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Sentencia AP-872-13 — Registro 4891

Resumen

Sentencia declaró parcialmente recurso de apelación interpuesto por uno de los imputados contra resolución dictada por el juzgado de primera instancia que dictó auto de prisión en contra de varios imputados por suponerlos responsables del delito de robo de vehículo agravado en perjuicio de una víctima

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados, son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en realidad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio del dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, que declaró Con Lugar Parcialmente un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de fecha trece de marzo de dos mil trece, en donde el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés dicto Auto de Prisión en contra del imputado, con relación a la causa instruida contra el señor JAIRO VINICIO SÁNCHEZ AMAYA por suponerlos responsables del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL ORDÓÑEZ.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho de marzo del año dos mil trece, el abogado MARTIR AVILIO GARCIA CARDENAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JAIRO VINICIO SANCHEZ AMAYA, ALAN GEOVANY MATAMOROS HERNANDEZ y JUAN JOSE TAVORA ROSALES por suponerlos responsables de los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ LANZA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia Inicial en fecha trece de marzo del año dos mil trece, en la cual resolvió entre algunos de sus considerándoos lo siguiente: “1.- Decretar Auto de Prisión en contra de los señores JAIRO VINICIO SANCHEZ AMAYA, ALLAN GEOVANY MATAMOROS HERNANDEZ Y JUAN JOSE TABORA ROSALES por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio del señor MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ LANZA en base a lo dispuesto en el artículo 294, 297 numeral 1 del Código Procesal penal, 217, 218, 219, 225 del código penal. 2.-. Se decreta Auto de Prisión a los señores ALLAN GEOVANY MATAMOROS HERNANDEZ Y JUAN JOSE TABORA ROSALES por el delito de TRANSPORTE DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras en base al artículo 294, 297 numeral 1, del Código Procesal Penal y 332B del código penal. 3.- Declarar con lugar el sobreseimiento provisional solicitado por el agente fiscal en cuanto al delito de TRANSPORTE DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL a favor del señor JAIRO VINICIO SANCHEZ AMAYA en base al artículo 295 del código procesal penal. 4.- Se declara sin lugar el sobreseimiento Provisional solicitado por la defensa de los imputados por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO por los extremos antes referidos, asimismo se declara sin lugar el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa en cuanto al delito de transporte de Arma de uso comercial a los imputados ALLAN GEOVANY MATAMOROS Y JUAN JOSE TABORA por los extremos antes expresados. 5.- Se impone la Medida Cautelar de Prisión Preventiva a los señores JAIRO VINICIO SANCHEZ AMAYA, ALLAN GEOVANY MATAMOROS HERNANDEZ Y JUAN JOSE TABORA ROSALES establecida en el artículo 173 numeral 3 del Código procesal penal, la que deberán cumplir en el Centro Penal de esta Ciudad; Debiendo estar separados de los condenados, debiendo librarse el oficio de estilo al Director del centro penal- 6.- Téngase por modificada la calificación del agente fiscal al delio de TRANSPORTE DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL.-” (Folios veintiuno (F-21) al veintinueve (F-29) de la pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo de los Recursos de Apelación promovido por la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA Defensora Privada, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar CON LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Jairo Vinicio Sánchez – 2) REFORMAR el auto de prisión dictado en fecha trece de Marzo del 2013, por el Juzgado de Letras de lo Penal Unificado de esta ciudad, en cuanto al grado de ejecución del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL ORDÓNEZ LANZA.-” (Folios diecisiete (F-17) al veintidós (F-22) de la pieza de los antecedentes de segunda instancia). 3) Que el recurrente la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha once de octubre del año dos mil trece, interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que el acto que se conoce en amparo es la resolución de fecha veintinueve de Agosto de dos mil trece, dictada por la Corte de lo Penal de la Seccional Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del señor MIGUEL ÁNGEL ORDOÑEZ, que declaró con lugar Parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa legal del señor Jairo Vinicio Sánchez Amaya, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha trece de marzo de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el señor JAIRO VINICIO SÁNCHEZ AMAYA Y OTROS, por suponerlos responsables del Delito de Robo de Vehículos Agravado en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL ORDOÑEZ, manifiesta la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado, las Garantías Constitucionales consignadas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la impetrante en el Recurso de amparo manifiesta que la resolución impugnada, vulnera estos derechos por las razones fácticas y jurídicas que se exponen de la siguiente forma: ”En relación a esta garantía del Debido Proceso, existe reiterada jurisprudencia de este Alto Tribunal de Justicia, en cuanto a que se estima que si bien es cierto apreciar y decidir si en una causa se dan o no los presupuestos constitucionales y legales para dictar un auto de prisión es una cuestión que compete a los Juzgados y Tribunales de la instancia penal, también lo es, que la garantía de legalidad o del debido proceso implica que los órganos jurisdiccionales en sus actos y resoluciones, observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, entre ellas las reglas del derecho adjetivo, instituidas con la finalidad de asegurar la igualdad procesal de las partes y la seguridad jurídica, asimismo que dichas actuaciones procesales deben contener una motivación y fundamentación que sirvan de base a la parte resolutiva o decisoria de la sentencia. En el presente caso, el ente acusador presenta la acción constitucional de amparo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, por no haber sido emitida de acuerdo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al no cumplir en ella, lo prescrito en el articulo 141 del Código Procesal Penal, que dice:”MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.”… Los actos y las sentencias interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el articulo 338 de este cuerpo legal en sus respectivos casos…” CONSIDERANDO (4): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados, son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en realidad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de Defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO (7): Que el numeral 1) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (8): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. REDACTO EL MAGISTRADO LOZANO URBINA. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete días del mes de julio de dos mil quince, certificación del fallo de fecha nueve de junio de dos mil quince, recaído en el Recurso de Amparo Penal, registrado bajo el No. 0872-2013.