con Azucarera del Norte (AZUNOSA); AL SUR: Calle de por medio con Azucarera del Norte (AZUNOSA) y Quinel; AL ESTE: Azucarera del Norte (AZUNOSA); y AL OESTE: Río Ulúa; y LOTE No.2: DE DOSCIENTAS DIECINUEVE HECTÁREAS OCHENTA Y CUATRO ÁREAS CON VEINTINUEVE PUNTO CERO OCHO CENTIÁREAS (219 Has. 84 As. 29.08 Cas.) equivalente a TRESCIENTAS QUINCE MANZANAS CON TRES CIENTO DOCE PUNTO VEINTINUEVE VARAS CUADRADAS (315 Mzs. + 3,112.29 Vrs2); Con las colindancias siguientes: AL NORTE: Canal Guanchías, Equino Díaz y Finca ocho; AL SUR: Azucarera Nacional del Norte (AZUNOSA); AL ESTE: Azucarera Nacional del Norte (AZUNOSA); y AL OESTE: Río Ulúa, E.A.C. Fe y Esperanza, Aldea El Socorro y Finca Ocho; los cuales se enmarca dentro de otros de mayor cabida, que en aplicación del Decreto 18-2008 le fueron expropiados por causa e interés social a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA., “CAGSSA”, cuyo dominio se encuentra inscrito a su favor el lote No.1 bajo el Asiento No.499 Folio 407 al 412, Tomo VII y el lote No.2 bajo el asiento N.614 Folio 477 al 482 del Tomo 8, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro; la que se pagará así: VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS, (Lps 23,400,000.00), en Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria que devengarán el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada cinco años, en cuotas similares por un periodo de diez años a partir de la fecha de su colocación y el efectivo la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (Lps.934.22). SEGUNDO: Entregar al Representante Legal de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, “CAGSSA”, los valores en efectivo y Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria mencionados en el numeral anterior. Y MANDA Librar Copia Autorizada de la presente Resolución, a la Secretaría de Finanzas para la emisión y entrega inmediata del efectivo y Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria a favor de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, “CAGSSA”, conforme lo dispuesto en el numeral anterior y librar Comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la Jurisdicción de el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro a efecto de que proceda a inscribir el predio expropiado a favor del Instituto Nacional Agrario. CÚMPLASE.” (Folio ciento dieciocho (F-118) al ciento veinte (F-120) de la pieza contentiva del expediente número 45942 del Instituto Nacional Agrario).-7) Que el señor CARLOS DANILO ECHEVERRI TREJO compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiséis de febrero del año dos mil diez, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la empresa denominada COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, S.A. (CAGSSA), contra la Resolución Definitiva No. 549-2008, emitida por el Licenciado JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, en su condición de Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, alegando que con dicha resolución se esta violentado en perjuicio de la empresa COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), las garantías constitucionales consagradas en los artículos 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186, 314 y 315 de la Constitución de la República.- Teniendo la Sala en fecha catorce de septiembre del año dos mil diez, por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite, en virtud de haber desarrollado el recurrente de manera puntual el concepto de la violación, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente.-8) Que en fecha seis de octubre del año dos mil diez, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, se tuvo por abstenida de emitir dictamen en el Recurso de Amparo de mérito, y de conformidad a lo solicitado por la misma, la Sala Constitucional en providencia de fecha ocho de noviembre del mismo año dos mil diez, ordenó librar oficio a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a efecto de solicitar la remisión a está Sala de las piezas contentivas del expediente administrativo que sirven para conocer el Recurso de Amparo No. 332=07 y se dispuso a dar nueva vista al Fiscal del Ministerio Público para que dentro del término de cuarenta y ocho horas emitiere el correspondiente dictamen.-9) Que en fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo por existir vulneración de los preceptos Constitucionales invocados por el amparista.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución Definitiva No. 549-2008, emitida por el Licenciado JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ, en su condición de Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, que resolvió determinar un justiprecio a pagar como indemnización a la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA S.A. (CAGSSA), por los predios afectados, con relación a las Solicitudes de Afectación registradas bajo los números 14941, 15125, 15698 y 15953 presentadas por los Grupos Campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL PROGRESO, EL SOCORRO y COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN LA VEINTE LIMITADA.-CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, ha manifestado que SE OTORGUE la acción de amparo promovida, en virtud que a su criterio se han vulnerado los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, entre ellos el debido proceso, el derecho de igualdad, el derecho de defensa, la no retroactividad de la ley y el derecho a la propiedad.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en amparo realiza en orden cronológico todos los antecedentes del caso en estudio, que concluyen en una resolución definitiva dictada por el Ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho; sostiene el recurrente que el expediente 35598 que contiene la solicitud de afectación de unas tierras propiedad de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. es un caso cerrado y fenecido; expone asimismo el amparista que en relación a las tierras objeto de la resolución recurrida, es vigente lo siguiente: I. Una resolución del Ministerio de Recursos Naturales de fecha 26 de marzo de 1996, en que se autoriza el sobretecho a la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S. A. (CAGSSA), aprobada tal resolución por la Presidencia de la República mediante Acuerdo No. 682-96 dado el 22 de abril de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 8 de junio de 1996.-El efecto irresistible de una resolución de sobretecho es que las tierras que ampara son inafectables. II. Resolución del 6 de marzo de 1998 de la Dirección Ejecutiva del INA en que ordena Certificado de Inafectabilidad a favor de las tierras de CAGSS, ratificada dicha resolución por el Honorable Consejo Nacional Agrario, en sentencia de fecha 2 de mayo del dos mil (2000), resoluciones estas dictadas en el Expediente de Inafectabilidad número 45942 del Instituto Nacional Agrario. III. Resolución de fecha 06 de baril de 1998 en que se suspenden indefinidamente los trámites de afectación de las tierras de CAGSSA, dictada tal resolución por el señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario en el expediente de afectación número 35598, resolución que “…se encuentra firme al haberse desistido los recursos de apelación que se habían interpuesto contra la misma ante el Consejo Nacional Agrario…”[6] (El entrecomillado es del amparista). IV. Sentencia del Honorable Consejo Nacional Agrario, de fecha 2 de mayo del dos mil (2000), de declara con lugar un recurso de apelación interpuesto por CAGSSA contra resolución del INA de fecha 24 de marzo de 1999, en cuyo sexto considerando se lee lo siguiente: “…se concluye que es procedente otorgar Certificado de Inafectabilidad solicitado”[7]. V. En el segmento “ANTECEDENTES” que procede, se hace relación de cinco (05) sentencias dictadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en recursos de amparo plantados a favor de CAGSSA en todas las cuales se otorgó el amparo.-CONSIDERANDO (6): Que de esas cinco sentencias de amparo que el recurrente aduce le fueron otorgadas a favor de la Compañía CAGSSA invoca tres como precedentes, en los que no se agotaron previamente recurso ordinarios, porque las resoluciones recurridas no le fueron notificadas a CAGSSA, tal como acontece en el presente caso, sostiene el impetrante. Arguye que el Tribunal Supremo estimó violadas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, por no haber notificado a la resolución recurrida a CAGSSA, particularmente porque se recurrió a la solución CUMPLASE, como también ha ocurrido en el presente caso. Las sentencias en referencia son las siguientes: A. Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 274-01. B. Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 550-2001. C. Sentencia de fecha catorce (14) de diciembre del dos mil cinco (2005) dictada en el Expediente de amparo 3032-2004. concluye el pedidor que las garantías constitucionales que estima vulneradas son las que consagran los artículos 315, 60, 64, 90, 94, 96, 103, 106, 186 y 314 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala observa a folio número ciento doce (F-112) de la pieza de Amparo, el informe rendido por la Abogada Prisila Alvarado Euceda, en su condición de Secretaria General del Instituto Nacional Agrario, a solicitud de este Alto Tribunal, en relación a remitir el expediente contentivo del acto reclamado en amparo (Resolución No. 549-2008). Al respecto la funcionaria antes indicada señala en su informe: “Que consta en nuestros registros que el expediente numero 35598, 14941, 15698, 15125, 15953 contentivo de las solicitudes de afectación de tierras presentadas por los Grupos campesinos LA AMISTAD, DAGOBERTO PADILLA, EL SOCORRO, EL PROGRESO Y COOPERATIVA DE PRODUCCION LA VEINTE LIMITADA, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia en virtud de haberse solicitado para resolver Recurso de Amparo, sin embargo el mismo fue admitido sin suspensión del acto reclamado, razón por la cual esta Institución rectora de la Reforma Agraria en el país sigue conociendo del asunto agrario y es en el año 2008 que la Comisión integrada conforme lo establece el artículo 1 del Decreto 18-2008 lo incluyó en la lista de expedientes a resolverse en aplicación del dicho cuerpo legal, en consecuencia declarado expropiado de pleno derecho por causa de interés social”; Al respecto es de observancia obligatoria para la autoridad recurrida lo establecido en el último párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece: “… El envió de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento para dictar sentencia definitiva, y con tal fin, dejará un extracto de las actuaciones principales, siempre y cuando el amparo no se haya admitido con suspensión del acto reclamado”; la continuación del asunto sometido a la decisión del Instituto Nacional Agrario con franca inobservancia de los dispuesto en el último párrafo de la norma antes citada, que culminó con una Resolución Definitiva en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil ocho (2008), se encuentra dictada en colisión con el debido proceso que se garantiza a toda persona que recurre ante los órganos jurisdiccionales o cualquier otra autoridad a efecto de determinar las pretensiones que han sido invocadas por los peticionarios en tutela de sus derechos, pues como la misma funcionaria del INA refiere en el informe emitido y remitido a este Alto Tribunal, se encontraba pendiente de resolver un Recurso de Amparo interpuesto, en consecuencia se siguió conociendo del asunto, lo que no debió realizar la autoridad recurrida fue dictar una resolución definitiva sin antes haberse resuelto la garantía constitucional de amparo que se encontraba pendiente ante este Augusto Tribunal.- CONSIDERANDO (8): Que aunado a ello la Resolución Definitiva No. 549-2008 recurrida en amparo, termina con la formula “CÚMPLASE”, vedándole la posibilidad a los interesados, a los que se les ha despojado de las tierras de su propiedad, el recurrir dicha resolución, violentando lo dispuesto en el artículo 25.1[8] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en ese orden de ideas, la Constitución de la República en su artículo 103 garantiza el derecho a la propiedad privada, en ese sentido dispone: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; de la resolución definitiva impugnada, manifiestamente se observa que al recurrente en amparo se le esta privando o despojando del derecho a la propiedad que la Constitución le garantiza, con las excepciones que la misma Constitución establece, siendo imperativo y de observancia obligatoria brindarle la oportunidad al afectado de hacer uso de los recursos que tenga a su disposición, a efecto que una autoridad superior revise la resolución emitida, dando cumplimiento a lo mandado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (9): Que en el relacionado expediente de solicitud de afectación de tierras, registrado con el número 35598 en el Instituto Nacional Agrario, contra la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. (CAGSSA), este Alto Tribunal dictó sentencias en fechas catorce de marzo del año dos mil uno y dieciséis de enero del año dos mil dos[9], amparos que fueron otorgados al observarse que en dichas resoluciones se empleo la formula “CÚMPLASE” en lugar de “NOTIFÍQUESE”, despojando al recurrente en amparo de su derecho a notificarse e interponer recursos, infringiendo frontalmente el derecho de defensa que consagra el articulo 82 de la Constitución de la Republica; volviendo a incurrir la autoridad recurrida en las mismas violaciones al debido proceso y derecho de defensa, aun y cuando se hicieron invocaciones en las referidas sentencias de antecedentes en relación a otros amparos interpuestos por el mismo recurrente contra la misma vulneración a su derecho de defensa, haciendo caso omiso a ellos la autoridad requerida.-CONSIDERANDO (10): Que es importante para esta Sala señalar que el Decreto 18-2008, que invoca la autoridad recurrida, fue el fundamento para darle continuidad al asunto agrario, en relación a la afectación de tierras propiedad de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A. (CAGSSA) y que culminó con la resolución Definitiva No. 549-2008, que esta Sala conoce en Amparo, fue declarado inconstitucional por este Alto Tribunal en sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil doce (2012), registrado con el número de expediente 557-2008, por considerar esta Sala que el referido Decreto vulneraba a los propietarios de tierras afectadas, el derecho constitucional a ser oídos y el derecho a interponer recursos, ambos derechos constituyen manifestaciones del derecho de defensa[10], dejó plasmado esta Sala en el referido fallo de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su derecho a la propiedad privada, despojándolo de las tierras de su propiedad, manifestación específica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional.-CONSIDERANDO (13): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley.-CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo.-CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.-CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 103, 106, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el señor CARLOS DANILO ECHEVERRI TREJO, a favor de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SULA, S.A. (CAGSSA), contra la Resolución Definitiva Número 549-2008, de fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, emitida por el Licenciado JOSÉ FRANCISCO FUNES RODRÍGUEZ, en su condición de Ministro Director del Instituto Nacional Agrario, debiendo dictar nueva resolución en la que se le brinde al recurrente en amparo la posibilidad y el derecho de impugnar dicha Resolución Definitiva . Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Agrario) registrado en este Tribunal bajo el número 142-2010.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Cita textual de una sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 274-01 CSJ.

[2] Esta sentencia figura en el expediente de afectación 35598 citado.

[3] “Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”

[4] Copias de certificación de sentencias visibles a folios del 806 al 816 del expediente registrado con numero 35598, que conoce del caso sometido a estudios en el Instituto Nacional Agrario.

[5] Ver considerando siete de la sentencia en el expediente de Recurso de Inconstitucionalidad No. 557-08 de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.

[6] Cita textual de una sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de enero del 2002 dictada en el Expediente de amparo 274-01 CSJ.

[7] Esta sentencia figura en el expediente de afectación 35598 citado.

[8] “Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”

[9] Copias de certificación de sentencias visibles a folios del 806 al 816 del expediente registrado con numero 35598, que conoce del caso sometido a estudios en el Instituto Nacional Agrario.

[10] Ver considerando siete de la sentencia en el expediente de Recurso de Inconstitucionalidad No. 557-08 de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.