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Sentencia AP-990-12 — Registro 4894

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra la resolución que dictó auto de prisión en la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública ordenándo sobreseimiento definitivo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales...."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser decretar un sobreseimiento a favor del imputado, al considerar que no existe fundamento suficiente para decretar auto de prisión por el delito de abuso de autoridad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó Auto de Prisión en contra del imputado, con relación a la causa instruida contra el señor MARIO AUGUSTO PERAZA NOLASCO por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de mayo del año dos mil diez, el Abogado JOSÉ RENÉ ÁLVAREZ LÓPEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARIO AUGUSTO PERAZA NOLASCO por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, celebró Audiencia Inicial en fecha veintitrés de agosto del año dos mil diez, en la cual resolvió entre algunos de sus considerándos lo siguiente: “SEGUNDO: Decretar Auto de Prisión en contra del imputado MARIO AUGUSTO PERAZA, por suponerle responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en amparo legal del artículo 349 NO.2 del Código Penal.- TERCERO: Revocar la medida impuesta al imputado en audiencia de Declaración de Imputado, establecidas en el artículo 173 numeral 7 del Código Procesal Penal.-” (Folios noventa y cuatro (F-94) al noventa y siete (F-97) de la pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado JACOBO MEJIA OLIVERA en su condición de representante legal del señor AUGUSTO PERAZA NOLASCO, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JACOBO MEJIA OLIVERA defensor del procesado MARIO AUGUSTO PERAZA NOLASCO, contra el auto de fecha veintitrés de agosto del dos mil diez, emitido por el Juzgado de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial, por el Delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.- 2) REVOCAR EL AUTO DE PRISION debiendo el Juez dictar el correspondiente SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.” (Folios doce (F-12) al veintitrés (F-23) de la pieza de los antecedentes de segunda instancia). 4) Que la recurrente la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha seis de diciembre del año dos mil doce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés dicto Auto de Prisión en contra del imputado, con relación a la causa instruida contra el señor MARIO AUGUSTO PERAZA NOLASCO por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ considera que existe una vulneración a las garantías constitucionales estipuladas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que como siempre se señalo. Existió una resolución excesiva, ya que lejos de adoptar las medidas cautelares pertinentes, hubo una ejecución de un fallo que aun no era firme, en vista de haberse interpuesto un recurso por parte de la Procuraduría General de la República. Y el Tribunal recurrido en su resolución deja evidenciado, que el hecho no es susceptible de dictarse auto de prisión; y, justifica el sobreseimiento definitivo en atención al contenido de los Artículos 91 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 207 del Código de Procedimientos Comunes. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó Auto de Prisión en contra del imputado, con relación a la causa instruida contra el señor MARIO AUGUSTO PERAZA NOLASCO por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación; concluyendo que de la lectura de las diligencias investigativas que contiene el expediente presentado por el Ministerio Publico con el requerimiento; y, que se relaciona con el numeral segundo de la resolución impugnada; la acción realizada por el procesado, no se enmarca en la tercera hipótesis del numeral 2) del Artículo 349 del Código Penal; es decir el actuar de un modo prohibido por la ley, como lo establece el Ministerio Público en su requerimiento; ya que el procesado al dictar la sentencia interlocutoria en la que impone las medidas cautelares consistentes en revocar la alerta migratoria activa, que impide la salida y la entrada al país al señor Arnold Frederick Morris; y, autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores la extensión de sus documentos personales como lo es el Pasaporte y la Cedula de identidad, lo hizo en aplicación de los Artículos 91 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 207 del Código de Procedimientos Comunes; no apreciando ese Tribunal de Alzada dolo de querer dictar una sentencia contraria a la ley, como lo establece el tipo penal de Abuso de Autoridad; pues hizo una aplicación de las disposiciones que le facultaban a emitir la resolución por la cual se le acusó. Finaliza señalando que por lo anterior no existe fundamento suficiente para decretar auto de prisión por el delito de abuso de autoridad. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser decretar un sobreseimiento a favor del imputado, al considerar que no existe fundamento suficiente para decretar auto de prisión por el delito de abuso de autoridad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto de dos mil quince, certificación del fallo de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaído en el Recurso de Amparo Penal No. 990-2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL