Sentencia AP-914-13 — Registro 4739
Resumen
Resolución recurrida que confirma auto de prisión dictado en primera instancia contra imputado por suponerlo responsable del delito Posesión de Drogas y consumo de drogas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, que declara Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece; concluye que con los elementos de prueba aportados en el proceso, se ha acreditado la comisión del delito de Consumo de Drogas, así también se acreditó el indicio racional de la participación del imputado, en la comisión de dicho ilícito penal. Por lo que consideró que es procedente confirmar la resolución judicial impugnada por la Fiscalía. Sin embargo no se reparó que el consumo de droga, no es sancionado con penas de reclusión, sino con medidas de seguridad y multas conforme al contenido del articulo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico de Droga, por lo que no debió en audiencia preliminar dictarse un sobreseimiento definitivo, sino una declaratoria de reo y el proceso debe continuar su procedimiento normal, siendo proclive a una medida desjuicializadora en la etapa procesal, de igual manera cabe la medida de seguridad decretada, pero no la de multa, ya que esta ultima constituye una pena principal, por lo tanto, puede imponerse solo en el caso que hubiere sentencia definitiva condenatoria, pero no en esta etapa procesal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo que ocurre en esta oportunidad. CONSIDERANDO DIEZ(10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en que el proceso penal deberá desarrollarse tal como lo manda el Código Procesal Penal, cumpliéndose las etapas del mismo, donde se respeten las garantías tanto de la victima como el acusado, hasta que se tome la decisión ya sea aplicando un proceso alterno en el caso de autos o dictar sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria. CONSIDERANDO ONCE(11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE(12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, debiendo dictarse una declaratoria de reo, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, la cantidad de droga decomisada, es valorada para consumo inmediato conforme el dictamen de medicina forense, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. "
Legislación citada
- Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Agente Fiscal a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, que declara Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra JOSÉ NAHÚN RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que los derechos constitucionales que se estiman quebrantados están consagrados en los Artículos 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil trece, la Abogada DINA LORENA HERNANDEZ RAMOS, actuando en su condición de Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOSÉ NAHÚN RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Que adelantado que fue el proceso y una vez celebrada la audiencia Preliminar, el Juzgado referido en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, emitió resolución en la cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECRETANDO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en la presente causa instruida; a favor de JOSE NAHUN RODRIGUEZ GUEVARA de generales ya expresadas en el preámbulo de este Sobreseimiento por ser responsable de la figura de POSESIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: IMPONE al ciudadano JOSE NAHUN RODRIGUEZ GUEVARA, multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps 500.00), debiendo hacer efectivo en el Banco Central de Honduras a favor del Estado de Honduras Y EL INTERNAMIENTO HASTA POR (30) DIAS, DEBIENDO CUMPLIRLO EN LA SALA DE UNIDAD DE DESINTOXICACION ALCOHOLICA Y DROGADICION (UDA) DEL HOSPITAL DEL SUR,.- SEGUNDO: Revóquese la medida cautelar de Prisión Preventiva y Líbrese atento Oficio al Director del Centro Penal para su debida Notificación y Libertad inmediata… NOTIFIQUESE.” (Folios 36 al 39 de la primera pieza de antecedentes).3) Que en fecha veintidós de agosto del año dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANA ROSALIA RODRÍGUEZ, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución dictada en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, relacionada en el numeral que precede; la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle resolvió declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANA ROSALIA RODRÍGUEZ, en consecuencia Confirma la resolución recurrida. (Folios 04 al 08 de la segunda pieza de antecedentes).4) El recurrente abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintidós de agosto del año dos mil trece, quebranta los derechos constitucionales consagrados en los Artículos 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, y omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Agente Fiscal a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, que declara Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra JOSÉ NAHÚN RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Ministerio Publico señala que ha quedado evidenciado una serie de violaciones de los derechos del imputado que comenzaron en audiencia inicial al decretarse en su contra auto de prisión e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva. Por otro lado también queda de manifiesto que los operadores de justicia, Ministerio Publico, Defensa, Juez de Letras y Corte de Apelaciones, desconocen cual es la tramitación que se debe seguir en los casos en que se declara reo o imputado y la imposición de la medida de seguridad y la pena de multa señalada para el delito de consumo de drogas, esto llevo a que se le violentaran las garantías constitucionales que le asisten al imputado en la presente causa, lo que llevó a que se le impusieran medidas de seguridad y la pena de multa sin el juico previo, pues al no estar establecido un procedimiento especial hasta dictar sentencia definitiva se debe seguir el juico oral y publico o la aplicación de una medida desjudicializadora, como el procedimiento abreviado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, que declara Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece; concluye que con los elementos de prueba aportados en el proceso, se ha acreditado la comisión del delito de Consumo de Drogas, así también se acreditó el indicio racional de la participación del imputado, en la comisión de dicho ilícito penal. Por lo que consideró que es procedente confirmar la resolución judicial impugnada por la Fiscalía. Sin embargo no se reparó que el consumo de droga, no es sancionado con penas de reclusión, sino con medidas de seguridad y multas conforme al contenido del articulo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico de Droga, por lo que no debió en audiencia preliminar dictarse un sobreseimiento definitivo, sino una declaratoria de reo y el proceso debe continuar su procedimiento normal, siendo proclive a una medida desjuicializadora en la etapa procesal, de igual manera cabe la medida de seguridad decretada, pero no la de multa, ya que esta ultima constituye una pena principal, por lo tanto, puede imponerse solo en el caso que hubiere sentencia definitiva condenatoria, pero no en esta etapa procesal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo que ocurre en esta oportunidad. CONSIDERANDO DIEZ(10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en que el proceso penal deberá desarrollarse tal como lo manda el Código Procesal Penal, cumpliéndose las etapas del mismo, donde se respeten las garantías tanto de la victima como el acusado, hasta que se tome la decisión ya sea aplicando un proceso alterno en el caso de autos o dictar sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria. CONSIDERANDO ONCE(11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE(12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, debiendo dictarse una declaratoria de reo, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, la cantidad de droga decomisada, es valorada para consumo inmediato conforme el dictamen de medicina forense, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de fallo de fecha diez de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0914=13.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL