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Sentencia AP-828-12 — Registro 4737

Resumen

Resolución recurrida que revoco la resolución que declaro con lugar la excepción de incompetencia,interpuesta por el recurrente en relación a la causa instruida contra los recurrentes por suponerlos responsables del delito de FRAUDE

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"9): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a la Excepción de Incompetencia, interpuesto por la defensa del señor José Luís Ramírez en la Audiencia Inicial celebrada por el Juez de Instrucción Penal, alegando que se debió agotar el trámite administrativo que señala la Ley de Protección al Consumidor, siendo que se había interpuesto denuncia contra su representado en la Dirección del Consumidor, excepción que fue declarada con lugar por el Juez de Instrucción, decretando sobreseimiento provisional a favor de los encartados, resolución ésta que fue revocada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, bajo el argumento de lo dispuesto en los artículos 54 y 268 del Código Procesal Penal, en el sentido que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas y toda persona que presencie o tenga conocimiento directo de la comisión de un delito o falta podrá denunciarlo a la Policía u otra autoridad competente. CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o al imperio de la ley. Por ello es necesario y se requiere para mantener la seguridad jurídica que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio de legalidad es la regla que debe imperar en la aplicación del Derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. CONSIDERANDO (11): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley, siendo así y reconociendo el principio de legalidad que debe imperar en la aplicación de la ley al caso concreto, el articulo 1 de la Ley de Protección al Consumidor determina: “La presente ley tiene por objeto establecer el ordenamiento jurídico necesario para lograr y mantener una protección adecuada de los consumidores del país, a fin de garantizarles un trato justo y equitativito en la adquisición y uso de bienes y servicios”, en la misma línea de ideas en relación a la protección al consumidor determinado por esta norma legal el articulo 31 establece: “La Dirección General de Comercio Interior de la secretaria de Economía y Comercio, que en adelante se denominará la Dirección, será el organismo encargado de administrar la aplicación de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones complementarias”, en ese sentido determina el articulo 32 literales a), i) y j), “En el desempeño de su cometido, la Dirección tendrá las atribuciones siguientes: a) Conocer las quejas y denuncias que presenten las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas;… i) Extender certificaciones a efecto de que los consumidores puedan ejercer las acciones legales que correspondan por las infracciones a las disposiciones de la presente Ley; j) Denunciar ante los tribunales competentes, las acciones en perjuicio del consumidor que sean constitutivas de delitos tipificados en el Código Penal;…”. CONSIDERANDO (12): Que el caso sub examine, esta Sala de lo Constitucional advierte una clara alteración en el procedimiento administrativo reglado en la Ley de Protección al Consumidor, al haber instado el Ministerio Público un proceso penal, sin antes haber agotado la instancia administrativa, violentando con ello el principio de legalidad que debe imperar en un Estado democrático de derecho, pues el respeto a dicho principio de legalidad, valida la seguridad jurídica, en cuanto a la aplicación de la ley al caso concreto se refiere, pues la ley debe interpretarse en forma tal que resulte en armonía con lo pretendido por el legislador. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado"

Legislación citada

Sentencia

CE RTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de Junio del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS a favor los Señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS y JOSE LUIS RAMIREZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, que revoca la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha uno de septiembre del año dos mil diez, en relación a la causa instruida contra los Señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS Y JOSE LUIS RAMIREZ por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio del Señor LUIS FRANCISCO BOGRAN MONCADA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de abril del año dos mil diez, la Abogada ZARINA SOTO AGUILAR, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los Señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS en su condición de Presidente del Consejo de Administración de GRUPO Q S.A. y JOSE LUIS RAMIREZ en su condición de Gerente y Representante de las Sociedad GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C. V., oficina San Pedro Sula, por suponerlos responsables del delito de FRAUDE (por mala calidad) en perjuicio del Señor LUIS FRANCISCO BOGRAN MONCADA.2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en Audiencia Inicial celebrada en fecha uno de septiembre del año dos mil diez, resolvió: “Primero: Declarar Con Lugar la Excepción de Incompetencia planteada por la abogada Maribel Espinoza en su condición de apoderada defensora, en base al contenido esgrimido en el articulo 32 literal j de la Ley de Protección al Consumidor Decreto numero 41-89, vigente a la fecha en la cual aconteció el hecho objeto de estudio. Segundo: Como consecuencia jurídica derivada de la procedibilidad de la excepción de incompetencia declarada como tal por esta judicatura, dicta en aplicación del articulo 295 del Código Procesal Penal Sobreseimiento Provisional a favor de los señores Federico Quiroz Noltenius y José Luis Ramírez a quienes se imputa la comisión del injusto penal de Fraude en perjuicio de Luis Francisco Bogran Moncada, teniendo el Ministerio Publico el termino de Cinco años para lograr la reapertura del sub examine al allegar nuevos elementos de probanza. Tercero: Revocar la imposición de las medidas cautelares no restrictivas de la libertad impuestas a los endilgados según resolución de fecha Veintiséis de Mayo del presente año Dos Mil Diez. Cuarto: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición planteado por la defensa, en torno a la determinación oral expuesta por el tribunal orientada a la cesación provisional el sub examine.” (Folios cuatrocientos cincuenta y ocho (458) al cuatrocientos sesenta y dos (462) de la primera pieza de autos Tomo II).3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada LAURA IVETH MARCIA MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución supra indicada y dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, dictó Auto mediante el cual resolvió: “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LAURA IVETH MARCIA MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra el auto de fecha uno de septiembre del año dos mil diez, emitido por el Juzgado de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial.- 2) REVOCAR el auto apelado para que llegados que sean los autos al Juzgado de su procedencia se continué la audiencia inicial respectiva.-” (Folios once (11) al veintiuno (21) de la segunda pieza de los antecedentes).4) Que la recurrente Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil doce, interponiendo acción de Amparo a favor de los Señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS Y JOSE LUIS RAMIREZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, de la que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República y 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 5) Que en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, declarando sin lugar la suspensión del acto reclamado, y en fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, omitiendo la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. (Folio 39 y 41 de la pieza de Amparo).CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de los señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS y JOSE LUIS RAMIREZ, por considerar que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco de Junio del año dos mil doce, es violatoria del derecho de defensa, el debido proceso y legalidad consagrados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, derechos también consagrados en los artículos 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Que el caso que nos ocupa se suscita en fecha nueve de abril del año dos mil diez, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada ZARINA SOTO AGUILAR en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal por el delito de Fraude, por mala calidad de vehiculo, contra los señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS en su condición de Presidente del Consejo de Administración de GRUPO Q S.A. y JOSE LUIS RAMIREZ en su condición de Gerente y Representante de la Sociedad GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C. V., oficina San Pedro Sula. CONSIDERANDO (3): Que una vez presentado el Requerimiento Fiscal y admitido el mismo, se siguió con el trámite de ley correspondiente, señalando fecha y hora a efecto de celebrar Audiencia de declaración de Imputado, la que tuvo lugar en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diez, imponiendo a los imputados FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS y JOSÉ LUIS RAMÍREZ FÚNEZ medidas cautelares distintas a las privativas de libertad, señalando en la mencionada audiencia, fecha y hora para realizar Audiencia Inicial, la que se verificó en fecha uno de septiembre del año dos mil diez, en la cual la Apoderada Legal del señor José Luís Ramírez interpuso la Excepción de Incompetencia, alegando la defensa del imputado José Luís Ramírez, que la Dirección General del Consumidor no presentó resolución mediante la cual se condene administrativamente a Grupo Q, conforme lo establecido en el artículo 32 literal J de la Ley de Protección al Consumidor, por lo que no se agotó el trámite administrativo, a efecto de presentar Requerimiento Fiscal contra su representado. CONSIDERANDO (4): Que en la Audiencia Inicial una vez concluida la intervención de las partes procesales, en relación a la excepción de Incompetencia interpuesta por la defensa del imputado José Luís Ramírez, el Juzgado de letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, emitió auto mediante el cual resolvió: “Primero: Declarar Con Lugar la Excepción de Incompetencia planteada por la abogada Maribel Espinoza en su condición de apoderada defensora, en base al contenido esgrimido en el articulo 32 literal j de la Ley de Protección al Consumidor Decreto numero 41-89, vigente a la fecha en la cual aconteció el hecho objeto de estudio. Segundo: Como consecuencia jurídica derivada de la procedibilidad de la excepción de incompetencia declarada como tal por esta judicatura, dicta en aplicación del articulo 295 del Código Procesal Penal Sobreseimiento Provisional a favor de los señores Federico Quiroz Noltenius y José Luis Ramírez a quienes se imputa la comisión del injusto penal de Fraude en perjuicio de Luis Francisco Bogran Moncada, teniendo el Ministerio Publico el termino de Cinco años para lograr la reapertura del sub examine al allegar nuevos elementos de probanza. Tercero: Revocar la imposición de las medidas cautelares no restrictivas de la libertad impuestas a los endilgados según resolución de fecha Veintiséis de Mayo del presente año Dos Mil Diez. Cuarto: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición planteado por la defensa, en torno a la determinación oral expuesta por el tribunal orientada a la cesación provisional el sub examine.” (Folios cuatrocientos cincuenta y ocho (458) al cuatrocientos sesenta y dos (462) de la primera pieza de autos Tomo II).CONSIDERANDO (5): Que contra la resolución supra indicada, emitida por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Fiscal del Ministerio Público interpuso Recurso de Apelación, ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Tribunal que dictó auto en fecha veinticinco de Junio del año dos mil doce, mediante la cual “RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LAURA IVETH MARCIA MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra el auto de fecha uno de septiembre del año dos mil diez, emitido por el Juzgado de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial.- 2) REVOCAR el auto apelado para que llegados que sean los autos al Juzgado de su procedencia se continué la audiencia inicial respectiva.-” (Folios once (11) al veintiuno (21) de la segunda pieza de los antecedentes) CONSIDERANDO (6): Que la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en fecha diecinueve de Octubre del año dos mil doce, interpuso acción de amparo, alegando que la sentencia recurrida proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, viola los derechos fundamentales de debido proceso, defensa y legalidad, consagrados en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, argumenta la recurrente que en la decisión adoptada por el Juez de Instrucción, éste ha identificado un abuso del Ministerio Público al accionar penalmente en un asunto que conlleva una necesaria determinación previa de responsabilidad administrativa, declarada y firme, por parte de la Dirección General de Protección al Consumidor, atendida la particular circunstancia de que el sustento que constituiría la denuncia penal, versa sobre el cumplimiento de una garantía, que es un asunto de naturaleza técnica que imperativamente debe ser apreciada por el ente administrativo para ello, dentro del enmarcamiento legal en que desarrolla su autoridad, pues el órgano administrativo del Estado que está en capacidad de decidir si una empresa distribuidora automotriz, como el caso de autos, cumple o no, a cabalidad su garantía, pero si esto no se ha determinado, no existe ninguno de los elementos subjetivos del delito de estafa, especialmente podemos afirmar que no hay engaño, no hay error, no se da la defraudación patrimonial y en definitiva, ni existe reproche penal, de otra suerte seria contraproducente que se este conociendo de esta denuncia penal y en sede administrativa, conociendo sobre los mismos hechos la Dirección General de Protección al Consumidor. CONSIDERANDO (7): Sostiene la recurrente que para el Tribunal recurrido, la garantía del debido proceso, en materia criminal, obviamente ha dejado de ser el necesario complemento que a las de igual rango constitucional, como ser tutela judicial efectiva y presunción de inocencia deben armónicamente tener, reduciéndolas a enunciados como el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, y otros, Que están instituidas en favor de las víctimas, y que definitivamente deben observarse, pero nunca sojuzgando o vulnerando las instituidas a favor de los imputados. CONSIDERANDO (8): Expone la recurrente que los derechos fundamentales de debido proceso, defensa y legalidad le fueron infringidos a los señores Federico Quiroz Noltenius y José Luís Ramírez con la resolución impugnada emitida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, como se aprecia de la motivación fáctica y jurídica de la propia resolución, que sin haber examinado a rigor la falta de competencia del Juez penal para conocer del asunto sometido a su conocimiento, señaló que en su parecer en el presente caso, será el Tribunal de Sentencia en el correspondiente Juicio oral y publico, quien deberá pronunciarse sobre la responsabilidad criminal que se le atribuye a los procesados Federico Quiroz Noltenius y José Luís Ramírez. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a la Excepción de Incompetencia, interpuesto por la defensa del señor José Luís Ramírez en la Audiencia Inicial celebrada por el Juez de Instrucción Penal, alegando que se debió agotar el trámite administrativo que señala la Ley de Protección al Consumidor, siendo que se había interpuesto denuncia contra su representado en la Dirección del Consumidor, excepción que fue declarada con lugar por el Juez de Instrucción, decretando sobreseimiento provisional a favor de los encartados, resolución ésta que fue revocada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, bajo el argumento de lo dispuesto en los artículos 54 y 268 del Código Procesal Penal, en el sentido que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas y toda persona que presencie o tenga conocimiento directo de la comisión de un delito o falta podrá denunciarlo a la Policía u otra autoridad competente. CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o al imperio de la ley. Por ello es necesario y se requiere para mantener la seguridad jurídica que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio de legalidad es la regla que debe imperar en la aplicación del Derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. CONSIDERANDO (11): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley, siendo así y reconociendo el principio de legalidad que debe imperar en la aplicación de la ley al caso concreto, el articulo 1 de la Ley de Protección al Consumidor determina: “La presente ley tiene por objeto establecer el ordenamiento jurídico necesario para lograr y mantener una protección adecuada de los consumidores del país, a fin de garantizarles un trato justo y equitativito en la adquisición y uso de bienes y servicios”, en la misma línea de ideas en relación a la protección al consumidor determinado por esta norma legal el articulo 31 establece: “La Dirección General de Comercio Interior de la secretaria de Economía y Comercio, que en adelante se denominará la Dirección, será el organismo encargado de administrar la aplicación de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones complementarias”, en ese sentido determina el articulo 32 literales a), i) y j), “En el desempeño de su cometido, la Dirección tendrá las atribuciones siguientes: a) Conocer las quejas y denuncias que presenten las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas;… i) Extender certificaciones a efecto de que los consumidores puedan ejercer las acciones legales que correspondan por las infracciones a las disposiciones de la presente Ley; j) Denunciar ante los tribunales competentes, las acciones en perjuicio del consumidor que sean constitutivas de delitos tipificados en el Código Penal;…”. CONSIDERANDO (12): Que el caso sub examine, esta Sala de lo Constitucional advierte una clara alteración en el procedimiento administrativo reglado en la Ley de Protección al Consumidor, al haber instado el Ministerio Público un proceso penal, sin antes haber agotado la instancia administrativa, violentando con ello el principio de legalidad que debe imperar en un Estado democrático de derecho, pues el respeto a dicho principio de legalidad, valida la seguridad jurídica, en cuanto a la aplicación de la ley al caso concreto se refiere, pues la ley debe interpretarse en forma tal que resulte en armonía con lo pretendido por el legislador. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 31, 32 literales a), i) j), 38, 39, 40, y 44 de la Ley de Protección al Consumidor, Decreto 41-89; 1, 2. b), 45, 51, 56 y 58 del Reglamento General de la Ley de Protección al Consumidor; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, a favor de los señores FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS y JOSE LUIS RAMIREZ, contra la Resolución de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil doce (2012), emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de julio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha uno de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 828=12.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL