Sentencia AP-616-12 — Registro 4729
Resumen
con relación a la causa instruida contra recurrente, por suponerlo responsable del delito de Calumnias e Injurias donde se imputa delito de Persecución Oficiosa y Expresiones en Deshonra, Descrédito y Menosprecio del Querellante en contra de impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que por tanto las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho al debido proceso, puesto que el Tribunal ad-quem ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO (10): Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible la Acción de amparo, entre otros casos, “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”. CONSIDERANDO(11): Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural; en el caso subexamine, en los términos en que se plantea la cuestión por parte del impetrante, es menester señalar por parte nuestra parte que la selección de las normas aplicables a un supuesto controvertido y su interpretación es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios, y que la interpretación y aplicación judicial de la legalidad ordinaria tan sólo puede ser objeto de recurso de amparo cuando se conculque directamente alguno de los derechos procesales constitucionalmente garantizados como el acceso a la jurisdicción, las garantías procesales, la obtención de una resolución fundada en Derecho, la ejecución de lo resuelto. Esta Sala de lo Constitucional, no puede entrar en el conocimiento y corrección de los hipotéticos errores que hayan podido cometer los Tribunales ordinarios al resolver cuestiones de mera legalidad si ese juicio de legalidad ordinaria además de erróneo no impide, al mismo tiempo, por ejemplo, el acceso al proceso o a los recursos, o no produce indefensión en ninguna de las partes, o no conlleva una inejecución de lo juzgado, o, en fin, si no se han seguido daños para otro derecho fundamental distinto al de la tutela judicial efectiva e igualmente tutelable a través de la vía de amparo. CONSIDERANDO (12): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía genérica del debido proceso en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. CONSIDERANDO (6): Que dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.…. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente invoca la violación del artículo 90 constitucional, no obstante del estudio de autos se constata que el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, ha sido juzgado por Juez o Tribunal competente, y en observancia del procedimiento legalmente establecido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, a favor del señor JESUS NIMER KAFATI SANTOS, contra la resolución emitida en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de mayo de ese mismo año, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor JESUS NIMER KAFATI SANTOS, por suponerlo responsable del delito de CALUMNIAS E INJURIAS en perjuicio del señor JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil siete (2007), el señor JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ actuando en su condición personal, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Querella por la Comisión Probada de los Delitos de Calumnia e Injuria en donde se imputa delito de Persecución Oficiosa y Expresiones en Deshonra, Descrédito y Menosprecio del Querellante en contra del señor JESUS NIMER KAFATI SANTOS. 2) Que en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dicto auto mediante el cual resolvió: (sic) “PRIMERO: Admitir el presente escrito presentado por el abogado Julio Cesar Ramírez Mejía, TENER POR DESISTIDA TACITAMENTE la acción privada que el señor José Olivio Rodríguez Vásquez entabló por el delito de Calumnia e Injurias contra el señor Jesús Nimer Kafati Santos. SEGUNDO: Declarar extinguida la acción penal en la presente causa. TERCERO: Sobreseer Definitivamente el proceso por el delito de Calumnia e Injurias incoado por el señor José Olivio Rodríguez Vásquez contra del señor Jesús Nimer Kafati Santos.”. (Folio 166 de la pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Representante Legal del señor JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, contra la resolución que se deja relacionada en el numeral que antecede; dictó resolución mediante la cual resolvió: “1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto; y 2) Revoca la resolución impugnada”. (Folios 202 al 205 de la pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil doce (2012), el recurrente abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo acción de amparo a favor del señor JESUS NIMER KAFATI SANTOS, por considerar que la decisión del Tribunal Ad-quem de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil once (2011), es violatoria del derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. En fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada. 5) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil trece (2013), la abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el amparo solicitado, por no haberse ultrajado los artículos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece, puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil once (2011), por la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida en contra del señor JESUS NIMER KAFATI SANTOS, por suponerlo responsable del delito de CALUMNIAS E INJURIAS en perjuicio del señor JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ; dicta auto motivado en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil once (2011), mismo que en su motivación fáctica y jurídica entre varios aspectos, señala lo siguiente: (sic)“4.- Al revisar la foliada se evidencia que si bien es cierto que a partir de la fecha en que se debió celebrar la Audiencia de Juicio Oral y Publico, el 21 de febrero de 2011, la misma se suspendió a petición del querellado para ser programada en otra fecha posterior, y hasta el día en que se dicto la resolución impugnada del desistimiento tácito el 25 de mayo del mismo año, ya había corrido el plazo de tres (3) meses que establece el articulo 411 preámbulo y numeral 1) del Código Procesal Penal; también es cierto, que la razón de la paralización del procedimiento durante ese tiempo no es ni se puede imputar a la inactividad del querellante, en vista de que de las mismas actuaciones se desprende que la suspensión de la audiencia del Juicio Oral y Publico ocurrió a petición de la parte querellada, tal como consta en el acta respectiva (f. 160), justificándose tal suspensión en la no comparecencia del querellado por encontrase mal de salud y tener hospitalizada a su madre, lo cual fue acreditado con los certificados médicos respectivos según folios 162 y 163; 5.- Que tal justificación se mantuvo cerca de tres meses hasta el acontecimiento fatal de la muerte de la madre del querellado ocurrida el 18 de mayo de 2011, según lo alegado por el impetrante y aceptado por la parte recurrida al no contradecir tal acaecimiento en su escrito de contestación de agravios; situación en la cual la parte querellante a pesar de ser el acusador evidencio su consideración y humanidad con la parte contraria aceptando la paralización del procedimiento por la enfermedad de la madre del acusado y no exigir la aplicación de la disposición contenida en el párrafo tercero del articulo 307 del Código Procesal Penal, en donde se establece que si el imputado no se presenta a la audiencia, tal como ocurrió en el presente caso, el tribunal podía ordenar su conducción por la fuerza publica o su detención, lo que evidencia que la paralización del procedimiento no se debió por la inactividad del querellante sino a razones imputables al querellado; 6.- Que el querellante presento en fecha 26 de mayo de 2011 ante el a-quo el escrito en que solicitaba el señalamiento de día y hora para la celebración de Juicio Oral y Publico, es decir, ocho (8) días después del fallecimiento de la madre del querelladlo, que demás esta decir que esa expectativa de acaecimiento era lo que paralizaba el procedimiento, pero el defensor de este ultimo, el 25 del mismo mes y año solicitó se decretara el sobreseimiento tácito, resolviendo favorable el tribunal de sentencia dentro de las dos horas que restaban del mismo día de su presentación, conducta que se puede calificar como de deslealtad a la justicia e incurrida por dicho tribunal, ya que tenia pleno conocimiento que la paralización del procedimiento no se debió por la inactividad del querellante sino a causas debidamente justificadas y alegadas por el querellado y que fueron aprobados por el mismo tribunal, por lo que al decretar el desistimiento tácito en forma ilegitima y como consecuencia la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo, podría estar provocando la impunidad de un delito e impedir su persecución penal”. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en la formalización del recurso de amparo expone que en perjuicio de su representado se ha vulnerado con la resolución relacionada en el acápite anterior la garantía constitucional del debido Proceso consignada en el articulo 90 de la Constitución de la República, al respecto expone que tal vulneración constitucional se produce en tanto en cuanto: a) El tribunal de Alzada esgrime criterios subjetivos al señalar que la parte querellada ha actuado con deslealtad procesal, criterio que dice no compartir puesto que la causa de la inactividad de la acusación criminal es imputable única y exclusivamente a la parte querellante al tenor de lo dispuesto en el articulo 411 numeral 1) del Código Procesal Penal; b) Que no se comparte el criterio del ad-quem, cuando este afirma que la paralización del proceso se debe a un acto de humanidad de la parte querellante, ya que en el expediente de merito no se observa, no se aprecia actuación alguna de la parte querellante a fin de interrumpir el plazo de prescripción de su acción, es decir que la misma dejo transcurrir el tiempo mas por descuido que por otra cosa, por lo que tal inactividad es únicamente imputable al querellante; c) Que el Tribunal de Alzada en el numeral 1 del auto motivado que hoy se recurre, incurre en un desacierto jurídico al exponer que la inactividad de la querella debe computarse a partir de la fecha de la muerte de la madre del querellado, afirmación con la cual el referido Tribunal incurre en una vulneración procesal, ya que al tenor de lo preceptuado en el numeral 1 del articulo 411 del Código Procesal Penal, no se establecen condiciones para la existencia o no de un desistimiento tácito en una querella criminal, ya que simplemente reprocha la inactividad por un periodo de tres meses; d) Que en el caso de autos es sencillo establecer que la parte querellante se encuentra representada en el proceso por un profesional del derecho, el cual no puede desconocer lo preceptuado en el numeral 1 del articulo 411 del Código Procesal Penal, razón por la cual no se esta de acuerdo con el auto motivado que hoy se impugna en esta vía constitucional, puesto que el mismo pretende invertir las figuras o posiciones de las partes procesales, al establecer tácitamente que era la parte querellada la llamada u obligada a impulsar el proceso, lo cual resulta ilógico pretender que fuese la parte querellada la que solicitase la continuación del procedimiento, y ello se estima así puesto que tal facultad le correspondía a la parte querellante; e) Que la inactividad de la parte querellante es únicamente imputable a la misma, ya que bien pudo haber efectuado algún tipo de actuación en el proceso antes de los tres meses que señala el articulo 411, en cuyo caso si lo hubiese hecho así, la parte querellada pudo haber sido citada, pudiéndose haberse celebrado debate; f) Que el Tribunal de Alzada en el numeral 4 del auto motivado, establece que la paralización del procedimiento se debe a la petición de la parte querellada, siendo criterio de ese órgano colegiado que por lo tanto no debe operar el desistimiento tácito; razonamiento con el cual no se esta de acuerdo puesto que el mismo carece de fundamento jurídico ya que la citada norma del Código Procesal Penal no establece tal excepción; g) Que el ad-quem ha valorado de forma errada el contenido del articulo 307 del Código Procesal Penal, con lo cual olvida lo ya señalado en el numeral 4 del auto motivado, apreciación de la alzada que no valida la inactividad del querellante en el proceso; y h) Que el auto motivado en la parte final de su numeral 7, en forma errada reitera sin fundamento legal alguno que la inactividad de la querella se debe a una justificación de la parte querellada, razonamiento no obstante lo cual no exime la obligación de la parte querellante de haber instado el procedimiento, y que fuese el órgano judicial el que determinara la procedencia o no de la continuación del mismo, ello con el fin de evitar el decreto de un desistimiento tácito. CONSIDERANDO (4): Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente, se desprende que se pronuncia en desacuerdo con la resolución del Tribunal ad-quem, por haber declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante y consecuentemente revocar la resolución impugnada, al estimar la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán que en la causa de merito, si bien es cierto que a partir de la fecha en que se debió celebrar la Audiencia de Juicio Oral y Publico, el veintiuno (21) de febrero del dos mil once (2011), la misma se suspendió para ser programada en fecha posterior, y que hasta el día en que se dicto la resolución impugnada de desistimiento tácito, esto es el veinticinco (25) de mayo de ese mismo año, ya habían transcurrido el plazo que señala el numeral 1 del articulo 411 del Código Procesal Penal; también es cierto que la razón de la paralización del procedimiento durante ese tiempo no es imputable a la inactividad del querellante, ello en vista de que la suspensión de la Audiencia de Juicio Oral y Publico ha ocurrido a petición de la parte querellada, justificando tal suspensión en la enfermedad terminal que padecía su madre y ante el suceso incierto de su muerte. CONSIDERANDO (5): Que la garantía genérica del debido proceso en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. CONSIDERANDO (6): Que dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.…. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente invoca la violación del artículo 90 constitucional, no obstante del estudio de autos se constata que el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, ha sido juzgado por Juez o Tribunal competente, y en observancia del procedimiento legalmente establecido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que por tanto las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho al debido proceso, puesto que el Tribunal ad-quem ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO (10): Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible la Acción de amparo, entre otros casos, “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”. CONSIDERANDO(11): Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural; en el caso subexamine, en los términos en que se plantea la cuestión por parte del impetrante, es menester señalar por parte nuestra parte que la selección de las normas aplicables a un supuesto controvertido y su interpretación es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios, y que la interpretación y aplicación judicial de la legalidad ordinaria tan sólo puede ser objeto de recurso de amparo cuando se conculque directamente alguno de los derechos procesales constitucionalmente garantizados como el acceso a la jurisdicción, las garantías procesales, la obtención de una resolución fundada en Derecho, la ejecución de lo resuelto. Esta Sala de lo Constitucional, no puede entrar en el conocimiento y corrección de los hipotéticos errores que hayan podido cometer los Tribunales ordinarios al resolver cuestiones de mera legalidad si ese juicio de legalidad ordinaria además de erróneo no impide, al mismo tiempo, por ejemplo, el acceso al proceso o a los recursos, o no produce indefensión en ninguna de las partes, o no conlleva una inejecución de lo juzgado, o, en fin, si no se han seguido daños para otro derecho fundamental distinto al de la tutela judicial efectiva e igualmente tutelable a través de la vía de amparo. CONSIDERANDO (12): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª, y 316 de la Constitución de la República; 7, 8, 12, 13, 54, 405, 408, 409 y 411 numeral 1) del Código Procesal Penal; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO la Acción de Amparo interpuesta a favor del señor JESUS NIMER KAFATI SANTOS, contra la resolución emitida en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal, con el número 616-p894=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.