Sentencia EP-36-15 — Registro 4901
Resumen
Acción de Exhibición Personal interpuesto en virtud de la denegatoria Recurso de apelación interpuesto contra el termino señalado para acreditar la procedencia o no de la entrega de imputados,en relación al proceso de extradición iniciado a través de formal petición del gobierno de los Estados Unidos de América contra impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Al respecto de este reclamo, si bien el mismo parte de un análisis muy razonable hecho por los recurrentes, esta Sala observa empero, que los recurrentes no hicieron ninguna objeción ante el Juez de Extradición al momento en el que se impuso el término discutido e inclusive no hicieron mención alguna del mismo en el recurso de apelación que fue planteado posteriormente por éstos ante el Tribunal de Alzada que fue conformado para conocer de la impugnación que se hizo. Adicionalmente, es un hecho notorio que la extradición de los señores MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA Y JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE es un hecho consumado de modo irreparable a este momento, al tenerse conocimiento que los mismos fueron puestos a la orden ya del Estado requirente. CONSIDERANDO: Que este Tribunal observa que el Juez de Extradición, en uso de las facultades que ostenta, consideró que el término de los quince días hábiles para el traslado de los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, resultaba oportuno para que el Estado requirente designara el o las personas a las que se le haría la formal entrega de los ciudadanos procesados, apreciándose que la resolución de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, fue notificada a los apoderados legales de los procesados en fechas cinco y seis de enero de dos mil quince, por lo que el plazo de quince días fue contado a partir del siete de enero de dos mil quince, venciendo el mismo en fecha veintisiete de enero de dos mil quince, advirtiéndose que los procesados fueron extraditados en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, es decir dentro del término que fue establecido por el Juez de Extradición. CONSIDERANDO: Que con respecto al proceso de extradición, esta Corte Suprema de Justicia ha dejado establecido en forma reiterada[1], que el mismo se configura como un procedimiento de segundo grado y que por ende, al Juez o Tribunal que le corresponde su conocimiento y resolución compete verificar si la demanda presentada por el Estado requirente cumple con los requisitos previstos en el tratado que la da origen, no correspondiéndole en forma alguna pronunciar juicio concluyente de culpabilidad, bastándole la existencia de indicios de criminalidad recogidos de las documentación que se ha hecho llegar al trámite, siendo por ende la función precisa de éste, pronunciarse sobre la procedencia de acceder o no a la extradición solicitada. CONSIDERANDO: Que asimismo este Supremo Tribunal ha dejado sentado que la extradición supone a su vez, un reconocimiento de la extraterritorialidad de la Ley de un Estado en el ejercicio legítimo de su potestad punitiva (ius puniendo) en virtud de un tratado, que forma parte del derecho interno por disposición constitucional[2] y es en virtud de dicho instrumento que se delega al Estado requerido y por ende al funcionario encargado por ley del trámite de la extradición, la potestad de establecer la concurrencia de todos los requisitos para determinar la procedencia de la misma. Esta potestad se limita a verificar si el Estado requirente ha cumplido con los requisitos formales previstos en el Tratado de Extradición; a determinar si no existen causales de improcedencia; y, a establecer si concurre el mínimo de elementos probatorios mediante los cuales se pueda sustentar racionalmente la solicitud de extradición de mérito. Esta Corte se ha pronunciado ya en cuanto a que la esfera de la soberanía del Estado requirente, se limita a determinar la existencia de causa para enjuiciar al requerido, el cual, según el Artículo I del Tratado de Extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de América de 1909, basta con que adquiera la condición de acusado o convicto de cualquiera de los delitos especificados en el mismo. CONSIDERANDO: Que es menester recordar a los recurrentes que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no se lo ha previsto como un recurso de instancia que pueda dirigirse contra una resolución emanada de un órgano jurisdiccional con el objeto de obtener su enmienda. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO: Que al estar legitimado en este caso el Juez de Extradición designado por la Corte Suprema de Justicia, para decretar la privación de libertad de los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, se puede afirmar que la misma ha emanado de autoridad competente, estando los motivos de ésta, ligados a la supuesta comisión de delitos relacionados con el tráfico de narcóticos en los Estados Unidos de América, país en el que enfrentan proceso penal ya iniciado y en virtud del cual se ha girado orden de arresto en su contra. Todo lo cual ha sido debidamente acreditado en el procedimiento de extradición que ha sido tramitado al efecto, siguiendo las formalidades legales del caso, encontrándose los delitos antes apuntados previstos en el Artículo I de la Convención Adicional de Extradición suscrita entre la República de Honduras y los Estados Unidos de América de 1927, adicional al Tratado de Extradición celebrado en el año de 1909 entre los mismos Estados. En tal virtud, esta Sala no advierte de lo actuado y establecido en el trámite de la presente acción de habeas corpus, que los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA se encuentren o hayan sido ilegalmente privados de su libertad como han pretendido hacerlo ver los recurrentes y tampoco se ha logrado establecer que en su detención legal hayan sido objeto de vejámenes, tormentos, torturas, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; aspectos éstos valorados por el Juez Ejecutor in situ, al entrevistarse con los supuestos agraviados. CONSIDERANDO: Que al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38[3] de ese mismo cuerpo normativo, declarar SIN LUGAR el recurso de exhibición personal de mérito. CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 25 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la sustanciación de la acción de Habeas Corpus se hará sin pérdida de tiempo y se adoptarán sin tardanza las medidas necesarias para la averiguación del caso; en el presente recurso se aprecia que el Juez Ejecutor no rindió su informe en un plazo prudencial, desacatando con ello lo dispuesto en la citada Ley, por lo que esta Sala estima procedente hacer un LLAMADO DE ATENCION al Abogado JULIO CESAR RAMÓN RAMÍREZ BRACAMONTE, en su condición de Juez Ejecutor nombrado por esta Sala, para que en el futuro proceda a cumplir con las responsabilidades inherentes a su cargo con la celeridad debida en las acciones de Habeas Corpus o Exhibición Personal."
Legislación citada
- Convenio de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo de dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por los abogados OMAR ENRIQUE DUBÓN URBIZO, LUIS OCTAVIO DUBÓN URBIZO Y CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA a favor de los señores JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, contra las actuaciones del MAGISTRADO VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, en su condición de Juez de Extradición designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por considerar los recurrentes que sus representados se encontraban ilegalmente detenidos, en virtud de haberse vencido el término de quince (15) días de arresto preventivo ordenados por el Juez de Extradición de Primera Instancia, para que los agraviados fuesen trasladados hacia los Estados Unidos de Norteamérica; con relación a la causa instruida contra de los señores JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, a quines se les ha iniciado proceso de extradición en base a una nota verbal presentada el día diecisiete de junio de dos mil catorce bajo número 0360/2014 y 0364/2014, dicho proceso estuvo bajo conocimiento del Juez de Extradición. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, comparecieron ante este Alto Tribunal, los abogados OMAR ENRIQUE DUBÓN URBIZO, LUÍS OCTAVIO DUBÓN URBIZO y CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, interponiendo Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los señores JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, contra las actuaciones del MAGISTRADO VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, en su condición de Juez de Extradición designada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por considerar que en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, la autoridad cuestionada emitió resolución mediante la cual ordenó el arresto preventivo de los quejosos hasta por quince días hábiles posteriores a la firmeza de dicha resolución, venciendo los mismos en día veinte de enero de dos mil quince, por lo que consideran que sus representados se encuentran siendo objeto de una detención ilegal. 2) Que en fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, esta Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, admitió el presente Recurso de Exhibición Personal y nombró como Juez Ejecutor al abogado JULIO CESAR RAMÓN RAMÍREZ BRACAMONTE, a fin de que rindiera un informe detallado de los hechos alegados por los recurrentes. 3) Que el abogado JULIO CESAR RAMÓN RAMÍREZ BRACAMONTE, en su condición indicada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, consignando entre otros extremos lo siguiente: Que en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, se personó en las instalaciones del el Primer Batallón de Infantería, ubicado en las Tapias Mateo, departamento de Francisco Morazán, en donde le fue exhibido el ciudadano JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE, detenido para su extradición, quien le expresó que solicitaba que se cumpliera la Ley y los dejen en libertad, ya que el plazo ya se venció, manifestándole incomodidad en el horario de visita, así como en la alimentación que le proporcionan; posteriormente se trasladó a las instalaciones que ocupa el Comando de Operaciones Especiales para entrevistar a la ciudadana MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, quien le manifestó que nunca le presentaron una orden de captura y que el tiempo que establece la Ley ya se había cumplido, expresando también que sentía que se le restringían las visitas que le hacían sus abogados. En fecha veintitrés de enero de dos mil quince, el Juez Ejecutor tuvo a la vista el informe sobre el trámite del expediente identificado bajo el número 360/364-2014, en el que constató que en fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, se dictó resolución definitiva mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos de América al Estado de Honduras, ordenó la extradición de los hondureños MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA Y JOSE INOCENTE VALLE VALLE, para que sean juzgados en el Distrito de Virginia, de los Estados Unidos de América y además ordenó mantener el arresto preventivo hasta por quince días hábiles después de quedar firme la resolución de extradición para efectos de su ejecución, presentando los abogados de los supuestos ofendidos, un recurso de apelación en contra de la cuestionada resolución, el cual fue resuelto por el Pleno de esta Corte en fecha tres de diciembre del dos mil catorce, siendo notificada en los días cinco y seis de enero de dos mil quince a los apoderados legales de los agraviados. El Juez Ejecutor concluye su informe manifestando que el arresto preventivo decretado contra JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, está dentro del marco de las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales de Extradición, además que éstos no han sufrido ni están sufriendo actualmente algún tipo de maltrato o vejámenes en los centros de detención preventivos. Por todo lo anterior el Juez ejecutor DECLARÓ LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL, a favor de los señores MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA Y JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE. CONSIDERANDO: Que las alegaciones de los recurrentes se centran en el hecho que sus representados se encontraban ilegalmente detenidos, en virtud de haberse vencido el término de quince (15) días de arresto preventivo ordenados por el Juez de Extradición de Primera Instancia. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que los recurrentes hacen referencia a que el término de quince días hábiles de arresto preventivo señalados por el Juez de Extradición resulta improcedente, puesto que en la parte final del numeral octavo del Auto Acordado emitido por esta Corte Suprema de Justicia, se establece que para el procedimiento señalado en dicho Auto Acordado todos los días y horas son hábiles, por lo tanto el Juez de Extradición no debió diferenciar entre días hábiles e inhábiles y al momento de interponer el presente recurso de Habeas Corpus, ya se habían cumplido los quince días calendarios que asumen los recurrentes debió computarse así para el arresto preventivo dictado. Al respecto de este reclamo, si bien el mismo parte de un análisis muy razonable hecho por los recurrentes, esta Sala observa empero, que los recurrentes no hicieron ninguna objeción ante el Juez de Extradición al momento en el que se impuso el término discutido e inclusive no hicieron mención alguna del mismo en el recurso de apelación que fue planteado posteriormente por éstos ante el Tribunal de Alzada que fue conformado para conocer de la impugnación que se hizo. Adicionalmente, es un hecho notorio que la extradición de los señores MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA Y JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE es un hecho consumado de modo irreparable a este momento, al tenerse conocimiento que los mismos fueron puestos a la orden ya del Estado requirente. CONSIDERANDO: Que este Tribunal observa que el Juez de Extradición, en uso de las facultades que ostenta, consideró que el término de los quince días hábiles para el traslado de los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, resultaba oportuno para que el Estado requirente designara el o las personas a las que se le haría la formal entrega de los ciudadanos procesados, apreciándose que la resolución de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, fue notificada a los apoderados legales de los procesados en fechas cinco y seis de enero de dos mil quince, por lo que el plazo de quince días fue contado a partir del siete de enero de dos mil quince, venciendo el mismo en fecha veintisiete de enero de dos mil quince, advirtiéndose que los procesados fueron extraditados en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, es decir dentro del término que fue establecido por el Juez de Extradición. CONSIDERANDO: Que con respecto al proceso de extradición, esta Corte Suprema de Justicia ha dejado establecido en forma reiterada[1], que el mismo se configura como un procedimiento de segundo grado y que por ende, al Juez o Tribunal que le corresponde su conocimiento y resolución compete verificar si la demanda presentada por el Estado requirente cumple con los requisitos previstos en el tratado que la da origen, no correspondiéndole en forma alguna pronunciar juicio concluyente de culpabilidad, bastándole la existencia de indicios de criminalidad recogidos de las documentación que se ha hecho llegar al trámite, siendo por ende la función precisa de éste, pronunciarse sobre la procedencia de acceder o no a la extradición solicitada. CONSIDERANDO: Que asimismo este Supremo Tribunal ha dejado sentado que la extradición supone a su vez, un reconocimiento de la extraterritorialidad de la Ley de un Estado en el ejercicio legítimo de su potestad punitiva (ius puniendo) en virtud de un tratado, que forma parte del derecho interno por disposición constitucional[2] y es en virtud de dicho instrumento que se delega al Estado requerido y por ende al funcionario encargado por ley del trámite de la extradición, la potestad de establecer la concurrencia de todos los requisitos para determinar la procedencia de la misma. Esta potestad se limita a verificar si el Estado requirente ha cumplido con los requisitos formales previstos en el Tratado de Extradición; a determinar si no existen causales de improcedencia; y, a establecer si concurre el mínimo de elementos probatorios mediante los cuales se pueda sustentar racionalmente la solicitud de extradición de mérito. Esta Corte se ha pronunciado ya en cuanto a que la esfera de la soberanía del Estado requirente, se limita a determinar la existencia de causa para enjuiciar al requerido, el cual, según el Artículo I del Tratado de Extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de América de 1909, basta con que adquiera la condición de acusado o convicto de cualquiera de los delitos especificados en el mismo. CONSIDERANDO: Que es menester recordar a los recurrentes que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no se lo ha previsto como un recurso de instancia que pueda dirigirse contra una resolución emanada de un órgano jurisdiccional con el objeto de obtener su enmienda. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO: Que al estar legitimado en este caso el Juez de Extradición designado por la Corte Suprema de Justicia, para decretar la privación de libertad de los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, se puede afirmar que la misma ha emanado de autoridad competente, estando los motivos de ésta, ligados a la supuesta comisión de delitos relacionados con el tráfico de narcóticos en los Estados Unidos de América, país en el que enfrentan proceso penal ya iniciado y en virtud del cual se ha girado orden de arresto en su contra. Todo lo cual ha sido debidamente acreditado en el procedimiento de extradición que ha sido tramitado al efecto, siguiendo las formalidades legales del caso, encontrándose los delitos antes apuntados previstos en el Artículo I de la Convención Adicional de Extradición suscrita entre la República de Honduras y los Estados Unidos de América de 1927, adicional al Tratado de Extradición celebrado en el año de 1909 entre los mismos Estados. En tal virtud, esta Sala no advierte de lo actuado y establecido en el trámite de la presente acción de habeas corpus, que los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE Y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA se encuentren o hayan sido ilegalmente privados de su libertad como han pretendido hacerlo ver los recurrentes y tampoco se ha logrado establecer que en su detención legal hayan sido objeto de vejámenes, tormentos, torturas, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; aspectos éstos valorados por el Juez Ejecutor in situ, al entrevistarse con los supuestos agraviados. CONSIDERANDO: Que al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38[3] de ese mismo cuerpo normativo, declarar SIN LUGAR el recurso de exhibición personal de mérito. CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 25 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la sustanciación de la acción de Habeas Corpus se hará sin pérdida de tiempo y se adoptarán sin tardanza las medidas necesarias para la averiguación del caso; en el presente recurso se aprecia que el Juez Ejecutor no rindió su informe en un plazo prudencial, desacatando con ello lo dispuesto en la citada Ley, por lo que esta Sala estima procedente hacer un LLAMADO DE ATENCION al Abogado JULIO CESAR RAMÓN RAMÍREZ BRACAMONTE, en su condición de Juez Ejecutor nombrado por esta Sala, para que en el futuro proceda a cumplir con las responsabilidades inherentes a su cargo con la celeridad debida en las acciones de Habeas Corpus o Exhibición Personal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por los abogados OMAR ENRIQUE DUBÓN URBIZO, LUIS OCTAVIO DUBÓN URBIZO Y CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA a favor de los señores JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, contra las actuaciones del MAGISTRADO VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, en su condición de Juez de Extradición designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, al no haberse constatado las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2) Hacer un LLAMADO DE ATENCION al Abogado JULIO CESAR RAMÓN RAMÍREZ BRACAMONTE, en su condición de Juez Ejecutor nombrado por esta Sala, para que en el futuro proceda a cumplir con las responsabilidades inherentes a su cargo con la celeridad debida en las acciones de Habeas Corpus o Exhibición Personal, debiendo la Secretaría del Despacho informar lo aquí resuelto a la Dirección Nacional de Defensa Pública, para los efectos legales consiguientes. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de exhibición personal registrado en este Tribunal con el número 0036-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] CSJ. Fallo de fecha 14 de diciembre de 2011 recaído en la solicitud de extradición promovida contra el señor MARIO PONCE RODRÍGUEZ por parte del gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
[2] Artículo 16 Constitucional. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.
[3] ARTÍCULO 38.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.