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Sentencia AP-469-14 — Registro 4754

Resumen

Resolución recurrida que declara la inadmisibilidad de la querella presentada por los recurrentes por el delito de Difamación derivado de actos constitutivos de Injurias Y Calumnias promovida por el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha fundamentado el otorgamiento de la referida acción de amparo en que, la resolución judicial de inadmisión de plano de la querella presentada, emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, en fecha diecinueve (19 de septiembre dos mil trece, resulta violatoria de la garantía constitucional invocada por los recurrentes contenida en el artículo 82 constitucional, contentivo del derecho de defensa. En tanto, del análisis realizado por el tribunal de alzada ha llegado a la conclusión que en las diligencias se plantea un hecho con apariencia de delito perseguible por la acción privada, como ser el delito de DIFAMACIÓN constitutivo de calumnias e injurias, concurriendo a su juicio, todas las causales para admitir la querella al tenor de lo establecido en los artículos 99 y 405 del Código Procesal Penal, por lo que, señala, la inadmisión produce negación al libre acceso a los tribunales, y consecuentemente vulneración al derecho de defensa. Por otro lado, aduce la Corte de Apelaciones, que una de las argumentaciones de inadmisión de la querella que esgrimió el A quo, es que después de analizar el fondo del asunto, resolvió que los hechos eran constitutivos de delito, pero no subsumibles en el tipo penal de DIFAMACIÓN, lo que a juicio de la alzada, no es un análisis de admisibilidad, sino que de fondo para determinar responsabilidad penal o no, vulneración así el derecho a un debido proceso penal. CONSIDERANDO (4): Que finalmente, hace acopio la sentencia venida en consulta, de reafirmar los conceptos vertidos por el Ministerio Público en su Dictamen, el cual incide en reclamar una violación a los derechos de defensa y al debido proceso, por parte del Tribunal de Sentencia impugnado; al haberse declarado la inadmisibilidad de la interposición de una querella. CONSIDERANDO (5): Que vista para estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que los considerandos de ésta efectúan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, en su manifestación primaria como lo constituye el derecho de acción y consecuentemente el derecho de defensa. Al respecto, cabe observar que una omisión o en su caso una tergiversación, en el cumplimiento de garantizar éstos derechos fundamentales, constituye una vulneración a los mismos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, en el caso de autos, esta Sala coincide con lo decidido por el tribunal de alzada, la inadmisibilidad de la querella constituye una lesión significativa al derecho de defensa y al debido proceso, dada la conexión que se da entre éstos a nivel constitucional; posibilidad que debe ser precavida, atendido que sea el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como un quehacer fundamental de los órganos de justicia constitucional en el ejercicio de su misión, como es la de asegurar a todos los ciudadanos, sin distinción, la accesibilidad a la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (6): Que lo anteriormente expuesto y motivado no puede pasar desapercibido por la justicia constitucional, y así debe ser declarado, como adecuadamente se procedió en la sentencia vista para estudio. Por las razones antes expuestas resulta procedente en derecho, para esta Sala de lo Constitucional, confirmar la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de Junio del año dos mil quince. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril de dos mil catorce, que otorga el recurso de Amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y SONIA INES GALVEZ FERRARI a favor del señor JUAN CARLOS REYES FLORES, contra la resolución de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, proferida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con motivo de la Querella por el delito de DIFAMACION derivado de actos constitutivos de INJURIAS Y CALUMNIAS promovida por el señor JUAN CARLOS REYES FLORES contra la señora LESBIA LILIANA PACHECO. Estiman los recurrentes que con la resolución reclamada se considera violentado el derecho a la Tutela judicial efectiva, concretamente el derecho de Libre acceso a los Tribunales, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el señor JUAN CARLOS REYES FLORES, interponiendo Querella por el delito de DIFAMACION derivado de actos constitutivos de INJURIAS Y CALUMNIAS contra la señora LESBIA LILIANA PACHECO. 2) Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó auto mediante el cual resolvió declarar de plano la inadmisibilidad de la querella presentada por el señor JUAN CARLOS REYES FLORES contra la señora LESBIA LILIANA PACHECO. (Folios 35 y 36 de la pieza de primera instancia). 3) Que los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y SONIA INES GALVEZ FERRARI, comparecieron en fecha veinte de enero de dos mil catorce, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JUAN CARLOS REYES FLORES, contra la resolución proferida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece. Manifestando los recurrentes que con la resolución reclamada se considera violentado el derecho a la Tutela judicial efectiva, concretamente el derecho de Libre acceso a los Tribunales, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 09 de la pieza de segunda instancia). 4) Que en fecha cuatro de abril del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones referida dictó sentencia mediante la cual otorgó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y SONIA INES GALVEZ FERRARI. (Folios 33 al 36 de la pieza de segunda instancia) 5) Que en fecha nueve de mayo de dos mil catorce, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril de dos mil catorce, que otorga el recurso de Amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y SONIA INES GALVEZ FERRARI a favor del señor JUAN CARLOS REYES FLORES, contra la resolución de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, proferida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que declara de plano la inadmisibilidad de la querella presentada por los recurrentes por el delito de DIFAMACION derivado de actos constitutivos de INJURIAS Y CALUMNIAS promovida por el señor JUAN CARLOS REYES FLORES contra la señora LESBIA LILIANA PACHECO. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha fundamentado el otorgamiento de la referida acción de amparo en que, la resolución judicial de inadmisión de plano de la querella presentada, emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, en fecha diecinueve (19 de septiembre dos mil trece, resulta violatoria de la garantía constitucional invocada por los recurrentes contenida en el artículo 82 constitucional, contentivo del derecho de defensa. En tanto, del análisis realizado por el tribunal de alzada ha llegado a la conclusión que en las diligencias se plantea un hecho con apariencia de delito perseguible por la acción privada, como ser el delito de DIFAMACIÓN constitutivo de calumnias e injurias, concurriendo a su juicio, todas las causales para admitir la querella al tenor de lo establecido en los artículos 99 y 405 del Código Procesal Penal, por lo que, señala, la inadmisión produce negación al libre acceso a los tribunales, y consecuentemente vulneración al derecho de defensa. Por otro lado, aduce la Corte de Apelaciones, que una de las argumentaciones de inadmisión de la querella que esgrimió el A quo, es que después de analizar el fondo del asunto, resolvió que los hechos eran constitutivos de delito, pero no subsumibles en el tipo penal de DIFAMACIÓN, lo que a juicio de la alzada, no es un análisis de admisibilidad, sino que de fondo para determinar responsabilidad penal o no, vulneración así el derecho a un debido proceso penal. CONSIDERANDO (4): Que finalmente, hace acopio la sentencia venida en consulta, de reafirmar los conceptos vertidos por el Ministerio Público en su Dictamen, el cual incide en reclamar una violación a los derechos de defensa y al debido proceso, por parte del Tribunal de Sentencia impugnado; al haberse declarado la inadmisibilidad de la interposición de una querella. CONSIDERANDO (5): Que vista para estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que los considerandos de ésta efectúan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, en su manifestación primaria como lo constituye el derecho de acción y consecuentemente el derecho de defensa. Al respecto, cabe observar que una omisión o en su caso una tergiversación, en el cumplimiento de garantizar éstos derechos fundamentales, constituye una vulneración a los mismos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, en el caso de autos, esta Sala coincide con lo decidido por el tribunal de alzada, la inadmisibilidad de la querella constituye una lesión significativa al derecho de defensa y al debido proceso, dada la conexión que se da entre éstos a nivel constitucional; posibilidad que debe ser precavida, atendido que sea el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como un quehacer fundamental de los órganos de justicia constitucional en el ejercicio de su misión, como es la de asegurar a todos los ciudadanos, sin distinción, la accesibilidad a la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (6): Que lo anteriormente expuesto y motivado no puede pasar desapercibido por la justicia constitucional, y así debe ser declarado, como adecuadamente se procedió en la sentencia vista para estudio. Por las razones antes expuestas resulta procedente en derecho, para esta Sala de lo Constitucional, confirmar la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 303, 305, 308, 310, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril de dos mil catorce, que otorga el recurso de Amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y SONIA INES GALVEZ FERRARI a favor del señor JUAN CARLOS REYES FLORES, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTIRUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta, registrado en este Tribunal con el número 0469-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.