Sentencia AA-1277-14 — Registro 6023
Resumen
Resolución recurrida declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo interlocutorio de liquidación parcial de sentencia definitiva dictada el quince de julio de dos mil catorce dictada por el juzgado de letras de lo contencioso administrativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en ese orden de ideas el recurrente ha tenido motivos para invocar la justicia constitucional, porque tanto el A-Quo como Ad-Quem deviene obligados por la ley a motivar o explicar su razonamiento lógico y legal, específicamente relacionado con la liquidación de la sentencia y el monto que corresponde a cada uno de los empleados demandantes de manera individual, dejando establecido de manera clara y precisa a que corresponde cada monto, la base para calcular dichos montos así como la actividad relacionada con los mismos, por todo ello para garantizar la efectividad del derecho material debe respetarse el Debido proceso de tal modo que haya una tutela judicial efectiva para las partes en conflicto. En consecuencia a falta de motivación suficiente se ha vulnerado el Debido proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 183 (Decreto)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero del dos mil dieciséis. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, del departamento del Francisco Morazán, en fecha dos de octubre de dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación presentado contra la sentencia interlocutoria de fecha quince de julio de dos mil catorce, dictada Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, en su condición de Apoderado legal de los señores ALEX JAVIER CARDONA, MARIA ANTONIA PINEDA, LUCKY BELARMINO RIVERA Y OTROS, contra la entonces ADMINISTRACION FORESTAL DEL ESTADO (AFE-COHDEFOR) ahora INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). Estima el recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de sus representados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de los señores ALEX JAVIER CARDONA, MARIA ANTONIA PINEDA MEJIA, LUCKY BELARMINO MEDINA MONCADA, CARLOS RENE ROMERO, JASINTO VICENTE ESPINO MENDOZA, HUGO DAVID DUBON RAMOS, MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO, CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA, CARLOS EDUARDO BARAHONA ULLOA, SANDRO JAVIER AVILA AVILA, CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO, ALMA YOLANDA DUARTE NORIEGA, RICARDO NELSON LEZAMA PINEDA, ROQUE JACINTO FLORES JOSE HUMBERTO ORDOÑEZ AGUILAR, PEDRO BENITEZ ALVAREZ, WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA, JOSE RONY GOMEZ CARBAJAL, HECTOR ARMANDO ZUNIGA RIVERA, PABLO AMAYA AMAYA, OLMAN CARRANZA HERNANDEZ, IRIS DAYANIRA CASTRO MARADIAGA, MAX LESTER SOSA ROSALES, LUIS ALBERTO MARTINEZ SIBRIAN, ARTURO RODRIGUEZ TERCERO, MARVIN RICARDO CRUZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA, FRANCISCO YOVAN RODRIGUEZ GUARDADO, KAREN ITSMENIA ZUNIGA FLORES, ELMER RODOLFO PADILLA DISCUA, ONIL NEPTALY CERRATO AMAYA, YESSICA YAMILETH SOSA REYES, HECTOR MANUEL ROSA PEREZ, FREDY AMED POSAS NUÑEZ, IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ, DOMINGO OMAR OYUELA OLIVERA, RODOLFO ARMANDO SOSA, LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ, MAURO HUMBERTO LARA AVELAR, JOSE CRISTINO RIVERA, HENRY FRANCISCO MENCIA ANARIBA, CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE, VICTOR ALFONSO POGO POGO, NOLVIA GABRIELA JIMENEZ NEHRING, SONIA YANETH GARCIA, MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, LUIS ARMANDO OVIEDO GUILLEN, ANGEL ALEXI ALBERTO PORTILLO, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ, ADABERTO AVILA ORTIZ, LEYLA ELIZET CRUZ NUÑEZ, RODOLFO DIAZ ORTIZ, RENE ARMANDO RIVERA ARDON, CARLOS FRANCISCO IGLESIAS, LEONEL ARTUTO BLANCO FLORES, JULIO CESAR HERNANDEZ APLICANO, RAMON ANTONIO SALGADO MONTOYA, JAIME AROLDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PEDRO ROMERO MARTINEZ, OSCAR BUSTILLO OSEGUERA, ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ, MARITZA ARACELY RUIZ CORANO, NELDA MARIA FUNEZ PUERTO,, JOSE DOMINGO SABILLON, LUIS ALBERTO ROSA PINTO, ALEX ARMANDO MONRROY PINEDA, NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES, JOSE ARNALDO GOMEZ ALVARADO, PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR CASTELLANOS DUBON, EDITH NUÑEZ ROMERO, JULIA AZUCENA SAN MARTIN GUARDADO, GEORGE BUSTILLO, ODON ANDRES ARNODO MERCADO, HUGO REINALDO FLORES PANCHAME, VALENTIN ADRIAN GOZALES SANCHEZ, LUIS ALFREDO CARDONA, KARLA PAULINA CACERES JOHNSON, GLORIA IBETH MENDOZA, NOHEMI ROMERO VENTUTA, JUAQUINA CALDERON AVILA, Y DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO; promoviendo demanda ordinaria para se declare la ilegalidad de un acto administrativo por no encontrarse conforme a derecho, solicitando se declare la ilegalidad del mismo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, el pago retroactivo del ajuste del salario y el pago proporcional retroactivo del décimo tercer mes, décimo cuarto mes y las vacaciones, a los empleados que laboran en la Administración Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal AFE-COHDEFOR, que son miembros del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras COLPROFORH, a partir del quince de octubre de dos mil cinco, fecha en la cual entró en vigencia el Arancel del Profesional Forestal de Honduras, demanda que promovió en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO, CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL, AFE-COHDEFOR. (Folios 01 al 10 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que en fecha siete de mayo de dos mil nueve, el referido Juzgado dictó sentencia definitiva, declarando procedente la demanda incoada, en consecuencia resolvió condenar a LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO, CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL. AFE-COHDEFOR, a nivelarles el salario a los demandantes, en base al Arancel del Profesional Forestal de Honduras, y pagarles retroactivamente el ajuste del salario desde que entró en vigencia el mismo, así como el pago proporcional retroactivo del décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y vacaciones. (Folios 483 al 490 de la primera pieza) 3) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil trece, compareció ante el citado Juzgado, el abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA actuando en su condición antes indicada, solicitando la liquidación parcial de los derechos de los demandantes, tomando como base el grado mínimo que todos ostentan, que es el de Dasónomo, sin perjuicio de hacerse liquidación total que según el grado académico les corresponda para el final de la liquidación. (Folios del 787 al 794 de la pieza de primera instancia) 4) Que en fecha quince de julio del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria de Liquidación Parcial de Sentencia Definitiva, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR, parcialmente el incidente de liquidación de Sentencia Definitiva, en el grado académico mínimo de DASONOMOS.- SEGUNDO: Reconocer en concepto de nivelación de salario en base al arancel y ha pagarles retroactivamente el ajuste de salario desde que entro en vigencia el mismo el 14 de octubre de 2005, así como el pago retroactivo del décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones a favor de los ciudadanos… TERCERO: Condenar al INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), a pagarle a los demandantes las cantidades señaladas, mismas que deberán ser canceladas de una sola vez y en su totalidad valorado al grado académico mínimo (DASONOMOS). …” (Folios 1055 al 1060 de la pieza separada). 5) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición antes indicada, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha quince de julio de dos mil catorce y que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó Sentencia en fecha dos de octubre de dos mil catorce, mediante la cual falló: “PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ., en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia interlocutoria de fecha quince de julio del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que consta a folio numero mil cincuenta y cinco (1055) al folio numero mil sesenta (1060) de la primera pieza de autos.- …” (Folios 14 al 24 de la pieza de segunda instancia). 6) Que el recurrente abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, compareció ante este alto Tribunal, en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dos de octubre de dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez de marzo de dos mil quince. 7) Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “SE OTORGUE” el Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha dos de octubre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la Demanda promovida por los señores ALEX JAVIER CARDONA, MARIA ANTONIA PINEDA, LUCKI BELARMINO RIVERA Y OTROS contra la ADMINISTRACION FORESTAL DEL ESTADO, AHORA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso manifiesta en el numeral Primero que sic “el acto contra el que se reclama lo constituye la sentencia de fecha dos (2) de octubre del año en curso (2014) emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmando la sentencia interlocutoria de fecha quince de julio del 2014, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que dispone a su vez, condenar a su representada a la cantidad de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 87/100 (Lps. 102,579,490.87), sin que el monto de dicha condena tenga motivación, argumento o explicación alguna de su origen, a pesar incluso que al tenor del artículo 205.2 del Código Procesal Civil, se puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones, las omisiones o defectos de que adolecía la sentencia, para su respectiva subsanación, pronunciamiento alguno relativo a los argumentos que sirvieron de base a la oposición, a la defensa y a los que sustentaron el recurso de alzada, pero ni aún así hubo subsanación alguna. Sigue manifestando en su numeral segundo, “que en el caso que nos ocupa ya existe una sentencia firme que data del 7 de mayo del año 2009; dicha sentencia reconoció el derecho de los demandantes a ser nivelados en su salario en base al Arancel emitido por el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, difiriéndose a la fase de Ejecución del fallo, el cálculo o cuantificación de la nivelación que le correspondería a cada demandante. La nivelación de ese salario se calcula en base al salario mínimo y según el título o grado académico del profesional forestal”. Sigue manifestando el recurrente que para el proceso de liquidación se expuso que los títulos académicos que sirven de base deben reunir los requisitos del artículo 160 de la Constitución de la República que dispone: “Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”. Señala que esta disposición “fue totalmente desconocida tanto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo como por la Corte de Apelaciones, ya que sencillamente no expresaron argumento alguno para sustentar esta omisión al cumplimiento de esta disposición de orden constitucional, ya que solo basta leer la sentencia correspondiente para verificar que no existe mención alguna que ampare la omisión de un requisito que siendo vigente, es condición para dar validez a un título que a su vez sirve de base para determinar el monto y la fecha a partir de la cual debe de calcularse la nivelación salarial reclamada, ya que mientas el título no haya sido reconocido por la UNAH, el mismo no puede ser tomado como válido; en este caso existen dos violaciones, una al derecho de defensa por no contener la sentencia ningún pronunciamiento relativo a las pretensiones oportunamente deducidas y por otro lado al principio del debido proceso, ya que la falta de aplicación de una norma que es de rango constitucional, genera un juzgamiento parcializado que no está revestido de las formalidades ni el derecho vigente. Sigue manifestando que no existe razonamiento alguno, motivación o explicación de cada monto individual que según la sentencia le corresponde a cada demandante, habiéndole impuesto como condena un monto total de (Lps. 102, 579,490.87). Además señala que debe tomarse en cuenta el monto del salario mínimo que es fijado anualmente y que contiene los valores que corresponden a cada actividad económica y estratos de trabajadores y montos por hora, señala que la sentencia que hoy es objeto de tutela constitucional no señala a cual actividad se acoge para determinar el salario mínimo. Considera por lo expuesto que se han vulnerado los artículos constitucionales 82 que contienen el Derecho de Defensa; 90 del debido Proceso en relación con el artículo 160 constitucional. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su fallo hace una relación de los agravios expuestos por el apelante, así como la contestación de agravios por parte del apelado. En su considerando siete (7) señala que la sentencia definitiva fue confirmada por ese Tribunal de alzada en fecha 19 de mayo del 2011, y habiéndose declarado inadmisible el recurso de casación la sentencia adquirió firmeza pasada en autoridad de cosa juzgada en fecha 23 de mayo del año 2011. (Folio 23, pieza de amparo). Solicitada la liquidación de la sentencia, la parte demandante acepta que para el cálculo de la misma se tome como base el grado académico de Dasónomos, estableciendo una liquidación de la sentencia que conlleva el pago de la cantidad de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 102, 579, 490.87), en su considerando nueve (9) señala que “de dicho incidente se derivo de un auto para mejor proveer, con el objetivo de que ambas partes presentaran sus alegaciones, las cuales solo fueron realizadas por el incidentazo manifestando que ha raíz de la pérdida de los archivos no hay prueba de que certifique su legalidad ante el Consejo de Educación Superior por lo que es imposible cuantificar o liquidar el derecho que se reclama”. Deja establecido en el Considerando Diez (10), (f.23 expediente de amparo) que el artículo seis del arancel de los profesionales de las ciencias forestales y afines en todos sus niveles que prestan sus servicios ya sea como empleado permanente, por contratos específicos o por consultorías percibirán como mínimo las cantidad de salario mínimo que se especifique en el arancel. Concluyendo el Ad-Quem en su considerando Once (11),parte conducente que es un derecho reconocido mediante sentencia definitiva firme en la cual quedó probado el derecho de los demandante, por lo que el Juzgado A-Quo procedió a liquidar parcialmente la sentencia en la cantidad de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 102,579.490.87). CONSIDERANDO (6): Que la Ley orgánica del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, establece que es un derecho del colegiado, pactar sus honorarios profesionales de acuerdo a las tarifas establecidas en el arancel profesional, estableciendo como requisito estar colegiado, hechos que fueron acreditados durante la sustanciación del proceso, como consecuencia de ello se dictó sentencia que adquirió su carácter de firme pasada por autoridad de cosa juzgada, a favor de los empleados demandantes, en ese orden de ideas el Juez Constitucional no representa una instancia, que ha de entrar a conocer el fondo del asunto y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes que han hecho uso de cuanto recurso les ha franqueado la ley, en consecuencia estos hechos sobre los que ha recaído una sentencia firme no puede conocerlo a nivel de instancia la Sala de lo Constitucional, siendo su quehacer fundamental el garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente y por los Tratados Internacionales a las personas y/o ciudadanos como el caso que nos ocupa. Por otra parte en cumplimiento a la función constitucional revisada la sentencia impugnada y sus antecedentes relacionada con el momento procesal de liquidación de la sentencia firme dictada a favor de los empleados demandantes, esta Sala observa que para garantizar el debido proceso debe existir un razonamiento lógico congruente en las resoluciones a fin de materializar el debido proceso, lo que “implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; en ese orden de ideas el recurrente ha tenido motivos para invocar la justicia constitucional, porque tanto el A-Quo como Ad-Quem deviene obligados por la ley a motivar o explicar su razonamiento lógico y legal, específicamente relacionado con la liquidación de la sentencia y el monto que corresponde a cada uno de los empleados demandantes de manera individual, dejando establecido de manera clara y precisa a que corresponde cada monto, la base para calcular dichos montos así como la actividad relacionada con los mismos, por todo ello para garantizar la efectividad del derecho material debe respetarse el Debido proceso de tal modo que haya una tutela judicial efectiva para las partes en conflicto. En consecuencia a falta de motivación suficiente se ha vulnerado el Debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículos 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14.1 estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. Del estudio de los antecedentes y de la resolución impugnada, esta Sala ha constatado que recurrente ha tenido las oportunidades procesales y ha hecho uso de los recursos que la ley le confiere a lo largo del proceso, sin que exista ni siquiera indicio de que se le ha limitado o restringido en algún momento, siendo así, su Derecho a la Defensa se ha garantizado, tal y como ocurre, ha comparecido ante este estrado judicial, en busca de justicia constitucional, la que ciertamente se le concede en cuanto a la vulneración del debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que de acuerdo al estudio detallado de la causa que nos ocupa, procede Otorgar el amparo interpuesto, solamente en cuanto al quebrantamiento del debido Proceso, de acuerdo al razonamiento expresado en los considerandos que anteceden. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 124 No.1, 3, y 5, 352 Código Procesal Civil; Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON SALINAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número 1277-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.