Sentencia AA-120-15 — Registro 6012
Resumen
Suspensión de pago de jubilación de recurrentes; La Autoridad recurrida considera que es incompatible laborar en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y percibir jubilación otorgadas por la Autoridad recurrida por lo que la consecuencia es reintegrar al Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más sus intereses; Estableció el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida pero ninguno de los reclamantes ha acreditado al Instituto el cese de la incompatibilidad legal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que la situación de hecho presentada por los señores antes mencionados, según el Artículo 60 de la Ley anterior de INJUPEMP, es causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleados del IHSS, de forma simultanea, lo que no solo dará lugar a la suspensión de pagos conforme al Artículo, si no también a la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual maneta y de forma especifica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, en vigencia desde el trece de mayo de dos mil quince; también en su Artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar al Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que susciten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios. Así también se señala que la Dirección Interina en uso de sus facultades legales, mediante Resolución No. DI-055-2014, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida, en la cual entre otros criterio el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley, situación de hecho que ninguno de los reclamantes ha acreditado al Instituto..."..."para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional suspensión del derecho de Jubilación aplicada a los recurrentes..."..."queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la administración publica; que genera inconformidad a las partes por sus efectos lesivos; y, donde no constan en estás el cumplimiento del deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía del derecho de controvertirla. Por lo que es procedente restituir sus derechos de jubilación mientras no se compruebe a través del procedimiento correspondiente y mediante resolución que están comprendidos en algún motivo de suspensión o pérdida de sus derechos..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a este tipo de resoluciones; además por constar en el expediente examinado la vulneración al derecho fundamental del debido proceso y a su derecho de Jubilación; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que la situación de hecho presentada por los señores antes mencionados, según el Artículo 60 de la Ley anterior de INJUPEMP, es causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleados del IHSS, de forma simultanea, lo que no solo dará lugar a la suspensión de pagos conforme al Artículo, si no también a la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual maneta y de forma especifica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, en vigencia desde el trece de mayo de dos mil quince; también en su Artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar al Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que susciten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios. Así también se señala que la Dirección Interina en uso de sus facultades legales, mediante Resolución No. DI-055-2014, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida, en la cual entre otros criterio el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley, situación de hecho que ninguno de los reclamantes ha acreditado al Instituto..."..."para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional suspensión del derecho de Jubilación aplicada a los recurrentes..."..."queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la administración publica; que genera inconformidad a las partes por sus efectos lesivos; y, donde no constan en estás el cumplimiento del deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía del derecho de controvertirla. Por lo que es procedente restituir sus derechos de jubilación mientras no se compruebe a través del procedimiento correspondiente y mediante resolución que están comprendidos en algún motivo de suspensión o pérdida de sus derechos..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a este tipo de resoluciones; además por constar en el expediente examinado la vulneración al derecho fundamental del debido proceso y a su derecho de Jubilación; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de los señores CARLOS HUMBERTO DUBÓN, JORGE LORENZANA SOSA, FREDY LEONEL CARIAS CASTILLO, LORENZA ELIZABETH FUNES, ZONIA MARINA LÓPEZ MOLINA, BLANCA ORESTILA AMADOR QUIÑONEZ, CLEMENTINA ESPERANZA GARMENDIA FONSECA, JEANNETTE JABLONICKY MINERA, SONIA TRINIDAD MARTÍNEZ, NORMA AMPARO ANDINO FONSECA, EVA ISOLINA OSEGUERA, MARÍA MAGDALENA CERRATO CERRATO, BERTA LIDIA MONTESINOS DURÁN, MARÍA ELANA VÁSQUEZ, ROSA MARGARITA NOLASCO, MARIA MERCEDES LANZA ZUNIGA, DIGNA EMÉRITA IZCANO ELVIR, LORENZA ELVIR SALGADO, MERIDA JUDITH MATUTE MILLA, MARÍA MAGDALENA GÓMEZ SALGADO, TOMASA ALEMAN PONCE, CORINA CANTILLANO MEJÍA, MARTA CECILIA ROJAS FONSECA, SILVIA ONDINA GUZMAN MONTES y CONCEPCIÓN APLÍCANO GONZALES, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión de la jubilación de los señores arriba mencionados. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de sus representados el derecho consignado en el Artículo 258 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de febrero de dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado GREGORIO DEL CID, interponiendo recurso de amparo, a favor de los señores CARLOS HUMBERTO DUBÓN, JORGE LORENZANA SOSA, FREDY LEONEL CARIAS CASTILLO, LORENZA ELIZABETH FUNES y OTROS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). 2) Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte lo siguiente: a)”… que la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en fecha 22 de abril de 2014, mediante Oficio CC IHSS No.185/2014, envió a este Instituto, un listado de los empelados que estaban laborando actualmente en el IHSS y recibiendo jubilación del INJUPEMP, asimismo de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirados, y que se detectó que continuaron laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de jubilación; esto con el propósito que se adoptaran las medidas legales correspondientes. Después de verificar dichos listados el INJUPEMP, constató que en efecto eran personas que recibían jubilación otorgadas por este Instituto, por lo que de conformidad a la ley, se procedió a suspender su jubilación a partir del 6 de mayo de 2014, excepto la señora SILVIA ONDINA GUZMAN MONTES, la cual fue suspendida el 2 de junio del 2014…” asimismo b) en fecha treinta de mayo de dos mil quince, el Abogado Del Cid, como apoderado de las veintitrés personas antes descritas solicitó al INJUPEMP la reactivación del derecho de jubilación, que les fue suspendido a sus representados, solicitando además que no se les obligue a devolver las cantidades de dinero que se les ha entregado como producto de su derecho de jubilación, a partir del momento que se jubilaron; c) que mediante resolución DI No.055-2014 suscrita por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPRMP), definieron los procedimientos administrativos para la recuperación de jubilaciones percibidas indebidamente. (Folios 16 al 24 y 37 de la pieza de amparo) 3) Que con fecha dos de julio de dos mil quince, el Abogado ROGER LUDOVICO ZELAYA MATUS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado GREGORIO DEL CID a favor de los señores CARLOS HUMBERTO DUBÓN, JORGE LORENZANA SOSA, FREDY LEONEL CARIAS CASTILLO, LORENZA ELIZABETH FUNES y OTROS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del derecho de Jubilación a sus representados; amparándose en que estos están prestando sus servicios profesionales para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la resolución tomada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) carece de toda legalidad al suspender el derecho de jubilación a sus representados; y, a pesar del reclamo administrativo que se interpuso el mede mayo de dos mil catorce, el Instituto no se ha pronunciado sobre el mismo, y en reiteradas ocasiones se ha solicitado la pronta resolución, siendo la ultima en fecha quince de enero de dos mil quince. Por lo que solicita Amparo en virtud que el Artículo 258 Constitucional, habla de una manera general que las personas que desempeñan sus labores en la salud y la docencia, pueden tener más de un trabajo y no especifica en que condiciones; por5 lo que considera es una violación al precepto constitucional señalado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que la situación de hecho presentada por los señores antes mencionados, según el Artículo 60 de la Ley anterior de INJUPEMP, es causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleados del IHSS, de forma simultanea, lo que no solo dará lugar a la suspensión de pagos conforme al Artículo, si no también a la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual maneta y de forma especifica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, en vigencia desde el trece de mayo de dos mil quince; también en su Artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar al Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que susciten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios. Así también se señala que la Dirección Interina en uso de sus facultades legales, mediante Resolución No. DI-055-2014, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida, en la cual entre otros criterio el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley, situación de hecho que ninguno de los reclamantes ha acreditado al Instituto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintitrés de junio de dos mil quince, en el sentido de que en el presente caso resulta evidente que estamos ante una acción que fue indebidamente interpuesta, pues sobre el fondo del asunto existen solicitudes planteadas ante el INJUPEMP, mimsas que no han sido resueltas oportunamente, en consecuencia al ser resueltas tienen la vía Contenciosa Administrativa para obtener la restitución del derecho, por lo cual en la presente acción existe una causa de inadmisibilidad. Concluyendo que es del parecer qu7e no se otorgue el presente amparo, por no existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por los recurrentes; además de existir causad de inadmisibilidad con las consecuencias jurídicas del caso. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Tribunal Supremo electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 2. “REGLA DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.”; de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda: “Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que en el Artículo 86 de la Constitución Nacional se establece que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la protección ante las contingencias, Artículo además enmarcado dentro del Capítulo referente a los derechos sociales y de las familias. Los Artículos 83, 84 y 85 establecen el derecho a la salud y la creación de un sistema público nacional de salud integrado al sistema de seguridad social, en base a ello es que se enrumban los objetivos del Sistema de Seguridad Social. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Sistema de Seguridad Social lo integran varios subsistemas, uno de ellos es el Subsistema de Pensiones tiene por objeto la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez, muerte, asistencia funeraria, nupcialidad y sobrevivencia. El Subsistema de Pensiones es único y lo conforman dos (2) regímenes: el de Capitalización Individual y el de Solidaridad Intergeneracional, en los cuales participan, de acuerdo con sus ingresos, todos los contribuyentes. Para este Subsistema se crean los Fondos de Capitalización Individual, con el objeto de otorgar a los afiliados una pensión cuya cuantía dependerá del monto acumulado de los aportes en la cuenta individual del afiliado y del producto que le corresponda por el rendimiento de las inversiones realizadas, los Fondos de Capitalización Individual son propiedad de los afiliados y sus patrimonio es independiente y distinto del patrimonio de las Instituciones que los administran, su administración estará a cargo de Instituciones que determine la ley del Subsistema de Pensiones y el Fondo de Solidaridad Intergeneracional cuyo objeto es complementar hasta la pensión mínima vital, a quienes habiendo contribuido en el Subsistema de Pensiones, el acumulado de su cuenta, no alcance el monto de aquélla. Los beneficiarios tienen derecho a escoger libremente los entes administradores de los fondos y de los prestadores del servicio de salud, que podrán ser públicos, privados o mixtos debiendo cumplir con los requisitos que les fijen las leyes Especiales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que debemos recordar, lo indicado en el Artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional suspensión del derecho de Jubilación aplicada a los recurrentes. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la administración publica; que genera inconformidad a las partes por sus efectos lesivos; y, donde no constan en estás el cumplimiento del deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía del derecho de controvertirla. Por lo que es procedente restituir sus derechos de jubilación mientras no se compruebe a través del procedimiento correspondiente y mediante resolución que están comprendidos en algún motivo de suspensión o pérdida de sus derechos. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a este tipo de resoluciones; además por constar en el expediente examinado la vulneración al derecho fundamental del debido proceso y a su derecho de Jubilación; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,64,90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley sobre justicia constitucional, Artículo 17 del Código Civil, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia, restituyendo los derechos conculcados; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCÍA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el numero 0120-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.