Sentencia AA-1133-14 — Registro 6022
Resumen
Sentencia estimó recurso de Queja y revocó Auto dictado por juzgado de primera instancia que denegó por extemporáneo el Recurso de Apelación por considerar que había vencido el plazo para interponerlo, según informe rendido por el Secretario Por Ley contra Auto resolutivo que declaró con lugar el incidente de ejecución de sentencia definitiva en demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo presunto negativo por el silencio de la administración promovida por recurrente contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central; Consta del Libro de Entrada de escritos del Juzgado que el escrito de apelación fue presentado dentro del tiempo establecido, por lo que se declaró procedente el Recurso de Queja
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"los Secretarios y Receptores son Ministros de fé pública, encargados de auxiliar los Juzgados y Tribunales de la República, que tienen entre otras, la obligación de: “Anotar al pie de los escritos y despachos que recibieren, el día y la hora en que les fueren presentados”; esta obligación fue cumplida por el Receptor del Despacho en su condición de Secretario por Ley, o sustituto legal de dicho Ministro de fé..."..."en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) los Receptores de los Juzgados y Tribunales tienen la obligación de recibir escritos y consignar la fecha, día y hora de recibido, “hacer las veces de los Secretarios propietarios o interinos, por impedimento de éstos, y a falta de Secretarios Suplentes”; “el expediente será formado por el Secretario a quien corresponderá su conservación y custodia, salvo el tiempo en que estuviere en poder del Juez o Magistrado”, esta actuación fue realizada por el receptor actuante quien recibió el escrito de interposición del recurso de apelación supra relacionado..."..."al pie del escrito de apelación que motivó el Recurso de Queja, el Receptor del Despacho consignó en el mismo haberlo recibido el día doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014) a las diez de la mañana (10:00 a.m.), no concordante con la fecha que se consigna en el informe rendido por la Secretaria General del Juzgado de primera instancia, a solicitud del Tribunal de Alzada, evidenciándose así (ver folio diecinueve (19) de la pieza de segunda instancia), que la funcionaria que rinde el informe no recibió el escrito de referencia, y ésta es función personalísima del fedatario a quien le fue presentado; existiendo término señalado para la realización del acto procesal de parte, pasado dicho término, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, y el Tribunal dictará la resolución que conforme a derecho corresponda..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil dieciséis. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada WENDY VANESSA RODRÍGUEZ LÓPEZ a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, que declaró fundado el Recurso de Queja y ordenó al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a admitir a trámite el Recurso de Apelación que se interpuso contra el Auto Resolutivo de fecha doce de marzo del año dos mil catorce, con relación a la EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA dictada en la DEMANDA ORDINARIA PARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO NEGATIVO POR EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN promovida por el Abogado RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a través del Alcalde Municipal, señor RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ ARIAS.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S
Que en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), interponiendo DEMANDA ORDINARIA PARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO NEGATIVO POR EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN, QUE SE ANULE EL MISMO Y SE RECONOZCA LA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO SE CONCEDA EL DERECHO A OBTENER EL PAGO DEL JUSTIPRECIO POR LA LIMITACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD QUE HA OPERADO MEDIANTE UNA EXPROPIACIÓN DE HECHO, en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a través del Alcalde Municipal, señor RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ ARIAS. 2) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de diciembre de año dos mil doce (2012), dictó Sentencia Definitiva en la cual declaró procedente la acción promovida por el Abogado RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), y condenó a la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL al pago del valor justipreciado al momento de la expropiación correspondiente a SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PUNTO DIEZ VRS2 (7,387.10 VRS2) y al pago en concepto de interés legal del seis por ciento (6%) anual sobre la cantidad justipreciada desde el momento en que ocurrió la expropiación hasta que se ejecute la sentencia. (Ver folios doscientos treinta y dos (232) al doscientos treinta y ocho (238) de la pieza principal de primera instancia).
Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada WENDY VANESSA RODRÍGUEZ LÓPEZ en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), solicitando ejecución de la Sentencia Definitiva de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil doce (2012), y la cuantificación del valor de justiprecio del inmueble expropiado y los interés legales anuales sobre la cantidad justipreciada desde el momento que ocurrió la expropiación. (Ver folios doscientos cuarenta y uno (241) al doscientos cuarenta y cuatro (244) de la pieza principal de primera instancia). 4) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil catorce (2014), dictó Auto Resolutivo mediante el cual resolvió: “PRIMERO: declarar con lugar el incidente de ejecución de sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del 2012, cuantificando el valor justipreciado en la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 37/100 ($285.37) por vara cuadrada, a un cambio de L.20.5931. SEGUNDO: Condenar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central al pago del valor de justiprecio por vara cuadrada, tomando como base la cuantificación de justiprecio en DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 37/100 ($285.37) por vara cuadrada, a un cambio de L.20.5931 da un resultado de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100 (LPS. 5,876.62) y tomando como base la cantidad expropiada de SIETE MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE PUNTO DIEZ VRS2 (7,387.10) hacen un gran total de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (LPS. 43,411,212.17), sobre este monto se calcula el 6% anual, lo que equivale a DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 73/100) (Lps. 2,604,672.73), cantidad que corresponde desde el año 1983 al año 2013, dando como resultado OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65/100 (LPS. 80,744,854.65); Haciendo un gran total entre justiprecio e intereses de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 82/100 (LPS. 124,156,066.82/100) TERCERO: Contra el presente sentencia procede el recurso de apelación el que debe interponerse ante este tribunal dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación y/o comunicación del presente fallo.” (Ver folios trescientos cuarenta y seis (346) al trescientos cincuenta y uno (351) de la pieza principal de primera instancia).
Que en fecha (sic) “doce de marzo del año dos mil catorce”, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA en su condición de Apoderado Legal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, interponiendo Recurso de Apelación en contra del Auto Resolutivo de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil catorce (2014). (Folios trescientos sesenta y dos (362) al trescientos sesenta y seis (366) de la pieza principal de primera instancia).
Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil catorce (2014), el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, dictó Auto mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Declárese sin lugar por Extemporáneo el escrito de interposición del Recurso de apelación, presentado por el Apoderado Legal de la parte demandada Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, por lo anteriormente expuesto por este Tribunal; en consecuencia; téngase por caducado el derecho y por perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la parte apelante para interponer el recurso de apelación contra el Auto Resolutivo de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce.-” (Ver folios trescientos sesenta y siete (367) y trescientos sesenta y ocho (368) de la pieza principal de primera instancia). 7) Que conociendo de un Recurso de Queja promovido por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil catorce (2014), dictó Resolución mediante la cual falló: “DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA, interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, accionando en su carácter de Apoderado Legal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- SEGUNDO. Se ordena remitir las diligencias al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, junto con la certificación de este providencia, a efecto que se proceda a admitir a trámite el Recurso de Apelación que se interpusiera contra el Auto Resolutivo de fecha Veintiuno de Enero del 2014. SIN COSTAS”; lo cual tuvo como fundamento, que, después de analizar el caso de mérito, se desprende que en fecha once (11) de marzo del año dos mil catorce (2014) el compareciente presentó ante el A Quo escrito de interposición de Recurso de Apelación, según consta en el escrito presentado ante el Tribunal Ad Quem por el Quejoso; el cual le fuera declarado sin lugar por extemporáneo por el A Quo, según informe rendido por el Secretario Por Ley ante dicha instancia. Sin embargo consta del libro de entrada de escritos del Juzgado que el referido escrito de apelación fue presentado en fecha once (11) de marzo del año dos mil catorce (2014), es decir dentro del tiempo establecido, por lo cual en aras de mantener incólume el derecho de defensa se hace procedente declarar fundado el presente Recurso de Queja y ordenar que se admita a trámite el Recurso de Apelación interpuesto. (Ver folios veintiuno (21) y veintidós (22) de la pieza de segunda instancia).
Que la recurrente Abogada WENDY VANESSA RODRÍGUEZ LÓPEZ compareció ante este alto Tribunal, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve (9) de enero del año dos mil quince (2015).
Que en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Amparo de mérito en virtud de que después de revisar el caso de mérito se denota como procedente la resolución de mérito, en virtud que efectivamente se interpuso recurso de Queja contra una resolución que deniega la interposición del recurso de apelación, tal y como lo contempla el artículo 730 del Código Procesal Civil. Asimismo aprecia el Dictamen Fiscal, tal denegatoria se produjo bajo el argumento que el referido recurso había sido interpuesto de manera extemporánea, sin embargo, al revisar la documentación que se adjunta por el recurrente y la información ordenada por el Ad Quem se logra establecer que el mismo fue interpuesto en tiempo y forma, en consecuencia no vulnera de manera alguna lo estipulado en los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República al desarrollar en lo atinente al Poder Judicial que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, por lo cual corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (4): Que se conoce en Amparo la acción promovida por la Abogada WENDY VANESSA RODRÍGUEZ LÓPEZ a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, que declaró fundado el Recurso de Queja y ordenó al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a admitir a trámite el Recurso de Apelación que se interpuso contra el Auto Resolutivo de fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, con relación a la EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA dictada en la DEMANDA ORDINARIA PARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO NEGATIVO POR EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN promovida por el Abogado RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a través del Alcalde Municipal, señor RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ ARIAS. CONSIDERANDO (5): Que en el escrito de formalización del recurso, manifiesta la recurrente, Abogada WENDY VANESSA RODRÍGUEZ LÓPEZ, que estima vulnerados los derechos constitucionales de su representada, particularmente los contenidos en los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República; lo cual acaece en virtud que la resolución recurrida en esta vía abre un juicio fenecido, ya que ordena admitir a trámite el Recurso de Apelación que en forma extemporánea interpuso el Apoderado Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) contra el auto resolutivo de fecha 21 de enero de 2014, que fuera dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Para proceder de tal manera, recurrió la Corte de Apelaciones al expediente de un informe rendido por la Secretaría del A Quo que manifiesta que, según el libro de entradas de escritos, la interposición del Recurso de Apelación fue en fecha 11 de marzo de 2014: “… cuando en realidad el escrito fue presentado en fecha 12 de marzo, tal como así dió fé el funcionario judicial que recibió el escrito correspondiente”; sustentándose la Corte de Apelaciones en el informe rendido por una persona a la que solo se le pidió tener a la vista el libro de escritos más no las actuaciones que obran incorporados (Sic.) en el expediente, a la cual no le consta personalmente el referido escrito, el cual constituye elemento ajeno a la causa y no pertenece a la misma; lo que constituye un exceso no permitido en la ley para con ello revocar autos judiciales, como ocurre en el presente caso. CONSIDERANDO (6): Que considera la garantista que tal actitud procesal del Ad Quem, haciendo prevalecer información proveniente de un control interno informal, no de carácter oficial, que mantiene el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y que su contenido es totalmente ajeno a la contienda de cualquier juicio, lesiona los antes mencionados derechos y garantías, puesto que procesalmente – acorde el Código Procesal Civil – solo los actos incorporados al expediente son los que tienen validez y eficacia, teniendo los Secretarios el deber de hacer constar la fecha, el día y la hora de la presentación de las demandas, de otros escritos que puedan haber iniciado el procedimiento y de cualquiera otros cuya presentación está sujeta a plazo perentorio, tomando en consideración, que: “Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal en este caso la interposición de un recurso de apelación, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate”; desconociendo este extremo la resolución de la cual se pide amparo, inobservando los plazos del sistema procesal y permitiendo con ello la apertura de un juicio fenecido sobre el cual no cabe recurso alguno por haber trascurrido el plazo legal para recurrirlo. Por todo lo cual pide se dicte sentencia definitiva otorgando el amparo solicitado, estableciendo en la parte dispositiva de la sentencia que se revoque la decisión de abrir el juicio fenecido mediante la admisión a trámite del Recurso de Apelación extemporáneamente interpuesto y de lo cual se ha hecho el debido mérito, en virtud que el mismo es ya cosa juzgada. CONSIDERANDO (7): Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo a través de un debido proceso, el cual comprende entre otros el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a los órganos jurisdiccionales, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y a ser oído en juicio, así como el derecho a resoluciones debidamente motivadas; a manera tal que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados y a que no exista margen de incertidumbre respecto a las razones jurídicas que asistieron a la resolución del caso, proscribiendo por ende cualquier reminiscencia o propensión de la autoridad judicial al libre arbitrio, en claro desmedro del Estado de derecho. CONSIDERANDO (8): Que los Secretarios y Receptores son Ministros de fé pública, encargados de auxiliar los Juzgados y Tribunales de la República, que tienen entre otras, la obligación de: “Anotar al pie de los escritos y despachos que recibieren, el día y la hora en que les fueren presentados”; esta obligación fue cumplida por el Receptor del Despacho en su condición de Secretario por Ley, o sustituto legal de dicho Ministro de fé folios trecientos sesenta y dos (362) y trecientos sesenta y seis (366) vuelto de la pieza de autos del A-quo. CONSIDERANDO (9): Acorde con lo dispuesto en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) los Receptores de los Juzgados y Tribunales tienen la obligación de recibir escritos y consignar la fecha, día y hora de recibido, “hacer las veces de los Secretarios propietarios o interinos, por impedimento de éstos, y a falta de Secretarios Suplentes”; “el expediente será formado por el Secretario a quien corresponderá su conservación y custodia, salvo el tiempo en que estuviere en poder del Juez o Magistrado”, esta actuación fue realizada por el receptor actuante quien recibió el escrito de interposición del recurso de apelación supra relacionado. CONSIDERANDO (10): Que al pie del escrito de apelación que motivó el Recurso de Queja, el Receptor del Despacho consignó en el mismo haberlo recibido el día doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014) a las diez de la mañana (10:00 a.m.), no concordante con la fecha que se consigna en el informe rendido por la Secretaria General del Juzgado de primera instancia, a solicitud del Tribunal de Alzada, evidenciándose así (ver folio diecinueve (19) de la pieza de segunda instancia), que la funcionaria que rinde el informe no recibió el escrito de referencia, y ésta es función personalísima del fedatario a quien le fue presentado; existiendo término señalado para la realización del acto procesal de parte, pasado dicho término, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, y el Tribunal dictará la resolución que conforme a derecho corresponda. CONSIDERANDO (11): El Tribunal Ad-quem al estimar el Recurso de Queja y revocar el auto de fecha doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014) que denegó por extemporáneo el Recurso de Apelación interpuesto por el Representante Procesal de la parte demandada, bajo las circunstancias relacionadas en el considerado precedente, lo efectuó cuando el término señalado para la realización de ese acto procesal ya había precluído y por ende se había vencido el plazo irremediablemente para la interposición del recurso, causándole con ello agravios al demandante en violación de derechos y garantías del debido proceso como alega la recurrente, violación que se materializó al ponderar hechos fuera del proceso, siendo un acto (informe) no incorporado al expediente en el que haya intervenido directamente el Ministro de fé pública (Secretario o Receptor Actuante) para su validez y eficacia, pues se le dió valor superior al informe rendido por el funcionario distinto del fedatario que recibió y consignó la fecha y hora de presentación del Recurso de Apelación supra mencionado. CONSIDERANDO (12): En virtud de lo anteriormente expuesto y motivado es procedente OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada WENDY VANESSA RODRÍGUEZ LÓPEZ a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES, S.A. (COBISA), en vista que el auto de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta la garantía constitucional del debido proceso.
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 15, 18, 59, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 128 numeral 6, 132, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 64, 65 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número 1133-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.