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Sentencia EP-1337-14 — Registro 4900

Resumen

Acción de Exhibición Personal interpuesto en relación al proceso de extradición iniciado mediante nota verbal No. 360/364-2014,formal petición del gobierno de los Estados Unidos de América contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se ha logrado constatar por parte del Juez Ejecutor designado en el presente trámite de habeas corpus, esta Sala advierte que la privación de la libertad de la que ha sido objeto la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, como ya lo ha establecido la Sala también en forma previa, ha sido dispuesta por la Policía Nacional Preventiva en el ejercicio de sus atribuciones legales y el procedimiento de extradición que ha sido iniciado y por el cual se le ha mantenido a la misma privada de su libertad, ha sido dispuesta por un Juez de Extradición designado por la Corte Suprema de Justicia, a razón de una solicitud de extradición prevista y establecida en un Tratado de Extradición que forma parte de nuestro derecho interno; trámite instado con ocasión de la existencia de acusaciones formales presentadas ante un órgano jurisdiccional de los Estados Unidos de América, por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con actos concernientes a la distribución de cocaína en ese país, mismos que le son incoados a los señores arriba indicados, por parte del Estado requirente y contra los cuales se han emitido, en forma previa, órdenes de arresto por parte de la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la documentación que fuera presentada ante el Juez de Extradición designado y que se describe en su resolución de fecha dos de octubre de dos mil catorce, misma que es conocida ya por esta Sala. CONSIDERANDO: Que es menester recordar nuevamente al recurrente que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no se lo ha previsto como un recurso de instancia que pueda dirigirse contra una resolución emanada de un órgano jurisdiccional con el objeto de obtener su enmienda. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO: Que al estar legitimado en este caso el Juez de Extradición designado por la Corte Suprema de Justicia para decretar la privación de libertad de la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, se puede afirmar que la misma ha emanado de autoridad competente, estando los motivos de ésta, ligados a la supuesta comisión de delitos relacionados con el tráfico de narcóticos en los Estados Unidos de América, país en el que enfrenta proceso penal ya iniciado y en virtud del cual se ha girado orden de arresto en su contra. Todo lo cual ha sido debidamente acreditado en el procedimiento de extradición que ha sido tramitado al efecto, siguiendo las formalidades legales del caso, encontrándose los delitos antes apuntados previstos en el Artículo I de la Convención Adicional de Extradición suscrita entre la República de Honduras y los Estados Unidos de América de 1927, adicional al Tratado de Extradición celebrado en el año de 1909 entre los mismos Estados. En tal virtud, esta Sala no advierte de lo actuado y establecido en el trámite de la presente acción de habeas corpus, que la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA se encuentre o haya sido ilegalmente privada de su libertad como ha pretendido hacerlo ver el recurrente y tampoco se ha logrado establecer que en su detención legal hayan sido objeto de vejámenes, tormentos, torturas, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; aspectos éstos valorados por el Juez Ejecutor in situ, al entrevistarse con la supuesta agraviada en las instalaciones del Centro de Reclusión ubicado en el Primer Batallón de Infantería sito en la aldea de El Ocotal de este Distrito Central y en el Escuadrón COBRAS del Barrio El Rincón, mismos que han sido establecidos para tal efecto por autorización del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario. CONSIDERANDO: Que al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38[3] de ese mismo cuerpo normativo, declarar SIN LUGAR el recurso de exhibición personal de mérito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero de dos mil quince. VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA a favor de la Señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA contra actuaciones del MAGISTRADO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA en su condición de Juez Natural de Extradición de designado por la Corte Suprema de Justicia, en relación al proceso de extradición iniciado mediante NOTA VERBAL No. 360/364-2014, presentada el día dos de octubre de dos mil catorce, que se encuentra bajo conocimiento del Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA interponiendo Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de la Señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA contra actuaciones del MAGISTRADO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA en su condición de Juez Natural de Extradición de designado por la Corte Suprema de Justicia, alegando el recurrente que su representada la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA fue privada de su libertad de manera ilegal el día dos de octubre de dos catorce, y que posteriormente en ese mismo día se emitió la orden de detención, lo cual confirmaba la detención ilegal de su representada, manifiesta además el peticionario que el día tres de diciembre ya se encontraba vencido el plazo máximo de la prisión preventiva señalado el Artículo XII del Convenio de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, a efecto de que el estado requirente presentara la Prueba Legal que acreditara la participación de su representada en los delitos por los que se le acusa en los Estados Unidos, sin que la misma haya sido presentada en tiempo y en el momento procesal oportuno; en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, se celebró la Audiencia de Proposición y Evacuación de Pruebas correspondiente al proceso, procediendo el Juez de Extradición Ad-Hoc a pronunciar su resolución en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, por lo que el día dieciocho de noviembre de dos mil catorce presentó el recurso de apelación contra la referida resolución, siendo remitidas las diligencias el diecinueve de noviembre al pleno de la Corte Suprema de Justicia, personándose el día veinte de noviembre de dos mil catorce, por lo cual considera el peticionario que la detención de su representada era ilegal y arbitraria ya que el plazo que fuera concedido al Honorable Pleno de la Corte Suprema era ya vencido para resolver el recurso de apelación interpuesto. 2) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado en el inciso anterior, designando como Juez Ejecutor al Abogado MARIO REINIERY AMADOR, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a fin de rendir un informe detallado de los hechos alegados por el recurrente. 3) Que el Abogado MARIO REINIERY AMADOR ESPINAL, en su condición indicada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha diez de diciembre de dos mil catorce, consignando entre otros extremos lo siguiente: 1. Que solicitó a la Secretaria actuante de Primera Instancia Abogada Lesly Jackeline Chavarría, que rindiera un informe sobre lo actuado en el trámite de extradición, quien informó sobre la existencia del expediente de extradición contra la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA en donde el Juez de Extradición dictó sentencia el trece de noviembre de dos mil catorce, la cual fue impugnada por los Abogados defensores, razón por la cual el expediente fue remitido a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que el pleno resolviera el recurso de apelación. 2. Que el nueve de diciembre de dos mil catorce, el Juez Ejecutor compareció en las instalaciones del Comando de Operaciones (COBRAS) de la Policía Nacional, en donde entrevistó a la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, quien le manifestó que de parte de dichas autoridades recibió trato respetuoso, proporcionándole sus alimentos y que no tuvo problemas para recibir visitas de sus familiares y de su Abogado, no mostrando señales de malos tratos. 3. Que en esa misma fecha tuvo a la vista el expediente identificado como EXTRADICIÓN NOTA VERBAL NO. 360/364, pudiendo constatar el Juez ejecutor entre otros lo siguiente: a) que existe un procedimiento de extradición iniciado por formal petición del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la Señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, encontrándose acta de audiencia de fecha tres de octubre de dos mil catorce, en la que el Juez de Extradición decretó arresto preventivo contra MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, señalando audiencia para el tres de noviembre de dos mil catorce, para que las partes propusieran y evacuaran pruebas. b) Que Acta de Audiencia de Proposición de Prueba de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, se resolvió mantener el arresto preventivo de MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA. c) En resolución definitiva de fecha trece de noviembre el Juez de Extradición resolvió DECLARAR CON LUGAR la solicitud de extradición, y no conformes con el mismo los defensores privados oportunamente presentaron recursos de apelación, siendo remitidas las actuaciones a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. d) En fecha tres de diciembre de dos mil catorce, los defensores de la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, presentaron un escrito mediante el cual solicitan la inmediata libertad de su representada por considerar que se vencieron los plazos para resolver el recurso de apelación. e) Que mediante Oficio No. 1957-SCSJ-2014 de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, se les hace saber a los Magistrados MARCO VINICIO ZÚNIGA Y GERMAN VICENTE GARCÍA lo dispuesto en la sesión celebrada el tres diciembre de dos mil catorce, en las que se les designan para que redacten el fallo final del recurso apelación y que según el mismo oficio fue DECLARADO SIN LUGAR. 3. Que de la revisión del expediente el Juez Ejecutor, éste pudo constatar dentro de las actuaciones realizadas, que el arresto preventivo decretado en contra de la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, está dentro del marco de las atribuciones de los órganos jurisdiccionales de extradición y la misma no fue objeto de algún tipo de maltrato o vejamen en el centro de detención, por lo tanto el Juez Ejecutor resolvió declarar LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesta. (Folios siete (07) al nueve (09) de los antecedentes). CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO: Que las alegaciones del recurrente se centran en los siguientes puntos: 1) La señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, fue privada de su libertad en forma ilegal el día dos (2) de octubre de dos mil catorce y posteriormente ese mismo día fue emitida la correspondiente orden de detención, con lo que se implica que fue detenida antes de ser ordenada tal detención; 2) El día tres (3) de diciembre del presente año se venció el plazo máximo de prisión preventiva establecido en el Artículo XII de la Convención de Extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de América; y, 3) El plazo para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA se encontraba ya vencido. CONSIDERANDO: Que sobre el punto primero de las alegaciones del recurrente, esta Sala de lo Constitucional ya se pronunció sobre la legalidad de la detención sufrida en dos (2) de octubre por parte de la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, en la sentencia dictada en el recurso de exhibición personal con número de registro 1210-14, presentado a favor de la referida señora y del señor JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE. En el referido fallo esta Sala estableció que a los mencionados encausados se les hizo lectura de derechos al momento de su detención, consignándose como hora de la misma en acta, las once de la mañana, según se desprendía de la documentación que fue agregada al trámite, observando la Sala en esa oportunidad, que en ambas actas de lectura de derechos levantada al efecto por la autoridad competente, calzó la firma de los señores JOSE INOCENTE VALLE VALLE y MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, estableciéndose en la misma, que el motivo de la detención era por suponerlos responsables del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que la Sala concluyó en esa oportunidad, que es una facultad legal de la Policía Nacional Preventiva aprehender y mantener privada de su libertad a una persona flagrante durante 24 horas, cuando exista apariencia de haberse cometido un acto delictivo, entretanto se define su situación legal por parte del Ministerio Público; no advirtiendo esta Sala en ese momento, motivos para haber estimado la existencia de una detención ilegal en perjuicio de los encartados, quienes como ya se dijo, fueron detenidos por la autoridad a razón de presumirles responsables en su momento por el supuesto delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, lo cual quedó reflejado en el acta de lectura de derechos referida, respetándose el término establecido por la ley, siendo remitidos al Juez competente, en este caso el Juez de Extradición de Primera Instancia, al constatarse el inicio del procedimiento de extradición de mérito. CONSIDERANDO: Que sobre el segundo punto de las alegaciones del impetrante, en cuanto al vencimiento del plazo establecido en el Artículo XII del Tratado de Extradición que nos ocupa, esta Sala observa claramente que se dictó resolución por parte del Juez de Extradición de Primera Instancia en fecha trece (13) de noviembre de dos mil catorce, en la cual se determinó declarar con lugar la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos de América al Estado de Honduras en el marco del Tratado de Extradición Bilateral firmado por ambos Estados; en la misma, el Juez estableció que en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, se celebró audiencia de prueba en donde se reprodujo el fajo de documentación que sustentaba la solicitud del Estado requirente, apreciándose entonces que la prueba fue conocida por el Juez de Extradición de Primera Instancia dentro de los términos establecidos en el tratado de mérito. CONSIDERANDO: Que el punto tercero expuesto por el recurrente, no guarda relación alguna con el objeto del presente recurso de habeas corpus, cual es, como ya lo ha señalado esta Sala en reiteradas decisiones, hacer valer los derechos del que se considera agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación a sus derechos individuales, por tanto, no se lo ha previsto como un recurso de instancia que pueda dirigirse contra una resolución emanada de un órgano jurisdiccional con el objeto de obtener su enmienda. CONSIDERANDO: Que con respecto al proceso de extradición, esta Corte Suprema de Justicia ha dejado establecido en forma reiterada[1], que el mismo se configura como un procedimiento de segundo grado y que por ende, al Juez o Tribunal que le corresponde su conocimiento y resolución compete verificar si la demanda presentada por el Estado requirente cumple con los requisitos previstos en el tratado que la da origen, no correspondiéndole en forma alguna pronunciar juicio concluyente de culpabilidad, bastándole la existencia de indicios de criminalidad recogidos de la documentación que se ha hecho llegar al trámite, siendo por ende la función precisa de éste, pronunciarse sobre la procedencia de acceder o no a la extradición solicitada. CONSIDERANDO: Que asimismo este Supremo Tribunal ha dejado sentado que la extradición supone a su vez, un reconocimiento de la extraterritorialidad de la Ley de un Estado en el ejercicio legítimo de su potestad punitiva (ius puniendo) en virtud de un tratado, que forma parte del derecho interno por disposición constitucional[2] y es en virtud de dicho instrumento que se delega al Estado requerido y por ende al funcionario encargado por ley del trámite de la extradición, la potestad de establecer la concurrencia de todos los requisitos para determinar la procedencia de la misma. Esta potestad se limita a verificar si el Estado requirente ha cumplido con los requisitos formales previstos en el Tratado de Extradición; a determinar si no existen causales de improcedencia; y, a establecer si concurre el mínimo de elementos probatorios mediante los cuales se pueda sustentar racionalmente la solicitud de extradición de mérito. Esta Corte se ha pronunciado ya en cuanto a que la esfera de la soberanía del Estado requirente, se limita a determinar la existencia de causa para enjuiciar al requerido, el cual, según el Artículo I del Tratado de Extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de América de 1909, basta con que adquiera la condición de acusado o convicto de cualquiera de los delitos especificados en el mismo. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se ha logrado constatar por parte del Juez Ejecutor designado en el presente trámite de habeas corpus, esta Sala advierte que la privación de la libertad de la que ha sido objeto la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, como ya lo ha establecido la Sala también en forma previa, ha sido dispuesta por la Policía Nacional Preventiva en el ejercicio de sus atribuciones legales y el procedimiento de extradición que ha sido iniciado y por el cual se le ha mantenido a la misma privada de su libertad, ha sido dispuesta por un Juez de Extradición designado por la Corte Suprema de Justicia, a razón de una solicitud de extradición prevista y establecida en un Tratado de Extradición que forma parte de nuestro derecho interno; trámite instado con ocasión de la existencia de acusaciones formales presentadas ante un órgano jurisdiccional de los Estados Unidos de América, por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con actos concernientes a la distribución de cocaína en ese país, mismos que le son incoados a los señores arriba indicados, por parte del Estado requirente y contra los cuales se han emitido, en forma previa, órdenes de arresto por parte de la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la documentación que fuera presentada ante el Juez de Extradición designado y que se describe en su resolución de fecha dos de octubre de dos mil catorce, misma que es conocida ya por esta Sala. CONSIDERANDO: Que es menester recordar nuevamente al recurrente que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no se lo ha previsto como un recurso de instancia que pueda dirigirse contra una resolución emanada de un órgano jurisdiccional con el objeto de obtener su enmienda. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO: Que al estar legitimado en este caso el Juez de Extradición designado por la Corte Suprema de Justicia para decretar la privación de libertad de la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA, se puede afirmar que la misma ha emanado de autoridad competente, estando los motivos de ésta, ligados a la supuesta comisión de delitos relacionados con el tráfico de narcóticos en los Estados Unidos de América, país en el que enfrenta proceso penal ya iniciado y en virtud del cual se ha girado orden de arresto en su contra. Todo lo cual ha sido debidamente acreditado en el procedimiento de extradición que ha sido tramitado al efecto, siguiendo las formalidades legales del caso, encontrándose los delitos antes apuntados previstos en el Artículo I de la Convención Adicional de Extradición suscrita entre la República de Honduras y los Estados Unidos de América de 1927, adicional al Tratado de Extradición celebrado en el año de 1909 entre los mismos Estados. En tal virtud, esta Sala no advierte de lo actuado y establecido en el trámite de la presente acción de habeas corpus, que la señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA se encuentre o haya sido ilegalmente privada de su libertad como ha pretendido hacerlo ver el recurrente y tampoco se ha logrado establecer que en su detención legal hayan sido objeto de vejámenes, tormentos, torturas, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; aspectos éstos valorados por el Juez Ejecutor in situ, al entrevistarse con la supuesta agraviada en las instalaciones del Centro de Reclusión ubicado en el Primer Batallón de Infantería sito en la aldea de El Ocotal de este Distrito Central y en el Escuadrón COBRAS del Barrio El Rincón, mismos que han sido establecidos para tal efecto por autorización del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario. CONSIDERANDO: Que al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38[3] de ese mismo cuerpo normativo, declarar SIN LUGAR el recurso de exhibición personal de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA a favor de la Señora MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA contra actuaciones del MAGISTRADO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA en su condición de Juez Natural de Extradición de designado por la Corte Suprema de Justicia, al no haberse constatado las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y a solicitud del Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, en su condición de Juez de Extradición Designado por la Corte Suprema de Justicia, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de la sentencia recaída en el recurso de exhibición personal registrado en este Tribunal con el número 1337-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] CSJ. Fallo de fecha 14 de diciembre de 2011 recaído en la solicitud de extradición promovida contra el señor MARIO PONCE RODRÍGUEZ por parte del gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

[2] Artículo 16 Constitucional. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.

[3] ARTÍCULO 38.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.