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Sentencia AP-821-11 — Registro 4735

Resumen

Recurso de amparo contra auto motivado, mediante el cual declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra sobreseimiento definitivo dictado a favor de imputados por los delitos de manifestaciones ilícitas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (10): Que al tenor de lo expresado en los acápites anteriores, esta Sala de lo Constitucional considera oportuno recordar que la segunda instancia en materia Penal, al conocer del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en primera instancia, ya sea este un auto de prisión, sobreseimiento provisional o definitivo; en la resolución que dicte además de pronunciarse sobre la suficiencia o insuficiencia de los elementos de prueba aportados, deberá hacer la valoración de los mismos, y con ello resolver sobre la procedencia o no de la resolución recurrida, en ese sentido el ad-quem basado en la valoración que de los medios de prueba haga, podrá estimar sobre la procedencia de revocar o no un auto de prisión, confirmar o dejar sin valor ni efecto el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo; de lo anteriormente expuesto se estima que el auto motivado que se ha recurrido en esta vía constitucional, no se encuentra apegado a derecho, puesto que el Tribunal de Alzada, no ha hecho en el mismo una suficiente valoración de los elementos de prueba que obran en el proceso, y consecuentemente no ha razonado suficientemente para estimar que respecto de los imputados lo procedente era confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a su favor por el a-quo. CONSIDERANDO (11): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado contra los imputados, se ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar que la motivación externada por el Tribunal ad-quem, vulnera en perjuicio de la recurrente la garantía constitucional del debido proceso; razones más que suficiente para que la acción de amparo interpuesta por la recurrente se otorgue."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto motivado dictado en fecha treinta de marzo del año dos mil once, por el Pleno de la Corte Primera de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el sobreseimiento definitivo dictado en fecha dos de marzo del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, con relación a la causa instruida contra los señores ELMER YOEL TEJADA HERNANDEZ, JESUS ISIDRO LOPEZ, ANSAR ALESKI TORRES ALVAREZ Y DARWIN EDGARDO FUNEZ IRIAS, por suponerlos responsables del delito de MANIFESTACIONES ILICITAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, la Abogada LEONARDA BARAHONA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ELMER YOEL TEJADA HERNANDEZ, JESUS ISIDRO LOPEZ, ANSAR ALESKI TORRES ALVAREZ, y DARWIN EDGARDO FUNEZ IRIAS ESPINO, por suponerles responsables del delito de CELEBRACION DE REUNIONES O MANIFESTACIONES ILICITAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha dos de marzo del año dos mil once, en la reanudacion de la Audiencia Inicial, el Juzgado a-quo decreto: 1) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores ELMER YOEL TEJADA HERNANDEZ, JESUS ISIDRO LOPEZ, ANSAR ALESKI TORRES ALVAREZ Y DARWIN EDGARDO FUNEZ IRIAS por el supuesto delito de MANIFESTACIONES ILICITAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y 2) DECLARO extinguida la acción penal, con relación a este delito. (F. 138 al 144) 3) Que en fecha treinta de marzo del año dos mil once, la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, (ahora Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial) dictó auto motivado mediante el cual declaro SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada GRIXEL MARISOL VILLAFRANCA MURILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo, a favor de los imputados. (F. 168 y 169).4) Que en fecha ocho de noviembre de dos mil once, la recurrente Abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimar que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha treinta de marzo del año dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica.5) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil doce, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito y omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho de conformidad a lo establecido por el articulo 37 del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece, y que puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que en el caso que ahora nos ocupa, la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha dictado auto motivado, mediante el cual resuelve declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución dictada en fecha dos de marzo del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; el ad-quem arguye para ello, entre otros extremos los siguientes: (Sic) “De lo evacuado en la audiencia y de lo que aparece en las diligencias se constata que los participantes de la manifestación no portaban armas, artefactos explosivos con la finalidad de cometer un delito, por lo que se considera que el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo esta apegado a derecho, ya que de conformidad con el articulo 331 del Código Penal para que tengan el carácter de ilícitas las reuniones a las que concurren personas, deben de portar armas o artefactos explosivos u objetos contundentes con el fin de cometer un delito, en el presente caso ni de forma testifical ni documental se acredito la comisión del delito de manifestaciones ilícitas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado por parte de los acusados”.CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su disconformidad con el auto motivado que se deja relacionado en el acápite anterior, ya que según su parecer el mismo ha violentado lo señalado en el párrafo primero del articulo 90 de la Constitución de la Republica, en cuanto al derecho de las partes de obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada en derecho, en ese orden de ideas señala que el referido fallo al establecer la procedencia de confirmar la resolución dictada en primera instancia, y siendo que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior es de esperar que la intervención del Tribunal de segunda instancia implique no solo una revisión de la resolución recurrida en cuanto a los hechos y el derecho aplicable, sino que culmine mediante una sentencia de fondo jurídicamente fundada y que resuelva las pretensiones controvertidas; pero de la lectura de la sentencia cuestionada no se puede advertir la valoración que el ad-quem da a los medios probatorios aportados por el Ministerio Publico, ni se puede determinar razonamiento alguno que lleve al Tribunal a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado en la primera instancia, resolución dictada en contra de la pretensiones del ente acusador a pesar de la prueba oportunamente presentada. Señala la impetrante que no esta de acuerdo con la apreciación del Tribunal de Alzada cuando afirma: “se constata que los participantes de la manifestación no portaban armas, artefactos explosivos con la finalidad de cometer delito”; ya que en el mismo fallo en el numeral quinto de la motivación se señala que a los imputados le fueron decomisados doce (12) morteros de uso casero, nueve (9) llantas y dos (2) galones de combustible, medios probatorios que asevera la recurrente sí se hubiesen valorado conforme a las reglas de la sana critica, hubieran llevado al ad-quem a la certeza de la comisión del delito imputado, puesto que la posesión de tales artefactos explosivos indican inequívocamente la intención de cometer un delito; razones por las cuales se considera que el auto motivado impugnado, no establece de manera alguna la valoración de las pruebas aportadas por el Ministerio Publico, ya que en el acápite denominado “Motivación” de la sentencia se limita a transcribir la prueba evacuada en la audiencia inicial, sin que se hubiese hecho la relación debidamente motivada que pueda llevar al ente acusador a la convicción que la decisión tomada por el a-quo de dictar sobreseimiento definitivo es correcta y congruente con la valoración de la prueba aportada al proceso. Finalmente señala la recurrente que en el caso de autos, con la prueba aportada al proceso se han acreditado los extremos necesarios para dictar auto de prisión en contra de los imputados, por lo que no es coherente la redacción del fallo dictado por el ad-quem, ya que el mismo carece de motivación al no hacerse una valoración apropiada conforme a las reglas de la sana critica. CONSIDERANDO (4): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “...Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (5): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor, en armonía y desarrollando el contenido del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 No. 1 del Código Procesal Penal establece que “...Para decretar el auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo acto, hecho o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito…” CONSIDERANDO (8): Que según lo prevé el artículo 331 del Código Penal, “………Tendrán el carácter de ilícitas todas aquellas reuniones a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, con el fin de cometer un delito…..”. CONSIDERANDO(9): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. CONSIDERANDO (10): Que al tenor de lo expresado en los acápites anteriores, esta Sala de lo Constitucional considera oportuno recordar que la segunda instancia en materia Penal, al conocer del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en primera instancia, ya sea este un auto de prisión, sobreseimiento provisional o definitivo; en la resolución que dicte además de pronunciarse sobre la suficiencia o insuficiencia de los elementos de prueba aportados, deberá hacer la valoración de los mismos, y con ello resolver sobre la procedencia o no de la resolución recurrida, en ese sentido el ad-quem basado en la valoración que de los medios de prueba haga, podrá estimar sobre la procedencia de revocar o no un auto de prisión, confirmar o dejar sin valor ni efecto el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo; de lo anteriormente expuesto se estima que el auto motivado que se ha recurrido en esta vía constitucional, no se encuentra apegado a derecho, puesto que el Tribunal de Alzada, no ha hecho en el mismo una suficiente valoración de los elementos de prueba que obran en el proceso, y consecuentemente no ha razonado suficientemente para estimar que respecto de los imputados lo procedente era confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a su favor por el a-quo. CONSIDERANDO (11): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado contra los imputados, se ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar que la motivación externada por el Tribunal ad-quem, vulnera en perjuicio de la recurrente la garantía constitucional del debido proceso; razones más que suficiente para que la acción de amparo interpuesta por la recurrente se otorgue. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 13 párrafo segundo y 331 del Código Penal; 141 y 297 Nº 1) del Código Procesal Penal; 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto motivado dictado en fecha treinta de marzo del año dos mil once, por la Corte Primera de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de julio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha dos de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 821=11.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL