Sentencia RRP-933-13 — Registro 4844
Resumen
Recurso de Revisión interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Penal, que resolvió en aquella ocasión del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma interpuesto por el acusador privado y el interpuesto por Infracción de Ley por la representante del Ministerio Publico, fallo condenatorio contra los impetrante en relación a la causa que se instruyó por la comisión del delito de Homicidio Simple
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala estima que la sentencia condenatoria que fuera proferida por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia en contra del señor Miguel Adrian Díaz Díaz, no ha realizado una correcta valoración probatoria, y ha concedido plena credibilidad a la referida perito, lo que le ha llevado a tener la convicción de que la causa de la muerte de la victima se debió a asfixia por Hemobronco-aspiración; ahora bien estimamos y queda establecido para esta Sala que la referida Ampliación de Dictamen constituye hecho nuevo, que cambia la forma en que se dio muerte al occiso, hecho o circunstancia nuevo que da pie para la revisión del fallo. Respecto del segundo hecho nuevo alegado, esto es el referido al testimonio de las señoras MARIA DE LA CRUZ CASTRO HERRERA y LEILA SUYAPA IRIAS VETANCO, en el posterior juicio incoado en contra del señor JORGE ADALBERTO DIAZ PASTRANA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio, en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ; deposiciones respecto de las cuales, esta Sala deviene en observar que la primera de las referidas testigos en el juicio oral contra los recurrentes afirmó haberlos visto realizar las acciones por las que fueron condenados, sin embargo en el juicio contra el co-imputado Jorge Alberto Díaz, establece que fue obligada a declarar en su contra, ahora bien de la lectura de la sentencia dictada contra los imputados Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, no se desprende que la testigo en referencia haya comparecido a declarar en juicio, sino que fue incorporada la declaración rendida en audiencia inicial como prueba documental; y en relación al co-imputado Jorge Alberto Díaz, de la lectura del acta de debate específicamente a folios del 64 al 66, se constata la comparecencia de la testigo Cruz Castro en el juicio oral y publico, desprendiéndose de la misma que el ente acusador al momento de su interrogatorio solicito se diera lectura a la declaración rendida por ésta en etapa preparatoria, en virtud de existir contradicciones entre lo manifestado en ese momento del juicio y lo declarado en audiencia inicial (ver folio 65 v); de todo lo cual es menester señalar que el tribunal al momento de valorarla dio credibilidad a la declaración rendida en audiencia inicial por ser la mas próxima al momento de suceder los hechos. En cuanto a la declaración rendida por la testigo LEYLA SUYAPA IRIAS BETANCO, la misma tampoco constituye hecho nuevo, considerando que la declaración rendida por ésta en el juicio oral contra Jorge Alberto Díaz, se limita a referir que “El día que ocurrió eso temprano estuve escogiendo un café, después entre a la cocina a tomar agua, luego escuche gritos, como estaba la caravana y agarre a las dos niñas de mi suegra y me fui a parar arriba por las gradas de la casa…….”; cabe señalar también que la referida testigo no compareció a declarar al juicio oral y publico contra los imputados Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, tal como se observa a folio 451 del acta de debate donde el ente acusador renuncia al mismo. Dé todo lo anteriormente señalado esta Sala observa que con respecto a las causales promovidas por el recurrente para que se declare la revisión del caso, esto es las preceptuadas en los numerales 1 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, son de recibido por parte nuestra únicamente respecto los alegatos que tienen que ver con la ampliación del Dictamen de autopsia Nº A-1628-05, y ello se estima así puesto que los nuevos hechos o elementos de prueba que supone acreditado el recurrente son tales. CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevengan hechos nuevos; entendiendo por tal, aquel suceso factico vinculado al delito y del cual no se tuvo conocimiento en el proceso judicial, de manera que no pudo ser controvertido, se trata pues de un suceso ligado al hecho punible del que sin embargo no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del trayecto procesal; en ese orden de ideas esta Sala arriba a la conclusión que en el caso de autos se han producido hechos nuevos posteriores a la sentencia condenatoria dictada en contra de los señores Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, de lo que resulta que parte de los argumentos apuntados por el recurrente son de recibo por nuestra parte. CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, el recurso de revisión interpuesto a favor de los condenados, debe ser declarado con lugar"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, numerales 1 y 6 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo de dos mil quince. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por el abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor de los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, contra la Sentencia dictada en fecha diez(10) de junio del año dos mil diez (2010), por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con relación a la causa que se instruyó contra los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA Y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ a quienes se les imputó la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil cinco (2005), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de la Sección Judicial de Danlí, Departamento de El Paraíso, el abogado SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo Requerimiento Fiscal contra los señores JORGE ADALBERTO DIAZ PASTRANA, CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ, NELSON IBARRA MARTINEZ, IRMA DIAZ, RICARDO ARTURO ESCOTO, ROLANDO MENDOZA y MARIO ALEXIS VARGAS, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ; proceso registrado bajo el numero 181-05 del referido Juzgado. (Folios uno (1) al seis (6) de la pieza de los antecedentes de primera instancia). 2) Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil ocho (2008), una vez que se hubo seguido el trámite de ley correspondiente, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual falló: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los acusados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por su participación a título de autor en el delito de HOMICIDIO EN RIÑA TUMULTUARIA en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, ya definido y circunstanciado, a la pena principal de: TRES AÑOS (3) DE RECLUSIÓN, debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, a los acusados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA Y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ,, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de los penados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personarles, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales.” Expediente que fue registrado en el referido Tribunal bajo el numero TST/FM (1)-487-2007 (Folios cuatrocientos treinta y siete (437) al cuatrocientos cuarenta (440) de la pieza de los antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil ocho (2008), la abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS RIVERA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, interponiendo Recurso de Casación por Infracción de Ley, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de marzo del año dos mil ocho(2008). (Folios cuatrocientos sesenta y seis (466) al cuatrocientos setenta y nueve (479) de la pieza de los antecedentes de primera instancia). 4) Que en fecha doce (12)de agosto del año dos mil ocho(2008), el abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, en su condición de acusador privado, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, interponiendo Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, contra la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de marzo del año dos mil ocho (2008). (Folio cuatrocientos noventa y dos (492) de la pieza de los antecedentes de primera instancia). 5) Que en fecha diez (10) de junio del año dos mil diez(2010), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó Sentencia de Recurso de Casación mediante la cual falló: “1) Declarando CON LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Ley, en su único motivo, invocado por la Representante del Ministerio Público Abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS RIVERA,; 2) Casando la sentencia impuesta por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha once de marzo de dos mil ocho, en la que se condena a los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, de generales conocidas, en el preámbulo de la sentencia, como autores responsables del delito de HOMICIDIO EN RIÑA TUMULTUARIA en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, a la pena principal de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; 3) condena a los señores NELSON GUSTAVO MARTINES, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, de generales conocidas, en el preámbulo de la sentencia, como autores responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar por el tiempo de la condena en obras publica, o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Y declara la responsabilidad civil de los encausados la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.- Sin costas. 4) Condena al señor MARIO ALEXIS VARGAS MENDEZ de generales conocidas, en el preámbulo de la sentencia, como cómplice responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, a la pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar por tiempo de la condena en obras publica, o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Declarando la responsabilidad civil del mencionado encausado la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.” (Folios treinta y dos (32) al treinta y seis (36) de la pieza del Recurso de Casación.) 6) Que en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil trece (2013), el recurrente abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, presentó ante esta Sala de lo Constitucional Recurso de Revisión Penal a favor de los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, contra la Sentencia condenatoria firme en fecha diez de junio del año dos mil diez, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundamentando su acción en el artículo 96 numerales 1) y 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 7) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), esta Sala tuvo por admitido el Recurso de mérito y en fecha trece (13) de mayo del año dos mil catorce (2014), ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. 8) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil catorce (2014), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ en su condición de Apoderado Legal de los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ Y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ, la abogada ROSA ELENA BONILLA en su condición de Apoderada Legal del Señor JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA en su condición de Fiscal del Ministerio Público; ocasión en la que, cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. CONSIDERANDO (1): Que el recurrente funda su petición en lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto que “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) Dos o mas personas hayan sido condenadas por un mismo delito, que solo pudo ser cometido por una de ellas”; y ……6)Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.” CONSIDERANDO (2): Que la sentencia contra la cual se interpone recurso de Revisión en materia penal es la dictada en fecha diez (10) de junio del año dos mil diez (2010), por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conociendo en aquella ocasión del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma interpuesto por el abogado JOSÉ RICARDO CASTELLANOS, actuando en su condición de apoderado acusador de la señora DOMINGA DE JESUS GONZALES SUREZ, y el interpuesto por Infracción de Ley por la representante del Ministerio Publico, abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS RIVERA; fallo de la Sala Penal que entre otros extremos, señala lo siguiente: (Sic.) “……………. RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ABOGADA TANIA JEANNETTE FIALLOS RIVERA, POR INFRACCION DE LEY, FUNDADO EN APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 119 DEL CÓDIGO PENAL. Argumenta la recurrente que en la sentencia impugnada el A Quo ha aplicado en forma indebida el articulo 119 del Código Penal, correspondiente al delito de Homicidio en Riña Tumultuaria. Considera que de los hechos declarados probados, se desprende que los imputados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, fueron las personas que junto a otras propinaron golpes al ofendido causándole uno de estos la muerte. Estima que el Homicidio en Riña Tumultuaria precisa que la muerte haya sido producida riñendo varias personas entre si, pero que en el presente caso queda plasmado que todos los imputados junto a otros se dirigieron al ofendido propinándole golpes, causándole uno de ellos la muerte, por lo que refiere que el actuar de los encartados no se ajusta a la tipificación legal de Homicidio en Riña Tumultuaria, sino a la de Homicidio Simple. Refiere que el juzgador concluyo que la acción de los imputados fue a titulo de autor, lo que supone que el delito es imputable al sujeto en una relación de pertenencia. Argumenta que de la relación de pertenencia se deriva que: El delito sea imputable a su ejecutor material individual; el autor mediato utilice un instrumento bajo su total control y, que la pertenencia del hecho se comparte entre los que se distribuyeron partes esenciales del plan global de ejecución (Coautoría). Aprecia que sobre este ultimo aspecto es que recae la acción realizada por los imputados, pues afirma que se realiza en forma conjunta y de mutuo acuerdo, en la que todos los ejecutores se reparten la autoría, que se rige por el principio de “imputación reciproca”, por lo que todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable a todos los demás, y para que tenga lugar precisa, el mutuo acuerdo que convierte a todos en partes de un plan global. Asume que en el presente caso, resulta evidente la aplicación indebida de la norma supra mencionada por el juzgador, pues los imputados realizaron la acción de forma conjunta al hacer victima al ofendido Miguel Abrahán Díaz de golpes en diferentes partes del cuerpo, sin que este pudiera defenderse de la agresión. Asimismo estima que la acción de los imputados fue de mutuo acuerdo, al haber tenido por probado el A Quo, como verdad intangible el que se hayan hecho presente los imputados a la casa del ofendido aprovechando el momento en que este ultimo se recostó en el vidrio del vehículo del señor Mario Rolando Vargas, para golpearlo. Concluye el recurrente que el fallo impugnado adolece del vicio in iundicando alegado pues según la verdad del factum, si bien participaron a titulo de autores su acción no corresponde a la tipificación legal establecida por el juzgador. Esta Sala de lo Penal considera importante señalar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo pude intentarse una revalorización jurídica del material factico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto factico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errona aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de la ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esta tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid, articulo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. Al Tribunal de Casación le esta vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la Casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de Casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la Casación, parecen congruentes entre si y se complementan mutuamente. En el caso que ahora nos ocupa, se atribuye a los imputados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, la comisión del delito HOMICIDIO COMETIDO EN RIÑA TUMULTUARIA, que se describe en el articulo 119 del Código Penal en los siguientes términos “si la muerte se hubiera producido riñendo varias personas entre si, confusa y tumultuariamente sin que pueda determinarse el causante de las lesiones con efecto mortal, se impondrá a cuantos hubieren ejercido violencia sobre la victima, de tres a seis años de reclusión”. Para la consumación del tipo penal relacionado se requiere la concurrencia de los presupuestos fundamentales siguientes: a) Riña confusa y tumultuaria: La riña tumultuaria tiene su adecuación a la lucha de varios contra varios y en el curso de la cual se producen lesiones, que por la confusión del momento, los acontecimientos simultáneos y recíprocos de los contendientes y el espíritu de agresividad mutua que los anima no permite determinar con exactitud como y por quien fueron ocasionados. De este modo en el elemento normativo de “riña tumultuaria” deben concurrir varios requisitos fundamentales 1) concurrencia de una hipótesis de pelea, reyerta o pendencia, en la cual los contendientes están tan atentos a ofender como a defenderse; 2) La citada riña ha de ser amorfa, gregaria, caótica y anárquica, esto es “bellum omnia contra omnes” (guerra entre todos contra todos) mezclándose y confundiéndose los contendientes; y 3) Que no consta de manera precisa quien es el causante de las lesiones con efecto mortal; b) Que se haya ejercido violencia contra la victima: Tiene que constar debidamente probado que los autores del homicidio en riña tumultuaria ejercieron violencia contra la victima, entendiéndose por violencia la de carácter físico. Dicho esto cabe destacar que en el hecho probado tercero literalmente se expresa lo siguiente: “Los jóvenes MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, en altercado junto con otras personas propinaron golpes al señor MIGUEL ADRIAN DIAZ, causándole uno de esos golpes la muerte”. Del anterior hecho probado no se deriva una reyerta, trifulca o gresca entre el ahora occiso y los encausados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, junto a otros, sino por el contario una acción, emprendida por los encausados junto a otras personas en contra del ofendido, quienes propinaron golpes al señor MIGUEL ADRIAN DIAZ, causándole uno de esos golpes la muerte. Se trata pues de una agresión ejecutada por varias personas contra una sola, por lo que no cabe entender que en el caso bajo examen nos encontramos ante una reyerta confusa. Esta Sala de lo Penal estima que de los hechos probados por el Tribunal de Sentencia no se logra determinar concretamente, el autor del golpe que le causa la muerte al señor MIGUEL ADRIAN DIAZ, lo cierto es que tal extremo, en el presente caso, no resulta obstáculo para subsumir el comportamiento de los imputados en el tipo penal de homicidio simple, pues se ha probado que todos los encausados conjuntamente y junto a otros no identificados han participado directa y materialmente en el ataque emprendido contra el ofendido, que a la postre derivo en su muerte, de ahí que la conducta de los encartados deba subsumirse en el tipo penal antes relacionado, previsto por el articulo 116 del Código Penal. La sentencia penal debe considerarse como un todo, en ese sentido, la motivación fáctica, es decir, el relato de hechos probados tiene que tener correspondencia y armonía con la fundamentación descriptiva, en la que se reseñan los datos derivados de cada uno de los elementos de prueba, tanto de cargo como descargo evacuados en el proceso, y con la fundamentación intelectiva, donde el juzgador hace referencia a la valoración o crédito que le merecen tales elementos probatorios. En el caso bajo examen, el Tribunal sentenciador no descarta lo expresado por los testigos de cargo que aluden a la participación de los encausados en los hechos objeto de juzgamiento, coincidiendo el conjunto de sus dichos en que si bien es cierto que el procesado MARIO ALEXIS VARGAS, propino al igual que los otros, varios golpes al hoy occiso, y que por lo tanto su contribución es causal para la producción del resultado, no es menos cierto que se retiro de la escena del crimen, luego de que su padre resultare herido de un disparo efectuado con un arma de fuego, de ahí que su participación es de una menor entidad o importancia respecto, a la que se le atribuye a los demás coimputados, consecuentemente para esta Sala la responsabilidad que cabe atribuirle en la comisión del hecho punible es a titulo de cómplice (vid folios Nº 442-444 y 4469; distinta es la situación de los demás procesados quienes persistieron en su acción de propinar golpes al señor MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, produciéndose posteriormente su fallecimiento. Los acusados MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, actuaron de común acuerdo, acosando y lesionando a la victima hasta su muerte, aportando su esfuerzo común en la fase ejecutoria, con dominio del hecho y con reparto de funciones. En la medida en que dichos procesados participaron voluntariamente en el acorralamiento de la victima a quien golpeaban, es claro que conocieron que la vida del agredido estaba siendo puesta en serio peligro por la acción conjunta en la que participaban, y aceptaron el resultado previsible de dicha agresión, por lo que son responsables de su muerte al menos a titulo de dolo eventual, aun aquellos que no hayan ocasionado las lesiones con efecto mortal. En ese sentido no es necesario que cada uno de los autores ejecute por si mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los autores integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas. Por lo expuesto, esta Sala de lo Penal declara que efectivamente el cuadro factico de la sentencia impugnada no se subsume o encuadra en el tipo penal de Homicidio en Riña Tumultuaria, configurado en el articulo 119 del Código Penal vigente, por lo que declara con lugar el motivo de Casación invocado por la recurrente”. CONSIDERANDO (3): Que señala el recurrente que el fallo dictado en fecha diez (10) de junio del año dos mil diez (2010), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, introduce hechos nuevos no contenidos en la sentencia dictada por el a-quo a saber: a) (Sic.)”El procesado MARIO ALEXIS VARGAS MÉNDEZ, propino al igual que los otros, varios golpes al hoy occiso, y que por lo tanto su contribución es causal para la producción del resultado, no es menos cierto que se retiro de la escena del crimen…de ahí que su participación es de una menor entidad o importancia”; y b) “Los acusados NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, actuaron de común acuerdo, acosando y lesionando a la victima…con dominio del hecho y con reparto de funciones….”es claro que conocieron que la vida del agredido estaba siendo puesta en serio peligro por la acción conjunta en la que participaban, y aceptaron el resultado previsible de dicha agresión, por lo que son responsables de su muerte al menos a titulo de dolo eventual, AUN AQUELLOS QUE NO HAYAN OCASIONADO LAS LESIONES CON EFECTO MORTAL”. Dice el recurrente en la exposición del Recurso de Revisión, que un año después de la condena de sus patrocinados, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, MDC; realizo juicio oral y publico en el proceso en contra del señor JORGE ADALBERTO DIAZ PASTRANA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio, en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, ocasión en la que, la prueba propuesta por el Ministerio Publico, resulto ser exactamente la evacuada en el juicio oral y publico que se siguió en contra de sus defendidos; con la salvedad de que en este nuevo juicio la testigo MARIA DE LA CRUZ CASTRO HERRERA, contrario su declaración vertida en el juicio por el cual se condeno a sus patrocinados, dice el recurrente que la referida testigo ha depuesto en el nuevo juicio: “Yo no me acuerdo como fue por que yo casimente no mire…”(folio 39 acta de debate), y que ante el cuestionamiento del Ministerio Publico acerca de sus declaración completamente distinta en el juicio anterior, la referida testigo había respondido: “Ellas nos decían digan esto, lo otro, y nosotras ya estábamos confundidas, por que tantas cosas nos decían, andaban detrás de nosotras diciendo teníamos que decirlo así, por que doña Minga y la hija de el, nos andaban de ahí, ellas nos dijeron digan todo así….” (Folio 42 actas de debate) “ellas nos amenazo que nos iba a quitar la casa” (folio 43 del acta de debate) “a nosotras siempre nos decían son tantos y además estábamos confundidas de la mente, tantas cosas que le meten en la cabeza, digan esto digan lo otro aunque haya visto algo uno se confunde… (Folio 43 del acta de debate)” ¿Cómo es que ahora no recuerda nada de lo que paso, pero si recuerda bien que supuestamente doña Dominga la obligo a que declarara lo que tenia que decir? “Por que ahorita aquí me han recordado, han leído estas cosas, nosotras tuvimos que decir todo eso, es decir por que yo salí hasta que el ya estaba tirado… (Folio 43 del acta de debate)…”. Apunta el impetrante del presente recurso de Revisión que de igual forma la testigo LEILA SUYAPA IRIAS VETANCO, ha depuesto: “El día que ocurrió eso temprano estuve escogiendo un café, después entre a la cocina a tomar agua, luego escuche gritos, como estaba la caravana y agarre a las dos niñas de mi suegra y me fui a parar arriba por las gradas de la casa…..” (Folio 46 del acta de debate). También señala el recurrente que en el referido juicio el Ministerio Publico ha presentado como nuevo elemento de prueba una ampliación del Dictamen de Autopsia A-1628-05, y por el cual se determina tres nuevas lesiones del occiso Miguel Adrian Diaz Diaz, lesiones compatibles a las producidas por ASFIXIA POR ESTRANGULACION, siendo esta la causa de la muerte, y no por golpes. En ese orden de ideas el impetrante manifiesta a esta Sala que la procedencia del recurso de Revisión encuentra su justificación debido que se han suscitado hechos nuevos y que se ha tenido conocimiento de ellos en un juicio posterior después de un año de la condena impuesta a sus patrocinados, dice que el elemento nuevo es en relación con el juicio oral y publico en contra del señor JORGE ADALBERTO DIAZ PASTRANA, en el que se presento una transcripción y ampliación del Dictamen de Autopsia A-1628-95, donde se determinan tres nuevas lesiones del occiso y la causa de muerte se modifica y se señala la de Asfixia por Estrangulación; señala que este hecho nuevo patentiza que los condenados no cometieron el delito por el cual se les condeno, esto es que la persona fallecida no muere por múltiples golpes, sino que fue estrangulado. Explica que respecto del señor MARIO ALEXIS VARGAS MENDEZ, al establecerse en la condena de la Sala de lo Penal que éste se había retirado del lugar antes de producirse el golpe que dio muerte al occiso, situación que dice con la aportación del elemento nuevo, ha quedado desvirtuada en cuanto a su culpabilidad, ya que la muerte del occiso no ha sido causada por ningún golpe mortal, sino por que fue estrangulado. Sigue alegando el recurrente que respecto de los condenados NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, al establecer la sentencia condenatoria dictada en su contra que los mismos actuaron acosando y lesionando a la victima, apreciación que señala, a la luz del hecho nuevo como lo es la ampliación del dictamen queda descartada, puesto que se señala como nueva causa de la muerte de la victima la asfixia por estrangulación; y siendo que sus patrocinados no fueron condenados por asfixiar a la victima, y aunque la sentencia señala que los mismos asumieron el riesgo previsible de las lesiones que causaron, también lo es que con la referida ampliación del dictamen, sí bien se consigna que en el occiso existen lesiones, tienen carácter de leves, refiriéndose que la mayoría de ellas son escoriaciones y equimosis, pero ninguna de ellas reviste el carácter de grave como para que pudiesen haber provocado la muerte del señor Miguel Adrian Díaz Díaz, por lo que estima el recurrente que los condenados no pudieron llevar a cabo el ilícito que solo pudo cometerse por una persona, dado que la victima ha muerto estrangulado y no por los golpes que le propinaron. Referente a las declaraciones de las testigos MARIA DE LA CRUZ CASTRO y LEYLA SUYAPA IRIAS, como hecho nuevo, señala el recurrente que las mismas al variar sus afirmaciones respecto de las que originalmente dieron en el juicio por el cual se condeno a sus defendidos, lo han hecho dado que originalmente fueron obligadas a declarar en contra de los hoy condenados, siendo lo verdadero que ellas no vieron nada, y no reconocen a los procesados. Finalmente expone la vulneración de la garantía de la doble instancia en los procesos penales, para ello explica que en el caso de sus defendidos el Tribunal de sentencia los condeno a un pena de tres años, misma que fue revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia imponiéndoles la pena de Quince años, situación que a su parecer, ha provocado que a los condenados se les niegue la posibilidad de recurrir, ya que el recurso de Casación resuelto responde al interpuesto por el Ministerio Publico, estimando por lo tanto que la sentencia que hoy se revisa vulnera la garantía de la doble instancia en los procesos penales que consagra el articulo 8 numeral 2 literal h) de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, dice que los Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado de Honduras al tenor de la propia normativa Constitucional consagrada en el articulo 18 de nuestra carta magna, tienen prevalencia en caso de conflicto sobre la norma interna, por lo que la sentencia de la Sala de lo Penal vulnera en perjuicio de los condenados el derecho al debido proceso con la consecuente indefensión de los mismos al no poder defenderse en una segunda instancia. CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (20114), tuvo lugar la audiencia señalada por la Sala de lo Constitucional, a los efectos de que la parte afectada por la admisión del recurso pudiera presentar oposición, así como también para que las partes presentaran las pruebas en apoyo de sus pretensiones; cedida que le fue la palabra a la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de agente Fiscal del Ministerio Publico quien externo su oposición al recurso interpuesto, alegando entre otros extremos lo siguiente: (Sic.) “……SEGUNDO: en relación al primer alegato sobre HECHOS NUEVOS, a criterio del recurrente los mismos surgen de la condena y que no habían sido objeto de análisis o estudios en el proceso, como ser el dictamen numero A-1628-05 evacuado en el juicio contra MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, en el cual se concluye como causa de muerte del señor MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, asfixia por Hemobronco aspiración, consignados en los hechos probados que fue producto de golpes que se produce la muerte del occiso, sin embargo en el juicio contra el acusado Jorge Alberto Díaz, se presento una transcripción y ampliación de dictamen de autopsia A-1628-05 donde surgen tres nuevas lesiones y la causa de muerte se modifica a Asfixia por estrangulación, aspecto este ultimo que patentiza que sus defendidos no cometieron el delito al haberse modificado la causa de muerte, es decir, no muere por múltiples golpes sino que fue estrangulado. TERCERO: En relación a dicho argumento, la suscrita considera que el mismo carece de todo fundamento en virtud de que la certificación del acta de debate realizada contra el co-imputado Jorge Alberto Díaz, la cual fue proporcionada como prueba documental en el presente recurso de revisión, específicamente a folio 73 se encuentra la comparecencia de la doctora Maria Alejandra Paz, perito que realizo la autopsia del señor Miguel Adrian Díaz Díaz, quien a la lectura del Dictamen 1628-2005, así como al protocolo y álbum de la autopsia, manifestó categóricamente lo siguiente: “Que quiere hacer una enmienda al dictamen en la parte que dice asfixia por estrangulación, que en las lesiones presentes en el cuerpo son compatibles a las producidas a una asfixia Hemobronco-aspiración a un arrastre y por golpes producidos por un objeto romo y en el protocolo de la pagina primera es con objeto romo”; de lo anterior queda evidenciado que la sentencia condenatoria dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia contra Miguel Adrian Díaz Díaz, no se baso en un elemento de prueba nuevo (causa de muerte asfixia por estrangulación), pues de la lectura de la sentencia en comento, específicamente en el apartado de valoración probatoria, el Tribunal señala que se le concede credibilidad a la perito, cuya pericia, le ha llevado a tener la convicción de que la causa de la muerte de la victima se debió a asfixia por Hemobronco-aspiración; que tanto la exposición como las amplias explicaciones e ilustraciones dadas al Tribunal y las partes por la perito, auxiliadas de fotografías tomadas durante la realización de la autopsia solo lleva establecer que la causa de la muerte establecida por la doctora Paz resulta ser correcta, quien también estuvo presente en la reconstrucción de hechos manifestando en sus conclusiones que efectivamente las lesiones encontradas en el cuerpo del occiso son concordantes con los hechos ocurridos (ver sentencia folio 86 v, párrafo primero). CUARTO: Que en relación al hecho nuevo, consistente en la declaración de la testigo Maria de la Cruz Castro, quien en el juicio oral contra los recurrentes afirmó haberlos visto realizar las acciones por las que fueron condenados, sin embargo en el juicio contra el co-imputado Jorge Alberto Díaz, establece que fue obligada a declarar en su contra, resulta de importancia señalar que de la lectura de la sentencia dictada contra los imputados Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, no se desprende que la testigo en referencia haya comparecido a declarar en juicio, sino que fue incorporada la declaración rendida en audiencia inicial como prueba documental; en relación al co-imputado Jorge Alberto Díaz, de la lectura del acta de debate específicamente a folios del 64 al 66, se constata la comparecencia de la testigo Cruz Castro en el juicio oral y publico, desprendiéndose de la misma que el ente acusador al momento de su interrogatorio solicito se diera lectura a la declaración rendida por ésta en etapa preparatoria, en virtud de existir contradicciones entre lo manifestado en ese momento del juicio y lo declarado en audiencia inicial (ver folio 65 v); siendo importante resaltar que el tribunal al momento de valorarla dio credibilidad a la rendida en audiencia inicial por ser la mas próxima al momento de suceder los hechos, En virtud de lo anterior se descarta por completo lo aseverado por el recurrente, cuando refiere que la deposición de la testigo en referencia resulta contraria a la que rindió en el juicio oral respecto de los recurrentes. En relación a la declaración rendida por la testigo Leyla Suyapa Irias Betanco, la misma no merece mayor comentario considerando que la declaración rendida por ésta en el juicio oral contra Jorge Alberto Díaz, se limita a referir que estaba “escogiendo café, después entro en la cocina a tomar agua, escucho gritos, como estaba la caravana, agarro a las dos niñas de su suegra, se fue para arriba”; testigo ésta que no compareció a declarar al juicio oral y publico contra los imputados Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, tal como se observa a folio 451 del acta de debate donde el ente acusador renuncia al mismo, desvirtuándose por ende lo aseverado en el escrito de interposición del recurso. QUINTO: Conforme lo señalado, resulta evidente que los argumentos apuntados por el recurrente no versan sobre Hechos nuevos, en virtud de que la prueba pericial y testimonial de Maria de la Cruz Castro, si tuvo vinculación procesal directa al caso bajo examen, por lo que, a criterio de la suscrita las circunstancias esgrimidas por el recurrente resultan infundadas en razón por lo cual solicito se declare su improcedencia….” CONSIDERANDO (5): En la continuación de la referida audiencia, cedida que le fue la palabra a la abogada ROSA ELENA BONILLA, a efecto de que haga uso del derecho de replica, la misma manifestó que ratifica todos y cada uno de los puntos establecidos en el Recurso de Revisión, para lo cual citó integra y textualmente el recurso de Revisión Penal impetrado ante esta Sala en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil trece (2013). CONSIDERANDO (6): Que el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica, en aquellos casos en que una persona haya sido condenada injustamente, no contemplar lo anterior, esto es que una sentencia pueda ser revisada por el mas Alto Tribunal del país, deviene en una situación inadmisible en un Estado de Derecho. En este sentido, la revisión penal plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales del ordenamiento jurídico, por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo y, en general, cualquier resolución judicial, en un momento determinado, sea irrevocable, y el principio de Justicia, que en su sentido jurídico lo entendemos como el conjunto de leyes que garantizan que los órganos jurisdiccionales apliquen sin discriminaciones o privilegios las leyes igualmente para todos, como también que excepcionalmente se pueda hacer revisión de una sentencia firme, y con ello reconocer el derecho fundamental que le asiste al condenado de que su causa pueda ser conocida nuevamente cuando el mismo estime que se le ha condenado injustamente. CONSIDERANDO (7): Que en aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que fuesen manifiestamente injustas, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitir la posibilidad de que se pueda revocar dicha sentencia, o, por el contrario, dar prioridad al principio de justicia y admitir, que, en ciertos casos, la cosa juzgada puede quedar sin efecto. El fundamento del recurso de revisión, como antes queda dicho responde a ésta última opción, es decir, a la prevalencia de la justicia que junto a la libertad, la cultura, el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituyen las bases en que descansa el Estado de Derecho, esto al tenor de lo establecido por el artículo uno (01) de nuestra Constitución Política. CONSIDERANDO (8): Que la revisión penal, al margen o con independencia de que se le considere un recurso propiamente dicho o un procedimiento autónomo, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO (9): Que la causal de rescisión o anulación de la sentencia condenatoria firme, invocada por el recurrente, es la que se encuentra prevista en los numerales 1) y 6) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esto es cuando: a) Dos o mas personas hayan sido condenadas por un mismo delito, que solo pudo ser cometido por una de ellas; y b) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió, o que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma mas favorable. CONSIDERANDO (10): Que en cuanto a los motivos invocados por los recurrentes, respecto del primero de ellos, supone la viabilidad del recurso de Revisión en aquellos caso de condena de dos o mas personas por un mismo delito que solo pudo ser cometido por una de ellas; y en cuanto al segundo motivo invocado cabe distinguir tres supuestos: a) que el hecho no existió, b) que el condenado no lo cometió, y c) que el hecho cometido no es punible o se encuadra en una norma mas favorable. En el primer caso se presentará cuando el hecho delictivo por el cual se juzgó al o los imputados no se ha producido en el mundo real, el segundo, cuando estando acreditada la existencia de un hecho tipificado como delito, resulta evidente y sin ningún asomo de duda, que el condenado(s) no intervino en su comisión; supuesto este por el cual entendemos que teniendo rango constitucional el principio general de inocencia que se ve consagrado en el articulo 89 de nuestra carta magna, la excepción al mismo lo tenemos en la inversión de tal principio cuando se impone una sentencia condenatoria, basada en autoridad de cosa juzgada, como ocurre en el caso de autos; y el tercero se da cuando el hecho por el cual fue condenado el imputado (s) no es punible o el mismo encuadra en una norma mas favorable para el condenado (s). CONSIDERANDO (11): Que en ese orden de ideas, podemos afirmar que en los supuestos señalados en los numerales 1) y 6) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige que la concurrencia de esos hechos o elementos de prueba nuevos evidencien en primer lugar que se ha condenado a dos o mas personas por la comisión de un ilícito que solo pudo cometer una de ellas, y en segundo lugar supone también que el hecho no existió o que habiéndose producido éste, el o los imputados no lo han cometió, todo ello de una forma tan exacta y certera que no permita abrigar duda alguna, resaltando, de una parte el error cometido en la sentencia revocada y de otra, la notoria inculpabilidad del o los condenados. CONSIDERANDO (12): Que el recurrente plantea a esta Sala de lo Constitucional como hecho nuevo, posterior al fallo condenatorio en Casación dictado en contra de sus representados por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que un año después de que se dictara el referido fallo, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, MDC; realizo juicio oral y publico en el proceso en contra del señor JORGE ADALBERTO DIAZ PASTRANA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio, en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, ocasión en la que la prueba propuesta por el Ministerio Publico fue la misma que se evacuo en el juicio oral y publico que se siguió en contra de los mismos, hace ver que no obstante lo anterior se considera un hecho nuevo el que la testigo MARIA DE LA CRUZ CASTRO HERRERA, haya contrariado su declaración vertida en el juicio por el cual se les condeno a ellos, deponiendo la referida testigo en el nuevo juicio: “Yo no me acuerdo como fue por que yo casimente no mire…”; y que en ese mismo orden de cosas de igual forma la testigo LEILA SUYAPA IRIAS VETANCO, ha depuesto en ese nuevo juicio: “El día que ocurrió eso temprano estuve escogiendo un café, después entre a la cocina a tomar agua, luego escuche gritos, como estaba la caravana y agarre a las dos niñas de mi suegra y me fui a parar arriba por las gradas de la casa…….”. Como segundo hecho nuevo destaca en forma puntual que en el referido juicio el Ministerio Publico ha presentado como nuevo elemento de prueba una ampliación del Dictamen de Autopsia A-1628-05, mismo por el cual se determina tres nuevas lesiones del occiso Miguel Adrian Diaz Diaz, lesiones compatibles a las producidas por ASFIXIA POR ESTRANGULACION; por lo que estima que ésta es la verdadera causa de la muerte del occiso, y no por múltiples golpes tal y como se estimo en la sentencia condenatoria. CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y de los alegatos esgrimidos menester será entonces que en el caso de autos, se considere sí lo planteado como hechos nuevos sobrevinientes al fallo condenatorio dictado en contra de los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTÍNEZ, JAVIER ALFREDO MARTÍNEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GÓMEZ DÍAZ, por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, son procedentes y con ello pudiese dar lugar a que la sentencia firme dictada en su contra pueda ser revisada en esta instancia constitucional; en ese orden de ideas esta Sala observa que con respecto a los HECHOS NUEVOS alegados, tienen su origen precisamente de la condena y por la cual no se hizo un análisis en el proceso, esto es lo que tiene que ver con el dictamen numero A-1628-05 evacuado en el juicio en contra de los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO GOMEZ DIAZ, en el cual se concluye como causa de muerte del señor MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ, asfixia por Hemobronco aspiración, consignando en los hechos probados que fue producto de golpes que se produce la muerte del occiso, sin embargo en el juicio contra el acusado JORGE ALBERTO DÍAZ, se presento una transcripción y ampliación de dictamen de autopsia A-1628-05 donde surgen tres nuevas lesiones y la causa de muerte se modifica a Asfixia por estrangulación, aspecto este ultimo que patentiza que los imputados no cometieron el delito, al haberse modificado la causa de muerte, es decir, no muere por múltiples golpes sino que fue estrangulado. Aun y cuando tenemos que respecto de la ya citada ampliación de dictamen de autopsia A-1628-05, en el proceso en contra del co-imputado Jorge Alberto Díaz; la doctora MARIA ALEJANDRA PAZ, perito que realizo la autopsia del señor Miguel Adrian Díaz Díaz, en la lectura de tal Dictamen 1628-2005, ha manifestado lo siguiente: “Que quiere hacer una enmienda al dictamen en la parte que dice asfixia por estrangulación, que en las lesiones presentes en el cuerpo son compatibles a las producidas a una asfixia Hemobronco-aspiración a un arrastre y por golpes producidos por un objeto romo y en el protocolo de la pagina primera es con objeto romo”; por lo anteriormente citado la Sala estima que la sentencia condenatoria que fuera proferida por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia en contra del señor Miguel Adrian Díaz Díaz, no ha realizado una correcta valoración probatoria, y ha concedido plena credibilidad a la referida perito, lo que le ha llevado a tener la convicción de que la causa de la muerte de la victima se debió a asfixia por Hemobronco-aspiración; ahora bien estimamos y queda establecido para esta Sala que la referida Ampliación de Dictamen constituye hecho nuevo, que cambia la forma en que se dio muerte al occiso, hecho o circunstancia nuevo que da pie para la revisión del fallo. Respecto del segundo hecho nuevo alegado, esto es el referido al testimonio de las señoras MARIA DE LA CRUZ CASTRO HERRERA y LEILA SUYAPA IRIAS VETANCO, en el posterior juicio incoado en contra del señor JORGE ADALBERTO DIAZ PASTRANA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio, en perjuicio de MIGUEL ADRIAN DIAZ DIAZ; deposiciones respecto de las cuales, esta Sala deviene en observar que la primera de las referidas testigos en el juicio oral contra los recurrentes afirmó haberlos visto realizar las acciones por las que fueron condenados, sin embargo en el juicio contra el co-imputado Jorge Alberto Díaz, establece que fue obligada a declarar en su contra, ahora bien de la lectura de la sentencia dictada contra los imputados Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, no se desprende que la testigo en referencia haya comparecido a declarar en juicio, sino que fue incorporada la declaración rendida en audiencia inicial como prueba documental; y en relación al co-imputado Jorge Alberto Díaz, de la lectura del acta de debate específicamente a folios del 64 al 66, se constata la comparecencia de la testigo Cruz Castro en el juicio oral y publico, desprendiéndose de la misma que el ente acusador al momento de su interrogatorio solicito se diera lectura a la declaración rendida por ésta en etapa preparatoria, en virtud de existir contradicciones entre lo manifestado en ese momento del juicio y lo declarado en audiencia inicial (ver folio 65 v); de todo lo cual es menester señalar que el tribunal al momento de valorarla dio credibilidad a la declaración rendida en audiencia inicial por ser la mas próxima al momento de suceder los hechos. En cuanto a la declaración rendida por la testigo LEYLA SUYAPA IRIAS BETANCO, la misma tampoco constituye hecho nuevo, considerando que la declaración rendida por ésta en el juicio oral contra Jorge Alberto Díaz, se limita a referir que “El día que ocurrió eso temprano estuve escogiendo un café, después entre a la cocina a tomar agua, luego escuche gritos, como estaba la caravana y agarre a las dos niñas de mi suegra y me fui a parar arriba por las gradas de la casa…….”; cabe señalar también que la referida testigo no compareció a declarar al juicio oral y publico contra los imputados Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, tal como se observa a folio 451 del acta de debate donde el ente acusador renuncia al mismo. Dé todo lo anteriormente señalado esta Sala observa que con respecto a las causales promovidas por el recurrente para que se declare la revisión del caso, esto es las preceptuadas en los numerales 1 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, son de recibido por parte nuestra únicamente respecto los alegatos que tienen que ver con la ampliación del Dictamen de autopsia Nº A-1628-05, y ello se estima así puesto que los nuevos hechos o elementos de prueba que supone acreditado el recurrente son tales. CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevengan hechos nuevos; entendiendo por tal, aquel suceso factico vinculado al delito y del cual no se tuvo conocimiento en el proceso judicial, de manera que no pudo ser controvertido, se trata pues de un suceso ligado al hecho punible del que sin embargo no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del trayecto procesal; en ese orden de ideas esta Sala arriba a la conclusión que en el caso de autos se han producido hechos nuevos posteriores a la sentencia condenatoria dictada en contra de los señores Mario Alexis Vargas, Nelson Gustavo Ibarra Martínez, Javier Alfredo Martínez Maradiaga y Carlos Arturo Gómez Díaz, de lo que resulta que parte de los argumentos apuntados por el recurrente son de recibo por nuestra parte. CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, el recurso de revisión interpuesto a favor de los condenados, debe ser declarado con lugar. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 96 No. 1) y 6), 99, 101 y 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- DECLARANDO CON LUGAR el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor de los señores MARIO ALEXIS VARGAS, NELSON GUSTAVO IBARRA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO MARTINEZ MARADIAGA y CARLOS ARTURO ORDOÑEZ DIAZ; y II.- ANULA la sentencia definitiva firme dictada en fecha diez (10) de junio del año dos mil diez (2010), por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de revisión penal registrado en esta sala con el número 0933-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.