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Sentencia EP-357-15 — Registro 4898

Resumen

Recurso de merito interpuesto por familiares de privado de libertad,trasladado al Batallón de Infanteria Aerotransportado Tactico Especial,por orden de autoridad competente(Instituto Nacional Penitenciario)por razones de reclasificación y hacinamiento en el centro penal en que cumplia la pena de reclusión por los delitos de Homicido y Robo,invocando Violación a la seguridad e integridad personal del mismo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra, contrario a lo que arguye la recurrente, que no se ha determinado la constatación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual del agraviado, por lo que no se ha demostrado en la tramitación de este recurso, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo cual procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar sin lugar el recurso interpuesto. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, si se ha logrado establecer en el presente trámite que el centro en donde se encuentra recluido el afectado, presenta deficiencias que podrían comprometer la salud del mismo, por lo que resulta necesario que esta Sala ordene lo pertinente para salvaguardar los derechos que en este respecto asisten al referido agraviado y así debe ser dispuesto y ordenado por esta Sala."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil quince. VISTO: El recurso de exhibición personal interpuesto la señora CINTHIA LIZETH SIERRA, a favor de su hermano GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIERIA NACIONAL “Dr. MARCO A. SOTO” ubicada en Támara, Francisco Morazán, señor GUILLERMO EDUARDO SANDOVAL AGUILAR, manifestando la peticionaria que su hermano ingresó a dicha PENITENCIERIA NACIONAL, el 19 de marzo del 2006, conforme al expediente Número 153-2010, del Juzgado de Ejecución, y fue trasladado al SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO, por razones desconocidas, donde es sometido a una serie de violaciones como ser: coacciones, restricciones y molestias innecesarias; que las visitas son únicamente por 5 minutos, durante los cuales no se permite acercarse al agraviado a más de tres metros sea con su Apoderado o con su familia, permaneciendo durante la visita a una distancia de un metro elementos militares encapuchados que escuchan la conversación entre el agraviado y su abogado o familia, que al presentarse la esposa, madre, hermanas, hijos del afectado solo permiten el ingreso de una persona, asimismo señala que en días de visita llegan a 7am y los militares realizan protocolos que se extienden hasta las 3pm que se permite la visita, y que al denunciar ante derechos humanos tales circunstancias, toman represalias contra los internos y les dicen que esas restricciones se deben a la denuncia interpuesta, asimismo relaciona la peticionaria que el agraviado tiene una infección en su rodilla derecha desde hace mas de un mes, la cual requiere una cirugía, producto de la cual sufre de calenturas, dice además que su hermano no puede valer por si mismo ya que para las visitas los militares lo sacan en brazos, relatando que según los militares el Médico del Centro Penal lo visita, sin embargo la infección no se sana, sino que empeora, y es del parecer la denunciante, que no está en su sano juicio, por lo que solicita la inmediata presencia de la autoridad judicial para que presencie in fraganti las irregularidades que se realizan en el ya referido Batallón y así prevenir que su hermano pierda la pierna derecha, pues manifiesta que al encontrarse bajo la responsabilidad del Estado de Honduras, cualquier complicación o negligencia en perjuicio del afectado, el Estado responderá a una demanda de indemnización de daños y perjuicios por daño irreparable. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO: Que en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil quince, este Tribunal admitió el recurso de exhibición personal interpuesto, designando como Jueza Ejecutora a la Abogada DINABEL LÓPEZ DURÓN, Defensora Pública de este Departamento, a efecto de que procediera a requerir a la autoridad denunciada a que rinda el informe pertinente, verificar la veracidad de los hechos alegados por la recurrente, constatar el estado físico del supuesto agraviado y de decretar de ser preciso todas las medidas necesarias para mantener la integridad del mismo y cumplir con los deberes inherentes a su mandato. CONSIDERANDO: Que de lo realizado por la Abogada DINABEL LÓPEZ DURÓN, según se desprende del informe que ha presentado a esta Sala en fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, se constata: A) que la Jueza Ejecutora se hizo presente en las instalaciones de la DIRECCIÓN DE LA PENITENCIERIA NACIONAL “DR. MARCO AURELIO SOTO”, a requerir al Director de dicho Centro Teniente Coronel GUILLERMO EDUARDO SANDOVAL, en su condición indicada, para que informe sobre los extremos expuestos en el presente recurso de exhibición personal a favor del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, indicando dicho Director en su respectivo informe que el agraviado, está cumpliendo una pena de diecisiete (17) años de reclusión por los delitos de HOMICIDIO y ROBO, en perjuicio de JOSUE ISMAEL ESPINAL ZUNIGA, y su traslado se debe a la Resolución No.47 del Instituto Nacional Penitenciario, de fecha en la que se ordenó la reclasificación y traslado al SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO TÁCTICO ESPECIAL, en la que motiva dicha decisión por el hacinamiento en dicho centro penitenciario; B) Seguidamente la Jueza Ejecutora se trasladó a al SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRASPORTADO TÁCTICO ESPECIAL, donde se entrevistó y tuvo a la vista al agraviado, quien le manifestó que tiene una habitación asignada a su persona, donde hay servicio y baño, señala que se encuentra bien, que la visita de su familia, la comida han mejorado, que recibe atención médica del Hospital de la Penitenciería Nacional, sin embargo indica que tiene meniscos en la rodilla, por lo que le dan pastillas para mermar el dolor pero relaciona que necesita operación, concluyendo en que no ha sido objeto de malos tratos, tortura o vejámenes; C) En el mismo lugar indica la Jueza Ejecutora, que se entrevistó con el Médico del Hospital de la Penitenciería Nacional, Dr. JUAN ANGEL LUPIAC, referente a la situación de salud del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, quien confirmó que éste necesitaba operación en su rodilla debido a un caso de meniscos y que el inconveniente se debía a que la cita con el especialista se había perdido, así como que en los Hospitales no hay implementos para las cirugías, por lo que indica que los familiares deben ayudar en estos casos, para que la operación se realice de forma pronta, pues como Médico general solo puede darle analgésicos paliativos para el dolor; D) En mismo lugar refiere la Jueza Ejecutora requirió al Mayor JOSÉ ACUÑA, en su condición de segundo al mando de dicho Batallón, quien en su respectivo informe explicó que existe un horario de visitas para los apoderados legales y otro para los familiares, que el ingreso de estos depende de la autorización de los privados de libertad, quienes por medio de un listado que hace el jefe de custodios señalan quienes quieren que los visiten; E) Que en base a la información recabada por la funcionaria asignada como Jueza Ejecutora, ésta es del parecer porque se declarara no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus de merito al no enmarcarse los hechos manifestados por la peticionaria en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, haciendo la recomendación de que el interno sea llevado con el especialista correspondiente, por el problema de rodilla que presenta. CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. CONSIDERANDO: Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, asimismo contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en el artículo 68 estipula que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. CONSIDERANDO: Que en los establecimientos penitenciarios se velará por la salud física y mental de los reclusos. Así, el médico encargado deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención[1]. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra, contrario a lo que arguye la recurrente, que no se ha determinado la constatación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual del agraviado, por lo que no se ha demostrado en la tramitación de este recurso, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo cual procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar sin lugar el recurso interpuesto. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, si se ha logrado establecer en el presente trámite que el centro en donde se encuentra recluido el afectado, presenta deficiencias que podrían comprometer la salud del mismo, por lo que resulta necesario que esta Sala ordene lo pertinente para salvaguardar los derechos que en este respecto asisten al referido agraviado y así debe ser dispuesto y ordenado por esta Sala. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del que se ha hecho mérito, interpuesto por la señora CINTHIA LIZETH SIERRA, a favor de su hermano GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIERIA NACIONAL “Dr. MARCO A. SOTO” ubicada en Támara, Francisco Morazán, señor GUILLERMO EDUARDO SANDOVAL AGUILAR, por las razones expuestas y estipuladas en este fallo; 2) ORDENAR QUE SE ADOPTEN TODAS LA MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD FÍSICA del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, adecuando y mejorando las condiciones de su lugar de reclusión para ese propósito, permitiéndole recibir la atención necesaria para el tratamiento de su enfermedad y el cuidado necesario para su salud general; 3) Que es imperativo asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad por cuanto se ordena a la autoridad recurrida que de forma inmediata tome las medidas necesarias para conservar el respeto de la dignidad personal de los privados de libertad que se encuentran en las instalaciones del SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO, cumpliendo con la observancia de los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales, y suplir los medicamentos y servicio médicos que en el caso particular del agraviado necesite para resguardar su salud; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y Para ser enviada al DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “DR. MARCO AURELIO SOTO”, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número 0357-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Regla 25.1) de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.