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Sentencia AP-467-15 — Registro 6229

Resumen

La sentencia recurrida declaró sin lugar recurso de apelación contra la resolución dictada por el Tribunal de primera instancia la cual desetimó la excepción por falta de acción planteada por el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem, contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil quince. VISTO: El recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNÁNDEZ SALGADO, a favor del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte de febrero de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha catorce de enero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, por suponerlo responsable delito de ESTAFA, en perjuicio de CARLOS MAURICIO MARTÍNEZ BOQUÍN. CONSIDERANDO: Que se aprecia que el recurso planteado se basa en una supuesta inobservancia por parte de los Tribunales ordinarios a la garantía del debido proceso, siendo que se desestimó una excepción por falta de acción que fuera planteada por el impetrante. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes, puede apreciarse que el recurrente ha venido formulado alegaciones propias de las instancias procesales ordinarias, como es el caso de determinar si los hechos imputados el querellado son o no constitutivos de delito, extremos que como alegatos de fondo y de conformidad con la normativa procesal penal vigente, deberán ser valorados por el Tribunal competente al momento de celebrarse el juicio oral y público, determinando los extremos pertinentes a la responsabilidad penal, de ser así procedente. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión de las resoluciones contra las que se ha reclamado, tanto el Tribunal de Sentencia referido, como el Tribunal Ad-Quem, han aplicado en forma oportuna el ordenamiento jurídico vigente, al apreciar correctamente lo establecido por la ley, con lo cual lejos de lo afirmado por la recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem, contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 303 del Código de Procedimientos Civiles; 4, 9, 41, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNÁNDEZ SALGADO, a favor del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte de febrero de dos mil quince; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al alegarse por parte del quejoso violaciones de mera legalidad, siendo que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: que una vez notificada y firme la presente resolución se archive la acción constitucional de mérito y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., catorce de enero de dos mil dieciséis. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado TITO HERNÀNDEZ SALGADO, contra la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el trámite del recurso de amparo interpuesto por el referido Profesional del Derecho, a favor del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, contra la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte de febrero de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha catorce de enero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, por suponerlo responsable delito de ESTAFA, en perjuicio de CARLOS MAURICIO MARTÍNEZ BOQUÍN. CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala ha pronunciado en forma motivada las razones por las que consideró procedente SOBRESEER la acción de amparo intentada por el impetrante. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado TITO HERNÁNDEZ SALGADO, contra la resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, de que se ha hecho mérito, en virtud de no advertirse por parte de esta Sala, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación de las resoluciones de fechas veintinueve de septiembre de dos mil quince, y catorce de enero de dos mil dieciséis, recaída en el amparo Penal, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0467=15.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL