Sentencia AP-827-12 — Registro 4736
Resumen
Resolución recurrida dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,con relación a un antejuicio instruido contra la impetrante, por suponerla responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Trafico de Influencias
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (4): Que el articulo 421 del Código Procesal Penal, establece que el antejuicio será promovido por escrito por el Ministerio Público ante el superior jerárquico del respectivo juez o magistrado. El superior jerárquico de los magistrados de apelaciones es la Corte Suprema de Justicia, en tal razón el articulo 313 de la Constitución de la República señala taxativamente que la Corte Suprema de Justicia, conocerá en primera instancia de los antejuicios incoados contra los magistrados de apelaciones, de lo que se desprende que al igual que los juicios contra los altos funcionarios del Estado, es al alto tribunal quien tiene la competencia para conocer en ambos procedimientos. CONSIDERANDO (5): Que la Ley especial contiene la disposición general que el Ministerio Público es único para toda la República y sus representantes ejercerán funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica en la materia y territorio designado, relacionado a ella la misma Ley contiene una disposición especial en su articulo 27 mediante el cual establece que: “Para la representación del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República designará un fiscal especial para intervenir en los asuntos que la ley así lo exija”.CONSIDERANDO (6): Que tomando en cuenta que los antejuicios contra Magistrados de Cortes de Apelaciones como los procesos contra los altos funcionarios del Estado, la norma superior jerárquica en su articulo 313 # 7) y 2) exige que sean conocidos por la Corte Suprema de Justicia, al grado que lo coloca dentro de sus atribuciones, esta exigencia materializa la señalada en el articulo 27 de la Ley del Ministerio Publico que señala que para que se represente a ese ente ante la Corte Suprema de Justicia (como sucede en los procedimientos antes señalados que han de incoarse ante la Corte Suprema de Justicia) “el Fiscal General de la República deberá designar un fiscal especial, para intervenir en los asuntos que la ley así lo exige”, entendiéndose que la propia norma constitucional en su articulo 313 exige que los antejuicios contra Magistrados de Cortes de Apelaciones sean conocidos en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, no existe otra ley mas que la norma superior que así lo exija, tanto para los altos funcionarios del Estado como para los magistrados de Cortes de Apelaciones. CONSIDERANDO (7): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite observar lo siguiente: Que en lo referente al antejuicio incoado contra la Magistrada Norma Iris Coto, el mismo fue interpuesto por la Fiscal Cinthia Velásquez sin acreditar que ostenta la delegación del Fiscal General del Estado, al no desprenderse de los antecedentes tal delegación, no obstante que en el auto de cierre que obra en los mismos se le ordena que obtenga la delegación del Fiscal General para entablar dicho antejuicio. Asimismo consta en los antecedentes una Constancia de la Coordinadora Regional de la Fiscalía de fecha cuatro (04) de Septiembre del dos mil doce (2102), en la que la misma como superior jerárquica regional señala que el antejuicio incoado no contó con la delegación del señor Fiscal General de la República; en ese orden de ideas entendemos que los superiores de los fiscales que ejercen la acción en aplicación del principio de delegación del Fiscal General, estarán legitimados para comparecer desistiendo de la acción presentada con la debida motivación; haciéndose la salvedad que habiendo una acción encaminada a cumplir el procedimiento establecido en los artículos 420 al 423 del Código de Procesal Penal referentes al antejuicio para deducir responsabilidad penal a jueces y magistrados, “el Fiscal General de la República designara un Fiscal especial…”, y esto se entiende así pues tratándose de antejuicio en contra de tales funcionarios judiciales, no es dado que el mismo se inicie por parte de cualquier agente fiscal, amparándose para ello en el llamado principio de delegación del Fiscal General; entendemos entonces que en estos casos especiales, sí es necesario que previamente el Fiscal General designe un Fiscal espacial para tal asunto. En consecuencia es requisito formal de admisión, para la presentación de antejuicios que el Agente Fiscal actuante haya sido delegado por el Fiscal General de la República. Señalado lo anterior, la Sala estima que en el caso subjúdice efectivamente se han violentado normas esenciales del debido proceso que la ley exige, por cuanto se necesita tal delegación, sumando a lo anterior, de la foliada no aparece excepción legal en el sentido de que para la representación del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia para interponer antejuicios contra magistrados de las Cortes de Apelaciones no se requiere la designación o designación de un fiscal especial, en consecuencia debe cumplirse con la designación de un fiscal especial por parte del Fiscal General, para incoar la acción de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Apelaciones, en tal razón se entiende la exigencia que sea el Fiscal General quien delegue la acción de procesar a uno de estos funcionarios.CONSIDERANDO (8): Señalado lo anterior estimamos que las decisiones impugnadas en esta vía constitucional, no son acorde al procedimiento legal bajo los cuales se debe regir el antejuicio en contra de jueces y magistrados, por lo que se concluye que las mismas son violatorias del derecho a un debido proceso; debiendo garantizar a la antejuiciada, que previo a un hipotético juicio oral y público, se le respeten todas las garantías constitucionales y procesales. CONSIDERANDO (9): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 313, numera 7 y 2 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 27 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de enero de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, a favor de SI MISMA, contra las resoluciones dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en fechas treinta (30) de agosto y veinticuatro(24) de septiembre de dos mil doce (2012), respectivamente, con relación a un antejuicio instruido contra la señora NORMA IRIS COTO SANTOS, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y TRAFICO DE INFLUENCIAS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, actuando en su condición de apoderado legal de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, solicitando que mediante auto motivado se ordenara la reparación de daños materiales causados e indemnización de perjuicios, la adopción de medidas cautelares de intervención judicial de bienes productivos de la empresa demandada en su conjunto, embargo preventivo de los bienes inmuebles y sobre las cuentas bancarias propiedad de los demandados y la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes, diligencias estas relacionadas a la demanda civil por la vía de apremio para la ejecución de una sentencia definitiva condenatoria firme, respecto al pago de los daños materiales económicos, al pago de la compensación y a la indemnización de los perjuicios causados, daños morales promovida por la señora MARLEN PAREDES CASTRO, contra el señor JORGE DANIEL NOVOA ALVAREZ, y la sociedad mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DEL SULA, S.A., también conocida como INVASULA, ésta última como operadora del centro hospitalario HOSPITAL DEL VALLE, a través de su representante legal el señor CARLOS LUCIANO MILLA BOGRÁN . (Folios 03 al 06 del Tomo I de la pieza del Ministerio Público)2) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, remitió oficio a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, solicitando se iniciaran diligencias a efecto de investigar las razones por las cuales el abogado RAFAEL MURILLO COTO, quien es hijo de la Magistrada NORMA IRIS COTO, andaba presentando escritos en el juicio promovido por la señora MARLEN PAREDES CASTRO, contra el señor JORGE DANIEL NOVOA ALVAREZ y la sociedad mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DEL SULA, S.A.,(INVASULA), en el cual no era parte, denuncia que fue ampliada en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), contra la abogada NORMA IRIS COTO por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, TRAFICO DE INFLUENCIAS, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, todos en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 342 y del 503 al 505 de Tomo II de la pieza del Ministerio Público). 3) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), compareció ante la Corte Suprema de Justicia la abogada CINTHIA G. ALVARENGA, en su condición de Fiscal Especial de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio Público, solicitando se instruyera proceso especial de Antejuicio contra la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS Magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TRAFICO DE INFLUENCIAS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios 01 al 15 de la pieza de Antejuicio)4) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil doce(2012), la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, personándose en el Antejuicio promovido en su contra, manifestando que la Fiscal CINTHIA G. ALVARENGA comparece indebidamente y en contradicción al artículo 27 de la Ley del Ministerio Público, por no haber acreditado en el antejuicio incoado, que haya sido designada para intervenir en el asunto de mérito, por lo que solicitó a los Magistrados integrantes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se abstuvieran del conocimiento del mismo por no estar acreditada legítimamente la parte que detenta la acusación, en consecuencia en fecha treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarando sin lugar la petición de inadmitir el antejuicio del que se ha hecho referencia (Folios del 16 al 17 y 41 al 45 de la pieza de Antejuicio)5) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012), la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia incidente de nulidad contra la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil doce, por inobservancia de procedimientos, en consecuencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, resolvió “Rechazando de Plano el incidente de nulidad presentado en contra del auto de fecha cinco de septiembre de dos mil doce, en virtud de que dicha petición es meramente dilatoria sin incidencia procesal alguna….” (Folios del 49 al 50 y del 74 al 81 de la pieza de Antejuicio)6) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil doce (2012), la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación contra la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, relacionada en el inciso que precede. (Folios 84 al 88 de la pieza de Antejuicio)7) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012), compareció ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, interponiendo recusación contra los magistrados integrantes de la Sala Penal. (Folios 89 al 91) 8) Que en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió: “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de reposición y el de apelación interpuesto contra el auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012); SEGUNDO: Rechazando de Plano la Recusación presentada en contra de los Magistrados que Integran la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por extemporáneo. …” (Folios del 95 al 97 de la pieza de Antejuicio) 9) Que en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012), la recurrente abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA, afirmando que las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones Designada, de fechas treinta de agosto y veinticuatro de septiembre de dos mil doce, son violatorias de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. En fecha veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que según plantea la recurrente, las resoluciones de fecha treinta (30) de agosto y veinticuatro (24) de septiembre ambas de dos mil doce (2012), vulneran su derecho a ser juzgada con respeto a un debido proceso de la manera siguiente: Expone que la petición de iniciar el proceso especial de antejuicio debió ser inadmitido por la Sala de lo Penal, en tanto no se han concluido las diligencias y los procedimientos en la vía administrativa, como ser los recursos al interior del Ministerio Público pendientes de resolver y diligencias investigativas sin concluir, por lo que, procede inadmitir el antejuicio, en vista de que podría darse el caso, de que una vez concluidas, la decisión de la coordinación del Ministerio Público sea contraria. Todo lo anterior debe, a su juicio, interpretarse de ese modo, en aras al respeto a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, y en consecuencia al debido proceso.- No obstante el planteamiento de la antejuiciada, la Sala de lo Penal en su resolución del treinta (30) de septiembre recurrida resolvió declarar SIN LUGAR la solicitud de inadmisión del antejuicio. Señala la recurrente que la resolución de fecha treinta (30) de agosto y veinticuatro (24) de septiembre vulneran, por interpretación errónea del artículo 27 de la Ley del Ministerio Público, el derecho a un debido proceso que la Constitución de la República le garantiza. Alega que el antejuicio debe ser inadmitido, en virtud de que no consta en los antecedentes, que el Fiscal General haya designado a la Fiscal actuante para comparecer ante la Corte Suprema de Justicia solicitando antejuicio en su contra. Sostiene, que las resoluciones que declaran sin lugar las solicitudes de inadmitir el supramencionado antejuicio, aun habiendo acreditado la falta de legitimación de la Fiscal para actuar, le vulneran su derecho a ser juzgado con observancia a un debido proceso, en tanto la Sala de lo Penal interpreta erróneamente en contenido del artículo veintisiete (27) apuntado, el que manda como requisito sine qua non la legitimación del Fiscal General y al no existir la misma, el proceso de antejuicio no debe iniciar. CONSIDERANDO (2): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “...Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.CONSIDERANDO (3): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.….CONSIDERANDO (4): Que el articulo 421 del Código Procesal Penal, establece que el antejuicio será promovido por escrito por el Ministerio Público ante el superior jerárquico del respectivo juez o magistrado. El superior jerárquico de los magistrados de apelaciones es la Corte Suprema de Justicia, en tal razón el articulo 313 de la Constitución de la República señala taxativamente que la Corte Suprema de Justicia, conocerá en primera instancia de los antejuicios incoados contra los magistrados de apelaciones, de lo que se desprende que al igual que los juicios contra los altos funcionarios del Estado, es al alto tribunal quien tiene la competencia para conocer en ambos procedimientos. CONSIDERANDO (5): Que la Ley especial contiene la disposición general que el Ministerio Público es único para toda la República y sus representantes ejercerán funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica en la materia y territorio designado, relacionado a ella la misma Ley contiene una disposición especial en su articulo 27 mediante el cual establece que: “Para la representación del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República designará un fiscal especial para intervenir en los asuntos que la ley así lo exija”.CONSIDERANDO (6): Que tomando en cuenta que los antejuicios contra Magistrados de Cortes de Apelaciones como los procesos contra los altos funcionarios del Estado, la norma superior jerárquica en su articulo 313
7) y 2) exige que sean conocidos por la Corte Suprema de
Justicia, al grado que lo coloca dentro de sus atribuciones, esta exigencia materializa la señalada en el articulo 27 de la Ley del Ministerio Publico que señala que para que se represente a ese ente ante la Corte Suprema de Justicia (como sucede en los procedimientos antes señalados que han de incoarse ante la Corte Suprema de Justicia) “el Fiscal General de la República deberá designar un fiscal especial, para intervenir en los asuntos que la ley así lo exige”, entendiéndose que la propia norma constitucional en su articulo 313 exige que los antejuicios contra Magistrados de Cortes de Apelaciones sean conocidos en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, no existe otra ley mas que la norma superior que así lo exija, tanto para los altos funcionarios del Estado como para los magistrados de Cortes de Apelaciones. CONSIDERANDO (7): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite observar lo siguiente: Que en lo referente al antejuicio incoado contra la Magistrada Norma Iris Coto, el mismo fue interpuesto por la Fiscal Cinthia Velásquez sin acreditar que ostenta la delegación del Fiscal General del Estado, al no desprenderse de los antecedentes tal delegación, no obstante que en el auto de cierre que obra en los mismos se le ordena que obtenga la delegación del Fiscal General para entablar dicho antejuicio. Asimismo consta en los antecedentes una Constancia de la Coordinadora Regional de la Fiscalía de fecha cuatro (04) de Septiembre del dos mil doce (2102), en la que la misma como superior jerárquica regional señala que el antejuicio incoado no contó con la delegación del señor Fiscal General de la República; en ese orden de ideas entendemos que los superiores de los fiscales que ejercen la acción en aplicación del principio de delegación del Fiscal General, estarán legitimados para comparecer desistiendo de la acción presentada con la debida motivación; haciéndose la salvedad que habiendo una acción encaminada a cumplir el procedimiento establecido en los artículos 420 al 423 del Código de Procesal Penal referentes al antejuicio para deducir responsabilidad penal a jueces y magistrados, “el Fiscal General de la República designara un Fiscal especial…”, y esto se entiende así pues tratándose de antejuicio en contra de tales funcionarios judiciales, no es dado que el mismo se inicie por parte de cualquier agente fiscal, amparándose para ello en el llamado principio de delegación del Fiscal General; entendemos entonces que en estos casos especiales, sí es necesario que previamente el Fiscal General designe un Fiscal espacial para tal asunto. En consecuencia es requisito formal de admisión, para la presentación de antejuicios que el Agente Fiscal actuante haya sido delegado por el Fiscal General de la República. Señalado lo anterior, la Sala estima que en el caso subjúdice efectivamente se han violentado normas esenciales del debido proceso que la ley exige, por cuanto se necesita tal delegación, sumando a lo anterior, de la foliada no aparece excepción legal en el sentido de que para la representación del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia para interponer antejuicios contra magistrados de las Cortes de Apelaciones no se requiere la designación o designación de un fiscal especial, en consecuencia debe cumplirse con la designación de un fiscal especial por parte del Fiscal General, para incoar la acción de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Apelaciones, en tal razón se entiende la exigencia que sea el Fiscal General quien delegue la acción de procesar a uno de estos funcionarios.CONSIDERANDO (8): Señalado lo anterior estimamos que las decisiones impugnadas en esta vía constitucional, no son acorde al procedimiento legal bajo los cuales se debe regir el antejuicio en contra de jueces y magistrados, por lo que se concluye que las mismas son violatorias del derecho a un debido proceso; debiendo garantizar a la antejuiciada, que previo a un hipotético juicio oral y público, se le respeten todas las garantías constitucionales y procesales. CONSIDERANDO (9): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos Números: 1, 59, 64, 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 420, 421, 422 y 423 del Código de Procesal Penal; 5,9 y 27 de la Ley del Ministerio Publico; 17 del Código Civil; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 56, 63, 72, 73, 80 y 82 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NORMA IRIS COTO SANTOS, a favor de SI MISMA, contra las resoluciones dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en fechas treinta (30) de agosto y veinticuatro(24) de septiembre de dos mil doce (2012).- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha doce de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 827=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL