Sentencia AP-836-13 — Registro 4892
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra auto de prisión dictado por el juzgado de primera instancia con relación a la causa contra los recurrentes por suponerlos responsables del delito de operación financieras ilícitas continuadas en perjuicio de Institución Bancaria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias llevadas a cabo hasta ahora en el proceso penal, sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar ser el enjuiciamiento de los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo del año de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES a favor de los señores JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra un auto de prisión dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO por suponerlos responsables del delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS en perjuicio de BAC-HONDURAS, S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados lo dispuesto en los Artículos 80, 82, 90, 92, 95, 321 y 324 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil doce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, la Abogada GEA DAMIANA GARAY ALVARADO en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO por suponerlos responsables de los delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS en perjuicio de BAC-HONDURAS, S.A. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en continuación de audiencia inicial resolvió: “… Tener por ratificado el requerimiento Fiscal en contra de JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ Y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO, por suponerlos responsables del delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS en perjuicio de BAC-HONDURAS…” (Folios 130 al 138 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO contra la resolución relacionada en el inciso que antecede en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ:”1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.-2) CONFIRMANDO el auto de formal procesamiento apelado y que aparece reseñado en los antecedentes de esta resolución.” (Folios 300 al 302 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES en fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor de los señores JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 80, 82, 90, 92, 95, 321 y 324 de la Constitución de la República; advirtiéndose de autos que esta Sala mediante auto de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, declaró caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la recurrente para formalizar su recurso, sin embargo, al apreciarse que la misma en su escrito de interposición desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se consideró procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, omitiéndose la vista de los autos al fiscal de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES se dirige contra resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra un auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE ALEJANDRO FLORES CASTILLO, NELSON OMAR ESPINAL GOMEZ, JUAN RIGOBERTO LEIVA GOMEZ y ALLAN ARTURO ALVAREZ VALDIVIEZO por suponerlos responsables del delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS en perjuicio de BAC-HONDURAS, S.A. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES considera que existe vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, así como el principio de legalidad, cuando el A-Quem, en su resolución afirma que el delito de Operaciones Financieras Ilícitas, puede equiparse al delito contra la Propiedad; no solo esta violentado el Principio Constitucional de Legalidad Penal, sino que está abriendo la puerta a una serie de equívocos jurídicos que pueden conducir a tergiversar el Derecho Penal pues de ser aceptado este criterio, podríamos considerar que delitos tales como la malversación de caudales públicos, el cohecho, etcétera, de manera directa o indirecta protegen el bien jurídico propiedad; y, por tanto son delitos contra la propiedad; deslegitimando la clasificación de los delitos que hace el Código Penal. Por lo que la Corte de Apelaciones no esta facultada para establecer una violación a la reserva legal como expresión material del principio de legalidad penal, que los delitos financieros, los cuales se encuentran regulados en el Titulo XIV, del Código Penal, deben considerarse delitos contra la propiedad, utilizando para sustentar sus arbitrarios argumentos conceptos civilistas que no pueden ser aplicados analógicamente en Materia Penal; forzando así la aplicación de la figura del delito continuado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala mediante auto de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, declaró caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la recurrente para formalizar su recurso, sin embargo, al apreciarse que la misma en su escrito de interposición desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se consideró procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, señalando que en cuanto a que el hecho no debe calificarse como delito continuado, argumentando la recurrente que el delito financiero no es un delito contra la propiedad, en este sentido, señala la Corte, si bien es cierto que el Artículo 394-D del Código Penal, se encuentra contenido en el Título XIV, Capitulo I del Delito Financiero; y sus penas, disperso del Titulo VII Delitos contra la Propiedad, no implica ello que el bien jurídico en cuanto al delito financiero no deba considerarse como una afectación a la propiedad, puesto que doctrinariamente bajo esta rubrica se protege no solo exclusivamente la propiedad en su concepto civilista, sino otros derechos reales, la posesión y los derechos de crédito, considerándose actualmente la afectación al patrimonio y al orden socioeconómico, donde se ubican los delitos contenidos en el titulo aludido. Asimismo, explica la Corte en su resolución, que la aplicación del concurso de delitos, en este caso, el delito continuado, busca la aplicación de la pena que resulte más favorable al reo, de tal manera que la serie de delitos cometidos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias son las que se consideran para sancionar como continuado los delitos, que no se aplicaría si resulta más favorable al reo la aplicación en concurso real de los delitos en caso de una sentencia condenatoria. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y del fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias llevadas a cabo hasta ahora en el proceso penal, sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que una determinación trascendental en el proceso penal, como esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar ser el enjuiciamiento de los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia-NOTIFIQUESE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA; PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Once de junio de dos mil quince, certificación del fallo de fecha cinco de mayo de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.0836-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.