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Sentencia AP-530-14 — Registro 4726

Resumen

Resolución recurrida que confirma auto de formal procesamiento dictado con relación a la causa instruida contra recurrente por el delito de Estafa ,La Sala estima que no existen suficientes elementos para encontrar méritos para continuar el proceso penal incoado contra el encartado, puesto que cabe colegir que su comportamiento subjetivo no se encuentra orientado a obtener mediante engaño un beneficio patrimonial propio o de terceros; procediendo en consecuencia el sobreseimiento definitivo de las diligencias, al tenor de lo prescrito por el artículo 296 No. 1) del Código Procesal Penal; ello sin perjuicio del derecho que les pueda asistir a las personas que se consideran perjudicadas para que puedan acudir a la jurisdicción civil en reclamo de sus derechos si así lo estiman pertinente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (11): Que señalado lo anterior esta Sala concluye que en el caso que nos ocupa la sentencia que se conoce en amparo no ha podido establecer la existencia del dolo por parte del imputado[3], así tenemos que el referido fallo no establece nítidamente en qué consistiría la denominada idoneidad del comportamiento engañoso, equiparándola equívocamente a la producción de un perjuicio y obviando, por lo contrario, fundamentar el Juzgador de dónde deduce la existencia de un engaño, en la acción final que produce el resultado doloso. CONSIDERANDO (12): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala estima que el razonamiento externado por la Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial, no se apega a las reglas de la lógica, la experiencia, y falta a su deber de motivación; al entender tal Tribunal erróneamente que del análisis de los elementos probatorios que obran en el proceso, se puede concluir que el imputado JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, se ha valido del engaño para inducir a dos propietarios de viviendas a error, y con ello defraudarlas en provecho propio; entiende esta Sala que el fallo venido en amparo no ha constatado si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado y si estas concurrían o no de pleno a la configuración del delito imputado. Señalado lo anterior se puede inferir que no existen suficientes elementos para encontrar meritos para continuar el proceso penal incoado contra el encartado, puesto que cabe colegir que su comportamiento subjetivo no se encuentra orientado a obtener mediante engaño un beneficio patrimonial propio o de terceros; procediendo en consecuencia el sobreseimiento definitivo de las diligencias, al tenor de lo prescrito por el artículo 296 No. 1) del Código Procesal Penal; ello sin perjuicio del derecho que les pueda asistir a las personas que se consideran perjudicadas para que puedan acudir a la jurisdicción civil en reclamo de sus derechos si así lo estiman pertinente. CONSIDERANDO (13): Que se estima que efectivamente en perjuicio del imputado se ha infringido la garantía al debido proceso sustantivo, el cual resulta extensivo a no dársele cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República. En virtud de ello y al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que efectivamente se constata la vulneración de garantías constitucionales, por lo que se hace procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada en fecha siete (7) de abril del año dos mil catorce (2014), por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y a su vez confirmó la resolución dictada en fecha nueve (9) de enero del año dos mil catorce (2014), por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, con relación a la causa instruida contra el señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de los Señores DELMY YESSENIA RODRÍGUEZ GONZALES y RUDY MIGUEL CASTRO PONCE. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil trece (2013), el abogado ELMER ABRAHAM ZAVALA, en su condición de agente Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA AGRAVADA en perjuicio de los señores DELMY YESSENIA RODRÍGUEZ GONZALES y RUDY MIGUEL CASTRO PONCE. 2) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil catorce (2014), una vez seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado a-quo, llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual resolvió decretar: “AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, por el delito de ESTAFA en perjuicio de DELMY YESSENIA RODRÍGUEZ GONZALEZ Y RUDY MIGUEL CASTRO PONCE.- 2).-Imponer al imputado las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 no. 6 y 7 del Código Procesal Penal, consistentes en presentarse a este Tribunal cada quince (15) días para el control de su asistencia y la prohibición de salir del país.-” (Folios 273 al 281 de la pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha siete (7) de abril del año dos mil catorce (2014), la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado DAVID LEONARDO DIAZ A., en su condición de defensor privado del señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, dictó sentencia mediante la cual falló: “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados MIRIAM PASTORA ARGUETA y DAVID LEONARDO DIAZ, en su condición de Apoderados Defensores. 2.-CONFIRMAR la resolución dictada en fecha nueve de enero del dos mil catorce, por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, El Paraíso.” (Folios 330 al 333 de la pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil catorce (2014), el recurrente señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la decisión del tribunal ad-quem de fecha siete (7) de abril del año dos mil catorce(2014), que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 69, 82, 84 párrafo primero, 90 y 92 de la Constitución de la República. En fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil catorce (2014), se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional de merito, omitiéndose la vista al fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el auto motivado que se impugna mediante la vía constitucional es el dictado en fecha siete (7) de abril del año dos mil catorce (2014), por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y a su vez confirmó la resolución dictada por el a-quo en fecha nueve (9) de enero del año dos mil catorce (2014), en el proceso incoado en contra del señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA AGRAVADA en perjuicio de los señores DELMY YESSENIA RODRÍGUEZ GONZALES y RUDY MIGUEL CASTRO PONCE; auto que argumenta lo siguiente: (Sic) “MOTIVACIÓN PROBATORIA 1.- Que al momento de presentarse el requerimiento fiscal se acompaño prueba documental consistente en denuncias Numero 276-2013 y 277-2013, interpuestas por ambos imputados, copia del testimonio de la escritura publica numero 697, informe de evaluación de COPECO de la Residencial El Mirador, álbum fotográfico, donde se describen los hechos planteados.2.- Que se presento en la audiencia inicial la misma prueba documental con los que se constata que efectivamente el imputado oferto y vendió a los ofendidos una casa de habitación para cada uno, las que posteriormente resultaron con fallas graves por haber sido construidas en una zona de riesgo, lo que ha sido corroborado por COPECO, como institución encargada de dictaminar en estos casos, quien recomendó mas bien que el dinero pagado por las mismas sea devuelto a los compradores. MOTIVACION JURÍDICA. 1.- Que de conformidad con lo que disponen los preceptos 92 de la Constitución de la República: “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. En la misma forma se hará la declaratoria de reo.” En relación al párrafo segundo del articulo 297 de nuestro ordenamiento Procesal penal, son dos de los presupuestos legitimadores requeridos para el dictado de un auto de prisión – evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicio racional de quien sea su autor. 2.- Que en el caso de autos aparecen acreditados ambos supuestos con la prueba documental aportada al juicio, constituyendo evidencia probatoria suficiente de la existencia del delito de Estafa e indicio racional de que el imputado sea su autor. 3.- Que cométete el delito de Estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro a error, defraudándolo en provecho propio o ajeno, y en el caso de autos el claro que el imputado, al vender la vivienda a los ofendidos incurrió en engaño, ya que las viviendas se encontraban mal construidas en un terreno no que no es apto para ello, por lo que las mismas se encontraban dañadas, incurriendo en error y defraudando a los ofendidos, en provecho del imputado, quien recibió dinero en pago por las casas de habitación defectuosas, como si las mismas estuvieran en buen estado.…….” CONSIDERANDO (3): Que en el escrito de formalización de la presente acción de amparo, se expone que el auto motivado dictado por el Tribunal ad-quem y que se deja relacionada en el acápite anterior violenta la declaración constitucional preceptuada en el artículo 61; así como los derechos referidos a que la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes puede ser restringida o suspendida temporalmente; el de inviolabilidad del derecho de defensa; el de que nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley; el derecho al debido proceso y el de la concurrencia de los requisitos necesarios para dictar auto de formal procesamiento; preceptuados respectivamente en los artículos 69, 82, 84 párrafo primero, 90 y 92 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a la libertad le asiste al imputado, se señala que tal derecho en todo proceso penal entraña su vulneración, y que si bien es cierto que en el caso de autos el procesado goza de una medida distinta a la prisión, también lo es que tiene restringida su libertad, pues debe hacer acto de presencia cada cierto periodo de tiempo en las instalaciones del tribunal a-quo, lugar en donde debe firmar el libro de medidas, amen de lo anterior al mismo se le restringe tal derecho puesto que tiene prohibido salir del país, situación que le causa un enorme daño patrimonial, y todo ello por que se le ha dado cabida a un acusación, que dice no tiene pies ni cabeza, dado que el delito de Estafa imputado no se configura. Se argumenta que acudiendo a la doctrina nos encontramos con que la misma configura el delito de Estafa en base a varias consideraciones doctrinarias, y que al tenor de lo preceptuado en el articulo 240 de nuestro Código Penal, se puede analizar que los componentes del mismo son: a) Que haya inducción al error; b) El empleo de artificios o engaños; c) El aprovechamiento ilícito y d) El perjuicio a terceros. La ausencia de cualquiera de los cuatro componentes de la Estafa, no permite que se configure tal delito, y en el caso de autos tal configuración penal no se da, puesto que los supuestos ofendidos poseen documentos que los acreditan como propietarios de los inmuebles, estando hipotecados a favor del Banco Atlántida. Que la empresa constructora encargada de la construcción de las viviendas de los supuestos ofendidos, ha llevado a cabo el proyecto de urbanización contando con los permisos de construcción extendidos por la municipalidad de Danli, misma que ha extendido tales permisos, no sin antes realizar las inspecciones respectivas en la urbanización, las cuales una vez llevadas a cabo han comprobado la factibilidad del proyecto. Que corresponde al Ministerio Publico como ente acusador la carga de la prueba, ya que la inocencia no se debe probar, y que en el caso de autos el ente fiscal no ha presentado pruebas en contrario, por lo tanto no ha habido inducción al error por parte de su representado. Que la prueba testifical rendida por el señor Rudy Miguel Castro Ponce, éste manifiesta que él es la persona que construyo un muro que posteriormente se cayo, por lo que en ese orden de ideas la caída del referido muro no puede ser imputada a su representado, pues no fue la empresa que el dirige la que lo construyo; cita el recurrente al autor Goldstein en el sentido de que a los presuntos ofendidos no se les ha impedido la adopción de elementos diligénciales para salvaguarda sus intereses patrimoniales, es decir que los mismos pudieron haber hecho previamente sus propias evaluaciones de los inmuebles que estaban comprando. Aduce también que los supuestos ofendidos en la escritura de compra-venta de las viviendas han aceptado y dan por cierto todas y cada una de las disposiciones ahí plasmadas; por lo que no se puede afirmar que fueron engañados, y que a lo anteriormente señalado hay que acotar que cualquier institución financiera, previo a la aprobación de un crédito para compra de vivienda, manda realizar una inspección y avaluó de la misma, y solamente cuando se ha constatado el buen estado del inmueble es cuando se procede a darle tramite al crédito. CONSIDERANDO (4): Que respecto de la vulneración del derecho de defensa se aduce que tal vulneración se habría suscitado en tanto en cuanto en el caso de merito se ha negado la oportunidad de incorporar nuevos elementos de prueba en la etapa preparatoria, ello por que el imputado no fue citado a comparecer en sede fiscal, y no siendo suficiente esto, en la audiencia inicial no se valoraron los medios de prueba aportados por la defensa, ello en una franca violación de derechos fundamentales; que se ha hecho ver al tribunal de alzada que todos los documentos aportados por el Ministerio Publico consisten en fotocopias, y que un álbum fotográfico que obra en el proceso, no se sabe quien es el autor del mismo, razón por la cual los referidos medios de prueba no tienen valor probatorio alguno, ya que en juicio deben acreditarse documentos originales o en su defecto copia autenticadas o certificadas; situación que en el caso de autos las dos instancias jurisdiccionales han tenido tales documentos como indicios racionales de la comisión de un delito, ignorando con ello el contenido del articulo 92 constitucional. Continua exponiendo el recurrente que en aras del derecho de defensa que le asiste fue que solicitó al Comité de Permanente de Contingencias (COPECO), llevara a cabo una evaluación de la urbanización denominada “El Mirador de Danli”; por lo que lo que el referido Comité a través de la Ingeniera Yolanda Fletes en fecha nueve de junio del año dos mil catorce, ha emitido un nuevo Dictamen consignando en las conclusiones y recomendaciones del mismo “…que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental….”; por lo que siendo tal dictamen un elemento nuevo, el mismo sirve de ilustración a la Sala para constatar que en el caso de autos por parte de su representado no ha existido dolo, amen de que como ya se ha dejado señalado la municipalidad de Danli autorizo la construcción de todas las viviendas en la referida urbanización. CONSIDERANDO (5): Se plantea también en sede constitucional la vulneración de la garantía genérica del debido proceso preceptuada en el párrafo primero del articulo 90 de la Constitución de la República, arguyéndose para ello que en el caso de autos al señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, no se le ha dado en el proceso, el trato que debería recibir dada la naturaleza del ilícito que se le imputa, y que por ello antes de librar orden de captura en su contra debió de habérsele citado, y aunado a lo anterior en la audiencia inicial por parte del a-quo no se ha valorado los medios probatorios propuestos y evacuados, situación de falta de valoración en la que también ha incurrido el Tribunal de Alzada, pero en cambio sí se ha sobrevalorado los medios de prueba de la parte acusadora; y todo ello provoca la vulneración del principio de inocencia amen de que se ha vulnerado las formalidades, derechos y garantías que le asisten al imputado. CONSIDERANDO (6): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo instada a favor del señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, considera que el Tribunal ad-quem ha violado las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 61, 69, 82, 84 párrafo primero, 90 y 92 de la Constitución de la República; siendo el primero de tales artículos una declaración constitucional y no un derecho o garantía; por lo que en cuanto al mismo no puede entenderse abarcado el recurso de amparo; puesto que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución de la República, determina como objeto de la garantía de amparo, el que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, excluyendo con ello a las declaraciones. CONSIDERANDO (7): Que señalado lo anterior y después de un exhaustivo análisis del caso en ciernes, se desprende lo siguiente: Que con relación a la alegada violación de la garantía prevista en el artículo 92 de la Constitución de la República, relativa a que “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”; en concordancia con el derecho a la inviolabilidad de la defensa y al debido proceso invocados por el garantista, esta Sala de lo Constitucional considera que en el caso subexamine efectivamente se produce la infracción de tal garantía constitucional, y ello se estima así, puesto si bien se constata un cúmulo probatorio allegado a la audiencia, es nuestro parecer que no se acredita en forma completa la comisión del delito de ESTAFA prescrito en el artículo 240 del Código Penal, en relación con el numeral 1) del artículo 242 de ese mismo texto legal. Es criterio de esta Sala de lo Constitucional, que la sentencias proferidas tanto en primera como segunda instancia, no establecen con claridad la fundamentación fáctica y jurídica, que en estos casos resulta exigible, a fin de estimar por que el imputado ha incurrido en el delito de Estafa, en otras palabras no ha habido una interpretación armónica y conjunta, de cómo llega a derivar la existencia de actividad probatoria mínima que acredite la comisión de un delito de ESTAFA en el cual habría tenido supuesta participación el señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO. CONSIDERANDO (8): Que el acto ilícito que se imputa al señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, tiene asidero legal en lo preceptuado por el artículo 240 del Código Penal vigente: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”; en relación con artículo 242 de la referida normativa, el cual establece: “Incurrirá en las penas del artículo anterior: 1) Quien defraude a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de título obligatorio; 2)…”. Así pues tenemos que por estafa entendemos el: “Acto ilícito consistente en adquirir lucro o un aumento patrimonial gracias a obtenerlo de otro con su aparente aprobación, el cual ha sido conducido a entregar el dinero y por la creencia en algo falso o erróneo. Es necesario que sea el estafador quien induzca a la victima a creer en la falsedad con base en la cual le quita lo suyo; es necesario además que el estafador obtenga efectivamente una ventaja económica a partir de su acción, y que haya tenido el ánimo o intención de lucrarse y de estafar[1]. Doctrinalmente se señala que, aunada a la pluralidad de elementos objetivos, la acreditación del delito de estafa, exigiría la concurrencia de los siguientes elementos subjetivos: 1. El autor debe haber obrado con dolo de inducir a la contraparte a una disposición patrimonial basada en un error que él le produjo por el engaño y 2. Haber obrado con la intención de obtener para sí o para un tercero una ventaja patrimonial[2]. CONSIDERANDO (9): El tipo legal de Estafa, tanto en su tipo básico como en los enunciados condicionales a que hace referencia el artículo 242 del Código Penal, enmarca un complejo ámbito situacional, contentivo de una tipología delictiva plural. Desde una perspectiva analítica, cabe añadir que el tipo penal subjúdice se enmarca en una serie de elementos o requisitos objetivos y subjetivos de tipo, los cuales se concatenan unos con otros, debiendo concurrir la totalidad de los mismos, para acreditar la existencia de un tipo penal. En el caso de merito se ha dictado un auto de formal procesamiento en contra del señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, por suponerlo responsable por el delito de Estafa, arguyéndose para ello como elemento conceptual más prominente el engaño, apreciación que el Tribunal de Alzada a dejado externado en su fallo al indicar: “…en el caso de autos es claro que el imputado, al vender la vivienda a los ofendidos incurrió en engaño…”, añadiendo además “…incurriendo en error y defraudando a los ofendidos, en provecho del imputado…”, apreciación que no resulta de recibo por parte nuestra ya que resulta equivocada; y ello se estila así puesto que lo anterior guarda enorme relevancia para la tutela constitucional en ciernes, dado que el error en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas no podría fundamentar por sí un delito de Estafa u otros Fraudes; correspondiendo mas bien tales acciones al ámbito civil del derecho privado; a menos claro esta que se demostraré el dolo directo, bien probado en sus dimensiones cognitiva y volitiva, de obtener un provecho propio o ajeno de la acción u omisión de otro, mediada además, tal conducta injusta, por la inducción al error por parte del Agente activo hacia la víctima del delito. CONSIDERANDO (10): Que como ya se ha dejado señalado en el iter de este fallo, la decisión del Tribunal de Alzada, no fundamenta de dónde ha deducido la existencia del ilícito de Estafa, aunque se alude a dos situaciones que permitirían quizá inferirlo, de haber, claro está, prueba eficiente de cargo. El primero de ellos sería que las dos viviendas se encontraban mal construidas, y el segundo esta referido que las mismas se han edificado sobre un terreno no apto para la construcción. La Sala estima que de haberse acreditado tales circunstancias, podría bien inferirse una conducta o comportamiento engañoso, como fundamenta la resolución impugnada en esta vía constitucional. Ahora bien, con el cumulo de pruebas vertidas en la audiencia inicial, no se puede inferir hasta ahora la actitud engañosa del señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, en su condición de representante de la empresa constructora Triangle Construction & Development Corporation S. de R. L., toda vez que en el caso de autos de los medios probatorios allegados al proceso se deja establecido que del total de viviendas de la urbanización “El Mirador de Danli”, solo dos de ellas son las que presentan problemas en cuanto al terreno en que se ubican, situación esta que no era evidente al momento de las mismas fueron habitadas, en este sentido es toral la propia declaración de los ofendido en relación a que fue hasta después de seis meses de haberse ido a vivir a las referidas viviendas que habían comprado, cuando empezaron a percibirse los problemas suscitados. Por otra parte, es menester observar que en el caso de autos si bien es cierto que obra como prueba de cargo un dictamen de fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, emitido por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), mismo por el cual se señala que la vivienda del señor Rudy Miguel Castro Ponce, ubicada en la Residencial El Mirador de la ciudad de Danli, se encuentra ubicada en una zona de riesgo, también lo es que tal dictamen se ha elaborado tiempo después de los hechos acaecidos y por los cuales se ha interpuesto el requerimiento fiscal, lo cual no obsta para señalar por parte nuestra, que en orden a desarrollar proyectos urbanísticos de viviendas previamente se deberán llevar a cabo estudios técnicos del suelo, para así tener un diagnostico científico sobre la viabilidad o no de llevar a cabo el mismo; en ese orden de ideas en el caso de autos al no constar así, en el proceso se ha producido un error en el sujeto pasivo en relación de causalidad. Resulta claro y debe señalarse por parte nuestra que el deber de cuidado que debe privar en cuanto al estudio del suelo como un previo a desarrollar el diseño de los planos de una urbanización, es fundamental en el desarrollo de tales proyectos, situación que en el caso de autos se tiene por omiso, aun y cuando los desarrolladores de tal proyecto urbanístico contaran con permisos de construcción por parte de la municipalidad; es importante que respecto de lo anteriormente señalado obra en el proceso el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en el cual se señala que la zona de construcción de la vivienda de uno de los afectados es zona de riesgo; y si bien es cierto que la normativa nacional no es lo suficientemente clara al respecto, si se puede dar por asentado, que bien podría suplirse tal omisión con lo dispuesto por el articulo 4 numeral 2) de la Ley del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) que establece: “…….Toda persona natural o jurídica, en cualquier ámbito de su acción social debe incluir obligatoriamente en sus planes y acciones de cualquier naturaleza una evaluación de riesgos, a fin de prevenir al máximo la generación de posibles daños asimismo y a terceros, con el propósito de hacer la comunidad mas segura y de no incurrir en responsabilidad por negligencia”. CONSIDERANDO (11): Que señalado lo anterior esta Sala concluye que en el caso que nos ocupa la sentencia que se conoce en amparo no ha podido establecer la existencia del dolo por parte del imputado[3], así tenemos que el referido fallo no establece nítidamente en qué consistiría la denominada idoneidad del comportamiento engañoso, equiparándola equívocamente a la producción de un perjuicio y obviando, por lo contrario, fundamentar el Juzgador de dónde deduce la existencia de un engaño, en la acción final que produce el resultado doloso. CONSIDERANDO (12): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala estima que el razonamiento externado por la Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial, no se apega a las reglas de la lógica, la experiencia, y falta a su deber de motivación; al entender tal Tribunal erróneamente que del análisis de los elementos probatorios que obran en el proceso, se puede concluir que el imputado JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, se ha valido del engaño para inducir a dos propietarios de viviendas a error, y con ello defraudarlas en provecho propio; entiende esta Sala que el fallo venido en amparo no ha constatado si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado y si estas concurrían o no de pleno a la configuración del delito imputado. Señalado lo anterior se puede inferir que no existen suficientes elementos para encontrar meritos para continuar el proceso penal incoado contra el encartado, puesto que cabe colegir que su comportamiento subjetivo no se encuentra orientado a obtener mediante engaño un beneficio patrimonial propio o de terceros; procediendo en consecuencia el sobreseimiento definitivo de las diligencias, al tenor de lo prescrito por el artículo 296 No. 1) del Código Procesal Penal; ello sin perjuicio del derecho que les pueda asistir a las personas que se consideran perjudicadas para que puedan acudir a la jurisdicción civil en reclamo de sus derechos si así lo estiman pertinente. CONSIDERANDO (13): Que se estima que efectivamente en perjuicio del imputado se ha infringido la garantía al debido proceso sustantivo, el cual resulta extensivo a no dársele cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República. En virtud de ello y al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que efectivamente se constata la vulneración de garantías constitucionales, por lo que se hace procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41 y 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el señor JOSE MARTO ARGUETA ESCOTO, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada en fecha siete (7) de abril del año dos mil catorce (2014), por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil quince, certificación del fallo de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.0530=2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores Limitada, Primera Edición, Tomo I, pagina 811.

[2] Romero, Gladys N. Delito de estafa. Hammurabi – José Luis Depalma Editor, 2ª Edición, Buenos Aires, 2007. pp. 98-9

[3] Ver las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional números AP 848-12, y AP 103-14.