Sentencia AA-1314-14 — Registro 10303
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró con lugar incidente de declinatoria y ordenó remitir el expediente y piezas separadas al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa; asimismo, declaró con lugar incidente de defensas previas por lo que se inadmitió la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter personal promovida por Belkis Oliva Escalante Nataren, Raúl Alberto Escalante Nataren, María Isabel Nataren Guevara contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo si es competente para conocer de la demanda por lo que desestimó las causas de inadmisibilidad por considerarlas inexistentes y ordenó seguir con el curso normal del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala aprecia que de acuerdo a la demanda interpuesta existe documentación fehaciente como ser el acta No. 723-03/2010 de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social, cuyo punto número dos (2) deja establecido: “Nota de la…; Nota de la Presidencia designando al abogado Renán Sagastume Fernández como Presidente de la Junta Administradora de Asistencia Social”. Así mismo el memorándum de fecha 05 de febrero del 2010, suscrito por la señora Presidenta del Banco Central de Honduras, Licenciada María Elena Mondragón de Villar, y dirigida al Secretario de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social, Licenciado Horacio Laínez donde se lee: “En apego a lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento del Plan Reasistencia Social, relacionado con la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social; por su medio notifico a esa junta la delegación de la Presidencia de ese órgano administrativo en el abogado Renán Sagastume Fernández, Vicepresidente del Banco.”En consecuencia denegar dicha información a los recurrentes, ha vulnerado flagrantemente los derechos invocados, en ese sentido y prevaleciendo en todo caso el valor justicia procede se Deniegue el amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona…”[4], lo que permite que todos los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva; siendo así todos los ciudadanos (as) deben sujetarse a lo establecido en la ley, presentando sus peticiones bajo el cumplimiento de las solemnidades y exigencias previamente establecidas en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada HILDA GONZALEZ ESCOTO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dos de octubre de dos mil catorce, que declaró Con Lugar un Recurso de Apelación y revoca la resolución dictada de fecha uno de marzo de dos mil catorce, dictada Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por los señores BELKIS OLIVA ESCALANTE NATAREN, RAUL ALBERTO ESCALANTE NATAREN Y MARIA ISABEL NATAREN GUEVARA contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los señores BELKIS OLIVA ESCALANTE NATAREN, RAUL ALBERTO ESCALANTE NATAREN Y MARIA ISABEL NATAREN GUEVARA, en su condición de personal, promoviendo demanda ordinaria contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, para que en sentencia definitiva se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular dictado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, consistente en la resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, por no ser conforme a derecho. (Folios 03 al 09 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que la Abogada HILDA GONZALEZ ESCOTO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha trece de agosto de dos mil trece, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 02 al 11 de la pieza separada de defensas previas).- 3) Que en la misma fecha, la abogada DORIS IMELDA MADRID ZERON actuando en su condición de Comisionada Presidenta y Representante Legal del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, presentando alegando y oponiendo Declinatoria por Falta de Competencia Territorial, en consecuencia el referido Juzgado, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, resolvió Declarar con Lugar la Declinatoria y ordenó la remisión del expediente junto con sus piezas separadas al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán. (Folios del 02 al 04 y 15 al 18 de la pieza de Separada de Declinatoria).-4)Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR las causas de defensas previas alegadas por la parte Incidentista, por los fundamentos de derecho expuestos anteriormente. Por lo tanto se declara la Inadmisibilidad de la demanda….” (Folios 72 al 77 de la pieza separada de defensas previas).- 5) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ,contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó Sentencia en fecha dos de octubre de dos mil catorce, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el AbogadoELVIN RUBEN GOMEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señoresBELKIS OLIVA ESCALANTE NATAREN, RAUL ALBERTO ESCALANTE NATAREN Y MARIA ISABEL NATAREN GUEVARA.-SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza separada de defensas previas y que corre agregada a folios setenta y dos frente (72f) al setenta y siete vuelto (77v) inclusive de la misma.- TERCERO Desestimar las causas de inadmisibilidad presentadas por la parte demandada por inexistentes, en consecuencia sígase con el curso normal del juicio.- …” (Folios 13 al 15 de la pieza de segunda instancia).-6) Que la recurrente Abogada HILDA GONZALEZ ESCOTO, compareció ante este alto Tribunal, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dos de octubre de dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de abril de dos mil quince.-7) Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “SE OTORGUE” el Recurso de Amparo de mérito.-CONSIDERANDO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3):Que el acto contra el cual se reclama es la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil catorce que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ a favor de sus representados los señores BELKIS OLIVA, RAUL ALBERTO ambos de apellidos ESCALANTE NATAREN y MARIA ISABEL ESCALANTE GUEVARA, Revocando la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, en relación a la demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS a través DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO (4):Que la recurrente al formalizar su recurso manifiesta que se ha vulnerado el artículo 90 del Debido Proceso, manifestando que el Código Procesal Civil en su artículo 3 “también desarrolla el debido proceso, en el sentido de establecer que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrollo por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente independiente e imparcial una resolución de fondo justa y motivada” . Sigue exponiendo que en el presente caso al no haberse estimado los argumentos legales presentados que determinaban el carácter especial del Instituto de Acceso a la información pública y su exclusión de la aplicación de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de primera instancia, emitió una resolución injusta y no motivada, transgrediendo de esa forma el derecho fundamental al debido proceso”.- CONSIDERANDO (5):Que la representante del Estado en el momento procesal oportuno interpuso las Defensas Previas que consideró conforme a derecho, señalando, de acuerdo a lo que establece el artículo 80 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como causas de inadmisibilidad de la Demanda: 1.-Cuando el conocimiento de la demanda no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2.-Cuando por razones que radican en la naturaleza de la demanda tenga por objeto un acto no susceptible de impugnación, señalando que “la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo solo es aplicable a los actos emanados de la Administración Pública lo que está conformada por: A) El Poder Ejecutivo, B) Las entidades estatales; el Poder ejecutivo lo conforman a su vez según el artículo 10 de la Ley de la Administración Pública: A) La Presidencia de la República, B) El Consejo de Ministros, C) Las Secretarías de Estado, señalando que la Administración Pública en uso de sus facultades a través del Decreto ejecutivo No. PCM-001-2014, excluyó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de la Sectorización de los entes desconcentrados del Estado”, y así lo establece el artículo 8 de la Ley de Transparencia. El A quo en su momento dicto resolución mediante la cual declaró con lugar las causales de Defensas Previas.-CONSIDERANDO (6):Que el Ad quem conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A quo dicta su fallo y en el párrafo de los fundamentos de Derecho, considerando cuatro (4), (F. 45 pieza de amparo), expresa: “Que si bien es cierto como lo dice el A quo los demandantes no recurrieron a través del respectivo Recurso de amparo la Resolución 349-211 del dos de agosto del dos mil once, pero no es menos cierto que la revisión del escrito de demanda los demandantes piden la nulidad de actos administrativos posteriores, argumentando en su petición que se les indemnice, ya que estiman se les ocasionan daños y perjuicios, el no haber resuelto favorablemente la autoridad demandada, su petición primaria, la que no fue recurrida en amparo.-CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de Alzada expone en su considerando cinco que la acción planteada ante aquellos tribunales esta dentro de la esfera de su competencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 letra b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al tratarse de un juicio de resarcimiento de daños y perjuicios que alegan los demandantes les ocasionó la autoridad demandada, al no resolver favorablemente una anterior petición por ellos planteada.- Además dice el Ad quem que “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo si es competente para conocer de la demanda de mérito por mandato expreso de la ley y el hecho que los demandantes no hayan interpuesto recurso de amparo contra la resolución que aducen les ocasionó daños y perjuicios, esto es precisamente el fondo del asunto donde el A quo deberá dirimir si dicho actuar de los actores les provocó daños y perjuicios que les deben ser resarcidos o si por el contrario si la falta de impugnación a través del recurso de mérito en el momento procesal oportuno absuelve a la administración demandada del pago de los mismos”. En consecuencia declaró con lugar el Recurso de Apelación, Revocando el auto que resuelve la cuestión incidental de defensas Previas de fecha 31 de marzo del año 2014, considerando competente dicha jurisdicción para conocer de la demanda.-CONSIDERANDO(8):Que el Artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece: “INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS” Sin perjuicio de la responsabilidad civil, incurrirán en infracción a esta ley quien: 1.- Estando obligado por la ley, no proporcione de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso.-CONSIDERANDO (9):Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona…”[2], lo que permite que todos los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva; siendo así todos los ciudadanos (as) deben sujetarse a lo establecido en la ley, presentando sus peticiones bajo el cumplimiento de las solemnidades y exigencias previamente establecidas en la ley.-CONSIDERANDO (10):Que esta Sala de lo Constitucional tiene como quehacer fundamental velar por el reconocimiento, respeto, protección y el libre ejercicio de los derechos y garantías reconocidas constitucionalmente, es por ello que el derecho de acceso a la información es inherente al ciudadano por lo que una vez que sea invocado deberá obtener una respuesta justa y acorde a derecho. En el caso sub judice, de acuerdo al estudio de los antecedentes (Folios 204, 305, 206, 208 de la primera pieza), y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que de acuerdo a la demanda interpuesta existe documentación fehaciente como ser el acta No. 723-03/2010 de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social, cuyo punto número dos (2) deja establecido: “Nota de la…; Nota de la Presidencia designando al abogado Renán Sagastume Fernández como Presidente de la Junta Administradora de Asistencia Social”. Así mismo el memorándum de fecha 05 de febrero del 2010, suscrito por la señora Presidenta del Banco Central de Honduras, Licenciada María Elena Mondragón de Villar, y dirigida al Secretario de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social, Licenciado Horacio Laínez donde se lee: “En apego a lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento del Plan Reasistencia Social, relacionado con la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social; por su medio notifico a esa junta la delegación de la Presidencia de ese órgano administrativo en el abogado Renán Sagastume Fernández, Vicepresidente del Banco.”En consecuencia denegar dicha información a los recurrentes, ha vulnerado flagrantemente los derechos invocados, en ese sentido y prevaleciendo en todo caso el valor justicia procede se Deniegue el amparo interpuesto.-CONSIDERANDO(11):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada HILDA GONZALES ESCOTO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha dos de octubre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1314-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada HILDA GONZALEZ ESCOTO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dos de octubre de dos mil catorce, que declaró Con Lugar un Recurso de Apelación y revoca la resolución dictada de fecha uno de marzo de dos mil catorce, dictada Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por los señores BELKIS OLIVA ESCALANTE NATAREN, RAUL ALBERTO ESCALANTE NATAREN Y MARIA ISABEL NATAREN GUEVARA contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los señores BELKIS OLIVA ESCALANTE NATAREN, RAUL ALBERTO ESCALANTE NATAREN Y MARIA ISABEL NATAREN GUEVARA, en su condición de personal, promoviendo demanda ordinaria contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, para que en sentencia definitiva se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular dictado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, consistente en la resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, por no ser conforme a derecho. (Folios 03 al 09 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que la Abogada HILDA GONZALEZ ESCOTO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha trece de agosto de dos mil trece, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 02 al 11 de la pieza separada de defensas previas).- 3) Que en la misma fecha, la abogada DORIS IMELDA MADRID ZERON actuando en su condición de Comisionada Presidenta y Representante Legal del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, presentando alegando y oponiendo Declinatoria por Falta de Competencia Territorial, en consecuencia el referido Juzgado, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, resolvió Declarar con Lugar la Declinatoria y ordenó la remisión del expediente junto con sus piezas separadas al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán. (Folios del 02 al 04 y 15 al 18 de la pieza de Separada de Declinatoria).-4)Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR las causas de defensas previas alegadas por la parte Incidentista, por los fundamentos de derecho expuestos anteriormente. Por lo tanto se declara la Inadmisibilidad de la demanda….” (Folios 72 al 77 de la pieza separada de defensas previas).- 5) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ,contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó Sentencia en fecha dos de octubre de dos mil catorce, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el AbogadoELVIN RUBEN GOMEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señoresBELKIS OLIVA ESCALANTE NATAREN, RAUL ALBERTO ESCALANTE NATAREN Y MARIA ISABEL NATAREN GUEVARA.-SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza separada de defensas previas y que corre agregada a folios setenta y dos frente (72f) al setenta y siete vuelto (77v) inclusive de la misma.- TERCERO Desestimar las causas de inadmisibilidad presentadas por la parte demandada por inexistentes, en consecuencia sígase con el curso normal del juicio.- …” (Folios 13 al 15 de la pieza de segunda instancia).-6) Que la recurrente Abogada HILDA GONZALEZ ESCOTO, compareció ante este alto Tribunal, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dos de octubre de dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de abril de dos mil quince.-7) Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “SE OTORGUE” el Recurso de Amparo de mérito.-CONSIDERANDO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3):Que el acto contra el cual se reclama es la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil catorce que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ a favor de sus representados los señores BELKIS OLIVA, RAUL ALBERTO ambos de apellidos ESCALANTE NATAREN y MARIA ISABEL ESCALANTE GUEVARA, Revocando la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, en relación a la demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS a través DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO (4):Que la recurrente al formalizar su recurso manifiesta que se ha vulnerado el artículo 90 del Debido Proceso, manifestando que el Código Procesal Civil en su artículo 3 “también desarrolla el debido proceso, en el sentido de establecer que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrollo por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente independiente e imparcial una resolución de fondo justa y motivada” . Sigue exponiendo que en el presente caso al no haberse estimado los argumentos legales presentados que determinaban el carácter especial del Instituto de Acceso a la información pública y su exclusión de la aplicación de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de primera instancia, emitió una resolución injusta y no motivada, transgrediendo de esa forma el derecho fundamental al debido proceso”.- CONSIDERANDO (5):Que la representante del Estado en el momento procesal oportuno interpuso las Defensas Previas que consideró conforme a derecho, señalando, de acuerdo a lo que establece el artículo 80 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como causas de inadmisibilidad de la Demanda: 1.-Cuando el conocimiento de la demanda no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2.-Cuando por razones que radican en la naturaleza de la demanda tenga por objeto un acto no susceptible de impugnación, señalando que “la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo solo es aplicable a los actos emanados de la Administración Pública lo que está conformada por: A) El Poder Ejecutivo, B) Las entidades estatales; el Poder ejecutivo lo conforman a su vez según el artículo 10 de la Ley de la Administración Pública: A) La Presidencia de la República, B) El Consejo de Ministros, C) Las Secretarías de Estado, señalando que la Administración Pública en uso de sus facultades a través del Decreto ejecutivo No. PCM-001-2014, excluyó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de la Sectorización de los entes desconcentrados del Estado”, y así lo establece el artículo 8 de la Ley de Transparencia. El A quo en su momento dicto resolución mediante la cual declaró con lugar las causales de Defensas Previas.-CONSIDERANDO (6):Que el Ad quem conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A quo dicta su fallo y en el párrafo de los fundamentos de Derecho, considerando cuatro (4), (F. 45 pieza de amparo), expresa: “Que si bien es cierto como lo dice el A quo los demandantes no recurrieron a través del respectivo Recurso de amparo la Resolución 349-211 del dos de agosto del dos mil once, pero no es menos cierto que la revisión del escrito de demanda los demandantes piden la nulidad de actos administrativos posteriores, argumentando en su petición que se les indemnice, ya que estiman se les ocasionan daños y perjuicios, el no haber resuelto favorablemente la autoridad demandada, su petición primaria, la que no fue recurrida en amparo.-CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de Alzada expone en su considerando cinco que la acción planteada ante aquellos tribunales esta dentro de la esfera de su competencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 letra b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al tratarse de un juicio de resarcimiento de daños y perjuicios que alegan los demandantes les ocasionó la autoridad demandada, al no resolver favorablemente una anterior petición por ellos planteada.- Además dice el Ad quem que “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo si es competente para conocer de la demanda de mérito por mandato expreso de la ley y el hecho que los demandantes no hayan interpuesto recurso de amparo contra la resolución que aducen les ocasionó daños y perjuicios, esto es precisamente el fondo del asunto donde el A quo deberá dirimir si dicho actuar de los actores les provocó daños y perjuicios que les deben ser resarcidos o si por el contrario si la falta de impugnación a través del recurso de mérito en el momento procesal oportuno absuelve a la administración demandada del pago de los mismos”. En consecuencia declaró con lugar el Recurso de Apelación, Revocando el auto que resuelve la cuestión incidental de defensas Previas de fecha 31 de marzo del año 2014, considerando competente dicha jurisdicción para conocer de la demanda.-CONSIDERANDO(8):Que el Artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece: “INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS” Sin perjuicio de la responsabilidad civil, incurrirán en infracción a esta ley quien: 1.- Estando obligado por la ley, no proporcione de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso.-CONSIDERANDO (9):Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona…”[4], lo que permite que todos los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva; siendo así todos los ciudadanos (as) deben sujetarse a lo establecido en la ley, presentando sus peticiones bajo el cumplimiento de las solemnidades y exigencias previamente establecidas en la ley.-CONSIDERANDO (10):Que esta Sala de lo Constitucional tiene como quehacer fundamental velar por el reconocimiento, respeto, protección y el libre ejercicio de los derechos y garantías reconocidas constitucionalmente, es por ello que el derecho de acceso a la información es inherente al ciudadano por lo que una vez que sea invocado deberá obtener una respuesta justa y acorde a derecho. En el caso sub judice, de acuerdo al estudio de los antecedentes (Folios 204, 305, 206, 208 de la primera pieza), y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que de acuerdo a la demanda interpuesta existe documentación fehaciente como ser el acta No. 723-03/2010 de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social, cuyo punto número dos (2) deja establecido: “Nota de la…; Nota de la Presidencia designando al abogado Renán Sagastume Fernández como Presidente de la Junta Administradora de Asistencia Social”. Así mismo el memorándum de fecha 05 de febrero del 2010, suscrito por la señora Presidenta del Banco Central de Honduras, Licenciada María Elena Mondragón de Villar, y dirigida al Secretario de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social, Licenciado Horacio Laínez donde se lee: “En apego a lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento del Plan Reasistencia Social, relacionado con la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social; por su medio notifico a esa junta la delegación de la Presidencia de ese órgano administrativo en el abogado Renán Sagastume Fernández, Vicepresidente del Banco.”En consecuencia denegar dicha información a los recurrentes, ha vulnerado flagrantemente los derechos invocados, en ese sentido y prevaleciendo en todo caso el valor justicia procede se Deniegue el amparo interpuesto.-CONSIDERANDO(11):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada HILDA GONZALES ESCOTO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha dos de octubre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1314-2014.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.
[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.