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Sentencia AP-712-14 — Registro 4731

Resumen

Resolución que declaró sin lugar recusación y recurso de reposición con relación a la causa instruida por el delito de Estafa en perjuicio de impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que analizando de nueva cuenta los antecedentes y el escrito de formalización del presente recurso, se aprecia que efectivamente y tal como lo sostiene el Ministerio Público, la Alzada, de manera motivada, ha resuelto la cuestión que le fue planteada, aplicando correctamente el ordenamiento jurídico vigente al caso al a resolver, haciendo valer de esta forma las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable al caso de mérito.CONSIDERANDO: Que esta Sala no observa que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. Esta Sala puede advertir que la Alzada se ha limitado a aplicar lo dispuesto por la ley al caso que fue llamada a conocer y resolver, esto es, que no resultaba de recibo la causal invocada, observándose además que el Tribunal de Apelación inclusive, motivó su fallo citando una sentencia emitida previamente por esta Sala, consignando en su resolución el criterio establecido por esta Sala, del cual este Alto Tribunal no se ha apartado, no constituyendo el mismo un “error” como lo ha afirmado el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y se fundan en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado de algún modo garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, M. D. C., ocho de junio de dos mil quince. VISTO: El dictamen del Ministerio Público y los antecedentes en el presente el Recurso de Amparo Laboral interpuesto por el señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTÍNEZ, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, que declaró sin lugar una recusación presentada contra las Abogadas KARLA PATRICIA ROMERO DÁVILA Y JOSELYN MARIE DONAIRE FERNÁNDEZ, en su condición de Jueces del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS FERNANDO MALDONADO VENTURA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor JUAN RAMÓN MELENDEZ MARTÍNEZ.CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el parecer del representante del Ministerio Público en la presente acción constitucional se aprecia la concurrencia de la causal 1ª del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al advertirse la existencia de violaciones o alegaciones de mera legalidad, en el sentido que el Ad-Quem, como autoridad recurrida determinó la no existencia de la causal de recusación invocada, por lo que resultaba procedente declarar sin lugar la misma, no observándose vulneración alguna en la resolución emitida por la Alzada y contra la cual se recurre por vía de amparo. CONSIDERANDO: Que analizando de nueva cuenta los antecedentes y el escrito de formalización del presente recurso, se aprecia que efectivamente y tal como lo sostiene el Ministerio Público, la Alzada, de manera motivada, ha resuelto la cuestión que le fue planteada, aplicando correctamente el ordenamiento jurídico vigente al caso al a resolver, haciendo valer de esta forma las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable al caso de mérito.CONSIDERANDO: Que esta Sala no observa que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. Esta Sala puede advertir que la Alzada se ha limitado a aplicar lo dispuesto por la ley al caso que fue llamada a conocer y resolver, esto es, que no resultaba de recibo la causal invocada, observándose además que el Tribunal de Apelación inclusive, motivó su fallo citando una sentencia emitida previamente por esta Sala, consignando en su resolución el criterio establecido por esta Sala, del cual este Alto Tribunal no se ha apartado, no constituyendo el mismo un “error” como lo ha afirmado el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y se fundan en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado de algún modo garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, de acuerdo con el parecer del Ministerio Público y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTÍNEZ, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de julio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha ocho de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0712=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL