Sentencia RI-25-15 — Registro 4877
Resumen
Artículo 84 de la Ley del Ministerio Público se reforma por Decreto No. 379-2013 que obliga a Funcionarios, Empleados y aspirantes a serlo someterse a pruebas de evaluación de confianza
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que analizados tanto la legalidad vigente y aplicable, el planteamiento del recurrente, como el contenido de la relacionada sentencia RI 709-14, resulta evidente para esta Sala que se pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto legal contenido en una ley que tiene relación directa y necesaria, con los ya expulsados de nuestro ordenamiento mediante el fallo relacionado; asimismo, en cuanto a la constitucionalidad de los demás preceptos relacionados a las pruebas de confianza que no fueron estimados como inconstitucionales por el mismo fallo. En tal sentido, resulta evidente que un nuevo pronunciamiento de la Sala, resulta innecesario por la relación directa del artículo 84 de la Ley del Ministerio Público, con el contenido de los artículos 6 y 16 de la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, cuya constitucionalidad ya se declaró por esta Sala; y en consecuencia, es procedente desestimar la acción de inconstitucionalidad intentada, en tanto en cuanto, los motivos alegados ya fueron resueltos por el fallo RI 709-14..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 184 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D.C., nueve de febrero de dos mil quince. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el abogado JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO, en su condición de apoderado legal de los señores SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA, DIGNA YESSENIA HERNANDEZ, MELVIN IVAN VASQUEZ, ANA ROSALIA RODRIGUEZ ORDOÑEZ, ANA ELIZABETH VARELA REYES, DARWIN NOEL DOMINGUEZ LORENZO, SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS y CARMEN LETICIA TURCIOS BARRIOS, todos ellos en su condición de servidores del Ministerio Público. Solicitando la inconstitucionalidad del artículo 84 contenido en el DECRETO LEGISLATIVO número (sic) “397”-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,382 de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que la reforma al artículo 84 de la Ley del Ministerio Público, fue publicada mediante DECRETO LEGISLATIVO número 379-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,382 de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que en fecha quince de enero de dos mil quince, se presentó acción de inconstitucionalidad por vía de acción, contra el contenido del artículo 84 de la Ley del Ministerio Público, el cual a la letra reza: “Los Funcionarios y Empleados del Ministerio Público, así como los que aspiran a serlo, deben someterse de forma obligatoria a las pruebas de evaluación de confianza, las que pueden ser ordenadas de forma general o selectiva por el Fiscal General y practicadas por los órganos competentes. La reprobación de cualquiera de ellas será causal de despido sin responsabilidad para la Institución.". CONSIDERANDO: Que en fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, la Sala de lo Constitucional, fallo la acción de inconstitucionalidad registrada bajo el número RI 709-14, estableciendo en su parte conducente que: “… FALLA:
- DECLARANDO INCONSTITUCIONAL PARCIALMENTE, POR RAZÓN DE CONTENIDO EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO OCTAVO (8avo.) Y EL PARRAFO QUINTO (5to.)DEL ARTÍCULO 16; DEL DECRETO 254 -2013, que contiene LA LEY DE SUPERINTENDENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACION DE CONFIANZA, emitido por el Congreso Nacional de República, en fecha dieciséis de diciembre del año dios mil trece, y publicado en el diario oficial “LA GACETA” No. 33,372, en fecha seis de marzo del año dos mil catorce; 2) Declarar la Constitucionalidad del Decreto 254 -2013 en sus demás disposiciones. 3) Declarar la ejecución inmediata de la presente sentencia 4) La presente sentencia tiene efectos a futuro, de conformidad a la locución latina “EX NUNC”…”. CONSIDERANDO: Que el contenido del “… PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO OCTAVO (8avo.) Y EL PARRAFO QUINTO (5to.)DEL ARTÍCULO 16; DEL DECRETO 254 -2013, que contiene LA LEY DE SUPERINTENDENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACION DE CONFIANZA…”, declarados inconstitucionales por virtud del fallo de mérito establecen: “Artículo 8. … El procedimiento llevado a cabo en base a esta ley, se realizará con independencia de otros procesos de carácter administrativo judicial, ya sean de índole laboral, civil o penal. El resultado de estos procesos, ya sean a favor o en contra del evaluado”. Y “Artículo 16. Aquellos empleados, funcionarios o servidores que fuesen separados derivados de procedimiento exclusivamente de la reprobación de una o más pruebas de confianza; no podrán bajo ningún concepto ser reintegrados a sus puestos de trabajo, ya sea por decisión administrativa o judicial y, el funcionario de cualquier instancia que contravenga esta disposición incurrirá en responsabilidad civil, administrativa y penal, según proceda.” CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 90 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al “EFECTO EXTENSIVO DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma ley o de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria.” CONSIDERANDO: Que al tenor de lo expuesto en los considerandos que anteceden y conforme lo dispone el referido fallo de inconstitucionalidad, se declara “… la Constitucionalidad del Decreto 254 -2013 en sus demás disposiciones.”. Este fallo con efectos “… “EX NUNC”…”, implica que quedan vigentes todas las demás disposiciones de la LEY GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACION DE CONFIANZA, entre ellas las siguientes: “Artículo 6.-INAPLICABILIDAD SUPLETORIA. Se prohíbe la aplicación supletoria o analógica de instrumentos jurídicos distintos a esta Ley o su Reglamento, en la sustanciación del procedimiento para la práctica de pruebas de evaluación de la confianza.” Y asimismo, la disposición contenida en lo conducente el texto del párrafo segundo del artículo 16 del referido ordenamiento, que a la letra reza: “… La falla de una o más pruebas de confianza implica la pérdida de confianza del funcionario o empleado sometido a ellas debiendo, el Superintendente, convocar al investigado a una audiencia, personalmente, por tabla de avisos o por medios electrónicos, indistintamente, que deberá celebrarse dentro del plazo máximo establecido en el Reglamento de la presente ley, en la que el empleado, funcionario o servidor, si se presenta, podrá exponer los argumentos y defensa y realizando los descargos que considere. Si las explicaciones o descargos presentados fueren considerados insuficientes o improcedentes o no se presenta a la audiencia, el Superintendente podrá emitir la resolución vinculante respectiva mediante la cual declare expresamente la pérdida de confianza y ordene a la autoridad respectiva, la cancelación inmediata del empleado, funcionario o servidor…”. CONSIDERANDO: Que la constitucionalidad del decreto 254 -2013, en el resto de sus disposiciones hace por demás evidente, que con su contenido se reafirma y desarrolla al del artículo 84 de la Ley del Ministerio público (impugnado por vía de la inconstitucionalidad cuya admisibilidad se resuelve), en tanto en cuanto, no solo reconoce las aplicabilidad de las pruebas de confianza, sino que además que la reprobación de cualquiera de ellas será causal de despido sin responsabilidad para la Institución, determinando el relacionado artículo 6 de la Ley de la Superintendencia la especialidad y primacía jerárquica de su contenido y que en definitiva la sentencia de la Sala, al afirmar la constitucionalidad del referido artículo 16, comprende conforme al efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad, a la constitucionalidad del artículo 84 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. CONSIDERANDO: Que analizados tanto la legalidad vigente y aplicable, el planteamiento del recurrente, como el contenido de la relacionada sentencia RI 709-14, resulta evidente para esta Sala que se pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto legal contenido en una ley que tiene relación directa y necesaria, con los ya expulsados de nuestro ordenamiento mediante el fallo relacionado; asimismo, en cuanto a la constitucionalidad de los demás preceptos relacionados a las pruebas de confianza que no fueron estimados como inconstitucionales por el mismo fallo. En tal sentido, resulta evidente que un nuevo pronunciamiento de la Sala, resulta innecesario por la relación directa del artículo 84 de la Ley del Ministerio Público, con el contenido de los artículos 6 y 16 de la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, cuya constitucionalidad ya se declaró por esta Sala; y en consecuencia, es procedente desestimar la acción de inconstitucionalidad intentada, en tanto en cuanto, los motivos alegados ya fueron resueltos por el fallo RI 709-14. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 74, 90, 91, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: 1° DESESTIMAR LA ACCIÓN INTENTADA POR SER LA MISMA UNA REPETICIÓN DE LA ACCIÓN REGISTRADA BAJO EL NÚMERO RI 709-14, al ser evidente que, conforme al efecto expansivo de la declaratoria ex nunc efectuada en dicha acción de inconstitucionalidad, un nuevo pronunciamiento de la Sala, resulta innecesario, innecesario por la relación directa del artículo 84 de la Ley del Ministerio Público, con el contenido de los artículo 6 y 16 de la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, cuya constitucionalidad ya se declaró por esta Sala; 2° DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO actuando en su condición de apoderado legal de los señores SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA, DIGNA YESSENIA HERNANDEZ, MELVIN IVAN VASQUEZ, ANA ROSALIA RODRIGUEZ ORDOÑEZ, ANA ELIZABETH VARELA REYES, DARWIN NOEL DOMINGUEZ LORENZO, SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS y CARMEN LETICIA TURCIOS BARRIOS, todos ellos en su condición de servidores del Ministerio Público. Solicitando la inconstitucionalidad del artículo 84 contenido en el DECRETO LEGISLATIVO número 379-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,382 de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, por las razones expuestas; Y MANDA: 1° Que se tenga por delegado el poder con que actúa el abogado JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO en el abogado NORMAN JAVIER OCHOA HERNANDEZ, poder que será efectivo una vez notificado personalmente éste ó personado en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. 2° Que una vez notificada y firme la presente resolución se le de cumplimiento inmediato, ordenándose el archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil quince, certificación de la resolución de fecha nueve de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número 0025-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.