Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1196-14 — Registro 6011

Resumen

Resolución recurrida es ilegítima, ambigua de radacción ya que dice que no constituye una sanción la suspensión, pero se fundamenta en el artículo 69 de la ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que sí menciona que es sanción, lo que resulta contradictorio; Dicha Resolución no señala sobre qué denuncia o porqué causa es procedente la suspensión, que la interpretación de la Inspectoría General es un motivo suficiente para sancionar, por todo se quebranta el debido proceso y el derecho de defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En el que él administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (14): Que de la lectura y análisis de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, el párrafo primero del artículo 24 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “La Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales desarrollara su actividad en función de garantizar el buen funcionamiento de estos, excluyendo de sus atribuciones la inspección del ámbito y contenido de las resoluciones judiciales, contra las cuales únicamente caben los recursos procesales…..”. El artículo 53 literal c) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala:”La condición de empleados y funcionarios judiciales se suspenderá en los casos siguientes: …….c) Cuando así lo hubiere acordado el Consejo, provisional o definitivamente, por razones disciplinarias.” Observando esta Sala que ciertamente el Consejo de la Judicatura no es competente para pronunciarse acerca de las resoluciones judiciales que un juez emite, todo ello amparado en el principio de independencia judicial y tal como lo establecía el artículo 24 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya que contra estas resoluciones solo proceden los recursos que franquea la ley. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional garantiza el respeto a los derechos inherentes a la dignidad humana, entre ellos el trabajo, su estabilidad y conservación. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 3 literal e), 24,26, 53 literal c), 62, 68 y 69 de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57 y 58 de la Ley Sobre Justicia Constitucional."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES a favor de SI MISMO, contra la Resolución emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, contenida en el punto número CATORCE del Acta número CUARENTA Y UNO de la sesión celebrada en fechas dos y tres de septiembre del año dos mil catorce, mediante la cual se suspendió de forma provisional al Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES, del cargo de Juez de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, por tener una denuncia declarada con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 59, 65, 80, 82, 90 y 317 de la Constitución de la República; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 y 8 numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número CATORCE del Acta número CUARENTA Y UNO de la sesión llevada a cabo en fechas dos y tres de septiembre del año dos mil catorce, resolvió: “que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para el investigado, a los siguientes funcionarios Judiciales: LESTER ILICH MEJIA FLORES, quien fungió como Juez del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán y actualmente se desempeña como Juez del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, por tener UNA DENUNCIA que fue declarada con mérito por parte de la Inspectoría General de Tribunales; la presente resolución surtirá efectos tan pronto la misma sea firme en cumplimiento al artículo 69 párrafo segundo de la Ley del Consejo de la Judicatura y la carrera Judicial.” (Folio treinta y siete (37) de la pieza de Amparo). 2) Que el recurrente Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMO, contra la Resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, contenida en el punto número CATORCE del Acta número CUARENTA Y UNO de la sesión celebrada en fechas dos y tres de septiembre del año dos mil catorce, la cual considera violatoria de los dispuesto en los artículos 59, 65, 80, 82, 90 y 317 de la Constitución de la República; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 y 8 numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. 3) Que en fecha nueve de febrero del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución, dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha dos y tres de septiembre del año dos mil catorce mediante la cual se SUSPENDE EN FORMA PROVISIONAL al abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES del cargo de Juez de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número CATORCE (14) del Acta número CUARENTA Y UNO de la sesión iniciada el (02) y concluida el (03) de septiembre del año dos mil catorce, que literalmente en su parte dispositiva dice: “14…. RESUELVE: que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para el investigado, a los siguientes funcionarios LESTER ILICH MEJIA FLORES, quien fungió como Juez del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán y actualmente se desempeña como Juez del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, por tener una denuncia declarada con mérito por parte de la Inspectoría General de Tribunales;…”. La presente resolución surtirá efectos tan pronto la misma sea firme en cumplimiento al artículo 69 párrafo segundo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial” (F. 37 pieza de amparo). CONSIDERANDO (5): Que de la revisión de los antecedentes, esta Sala observa que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil catorce (2014) el recurrente interpuso el recurso de reposición contra la resolución del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, por considerar que la sanción aplicada es ilegítima aduciendo que dicha resolución contiene los siguiente vicios: 1.-Ambigüedad de redacción al decir que no constituye una sanción la suspensión sin embargo menciona como fundamento jurídico el artículo 69 que en su párrafo segundo establece “el Consejo proveerá lo que resulte necesario para la notificación de la resolución al interesado (a), así como para la ejecución de la SANCION IMPUESTA tan pronto como la misma sea firme, lo que implica un razonamiento jurídico contradictorio en la aplicación de dicha normativa. Señaló además en aquel momento que la resolución impugnada no señala sobre que denuncia o porque causa recae el mérito o procedencia de la suspensión, es decir que la interpretación o la apreciación jurídica de la Inspectoría General es un motivo suficiente para sancionar, sin embargo no dice la razón o la causa por la cual se da la suspensión. Dejando expresado que consideraba quebrantado su derecho al debido proceso al no salvaguardar el principio de legalidad, de defensa audiencia y contradicción. En el mismo escrito de interposición del recurso de oposición, el ahora recurrente recusa por segunda vez al Concejal (en aquel momento) Teodoro Bonilla por tener interés directo e indirecto en la cusa; señalando que en la reposición interpuesta en fecha veintitrés de junio dos mil catorce que fue declarada sin lugar por el Consejo en fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, el funcionario recusado en evidente abuso de autoridad no solo “presidió el Consejo que resolvió el recurso de Reposición antes mencionado, sino que además no le da el trámite de la normativa procesal vigente, no se abstiene de conocer y ni siquiera se pronuncia al respecto…. Refiere además el artículo 12 de la Ley del Concejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que de manera expresa reza: “Ningún Consejero podrá estar presente en las sesiones en las que se delibere asuntos en los que tenga interés directo o indirecto…. Además invocó el artículo 321 constitucional que dispone que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente expone la violación a sus derechos de la siguiente manera: con respecto de la vulneración del artículo 5 de la convención Americana sobre Derechos Humanos dice el recurrente que ha venido siendo objeto de persecución por parte del Consejo, afectando su salud, como es lógico después de un traslado que no solicitó y luego una suspensión. La vulneración del artículo 8 de la referida Convención en relación a las garantías judiciales que son literal 1 a ser oído con las garantías mínimas y en plazo razonable, más de 15 días cuando la ley manda cinco días Hábiles y su acápite 2 que es la presunción de inocencia en consonancia asimismo en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11. El artículo 59 en consonancia con el artículo 65 constitucional en cuanto a que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de tal manera que el derecho a la vida al ser inviolable y al haberse violentado todos los derechos y garantías enumerados tanto en el presente amparo como en el 848-14 que esta para sentencia. El artículo 80 constitucional, derecho de petición ya que no fue resuelto de manera correcta e imparcial aun a sabiendas el órgano recurrido lo ilegal de la sanción y la procedencia de la recusación que opera de pleno derecho al estar acreditada la causal invocada por segunda vez en el recurso interpuesto…. El artículo 82 del derecho de defensa al adoptar el acuerdo en el punto catorce del acta numero cuarenta y uno de la sesión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, sin haber sido escuchado, ni tener las razones en aquel momento del porque de la sanción de suspensión de la cual es objeto. El artículo 90 constitucional al no haber sido juzgado con las formalidades y garantías que la ley establece, en consonancia con el artículo 134 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y el 31 de su Reglamento. Que no fueron cumplidas con la adopción del acta número cuarenta y uno de la sesión antes indicada. Artículo 317 de la inamovilidad de los jueces en relación al artículo 41 de la Ley del Consejo de la Judicatura en relación al artículo 3 literal 14 de su propio Reglamento…, ya que en la adopción del acuerdo de suspensión no se establecieron las causas ni existe el procedimiento previo que la Constitución, convenciones, Tratados y las leyes establece. CONSIDERANDO (7): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional, al igual que lo estima el recurrente de amparo, señala que la resolución que se recurre vía acción de amparo, y que se refiere a la emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número CATORCE del Acta número CUARENTA Y UNO de la sesión llevada a cabo en fecha dos y tres de septiembre del año dos mil catorce, mediante la cual resolvió que se suspenda de forma provisional sin que dicha suspensión constituya una sanción para el investigado LESTER ILICH MEJIA FLORES; ha vulnerado en su perjuicio la garantía constitucional del debido proceso, ya que con la referida resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se le ha juzgado anticipadamente; y mas aun cuando la propia ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece en su articulo 62 que la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. Lo anterior constituye sin duda, una vulneración al debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que respecto de la vulneración del derecho de defensa, es menester mencionar que la misma se produce, por cuanto en la referida Resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se toma la decisión de suspenderlo de su cargo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de ser escuchado y consecuentemente de defenderse, teniendo como base el referido Consejo para tomar tal determinación, como ya se dijo, únicamente el informe del Inspector General de Juzgados y Tribunales, lo que se encuentra totalmente fuera del ámbito de su competencia, ello de conformidad con lo señalado en el articulo 24 de la citada ley. Expone que se le ha vulnerado el derecho a ser oída en juicio, tal como lo manda el artículo 94 constitucional. CONSIDERANDO (10): Que si bien el Consejo en su resolución señala que dicha suspensión NO ES UNA SANCIÓN, el hecho de que el recurrente no haya percibido el sueldo mensual que le corresponde como funcionario, y siendo que se encontraba suspendido por lo que no pudo ejercer el ejercicio de la profesión, constituye una sanción severa, que grava la existencia de la persona. Tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho de ser oído y vencida juicio, manifestación específica del derecho de defensa, establecidas dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (11): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En el que él administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (14): Que de la lectura y análisis de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, el párrafo primero del artículo 24 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “La Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales desarrollara su actividad en función de garantizar el buen funcionamiento de estos, excluyendo de sus atribuciones la inspección del ámbito y contenido de las resoluciones judiciales, contra las cuales únicamente caben los recursos procesales…..”. El artículo 53 literal c) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala:”La condición de empleados y funcionarios judiciales se suspenderá en los casos siguientes: …….c) Cuando así lo hubiere acordado el Consejo, provisional o definitivamente, por razones disciplinarias.” Observando esta Sala que ciertamente el Consejo de la Judicatura no es competente para pronunciarse acerca de las resoluciones judiciales que un juez emite, todo ello amparado en el principio de independencia judicial y tal como lo establecía el artículo 24 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya que contra estas resoluciones solo proceden los recursos que franquea la ley. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional garantiza el respeto a los derechos inherentes a la dignidad humana, entre ellos el trabajo, su estabilidad y conservación. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 3 literal e), 24,26, 53 literal c), 62, 68 y 69 de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57 y 58 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogad LESTER ILICH MEJIA FLORES a favor de SI MISMO, contra la Resolución emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, contenida en el punto CATORCE (14) del acta número CUARENTA Y UNO (41) de la sesión celebrada en fecha dos y tres de septiembre del año dos mil catorce, emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada ALVAREZ SAGASTUME NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número 1196-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

LMPL

FICHA

JURISPRUDENCIAL

Sala Constitucional

Honduras, C. A.

Nº EXPEDIENTE Y FECHA DEL FALLO:

AP 1196-2014

(05 de agosto de 2016)

TIPO DE ACCION:

AMPARO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN:

RECURRENTE: Lester Ilich Mejía Flores

AGRAVIADO: Lester Ilich Mejía Flores

AUTORIDAD RECURRIDA: Consejo de la Judicatura y de ala Carrera Judicial

ACTO RECLAMADO: Resolución contenida en el Punto número Catorce del Acta Número Cuarenta y Uno de la Sesión celebrada el 2 y 3 de septiembre de 2014.

PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR EL RECURRENTE:

El recurrente alega que la resolución en la que se le suspende de forma provisional de su cargo como Juez del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, la cual considera es una sanción impuesta ya que se deriva de un procedimiento disciplinario, violando con esas actuaciones la Presunción de Inocencia, el Derecho de Defensa y el derecho al Debido Proceso.

PROBLEMA JURÍDICO RECONOCIDO POR LA SALA (Thema decidendi):

El recurrente considera que la sanción aplicada es ilegítima aduciendo que dicha resolución contiene los siguiente vicios: 1.-Ambigüedad de redacción al decir que no constituye una sanción la suspensión sin embargo menciona como fundamento jurídico el artículo 69 que en su párrafo segundo establece “el Consejo proveerá lo que resulte necesario para la notificación de la resolución al interesado (a), así como para la ejecución de la SANCION IMPUESTA tan pronto como la misma sea firme, lo que implica un razonamiento jurídico contradictorio en la aplicación de dicha normativa. Señaló además en aquel momento que la resolución impugnada no señala sobre que denuncia o porque causa recae el mérito o procedencia de la suspensión, es decir que la interpretación o la apreciación jurídica de la Inspectoría General es un motivo suficiente para sancionar, sin embargo no dice la razón o la causa por la cual se da la suspensión. Dejando expresado que consideraba quebrantado su derecho al debido proceso al no salvaguardar el principio de legalidad, de defensa audiencia y contradicción.

RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):

Que en su sentencia la Corte de Apelaciones fue del parecer que la sentencia dictada por el A-quo está dictada conforme a derecho, habiéndose acreditado la procedencia de la Acción de Privación Definitiva de Dominio de los Bienes, Productos, Instrumentos o Ganancias, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 numeral 1) de la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de los Bienes de Origen Ilícito. Concluyendo que en armonía con las motivaciones que se relacionaron en la sentencia, no se han producido circunstancia alguna de las que expresamente señala la Ley de Privación Definitiva del Dominio de los Bienes de Origen Ilícito, de la cual pudiera derivarse, sin lugar a dudas, la convicción de que los bienes obtenidos por los procesados fuesen adquiridos de manera licita. Señala también la Corte de Apelaciones, si bien consta un Sobreseimiento definitivo, por el delito de lavado de activos, el cual es firme, siendo un hecho incuestionable lo que señala el artículo 41, numeral 4, que debe existir una sentencia, que no es igual a un sobreseimiento definitivo, siendo del criterio el Ad-quem que para que sea cosa juzgada debe existir identidad, objeto y causa entre el proceso de privación de dominio y el proceso de culpabilidad criminal penal concurriendo en el caso de merito los dos primeros elementos de identidad en el sujeto, pues en ambos aparece la señora Cynthia Morlin Matute Campbell; la identidad en el objeto son los mismos muebles, inmuebles y sociedades, sin embargo en el tercer elemento se denota que no existe su concurrencia, ya que son causas que no tienen la misma finalidad, pues difiere entre el proceso penal y el de privación de dominio.- La primera es una causa penal y la segunda constituye un origen patrimonial.

DECISIÓN (decisum):

DENEGANDO

LINEA JURISPRUDENCIAL:

ARTÍCULOS COMENTADOS: