Sentencia AP-761-14 — Registro 4733
Resumen
Sentencia recurrida que revoca el sobreseimiento definitivo, suspensión de medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado, con relación a la causa instruida contra el impetrante, por suponerlo responsable del Delito Ambiental de Contaminación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala encuentra que los alegatos formulados por el impetrante son de recibo por nuestra parte, y ello se estila así, puesto que entendemos que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tiene que ver con el derecho que les asiste a las partes de obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, no se comparte entonces el razonamiento externado por el Tribunal de Alzada, por insuficiente ya que el mismo no explica o motivar debidamente las razones o motivos por los cuales ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo. Entendemos que en el caso de autos, la prueba que obra en el proceso no permite encuadrar el tipo penal por el cual se acusa al señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, puesto que al remitirnos a las normas técnicas que regulan la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, contenida en el Acuerdo Presidencial Nº 58 del nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, así como lo preceptuado para los Casos de Contaminación Ambiental en el articulo 92 literal b, de la Ley General del Ambiente; debemos entender que tratándose de asuntos referidos a posibles ilícitos de contaminación, lo razonable es que para corroborar en forma confiable tal situación, se hagan no solo una, si no varias muestras técnicas del lugar o foco donde se pudiese estar ocasionado la misma, en diferentes fechas, solo así se tendrá entonces la plena certeza de que efectivamente se esta produciendo o no la contaminación; señalado lo anterior se estima que la toma o muestra recabada por lo técnicos del SANAA, no resulta lo suficientemente representativa como para que se pueda aseverar que se ha comprobado la contaminación alegada, ya que al tenor del articulo 5 de las citadas normas técnicas define la contaminación como: “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la nación”; tal extremo al no ser acreditado por la parte acusadora, esto es que no se ha podido establecer que las descargas de aguas residuales ocurridas en la colonia Campo Verde, hayan producido una alteración o modificación al ambiente que haya afectado los recursos naturales, la salud o la vida de las personas que habitan la misma o de las colonias vecinas. CONSIDERANDO (12): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina “qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu”, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito). CONSIDERANDO (13): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa. CONSIDERANDO (14): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, que se establece que “...el delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” CONSIDERANDO (15): Que el delito de contaminación ambiental, únicamente admite la comisión dolosa, en este sentido y para considerar realizado el tipo penal antes mencionado, es necesario no solamente constatar la existencia de los elementos objetivos, como son la imputación o atribución de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, y la conclusión obtenida a posteriori de que el hecho o hechos delictivos no se han realizado o que el delito efectivamente realizado se imputó o atribuyó a quien no tuvo participación en él. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en el acápite anterior la Sala entiende que respecto de la posible actitud dolosa del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, el ente acusador no ha podido acreditar ese dolo requerido para determinar la existencia del ilícito que se le imputa, y esto lo entendemos así puesto que no necesariamente cuando se produzca un resultado típico se genera un delito, puesto que siempre habrá que tomar en cuenta la voluntad del accionar cometido, considerando también sí existen situaciones que podrían excluir la responsabilidad del autor, de igual manera se observa del estudio del proceso, que siempre existió la voluntad del imputado de construir como así ocurrió, una planta de tratamiento receptora de descargas y aguas residuales para el proyecto de viviendas que se construía al momento de presentar el requerimiento respectivo y actualmente está prestando sus servicios; por lo que podemos concluir que en el caso de merito no se dan los presupuestos para la configuración del delito de contaminación. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que los razonamientos externados por el Tribunal ad-quem al revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, vulneran en perjuicio de este último la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. El otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución conforme lo expresado por esta Sala en el iter del presente fallo, esto es confirmando el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"(11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala encuentra que los alegatos formulados por el impetrante son de recibo por nuestra parte, y ello se estila así, puesto que entendemos que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tiene que ver con el derecho que les asiste a las partes de obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, no se comparte entonces el razonamiento externado por el Tribunal de Alzada, por insuficiente ya que el mismo no explica o motivar debidamente las razones o motivos por los cuales ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo. Entendemos que en el caso de autos, la prueba que obra en el proceso no permite encuadrar el tipo penal por el cual se acusa al señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, puesto que al remitirnos a las normas técnicas que regulan la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, contenida en el Acuerdo Presidencial Nº 58 del nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, así como lo preceptuado para los Casos de Contaminación Ambiental en el articulo 92 literal b, de la Ley General del Ambiente; debemos entender que tratándose de asuntos referidos a posibles ilícitos de contaminación, lo razonable es que para corroborar en forma confiable tal situación, se hagan no solo una, si no varias muestras técnicas del lugar o foco donde se pudiese estar ocasionado la misma, en diferentes fechas, solo así se tendrá entonces la plena certeza de que efectivamente se esta produciendo o no la contaminación; señalado lo anterior se estima que la toma o muestra recabada por lo técnicos del SANAA, no resulta lo suficientemente representativa como para que se pueda aseverar que se ha comprobado la contaminación alegada, ya que al tenor del articulo 5 de las citadas normas técnicas define la contaminación como: “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la nación”; tal extremo al no ser acreditado por la parte acusadora, esto es que no se ha podido establecer que las descargas de aguas residuales ocurridas en la colonia Campo Verde, hayan producido una alteración o modificación al ambiente que haya afectado los recursos naturales, la salud o la vida de las personas que habitan la misma o de las colonias vecinas. CONSIDERANDO (12): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina “qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu”, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito). CONSIDERANDO (13): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa. CONSIDERANDO (14): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, que se establece que “...el delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” CONSIDERANDO (15): Que el delito de contaminación ambiental, únicamente admite la comisión dolosa, en este sentido y para considerar realizado el tipo penal antes mencionado, es necesario no solamente constatar la existencia de los elementos objetivos, como son la imputación o atribución de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, y la conclusión obtenida a posteriori de que el hecho o hechos delictivos no se han realizado o que el delito efectivamente realizado se imputó o atribuyó a quien no tuvo participación en él. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en el acápite anterior la Sala entiende que respecto de la posible actitud dolosa del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, el ente acusador no ha podido acreditar ese dolo requerido para determinar la existencia del ilícito que se le imputa, y esto lo entendemos así puesto que no necesariamente cuando se produzca un resultado típico se genera un delito, puesto que siempre habrá que tomar en cuenta la voluntad del accionar cometido, considerando también sí existen situaciones que podrían excluir la responsabilidad del autor, de igual manera se observa del estudio del proceso, que siempre existió la voluntad del imputado de construir como así ocurrió, una planta de tratamiento receptora de descargas y aguas residuales para el proyecto de viviendas que se construía al momento de presentar el requerimiento respectivo y actualmente está prestando sus servicios; por lo que podemos concluir que en el caso de merito no se dan los presupuestos para la configuración del delito de contaminación. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que los razonamientos externados por el Tribunal ad-quem al revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, vulneran en perjuicio de este último la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. El otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución conforme lo expresado por esta Sala en el iter del presente fallo, esto es confirmando el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO."
Jerarquía: Reiterativa
…"(11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala encuentra que los alegatos formulados por el impetrante son de recibo por nuestra parte, y ello se estila así, puesto que entendemos que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tiene que ver con el derecho que les asiste a las partes de obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, no se comparte entonces el razonamiento externado por el Tribunal de Alzada, por insuficiente ya que el mismo no explica o motivar debidamente las razones o motivos por los cuales ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo. Entendemos que en el caso de autos, la prueba que obra en el proceso no permite encuadrar el tipo penal por el cual se acusa al señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, puesto que al remitirnos a las normas técnicas que regulan la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, contenida en el Acuerdo Presidencial Nº 58 del nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, así como lo preceptuado para los Casos de Contaminación Ambiental en el articulo 92 literal b, de la Ley General del Ambiente; debemos entender que tratándose de asuntos referidos a posibles ilícitos de contaminación, lo razonable es que para corroborar en forma confiable tal situación, se hagan no solo una, si no varias muestras técnicas del lugar o foco donde se pudiese estar ocasionado la misma, en diferentes fechas, solo así se tendrá entonces la plena certeza de que efectivamente se esta produciendo o no la contaminación; señalado lo anterior se estima que la toma o muestra recabada por lo técnicos del SANAA, no resulta lo suficientemente representativa como para que se pueda aseverar que se ha comprobado la contaminación alegada, ya que al tenor del articulo 5 de las citadas normas técnicas define la contaminación como: “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la nación”; tal extremo al no ser acreditado por la parte acusadora, esto es que no se ha podido establecer que las descargas de aguas residuales ocurridas en la colonia Campo Verde, hayan producido una alteración o modificación al ambiente que haya afectado los recursos naturales, la salud o la vida de las personas que habitan la misma o de las colonias vecinas. CONSIDERANDO (12): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina “qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu”, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito). CONSIDERANDO (13): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa. CONSIDERANDO (14): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, que se establece que “...el delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” CONSIDERANDO (15): Que el delito de contaminación ambiental, únicamente admite la comisión dolosa, en este sentido y para considerar realizado el tipo penal antes mencionado, es necesario no solamente constatar la existencia de los elementos objetivos, como son la imputación o atribución de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, y la conclusión obtenida a posteriori de que el hecho o hechos delictivos no se han realizado o que el delito efectivamente realizado se imputó o atribuyó a quien no tuvo participación en él. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en el acápite anterior la Sala entiende que respecto de la posible actitud dolosa del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, el ente acusador no ha podido acreditar ese dolo requerido para determinar la existencia del ilícito que se le imputa, y esto lo entendemos así puesto que no necesariamente cuando se produzca un resultado típico se genera un delito, puesto que siempre habrá que tomar en cuenta la voluntad del accionar cometido, considerando también sí existen situaciones que podrían excluir la responsabilidad del autor, de igual manera se observa del estudio del proceso, que siempre existió la voluntad del imputado de construir como así ocurrió, una planta de tratamiento receptora de descargas y aguas residuales para el proyecto de viviendas que se construía al momento de presentar el requerimiento respectivo y actualmente está prestando sus servicios; por lo que podemos concluir que en el caso de merito no se dan los presupuestos para la configuración del delito de contaminación. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que los razonamientos externados por el Tribunal ad-quem al revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, vulneran en perjuicio de este último la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. El otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución conforme lo expresado por esta Sala en el iter del presente fallo, esto es confirmando el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZÚNIGA, a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, contra la resolución dictada en fecha veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declara CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos y revoca el sobreseimiento dictado en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, por suponerlo responsable del DELITO AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓN en perjuicio de LA SUBCUENCA DEL RIO DEL HOMBRE, DEL RIO FRIO, LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS DIVINA PROVIDENCIA Y LAS MORAS ubicadas en el VALLE DE AMARATECA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. ANTECEDENTES
- Que en fecha nueve (9) de abril de dos mil nueve(2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, la Abogada MIRIAM EDITH FIGUEROA QUIJADA, actuando en su condición de Fiscal Especial del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, por suponerlo responsable del DELITO AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓN en perjuicio de LA SUBCUENCA DEL RIO DEL HOMBRE, DEL RIO FRIO, LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS DIVINA PROVIDENCIA Y LAS MORAS ubicadas en el VALLE DE AMARATECA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 2) Que en fechas catorce (14) y veintiocho (28) de junio de dos mil diez, una vez seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado, en la continuación de la audiencia inicial celebrada resolvió decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, y en consecuencia ordenó la suspensión de las medidas cautelares que le fueran impuestas en la audiencia de declaración de imputado. (F. 298 al 310 de los antecedentes). 3) Que fecha veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la abogada MIRIAM EDITH FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada TARYN ARLETH MORENO ZELAYA, en su condición de Apoderada Legal de la Procuraduría General del Ambiente y Recursos Naturales, contra la resolución que se deja relacionada en el numeral que antecede, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic.) “… 1.- Declarando HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada MIRIAM EDITH FIGUEROA, Fiscal del Ministerio Público y la abogada TARYN ARLETH MORENO ZELAYA, en su condición de Apoderada de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales.- 2) REVOCAR la resolución apelada. …” (F. 382 al 387 de los antecedentes). 4) Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), el Abogado EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo acción de amparo a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, afirmando para ello que la decisión del Tribunal ad-quem, de fecha veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha siete (7) de octubre de dos mil catorce (2014), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo impetrada, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ello de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional el auto motivado dictado por unanimidad de votos en fecha veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), por el Pleno de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, por suponerlo responsable del delito AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓN en perjuicio de LA SUBCUENCA DEL RIO DEL HOMBRE, DEL RIO FRIO, LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS DIVINA PROVIDENCIA Y LAS MORAS ubicadas en el valle de Amarateca, departamento de Francisco Morazán; resolución por la cual el ad-quem resolvió declarar HA LUGAR los Recurso de Apelación interpuesto por la abogada MIRIAM EDITH FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, y la abogada TARYN ARLETH MORENO ZELAYA, en su condición de Apoderada Legal de la Procuraduría General del Ambiente y Recursos Naturales, y revoca la resolución apelada. CONSIDERANDO (3): Que en opinión del recurrente la decisión del ad-quem, y que hoy impugna en esta vía constitucional, vulnera en perjuicio de su representado la garantía constitucional del articulo 92 de la Constitución de la República, que preceptúa: “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice….”; en relación con lo preceptuado en el articulo 297 del Código Procesal Penal, para ello explica que es una garantía del imputado que el auto de prisión que se dicte en su contra, este fundamentado en la obligatoria constatación del hecho, y que a la vez se encuentre debidamente en una norma penal, para lo cual debe de existir la concurrencia de todos los elementos descriptivos de la tipificaron penal, y que por otro lado también se exige la concurrencia de suficientes indicios de la participación del acusado en el hecho, y siendo que esta es una garantía a favor del acusado por lo que simultáneamente se traduce en la limitación del poder estatal en la persecución y sanción del delito. Señala que la garantía del articulo 92 de nuestra carta magna establece un limite al ius puniendi otorgado al Estado, por lo que al no darse los presupuestos del referido articulo constitucional y los que señala el articulo 297 del Código Procesal Penal, se viola con ello uno de los derechos fundamentales del imputado en juicio, cual es la no existencia de meritos suficientes para dictar auto de prisión. Dice que en el caso de autos la resolución de fecha veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Alzada, lo que ha hecho es revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, con lo cual señala que, la resolución por la cual se revierte lo fallado por la primera instancia, debe contener el fundamento suficiente para demostrar a las partes del por que sí hay meritos de hecho y de derecho para estimar que sí hay “evidencia probatoria de la existencia de un delito (de contaminación conforme al articulo 92 de La Ley General del ambiente) e indicios racionales de que el imputado es el autor del mismo”; pero que en el caso de autos el fallo proferido ha desconocido el contenido de las referidas normas, ya que hasta el momento no existen meritos suficientes como para dictar un auto de prisión. Expresa el recurrente que la Corte de Apelaciones en su fallo evidencia una escasa motivación, puesto que partiendo de lo que señala el articulo 92 literal b, de la Ley General del Ambiente que específicamente dice que constituye Delito Ambiental: “Descargar contaminantes peligrosos cuyo uso este prohibido o sin su previo tratamiento, en los mares de la jurisdicción nacional, incluyendo la zona marítimo-terrestre, en los cursos o deposito de aguas continentales o subterráneas incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua a poblaciones, o infiltrar en el suelo o subsuelo, aguas residuales o desechos con las mismas características de las indicadas, que causen o puedan causar muerte de una o mas personas, o grave daño a la salud humana o al ecosistema en general”; por tanto no se podía revocar el sobreseimiento definitivo dictado en la audiencia inicial a favor de su representado. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente señala que para que se configure el tipo penal de delito ambiental, era necesario que existiese la suficiente prueba a fin de demostrar la conducta imputada y que en ese sentido el Tribunal de Alzada para revocar el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo tenia el deber de motivar del por qué en el caso de autos concurre el tipo penal antes indicado, para lo cual debía de hacer la subsunción de la conducta imputada en dicha norma legal; señala que en la resolución recurrida incumple la exigencia señalada en los citados artículos 297 y 141 del Código Procesal Penal para legitimar el dictado de una resolución de auto de formal procesamiento por el delito imputado y que la misma en su parte final de “Motivación” lo que hace es una reproducción de informes y dictámenes emitidos por el SANAA y la Fiscalía del Medio Ambiente, señalando al final de su reproducción: “Que a criterio de este tribunal los dictámenes técnicos de campo como de laboratorio y la prueba testifical determinan una contaminación que se subsume en el articulo antes descrito…”; criterio éste que a juicio del recurrente no expresa en manera alguna extremos como los siguientes: Por qué hay contaminación?, sí hubo filtración de aguas residuales en el suelo, cuales son los medios de prueba por los que se constato, como es que las referidas aguas residuales pueden causar la muerte de personas o sí las ha causado, el por que esas aguas pudieran causar graves daños a la salud humana o al ecosistema en general; con ello aduce que la Corte de Apelaciones ha omitido el mandato que le impone el articulo 92 constitucional, que es una derivación del principio de estado de inocencia que debe prevalecer a favor del imputado. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente expresa a esta Sala que es obligación legal de quien acusa así como de quien juzga, de basar sus pretensiones y resoluciones en la prueba que permita encuadrar el tipo penal por el cual se acusa; y que en el caso de autos es necesario remitirse a las normas técnicas que regulan la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, contenida en el Acuerdo Presidencial Nº 58 del nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), y que fuera publicada en el Diario Oficial técnica que asevera es la aplicable a los Casos de Contaminación Ambiental preceptuada en el articulo 92 literal b, de la Ley General del Ambiente; explica que el caso de autos se observa que la toma o muestra recabada por lo técnicos del SANAA, no son lo suficientemente representativas como para que se pueda aseverar que se ha comprobado la contaminación, ya que al tenor del articulo 5 de las citadas normas técnicas define la contaminación como: “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la nación”; por lo que en el presente caso los acusadores no han demostrado tal extremo y mucho menos el Tribunal de Alzada ha fundamentado el por que considera que se ha producido una alteración o modificación al ambiente que haya afectado los recursos naturales o la salud de las personas, por lo que consecuentemente no se ha acreditado que su representado haya hecho descargas de contaminantes peligrosos que puedan causar la muerte, o daños en la salud de personas o daños al ecosistema en general. Dice el recurrente que la muestra tomada por los técnicos del SANAA, no es suficiente para establecer la exigencia del articulo 16 de las Normas Técnicas, puesto que la normativa exige que tales muestras tengan el carácter de representativas, situación por la cual no puede reputarse que las aguas vertidas en la poza séptica no tienen la certeza de que las mismas sean contaminantes, tal y con ha quedado evidenciado en el proceso con el informe técnico UEMA-022-10, mismo que únicamente refleja la toma en un solo lugar al pie del foso séptico, y no en diferentes puntos como debió de haberse hecho. CONSIDERANDO (6): Que también el impetrante alega ante esta Sala que al tenor de lo preceptuado en el artículo 13 del Código Penal, el delito culposo o imprudente solo será punible en los casos expresamente determinados en la ley, por lo que la Ley General del Ambiente solo concibe la comisión del delito de Contaminación Ambiental de forma Dolosa, no imprudente, dice que en el caso de autos es un deber del Tribunal de Alzada explicar por qué concurre el dolo en el delito imputado a su defendido, deber que señala esta impuesto desde el esencial conocimiento de la tipicidad (necesaria para que se dicte auto de prisión), dice que en el caso de su defendido es mas que notorio que los hechos a él imputados no son dolosos a saber: a) se ha acreditado en el proceso que en forma simultánea la edificación de un pozo séptico receptor de la descargas, también se llevaba a cabo la construcción de una planta de tratamiento de las aguas residuales provenientes de las viviendas de la referida urbanización, misma que ya estaba en funcionamiento para cuando se celebró la audiencia inicial tal y como se afirmó por parte del testigo Edgar Rafael Areano Ferrera, situación que también es confirmada por los dichos de los testigos expertos del Ministerio Publico los señores Janier Antonio Argeñal y Edgardo Arturo Barrientos, quienes dan fe del buen funcionamiento de la referida planta; apunta el recurrente que de esa forma se establece que no puede haber dolo, ya que se ha comprobado que al momento en que se inició el proyecto, también se dio inicio a la construcción de la referida planta de tratamiento y también la de un pozo séptico provisional para las primeras viviendas que se habitaron; b) también se excluye el dolo ya que al momento en que se tomó la muestra por parte de los técnicos del SANAA, la fosa séptica recibía descargas de aguas negras de sólo las diez viviendas que estaban habitadas en la referida urbanización, tal situación demuestra la ausencia de dolo, ya que paralelamente se estaba construyendo la planta de tratamiento para una cantidad de quinientas viviendas, y c) que aparte de lo ya señalado, y en relación a la definición que el articulo 13 del Código Penal hace de los delitos culposos; la supuesta inobservancia de la Normas Técnicas de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario, encaja mas bien en la descripción de una conducta imprudente, lo cual evidencia la ausencia de Dolo en el acusado en relación a la supuesta conducta, ya que el derrame de agua en concentraciones mayores a los establecidos en la referidas Normas Técnicas, muestra el incumplimiento de disposiciones administrativas que se regulan en la definición que sobre delito imprudente da el Código Penal en su articulo 13. CONSIDERANDO (7): que señalado lo anterior es menester por parte de esta Sala de lo Constitucional, establecer si el auto motivado dictado por el Tribunal ad-quem, y que se recurre en esta vía vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. CONSIDERANDO (8): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (9): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que en el caso subexamine el recurrente como anteriormente se dejo apuntado, muestra su disconformidad con que a su representado se le haya revocado el sobreseimiento definitivo dictado a su favor por parte de la primera instancia, en ese orden de ideas es menester señalar por parte nuestra, que en salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales, se podrá en casos puntuales analizar los argumentos tanto facticos como jurídicos que las respectivas instancias han sustentado para mantener sus decisiones, ello en orden a establecer si se ha producido el quebrantamiento de las garantías constitucionales que se invoquen por el recurrente de amparo; en el caso de autos esta Sala observa que en el proceso, y como medios de prueba documentales obran: a) Dictamen técnico UTA-FEMA 024-2009, elaborado por la bióloga Verónica Soto y el ingeniero químico Edgardo Maradiaga; b) Oficio Nº 406 GM/AMDC/2008 de fecha 25 de junio de 2008, girado por el arquitecto Abraham Molina Perdomo en su condición de Gerente de Metro plan de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; c) nota GMDAN 082-08 de fecha 19 de agosto de 2008, girada por el ingeniero Franklin Amaya, en su condición de Gerente de Manejo y Desarrollo Ambiental municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; d) Copia de la Resolución Nº 85-2006 de fecha 23 de enero de 2003, emitida por la Secretaria de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente; e) Informe Técnico UEMA-022-010 de fecha 23 de febrero de 2010, remitido por el Jefe del Departamento de Cuencas Hidrográficas del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Licenciado Hernán Adonay Avila, a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente; f) Dictamen Técnico UTA-FEMA-036-2010, elaborado en fecha 09 de marzo de 2010, por el ingeniero Químico Edgardo Maradiaga; y g) Declaraciones testificales de los señores Janier Antonio Argeñal Umanzor, Edgardo Arturo Barrientos Maradiaga y Edgar Rafael Areano Ferrera. Ahora bien, dado los argumentos que ante esta Sala plantea el recurrente de amparo, observamos que el Tribunal de Alzada ha considerado para sustentar su tesis revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo, que en cuanto a la configuración de los elementos objetivos del delito de contaminación, los resultados que arrojan el muestreo realizado por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en la urbanización denominada Campo Verde, y por el cual se concluye que “Los análisis reflejan una contaminación directa al cuerpo receptor que es el suelo y luego la quebrada y que dicha descarga afecta a pobladores de las colonias Divina Providencia y las Moras”; y que por otra parte el contenido de los Dictámenes Técnicos UTA-FEMA 036-2010 y UTA-FEMA 22416-08, determinan que efectivamente en el caso de auto se ha producido una contaminación que se subsume en el articulo 92 literal b), de la Ley General del Ambiente, medios de prueba que criterio del ad-quem, arrojan indicios racionales suficientes como para estimar que el imputado ha participado en el delito a él imputado. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala encuentra que los alegatos formulados por el impetrante son de recibo por nuestra parte, y ello se estila así, puesto que entendemos que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tiene que ver con el derecho que les asiste a las partes de obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, no se comparte entonces el razonamiento externado por el Tribunal de Alzada, por insuficiente ya que el mismo no explica o motivar debidamente las razones o motivos por los cuales ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo. Entendemos que en el caso de autos, la prueba que obra en el proceso no permite encuadrar el tipo penal por el cual se acusa al señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, puesto que al remitirnos a las normas técnicas que regulan la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, contenida en el Acuerdo Presidencial Nº 58 del nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, así como lo preceptuado para los Casos de Contaminación Ambiental en el articulo 92 literal b, de la Ley General del Ambiente; debemos entender que tratándose de asuntos referidos a posibles ilícitos de contaminación, lo razonable es que para corroborar en forma confiable tal situación, se hagan no solo una, si no varias muestras técnicas del lugar o foco donde se pudiese estar ocasionado la misma, en diferentes fechas, solo así se tendrá entonces la plena certeza de que efectivamente se esta produciendo o no la contaminación; señalado lo anterior se estima que la toma o muestra recabada por lo técnicos del SANAA, no resulta lo suficientemente representativa como para que se pueda aseverar que se ha comprobado la contaminación alegada, ya que al tenor del articulo 5 de las citadas normas técnicas define la contaminación como: “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la nación”; tal extremo al no ser acreditado por la parte acusadora, esto es que no se ha podido establecer que las descargas de aguas residuales ocurridas en la colonia Campo Verde, hayan producido una alteración o modificación al ambiente que haya afectado los recursos naturales, la salud o la vida de las personas que habitan la misma o de las colonias vecinas. CONSIDERANDO (12): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina “qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu”, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito). CONSIDERANDO (13): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa. CONSIDERANDO (14): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, que se establece que “...el delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” CONSIDERANDO (15): Que el delito de contaminación ambiental, únicamente admite la comisión dolosa, en este sentido y para considerar realizado el tipo penal antes mencionado, es necesario no solamente constatar la existencia de los elementos objetivos, como son la imputación o atribución de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, y la conclusión obtenida a posteriori de que el hecho o hechos delictivos no se han realizado o que el delito efectivamente realizado se imputó o atribuyó a quien no tuvo participación en él. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en el acápite anterior la Sala entiende que respecto de la posible actitud dolosa del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO, el ente acusador no ha podido acreditar ese dolo requerido para determinar la existencia del ilícito que se le imputa, y esto lo entendemos así puesto que no necesariamente cuando se produzca un resultado típico se genera un delito, puesto que siempre habrá que tomar en cuenta la voluntad del accionar cometido, considerando también sí existen situaciones que podrían excluir la responsabilidad del autor, de igual manera se observa del estudio del proceso, que siempre existió la voluntad del imputado de construir como así ocurrió, una planta de tratamiento receptora de descargas y aguas residuales para el proyecto de viviendas que se construía al momento de presentar el requerimiento respectivo y actualmente está prestando sus servicios; por lo que podemos concluir que en el caso de merito no se dan los presupuestos para la configuración del delito de contaminación. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que los razonamientos externados por el Tribunal ad-quem al revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, vulneran en perjuicio de este último la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. El otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución conforme lo expresado por esta Sala en el iter del presente fallo, esto es confirmando el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo a favor del señor HECTOR ENRIQUE BRICEÑO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8, 24 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 20, 23 del Código Iberoamericano de Ética Judicial; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13 del Código Penal; 141 del Código Procesal Penal; 92 literal b) de la Ley General del Ambiente; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 9 No. 3) literal b), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I. OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado EDUARDO JAIR LÓPEZ ZUNIGA a favor del señor HÉCTOR ENRIQUE BRICEÑO, contra la resolución dictada en fecha veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, y II. ORDENA que la referida Corte de Apelaciones dicte nuevo fallo conforme lo externado en la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el numero 0761-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.