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Sentencia AP-823-14 — Registro 5866

Resumen

Sentencia recurrida que deniega solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario con relación a la causa instruida en contra de impetrante por suponerlo responsable del delito de homicidio simple, argumentando éste que en el caso de ser mayor de sesenta años, califica para optar por el cambio de medida por el de arresto domiciliario,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce; la Corte de Apelaciones llega a la conclusión que el imputado cumple con el requisito que garantiza en su condición de edad tal como lo señala el Artículo 183, numeral 1), sin embargo el legislador adicionó en su parte final como aspectos o requisitos de forma los señalados en el Artículo 178 numerales 1, 2, 3, y 4 como lo refirieron del Código procesal penal, observando entonces que el Reo tiene como garantía procesal la sustitución de la prisión preventiva, no obstante a como a bien la Juez A-Quo señala, no reúne los requisitos de forma que adiciona el Artículo 183 parte final; y, que la vincula al 178, Numerales 1, 2, 3 y 4, así las cosas la Juez A-Quo actúo conforme a derecho en la aplicación de la ley.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Articulo 96 de la Constitución de la República, que textualmente dice “ La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”, consiste en que toda persona, natural o jurídica tiene derecho a la no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, en consecuencia las nuevas leyes se aplican a los hechos futuros y no a los anteriores, respetando uno de los más importantes propósitos del Estado de derecho y su teleología axiológica, como es la seguridad jurídica. Tal principio de la no retroactividad se quebranta únicamente por razones de humanidad, por vía de excepción, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. El Estado solamente la reconoce en materia penal, para cuando la nueva ley resulte más benigna y que se manifiesta en la prohibición de que aquellos derechos adquiridos y consolidados por una ley previa puedan resultar afectados por una nueva ley.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el principio de legalidad penal se encuentra el fundamento de la irretroactividad de las leyes penales. Como dicen Cobo Del Rosal y Vives Antón, “…generalmente, las razones que se han ofrecido para justificar la irretroactividad de la ley penal vienen girando en torno a los criterios que dimanan del régimen de garantías, que no sería otra cosa, sino concreción del principio de legalidad...”[1]. En efecto, el principio de legalidad, sintetizado en la conocida máxima nullum crimen nulla poena sine lege, atribuida a Feuerbach y que da lugar a las llamadas garantías del principio de legalidad, criminal (el delito debe estar señalado por la ley), penal (la pena para el delito también debe estar indicada en la ley), jurisdiccional (la existencia de delito y la imposición de pena deben determinarse por sentencia judicial, previo procedimiento legalmente tramitado) y de ejecución (las penas deben ejecutarse en la forma prescrita por la ley), comporta que para que la ley cumpla dichas garantías, debe reunir ciertas características[2], como ser anterior al delito (lex praevia), escrita, lo que excluye la costumbre como fuente directa de Derecho Penal (lex scripta) y formulada con precisión, lo que excluye la aplicación de la analogía – prohibición dirigida al juez penal– e impone el respeto del principio de taxatividad o mandato de determinación –exigencia destinada al legislador– (lex stricta)[3]. Así las cosas, tradicionalmente, se ha venido exigiendo la irretroactividad de la ley penal (lex praevia) cuando se explica el contenido del principio de legalidad.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que así, también esta Corte comparte lo que se ha sostenido que este principio de irretroactividad de la Ley “… responde a innegables exigencias de seguridad jurídica y, por tanto, de garantía de las libertades individuales, que se verían afectadas si el sujeto pudiera ser sancionado por una ley que no pudo tener en cuenta en el momento de realización del hecho...”[4]. Creemos, en efecto, que es la seguridad jurídica el fundamento del principio de irretroactividad de las leyes penales, tanto de las que tipifican nuevos delitos, como de las que se limitan a agravar las penas para delitos ya tipificados, toda vez que si pudieran éstas o aquéllas ser dictadas o aplicadas retroactivamente, los ciudadanos “no podrían saber a qué atenerse”[5].- CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la actualidad la irretroactividad de las leyes penales aparece consagrada en diversas declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos[6], lo que podría dar pie para pensar que dicho principio se inspira en razones inherentes a la dignidad propia de toda persona por el hecho de ser tal.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser confirmar la resolución apelada; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil quince.- VISTO: Para dictar Sentencia del Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL y ARNOLDO ALCIDES GARCÍA ALVARADO a favor del Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del Señor SANTOS EDILBERTO RAMOS VENTURA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado el Artículo 96 de la Constitución de la República. - A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, la Abogada ANGELA ISABEL SOTO en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ por suponerlo responsable a título de autor del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del Señor SANTOS EDILBERTO RAMOS VENTURA.- 2) Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, la Abogada EVA MARIBEL PINEDA MARCIA en su condición de Defensora Pública del Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, compareció ante el referido Juzgado de Letras, solicitando Revisión de Medida Cautelar de Prisión Preventiva. (Folio cincuenta y siete (57) de la pieza de primera instancia).- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, dictó Auto mediante el cual resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR la solicitud de Sustitución de Medida Cautelar de Prisión Preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, solicitada por la Abogada defensora publica del señor BENJAMIN MARTINEZ SANCHEZ, a quien se le supone responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de SANTOS EDILBERTO RAMOS VENTURA.- 2) Téngase por presentada y agregada a las presentes diligencias la copia de la tarjera de identidad del imputado presentada por la defensa.-…” (Folios sesenta y uno (61) al sesenta y tres (63) de la pieza de primera instancia).- 4) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada EVA MARIBEL PINEDA MARCIA en su condición de Defensora Pública del Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA APELACIÓN, interpuesta por la Abogada EVA MARIBEL PINEDA MARCIA, en la causa instruida contra: BENJAMIN MARTINEZ SANCHEZ, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de SANTOS EDILBERTO RAMOS VENTURA, contra LA RESOLUCIÓN, de fecha Veintiuno de Enero del Dos Mil Catorce, que contiene EL AUTO DENEGATORIO DE MEDIDA CAUTELAR, dictada por el Juzgado de Letras de Lo Penal de la Sección Judicial de Comayagua, contra: BENJAMIN MARTINEZ SANCHEZ, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de SANTOS EDILBERTO RAMOS VENTURA, de generales conocidas en la instrucción.- SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN APELADA y relacionada en el numeral primero de esta parte dispositiva.” (Folios siete (07) al nueve (09) de la pieza de segunda instancia).- 5) Que los recurrentes Abogados MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL y ARNOLDO ALCIDES GARCÍA ALVARADO, comparecieron ante este Alto Tribunal, en fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta de abril del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos de febrero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL y ARNOLDO ALCIDES GARCÍA ALVARADO a favor del Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el Señor BENJAMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del Señor SANTOS EDILBERTO RAMOS VENTURA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL y ARNOLDO ALCIDES GARCÍA ALVARADO, consideran que existe una vulneración al principio constitucional de la no retroactividad de la ley; siendo que al momento de los hechos enjuiciados, el Artículo 183 del Código Procesal Penal disponía: “Artículo 183. Casos en que no podrá Decretarse Prisión Preventiva. No podrá decretarse prisión preventiva contra: 1. Los mayores de sesenta (60) años; 2… En tales casos la prIsión preventiva se sustituirá por arresto domiciliario o internamiento en un centro médico según circunstancias.” Evidentemente, señala, la disposición en mención, no contempla algún requisito o circunstancia en cuanto la procedencencia de la sustitución de la medida, estableciendo una clara prohibición para decretar la prisión preventiva, en el caso de ser la persona mayor de sesenta años. Continua señalando en el presente caso, quedó acreditado que el señor BENJAMIN MARTÍNEZ SANCHEZ cuenta con mas de sesenta años de edad, calificando para optar por el cambio de medida por el de arresto domiciliario, por eso a su criterio es procedente decretar el cambio de medida por la de arresto domiciliario. El Decreto 74-2013, que reformo el Artículo 183 del Código Procesal penal, tiene por sentido restringir en buena medida los derechos otorgados a los adultos, fue publicado en fecha once de diciembre de dos mil trece, en consecuencia, ha de ser aplicado a todos los casos en que la comisión de un delito ocurra a partir de dicha fecha. Resultaría incoherente la aplicación de dicha normativa, si la misma se encuentra vigente al momento de la Resolución, como pretende la Corte de Apelaciones, ya que la identidad que ha de guardar el régimen legal, es determinado por el momento en que los hechos ocurrieron, y no en la de la audiencia o resolución.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce; la Corte de Apelaciones llega a la conclusión que el imputado cumple con el requisito que garantiza en su condición de edad tal como lo señala el Artículo 183, numeral 1), sin embargo el legislador adicionó en su parte final como aspectos o requisitos de forma los señalados en el Artículo 178 numerales 1, 2, 3, y 4 como lo refirieron del Código procesal penal, observando entonces que el Reo tiene como garantía procesal la sustitución de la prisión preventiva, no obstante a como a bien la Juez A-Quo señala, no reúne los requisitos de forma que adiciona el Artículo 183 parte final; y, que la vincula al 178, Numerales 1, 2, 3 y 4, así las cosas la Juez A-Quo actúo conforme a derecho en la aplicación de la ley.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Articulo 96 de la Constitución de la República, que textualmente dice “ La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”, consiste en que toda persona, natural o jurídica tiene derecho a la no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, en consecuencia las nuevas leyes se aplican a los hechos futuros y no a los anteriores, respetando uno de los más importantes propósitos del Estado de derecho y su teleología axiológica, como es la seguridad jurídica. Tal principio de la no retroactividad se quebranta únicamente por razones de humanidad, por vía de excepción, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. El Estado solamente la reconoce en materia penal, para cuando la nueva ley resulte más benigna y que se manifiesta en la prohibición de que aquellos derechos adquiridos y consolidados por una ley previa puedan resultar afectados por una nueva ley.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el principio de legalidad penal se encuentra el fundamento de la irretroactividad de las leyes penales. Como dicen Cobo Del Rosal y Vives Antón, “…generalmente, las razones que se han ofrecido para justificar la irretroactividad de la ley penal vienen girando en torno a los criterios que dimanan del régimen de garantías, que no sería otra cosa, sino concreción del principio de legalidad...”[1]. En efecto, el principio de legalidad, sintetizado en la conocida máxima nullum crimen nulla poena sine lege, atribuida a Feuerbach y que da lugar a las llamadas garantías del principio de legalidad, criminal (el delito debe estar señalado por la ley), penal (la pena para el delito también debe estar indicada en la ley), jurisdiccional (la existencia de delito y la imposición de pena deben determinarse por sentencia judicial, previo procedimiento legalmente tramitado) y de ejecución (las penas deben ejecutarse en la forma prescrita por la ley), comporta que para que la ley cumpla dichas garantías, debe reunir ciertas características[2], como ser anterior al delito (lex praevia), escrita, lo que excluye la costumbre como fuente directa de Derecho Penal (lex scripta) y formulada con precisión, lo que excluye la aplicación de la analogía – prohibición dirigida al juez penal– e impone el respeto del principio de taxatividad o mandato de determinación –exigencia destinada al legislador– (lex stricta)[3]. Así las cosas, tradicionalmente, se ha venido exigiendo la irretroactividad de la ley penal (lex praevia) cuando se explica el contenido del principio de legalidad.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que así, también esta Corte comparte lo que se ha sostenido que este principio de irretroactividad de la Ley “… responde a innegables exigencias de seguridad jurídica y, por tanto, de garantía de las libertades individuales, que se verían afectadas si el sujeto pudiera ser sancionado por una ley que no pudo tener en cuenta en el momento de realización del hecho...”[4]. Creemos, en efecto, que es la seguridad jurídica el fundamento del principio de irretroactividad de las leyes penales, tanto de las que tipifican nuevos delitos, como de las que se limitan a agravar las penas para delitos ya tipificados, toda vez que si pudieran éstas o aquéllas ser dictadas o aplicadas retroactivamente, los ciudadanos “no podrían saber a qué atenerse”[5].- CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la actualidad la irretroactividad de las leyes penales aparece consagrada en diversas declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos[6], lo que podría dar pie para pensar que dicho principio se inspira en razones inherentes a la dignidad propia de toda persona por el hecho de ser tal.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser confirmar la resolución apelada; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia, restituyendo los derechos conculcados. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó el Magistrado German Vicente García García-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”