Sentencia RI-427-11 — Registro 4878
Resumen
Artículo 237 del Código Penal contendio en el Decreto Legislativo No. 144-83 sanciona con reclusión la insolvencia punible proveniente de obligaciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se observa que el caso que nos ocupa, trata de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por vía de excepción, es decir dentro de un proceso penal incoado por el Ministerio Público en contra del señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, en perjuicio de JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA, en el cual, en el momento procesal en que se celebra la audiencia preliminar (ver folio 458 frente y vuelto de la primera pieza), la defensa anuncia la intención de someterse al procedimiento abreviado, cuya condición sine qua non es la aceptación de su participación en el o los hechos que se juzgan, por lo que se concluye que la interposición de la presente acción es una estrategia de dilación del proceso penal..."..."el artículo 237 del Código Penal admite una interpretación que no lesiona el principio-derecho a la presunción de inocencia ni el derecho de no ser privado de la libertad por asuntos que no provengan de delitos o faltas consagrados respectivamente en los artículos 89 y 98 de la Constitución de la República, por lo que en este caso la presunción de constitucionalidad que existe a favor de las normas emitidas por el legislador ordinario no resulta destruida o enervada..."..."Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de inconstitucionalidad parcial que por vía de excepción y por razones de contenido, ha promovido el Abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, en contra del artículo 237 del Código Penal, debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 98 (Decreto)
- Código Penal, art. 237 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de Marzo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, mayor de edad, hondureño, comerciante y con domicilio en esta ciudad, contra el ARTICULO 237 DEL CODIGO PENAL, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN DECRETO 144-83, de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y tres; con relación a la causa instruida ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, contra el señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, por suponerlo responsable del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, en perjuicio de JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA. A N T E C E D E N T E S
- Que en fecha once de febrero de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial, la abogada YESSENIA MARIA MARQUEZ LOBO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, por suponerlo responsable del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, en perjuicio del señor JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA. 2) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, celebró audiencia inicial en la causa relacionada, en la cual resolvió decretar auto de prisión en contra del señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, por el delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, en perjuicio de JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA, por considerar que concurren los elementos objetivos, establecidos ya en el articulo 237 del Código Penal, en el cual se establece el tipo penal de Insolvencia Punible. 3) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, compareció ante el referido Juzgado, el abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, en su condición de apoderado legal del señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad vía excepción, por razón de su contenido, contra el ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO PENAL, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN DECRETO 144-83 del veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y tres, al considerar que su contenido se opone a lo establecido en los artículos 1, 18, 59, 89, 98 de la Constitución de la República y 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 4) Que en fecha veinte de mayo de dos mil once, este Sala, recibió el recurso de inconstitucionalidad vía excepción interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, contra el ARTICULO 237 DEL CODIGO PENAL, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN DECRETO 144-83, mismo que fue admitido mediante auto de fecha ocho de junio de dos mil nueve, omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, en virtud de ser el recurso contra un artículo especifico contenido en el fondo de la ley indicada y en consecuencia, se dispuso conceder traslado de los antecedentes por el término de seis (06) días hábiles al Fiscal del Despacho para emitir su opinión en el asunto de mérito. 5) Que en fecha veintisiete de julio de dos mil once, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal MARIO RENE ALBERTO ALONZO, absteniéndose de emitir dictamen, en virtud de que el recurso interpuesto lo fue en un proceso penal que dio inicio con un Requerimiento Fiscal promovido por el Ministerio Público. (Folios 7 y 8 del expediente contentivo del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República en su artículo 185 establece el control de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, la Garantía de Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogarán dicha norma. CONSIDERANDO (2): Que en la acción de inconstitucionalidad interpuesta, se indica el artículo 237 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo No. 144-83 de fecha 23 de agosto de 1983, publicado en el diario oficial La Gaceta, como señalado de inconstitucional, el que establece: “ARTICULO
- Será sancionado con reclusión de tres a seis años, si fuere comerciante, y de dos a cinco, si no lo fuere, el deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores, con quince días de antelación, por lo menos; u ocultare sus bienes, simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas.” CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente ha acreditado ante este alto Tribunal en forma clara y precisa su interés legitimo, personal y directo, en vista de que tal y como señala, el abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, en su condición de apoderado judicial de ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, su representado vendría a ser sujeto pasivo de la aplicación de la norma contenida en el decreto cuestionado, pudiendo llegar a ser afectado directamente en su condición de obligado, por la aplicación del decreto en cuestión. En ese sentido, es visto que el impetrante está legitimado, para demandar la inconstitucionalidad del decreto mencionado, en virtud de reconocérsele un interés directo, personal y legítimo en la cuestión constitucional planteada; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que expone el impetrante los siguientes motivos de inconstitucionalidad: 1) señala como primer motivo de inconstitucionalidad: que lo establecido en el artículo 237 del Código Penal, se contrapone al derecho al goce de la justicia garantizado en el artículo 1 constitucional, y explica su motivo así: “si es de justicia que no se debe detener, apresar por obligaciones que no provengan de delito o falta, pero cuando para tipificar un delito requerimos la existencia de un deudor, transgredimos esta norma, colocamos al Estado en un marco fuera de la justicia, si entendemos que la justicia parte del cumplimiento de los preceptos jurídicos, y si el precepto jurídico colisionante (artículo 237 Código Penal) lo hace contra la disposición de norma primaria (artículo 98 constitucional) y de una convención internacional, (artículo 7 numeral 7, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos), y aplicamos la norma secundaria con preferencias a éstas, convertimos la justicia en injusticia”. 2) Que la norma señalada en el segundo motivo de inconstitucionalidad vulnera el contenido del artículo 18 constitucional que dispone: “En caso de conflicto entre el Tratado o Convención y la ley prevalecerá el primero.” Expone que el numeral 7 del artículo 7 de la Convención americana Sobre Derechos Humanos, dispone la prohibición de aplicar penas por deudas, y dado que la ley secundaria aludida pena al deudor, señala el recurrente que “El contenido del artículo 237 del Código Penal emula situación avasallante que quedó de la historia de la humanidad, por ello se solicita su declaratoria de inconstitucionalidad, y que de sostener la vigencia del mismo se estaría ejecutando la acción de volver a la “legis actuo per manus iniectionem” (acción de ley por imposición de la mano. Apoderamiento de la persona o aprehensión corporal) es decir la prisión por deudas del primitivo derecho romano. 3) El tercer motivo de inconstitucionalidad, lo encuentra el recurrente en la vulneración que a su juicio el artículo 237 de la norma sustantiva penal, le causa al principio de inocencia constitucional, contenido en el artículo 89. Apunta que “…en el mundo de las obligaciones, que emanan de una relación contractual, se establece con claridad la existencia o no de garantías para el cumplimiento de las obligaciones, este dicho es tan cierto como que el Código Civil y el Código de Comercio de la República de Honduras tiene libros destinados a regular el tema de las obligaciones y la de los contratos, distinguiendo taxativamente la existencia de garantías destinadas hacer frente a la deuda, de ahí se desprende si el obligado al cumplimiento de una deuda ha garantizado esta con sus bienes muebles e inmuebles o si su expectativa de pago se desprende de las garantías a futuro, luego entonces el acreedor debe exigir esta solo por la vía civil, y nunca por el procedimiento penal, es tan así la aseveración que el Código de Procedimientos Penales para este tipo de pena por deuda admite la conciliación, de lo que se desprende que efectivamente la penalización por deuda es una presunción de culpabilidad, tanto en cuanto es la utilización de pena de privación de libertad para ejercer presión para la recuperación de la morosidad, convirtiendo al deudor en delincuente, desprendiéndose así la presunción de culpabilidad que el deudor insolvente es culpable de su insolvencia, contrario al contenido que resulta del artículo 89 de la Constitución de la República, que establece el derecho individual que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente…. Señala que el incumplimiento de la obligación pecuniaria que en su momento asumió el acusado, en su condición de representante legal de una persona jurídica, es una cuestión que debe ser ventilada en los tribunales de orden civil...”. 4) Como cuarto motivo, plantea de nuevo la vulneración al artículo 98 constitucional que establece que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan del delito o falta.”. CONSIDERANDO (5): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO (6): Que el numeral primero del artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO(7): Que para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine qua non, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. CONSIDERANDO(8): Que en esta sentencia la Sala no se referirá a cada uno de los motivos expuestos por el recurrente, sino que dará una sola respuesta en la que abarca y se explica el porqué se sostiene que el tipo penal contenido en el artículo 237 no vulnera el principio de inocencia, el porque no se trata de privación de libertad por un hecho que no proviene de un delito o falta, pues la insolvencia punible es precisamente una acción, típica, antijurídica y punible. CONSIDERANDO(9): Que siguiendo la línea anterior, es menester analizar el tipo penal de INSOLVENCIA PUNIBLE contenido en el artículo 237 del Código Penal, señalado de inconstitucional, así, podemos considerar la insolvencia como: toda acción del deudor, encaminada a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, de modo que el acreedor no encuentra medios a su alcance para poder satisfacer su crédito en el patrimonio del deudor. Dicha acción podrá ser; una ocultación material de los bienes, o una ocultación llevada a cabo, valiéndose de medios jurídicos, pudiendo consistir, tanto en un aumento ficticio del pasivo, como en una disminución del activo. La conducta de sustraerse del pago de las obligaciones, es también cualquier acto de disposición patrimonial, o generador de obligaciones, el acto de disposición puede consistir, en una transmisión real o ficticia, a otra persona física o jurídica, en la creación de un crédito ficticio o real, pero injustamente preferente a los demás acreedores, o en la pura y simple ocultación física de los bienes, lo único realmente importante, es que a consecuencia de ese acto el deudor se muestre insolvente ante la obligación de cumplimiento de sus obligaciones, cumplimiento del que precisamente responderá con aquellos bienes. CONSIDERANDO(10): Que la punibilidad de la insolvencia depende del hecho de ser consecuencia de una disposición fraudulenta de los propios bienes, de modo, que la insolvencia que tiene un origen fortuito, no es punible, por lo que causan la insolvencia, tanto los comportamientos que provocan directamente el desequilibrio patrimonial, como aquellos que se limitan a agravar una situación de insolvencia fortuitamente sobrevenida. Este tipo penal puede considerarse como un delito de mera actividad, en los que no es necesaria la producción efectiva de un resultado externo, el perjuicio del acreedor, si no que es bastante para que el delito se perfeccione, la mera conducta del acreedor, dirigida a producir este resultado, con un límite mínimo, por lo menos, poner en peligro la satisfacción del acreedor, de otra manera no podrá considerarse punible. Conforme el artículo 237 del Código Penal, el autor de un hecho delictivo, se puede situar en una situación de insolvencia, en previsión de las responsabilidades civiles, que se pudiesen determinar en la sentencia, haciendo inútiles incluso, las medidas de afianzamiento acordadas durante el proceso, pudiendo ser la insolvencia total o parcial. Por tanto es imprescindible que los actos de disposición o de contracción de obligaciones que disminuyen el patrimonio, se hayan realizado para eludir las obligaciones ex - delicto, por eso la prueba deberá partir de la constatación del acto de disposición sin causa, actos de disposición gratuitos, o del descubrimiento de negocios simulados, el delito en cuestión podrá ser cometido por cualquiera que sea responsable criminal de un delito doloso o culposo sea como autor o como participe. CONSIDERANDO(11): Que los elementos del tipo según la Jurisprudencia, son: -Un derecho de crédito por parte del acreedor, si el crédito lo es con la Hacienda Pública o la Seguridad Social, también cabe la comisión de este delito. -Obligaciones dinerarias por parte del deudor, se requiere como único requisito imprescindible el nacimiento de la deuda, esto es, la deuda ha de haber nacido antes de la comisión por el deudor de las conductas que dan lugar a dicha figura delictiva. Pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente, que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, sin embargo, no es necesario que la misma hubiera ya vencido, pues, no se puede condenar al acreedor a que tenga que esperar a su vencimiento para exigir la protección penal por las maniobras que en su perjuicio estuviera ya realizando el deudor, lo único realmente importante, es el contenido de la obligación, que siempre habrá de ser, el de dar una prestación económicamente evaluable, pues no se debe olvidar que se trata de un delito contra el patrimonio y que el derecho de crédito tiene un valor económico integrado en el patrimonio del acreedor. Ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes, (los bienes deben ser de propiedad del deudor excluyéndose los bienes que posee a título de posesión.), simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes citados al destino al que se hallan afectos. Tendrá que haber dolo, con conocimiento de que los bienes Situación de insolvencia total o parcial, real o aparente del deudor, y concurrencia de un elemento subjetivo específico, consistente en la intención de causar perjuicio al acreedor, es decir, intención especifica de perjudicar y defraudar el legítimo derecho del acreedor. Intención que excede del resultado típico, al ser la sustracción del pago de las obligaciones un delito de mera actividad. CONSIDERANDO(12): Que se observa que el caso que nos ocupa, trata de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por vía de excepción, es decir dentro de un proceso penal incoado por el Ministerio Público en contra del señor ALEX MANUEL RODRIGUEZ AVILA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, en perjuicio de JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA, en el cual, en el momento procesal en que se celebra la audiencia preliminar (ver folio 458 frente y vuelto de la primera pieza), la defensa anuncia la intención de someterse al procedimiento abreviado, cuya condición sine qua non es la aceptación de su participación en el o los hechos que se juzgan, por lo que se concluye que la interposición de la presente acción es una estrategia de dilación del proceso penal. CONSIDERANDO(13): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que el artículo 237 del Código Penal admite una interpretación que no lesiona el principio-derecho a la presunción de inocencia ni el derecho de no ser privado de la libertad por asuntos que no provengan de delitos o faltas consagrados respectivamente en los artículos 89 y 98 de la Constitución de la República, por lo que en este caso la presunción de constitucionalidad que existe a favor de las normas emitidas por el legislador ordinario no resulta destruida o enervada. CONSIDERANDO (14): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de inconstitucionalidad parcial que por vía de excepción y por razones de contenido, ha promovido el Abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, en contra del artículo 237 del Código Penal, debe ser desestimado. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185 No. 2), 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 74, 75, 76 párrafo in fine, 77 No. 2), 78, 81, 82 y 85 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarando No Ha lugar el recurso de inconstitucionalidad parcial que por razones de contenido y por vía de excepción, ha promovido el Abogado JOSE ANTONIO CABIELES CALIX, en contra del artículo 237 del Código Penal, Y MANDA: Que junto a los antecedentes se remita copia certificada de éste fallo al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número 427=11.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.