Sentencia AA-052-14 — Registro 9739
Resumen
Acto recurrido que deniega el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el a-quo sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en su caso se anulen actos administrativos de carácter particular, que se reconozca una situación jurídica individualizada promovida por la la Empresa Promotora Aguirre, S. de R.L. contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en los despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre del dos mil dieciséis. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha nueve de enero de dos mil catorce, que deniega el recurso de amparo interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición de Apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, en relación a la Demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en su caso se anulen actos administrativos de carácter particular, que se reconozca una situación jurídica individualizada, promovida por la abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, en su condición de representante procesal de la EMPRESA CONSTRUCTORA AGUIRRE S. DE R.L. (CONSTA) contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO. Manifiesta la recurrente que las garantías constitucionales que se estiman violadas el Derecho de Defensa y el Derecho Debido Proceso, establecidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras.
ANTECEDENTES. 1) Que en fecha catorce de marzo de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, en su condición de representante procesal de la EMPRESA CONSTRUCTORA AGUIRRE S. DE R.L. (CONSTA), promoviendo Demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en su caso se anulen actos administrativos de carácter particular, que se reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser la resolución de un contrato de construcción de obras por incumplimiento de contrato por parte del Estado de Honduras, que se proceda a la cancelación de los valores contractuales pendientes de pago, además el pago de las cantidades adeudadas mas daños y perjuicios como lucro cesante y daño emergente e intereses causados, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, por actos administrativos emitidos por la SERETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) consistentes en el incumplimiento del contrato de construcción del Proyecto pavimentación carretera Villa de San Francisco-San Juan de Flores-Talanga Sección II: San Juan de Flores – Talanga con una longitud de 21.9 Kms. 2) Que en fecha diez de junio de dos mil trece, compareció ante el Juzgado antes citado, la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de PROCURADURA GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS relacionada en el numeral que precede, quien delega Poder Especial para el ejercicio de la Procuración Judicial en la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA. (Folios 01 al 04 de la pieza de Defensas Previas). 3) Que en fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, que en su parte dispositiva resuelve DESESTIMAR los alegatos de defensas previas presentados por la parte Incidentista (demandada) por (Sic) “Inexistentes”. (Folios 16 al 18 de la pieza de Defensas Previas). 4) Que en fecha cuatro de octubre de dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición de Procuradora judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, por considerar que con el acto reclamado se estiman violadas las garantías constitucionales de Derecho de Defensa y Derecho Debido Proceso, establecidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras. (Folios 01 al 05 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha nueve de enero de dos mil catorce, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones referida, falló denegando el recurso de amparo interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS. (Folios 25 al 27 de la pieza de segunda instancia). 6) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por la representante de la EMPRESA PROMOTORA AGUIRRE, S. DE R.L.,(CONSTA), contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEOBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número cuatro (4) expone (sic) “Que revisados que fueran el acto reclamado junto con los antecede no desprende que existan las violaciones a las garantías constitucionales alegadas por la impetrante, esto porque la misma ha hecho uso de su derecho a la defensa bajo el debido proceso y ante la autoridad competente para conocer y dirimir el conflicto jurídico alegado vía defensas previas, que desestimó las defensa previas después de seguir el debido proceso y escuchadas que fueron las partes”, expone los motivos del porque se consideran bien desestimadas las defensa previas intentadas ante la autoridad recurrida”. Señala en el considerando cinco que las defensas previas alegadas no existen, habiendo sido agotadas la vía administrativa por silencio administrativo presunto, “negativa presunta contra la que se agotó la vía administrativa bajo los presupuesto ordenados en la ley, y es a partir de dicha finalización, que empieza a correr el plazo para interponer la demanda, plazo este, que desde el agotamiento de vía administrativa a la fecha de interposición de la demanda, se desprende que la misma esta dentro del plazo de treinta días hábiles ordenados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo”. Señalando además que el demandante esta legitimado para accionar ante los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto por tener afectación directa a través de la emisión del acto administrativo presunto impugnado. Dejando establecido además la inexistencia de la última causal de defensas previas, porque la ley señala cuales son los requisitos y documentos que se deben acompañar en una demanda incoada ante los Tribunales de dicha jurisdicción y en ningún momento señala que el documento alegado como faltante impida al Juez pronunciarse en cuanto al fondo del asunto. En consecuencia el Ad-Quem falló denegando el recurso de amparo intentado. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. JOSÉ OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-0052-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL