Sentencia AP-806-13 — Registro 4734
Resumen
Resolución recurrida revoca parcialmente el auto de prisión decretado por delito de extorsión y confirma el auto de prisión por el delito de Portación Ilegal de Armas en contra del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(6): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, y específicamente del acta de la audiencia inicial, audiencia en la cual se evacua un mínimo de medios de prueba para con ello determinar la situación jurídica del encartado. Ésta Sala observa que ambas partes acreditaron sus pretensiones mediante la evacuación de prueba testifical, la que fue valorada tanto por el Juez de Instrucción, como por los Jueces del tribunal de alzada, dando un valor determinado a cada una de las declaraciones, valoraciones que llevaron a los juzgadores del tribunal de alzada a estimar la carencia de plena prueba de haberse cometido el delito de extorsión, por tanto, no puede dictarse auto de prisión siendo procedente que se decrete un sobreseimiento provisional a favor del imputado. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, el pronunciarse sobre valoración de medios de prueba, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia, es decir de los Jueces de Instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. Compete a la Sala, pronunciarse sobre cuestiones que mera constitucionalidad, lo que se reitera, no sucede en el caso que nos ocupa. El Ministerio Público expone la vulneración del derecho de defensa, transgresión que no se observa ya que tanto en primera como segunda instancia, fue oído en juicio, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar los medios de pruebas, se le admitieron los recursos que estimó procedente interponer, recibió las respuestas jurisdiccionales en tiempo justo, todo ello dentro de un debido proceso, y consecuentemente en respeto al imperio de la ley. CONSIDERANDO (8): Que es de mencionar, que el Tribunal de alzada, a sobreseer provisionalmente el caso, le deja la puerta abierta al Ministerio Público, para que realice una mejor investigación y haga llegar al Tribunal hechos nuevos que acrediten la participación del imputado en la comisión del delito de extorsión, previendo con ello la impunidad en la comisión de dicho delito. Así las cosas, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
"(6): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, y específicamente del acta de la audiencia inicial, audiencia en la cual se evacua un mínimo de medios de prueba para con ello determinar la situación jurídica del encartado. Ésta Sala observa que ambas partes acreditaron sus pretensiones mediante la evacuación de prueba testifical, la que fue valorada tanto por el Juez de Instrucción, como por los Jueces del tribunal de alzada, dando un valor determinado a cada una de las declaraciones, valoraciones que llevaron a los juzgadores del tribunal de alzada a estimar la carencia de plena prueba de haberse cometido el delito de extorsión, por tanto, no puede dictarse auto de prisión siendo procedente que se decrete un sobreseimiento provisional a favor del imputado. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, el pronunciarse sobre valoración de medios de prueba, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia, es decir de los Jueces de Instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. Compete a la Sala, pronunciarse sobre cuestiones que mera constitucionalidad, lo que se reitera, no sucede en el caso que nos ocupa. El Ministerio Público expone la vulneración del derecho de defensa, transgresión que no se observa ya que tanto en primera como segunda instancia, fue oído en juicio, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar los medios de pruebas, se le admitieron los recursos que estimó procedente interponer, recibió las respuestas jurisdiccionales en tiempo justo, todo ello dentro de un debido proceso, y consecuentemente en respeto al imperio de la ley. CONSIDERANDO (8): Que es de mencionar, que el Tribunal de alzada, a sobreseer provisionalmente el caso, le deja la puerta abierta al Ministerio Público, para que realice una mejor investigación y haga llegar al Tribunal hechos nuevos que acrediten la participación del imputado en la comisión del delito de extorsión, previendo con ello la impunidad en la comisión de dicho delito. Así las cosas, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Enero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY a favor del TESTIGO PROTEGIDO “SOL”, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, que declara con lugar un Recurso de Apelación, y revoca parcialmente la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, con relación a la causa instruida contra el Señor CRISTINO LOPEZ CALDERON, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO SOL Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de mayo del año dos mil trece, la Abogada ANA RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor CRISTINO LOPEZ CALDERON, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO SOL Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en Audiencia Inicial celebrada en fecha quince de mayo del año dos mil trece, resolvió: “decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del procesado CRISTINO LOPEZ CALDERON por los delitos de EXTORSIÓN en perjuicio de la testigo protegido SOL y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de no haberse acreditado en esta audiencia ningún documento que legitime el permiso de dicha arma actualmente vigente, asimismo decrétese la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA por el termino de DOS AÑOS en virtud de que la figura del delito de EXTORSIÓN se considera como un delito de crimen organizado según la articulo 222 ultimo párrafo del CPV. Esto sin perjuicio de que el auto de prisión pueda ser modificado o revocado y es sujeto a recurso por alguna de las partes que quede inconforme con el auto de prisión.”(Folios veintiocho (28) al treinta y seis (36) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA en su condición de Defensor Privado, la Corte de Apelaciones de los Departamentos de Choluteca y Valle, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declararse CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Nardin Fabricio Galo Rueda, Defensor Privado del encausado contra la resolución de fecha quince de Mayo del año mil trece, por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en el proceso instruido contra el señor CRISTINO LOPEZ CALDERON, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO SOL Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: SE REVOQUE PARCIALMENTE la resolución recurrida en el sentido siguiente: a) revocar el auto de prisión decretado por delito de extorsión, que la juez a-quo dicte el sobreseimiento provisional en el delito de extorsión b) Confirmar el auto de prisión por el delito de Portación Ilegal de Armas en contra del señor CRISTINO LOPEZ CALDERON.- TERCERO: Decretar la MEDIDAS SUSTITUTIVA en delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL dando la garantía que en derecho corresponda.-” (Folios cuatro (04) al ocho (08) de los antecedentes de segunda instancia). 4) Que la recurrente Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, interponiendo acción de Amparo a favor del TESTIGO PROTEGIDO “SOL”, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintidós de noviembre de dos mil trece y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que el Ministerio Público, a través de la Abogada ANA RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha once de mayo del año dos mil trece, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor CRISTINO LOPEZ CALDERON, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO SOL Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): Que en fecha quince de mayo del año dos mil trece, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca celebró Audiencia Inicial en la cual resolvió decretar AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del procesado CRISTINO LOPEZ CALDERON por los delitos de EXTORSIÓN en perjuicio de la testigo protegido SOL y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de no haberse acreditado en la audiencia inicial, ningún documento que legitime la portación del arma. También decretó la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA por el termino de DOS AÑOS en virtud de que el delito de EXTORSIÓN constituye un delito de crimen organizado según la articulo 222 último párrafo del Código Procesal Penal vigente. CONSIDERANDO (3): Que el Abogado NARDIN FABRICIO GALO RUEDA en su condición de Defensor Privado, compareció ante la Corte de Apelaciones de los Departamentos de Choluteca y Valle, interponiendo Recurso de Apelación contra la sentencia dictada en segunda instancia en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, mediante la cual resolvió: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Defensor Privado del encausado SEGUNDO: REVOCA PARCIALMENTE la resolución recurrida en el sentido siguiente: a) se revoca el auto de prisión decretado por delito de extorsión, y se ordena que se dicte el sobreseimiento provisional en éste delito; b) se confirma el auto de prisión por el delito de Portación Ilegal de Armas en contra del señor CRISTINO LOPEZ CALDERON.- TERCERO: Decreta la MEDIDAS SUSTITUTIVA en delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL dando la garantía que en derecho corresponda. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente representante del Ministerio Público Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, interpuso acción de Amparo a favor del TESTIGO PROTEGIDO “SOL”, por considerar que la decisión del Ad-quem emitida el veintisiete de junio del año dos mil trece, en la cual determinó revocar el auto de formal procesamiento por el delito de extorsión y decretó sobreseimiento provisional por éste delito, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público, expone en la formalización del recurso de amparo que el sobreseimiento provisional decretado, vulnera el derecho de defensa, el derecho a un debido proceso, el principio del interés superior del niño, en relación con los artículos 303 y 323 todos de la Constitución de la República. Alega que se vulnera el debido proceso al no haber “observado el ordenamiento jurídico penal adjetivo, respecto al principio de la valoración de las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica,…” asimismo señalan que la sentencia adolece de una adecuada motivación y fundamentación jurídica. Exponen que se les vulneró el acceso a la justicia, ya que el sobreseimiento provisional impide la celebración de un juicio consecuentemente una sentencia que llegue a su etapa de ejecución. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, y específicamente del acta de la audiencia inicial, audiencia en la cual se evacua un mínimo de medios de prueba para con ello determinar la situación jurídica del encartado. Ésta Sala observa que ambas partes acreditaron sus pretensiones mediante la evacuación de prueba testifical, la que fue valorada tanto por el Juez de Instrucción, como por los Jueces del tribunal de alzada, dando un valor determinado a cada una de las declaraciones, valoraciones que llevaron a los juzgadores del tribunal de alzada a estimar la carencia de plena prueba de haberse cometido el delito de extorsión, por tanto, no puede dictarse auto de prisión siendo procedente que se decrete un sobreseimiento provisional a favor del imputado. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, el pronunciarse sobre valoración de medios de prueba, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia, es decir de los Jueces de Instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. Compete a la Sala, pronunciarse sobre cuestiones que mera constitucionalidad, lo que se reitera, no sucede en el caso que nos ocupa. El Ministerio Público expone la vulneración del derecho de defensa, transgresión que no se observa ya que tanto en primera como segunda instancia, fue oído en juicio, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar los medios de pruebas, se le admitieron los recursos que estimó procedente interponer, recibió las respuestas jurisdiccionales en tiempo justo, todo ello dentro de un debido proceso, y consecuentemente en respeto al imperio de la ley. CONSIDERANDO (8): Que es de mencionar, que el Tribunal de alzada, a sobreseer provisionalmente el caso, le deja la puerta abierta al Ministerio Público, para que realice una mejor investigación y haga llegar al Tribunal hechos nuevos que acrediten la participación del imputado en la comisión del delito de extorsión, previendo con ello la impunidad en la comisión de dicho delito. Así las cosas, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) de la Constitución de la República, 227 del Código Penal, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto por la abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY a favor del TESTIGO PROTEGIDO “SOL”, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo el número SCO-0806-2013.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL