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Sentencia AP-428-13 — Registro 4723

Resumen

Sentencia recurrida que confirma la Imposición de un auto de prisión por el delito de USURPACION, antes referido y la consiguiente orden de desalojo del inmueble que ocupa legítimamente, desde hace más de cuarenta (40) años

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, oídas las alegaciones de la Recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a las siguientes consideraciones, a la luz del derecho constitucional vigente. En primer lugar, que se ha garantizado en el caso bajo juzgamiento el derecho de audiencia y los principios de contradicción e inmediación que son inherentes al debido proceso en su amplio concepto. En tal virtud, en nada interfiere la jurisdicción nacional con la solicitud presentada a instancias del agraviado, ante las oficinas de Catastro (Sic.), para que se decrete prescripción adquisitiva en el referido inmueble. Asimismo, entiende esta Sala que el ordenamiento jurídico hondureño proclama a nivel constitucional el derecho a la propiedad, el cual de conformidad al artículo 103 constitucional debe ser entendido en armonía con el concepto de función social, sin perjuicio de las limitaciones que por motivos de necesidad o de interés público, establezca la ley. En tal sentido, si bien es dable encausar este tipo de conflictos bajo una solución coercitiva, ésta debe ejercerse en compatibilidad al principio de subsidiariedad o ultima ratio, propio y característico de la ciencia del derecho penal; [1] derecho de acción que será acotado y ejercido en todo caso de conformidad al deber de garantía jurisdiccional, asegurando de tal manera que el ejercicio del poder punitivo no sobrepase el núcleo esencial de los derechos fundamentales, tales como son el derecho de petición y el de audiencia, el de inviolabilidad del derecho de defensa y, a la vez, en términos de configuración general, del ya citado principio derecho al debido proceso, establecidos y proclamados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que en cuanto a la argumentación promovida por la amparista, referida a que el tipo penal imputado no casa con los hechos declarados probados del caso, por no haber intervenido en ellos un perjuicio al ofendido (Estado de Honduras), mediando violencia e intimidación en las personas que se apoderen de una cosa inmueble o de un derecho real, cuyo dominio y propiedad sea de ajena procedencia, sino que la sucesión dominical de éste, respecto a un contrato de alquiler que suscribiera el imputado con el Banco que antecedió en el tracto sucesivo al Estado como propietario del inmueble. Al respecto, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que tal alegación, con la respetabilidad que esta amerita, incumbe netamente a la jurisdicción ordinaria su resolución, pues es la que se constituye para impartir justicia con sujeción únicamente a la Constitución y las leyes, aplicándolas al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado,[2] mas no constituye objeto propio de conocimiento y resolución para la jurisdicción constitucional, conociendo de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (8): Que en lo que respecta a esto último, resulta claro que definir el concepto y ámbito de aplicación del tipo penal de Usurpación, previsto en el artículo 227 de nuestro Código Penal, así como sus posibles límites y alcances o si guarda relación intrínseca o accidental con respecto a los elementos objetivos que ya tipifica el artículo 229 del referido Código (como son la incidencia de violencia o amenaza en las personas alegadas por el Recurrente), correspondería dirimirlo propiamente a la jurisdicción ordinaria, como ha quedado expresado en el anterior Considerando. Por otra parte, resulta que también se aprecia del estudio del caso, variedad de opiniones en la doctrina penal consultada,[3] las que no necesariamente muestran afinidad con la afirmación dogmático-jurídica que formula el peticionario en formalización del recurso.[4] CONSIDERANDO (9): Considera la Sala que anteriormente expuesto reconduce al argumento limitativo de competencia que queda fundado, respecto a la indebida objeción de violaciones de mera legalidad, [5] en sede de Justicia Constitucional, en contra de la actividad concreta emprendida por la autoridad denunciada. En este caso, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán que ha quedado debidamente relacionada. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha efectuado un análisis congruente y de fondo ante los hechos y el derecho alegados en el presente caso, con especial atención a los derechos constitucionales invocados y en particular a los artículos 80, 82, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República; 198, 199, 300 y 301 del Código Procesal Penal, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), no encontrándose violación o menoscabo en los términos expresados por el Recurrente, los cuales no alcanzan el mérito necesario para su otorgamiento. Por lo anteriormente expuesto, sin perjuicio del efecto excluyente y de no prejuzgamiento respecto al fondo de la controversia, procede dictar sentencia denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo del dos mil quince.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO ORTIZ PEREZ a favor del señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y confirmó, por ende, la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil doce (2012); con relación a la causa seguida contra el señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. Estima el Recurrente como violentados, los derechos estipulados en los artículos 80, 82, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República; 198, 199, 300 y 301 del Código Procesal Penal, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH). ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil doce (2012), la Abogada CLAUDIA CAROLINA REYES PONCE actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ por imputarle, a título de autor, la comisión del delito de USURPACION en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE FINANZAS). 2) Que una vez celebrada Audiencia Inicial en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual: (sic) “…decreta UN: AUTO DE PRISION con la medida cautelar como una medida sustitutiva a la prisión preventiva contra el señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ, se le imponen las medidas sustitutivas 6) queda obligado a presentarse a firmar el libro correspondiente los días viernes de cada semana, 7) Prohibido salir del país sin la debida autorización, 9) Prohibido comunicarse con los ofendidos siempre que no afecte su derecho de defensa. Se le otorga un mes a partir de las fechas 22 de Octubre al día 22 de noviembre a efecto que el imputado pueda de forma voluntaria abandonar el local sin perjuicio de las medidas coercitivas que en su momento se puedan tomar,….”. (Ver folios cuarenta y siete (47) al cuarenta y nueve (49) de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO ORTIZ PEREZ en su condición de Defensor Privado del señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ, contra el auto de prisión dictado en contra de éste último, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirmando, por ende, la resolución apelada; lo cual tuvo como fundamento que con la prueba evacuada en la audiencia inicial se estableció la legitima propiedad del inmueble a favor del ente estatal que comparece como ofendido, en particular por el instrumento público número 102 de 7 de diciembre de 1983, autorizado por el Notario Público, don Napoleón Panchamé, el cual fue debidamente inscrito; habiendo el ofendido (Secretaría de Finanzas) requerido de manera pacifica al imputado, señor Carlos Alfredo López López, para que desaloje el inmueble, a pesar que éste último carece de documentación alguna que le acredite algún derecho sobre el inmueble o algún contrato que le permita la permanencia en el mismo. Que con lo anteriormente relacionado se ha establecido de manera plena el delito de USURPACION en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE FINANZAS), así como el indicio racional de participación del imputado a título de autor, por lo cual se reúnen los requisitos constitucionales y procesales que legitiman el auto de prisión impuesto por tal delito al señor imputado, procediendo asimismo confirmar la orden de desalojo. (Ver folios ochenta y siete (87) al ochenta y nueve (89) de la pieza de los antecedentes). 4) El Recurrente Abogado CARLOS ROBERTO ORTIZ PEREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de junio del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor del señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 80, 82, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República; 198, 199, 300 y 301 del Código Procesal Penal, 8 y 25 de la de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH). Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al Recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y confirmó, por ende, la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil doce (2012); con relación a la causa seguida contra el señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, lo cual se fundamenta jurídicamente en las consideraciones antes expuestas en el Antecedente 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que el Recurrente, Abogado CARLOS ROBERTO ORTIZ PEREZ, alega en la formalización de su recurso de amparo, que la sentencia de apelaciones en mención, resulta violatoria de los artículos constitucionales referentes a las declaraciones, principios y derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República; 198, 199, 300 y 301 del Código Procesal Penal, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH). Sigue manifestando el amparista que el acto contra el cual reclama y que estima violatorio de los derechos constitucionales del señor CARLOS ALFREDO LOPEZ LOPEZ, consiste en la imposición de un auto de prisión por el delito de USURPACION, antes referido y la consiguiente orden de desalojo del inmueble que ocupa legítimamente, desde hace más de cuarenta (40) años, su poderdante; debiendo diferirse el conocimiento de la presente causa a la jurisdicción de lo civil, encontrándose inclusive en trámite, a instancias del agraviado y ante las oficinas de Catastro, una solicitud de prescripción adquisitiva del referido inmueble. CONSIDERANDO (5): Que en sustento de la presente acción de amparo, sigue manifestando el Recurrente, se invocan múltiples violaciones al entramado normativo constitucional y las obligaciones convencionales en materia de derechos humanos suscritas y ratificadas por el Estado de Honduras, para el caso los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) aquí denunciadas, las cuales han victimizado al agraviado innecesariamente con el requerimiento contra él formulado en sede penal, impidiéndole el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso constitucional, por lo que solicita de esta Sala el otorgamiento del presente recurso de amparo, declarando SIN LUGAR la resolución adoptada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal y dejando así espacio libre para que la Dirección General de Regularización Predial dicte su resolución en lo pertinente a la prescripción adquisitiva del referido inmueble como derecho adquirido del señor agraviado. CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, oídas las alegaciones de la Recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a las siguientes consideraciones, a la luz del derecho constitucional vigente. En primer lugar, que se ha garantizado en el caso bajo juzgamiento el derecho de audiencia y los principios de contradicción e inmediación que son inherentes al debido proceso en su amplio concepto. En tal virtud, en nada interfiere la jurisdicción nacional con la solicitud presentada a instancias del agraviado, ante las oficinas de Catastro (Sic.), para que se decrete prescripción adquisitiva en el referido inmueble. Asimismo, entiende esta Sala que el ordenamiento jurídico hondureño proclama a nivel constitucional el derecho a la propiedad, el cual de conformidad al artículo 103 constitucional debe ser entendido en armonía con el concepto de función social, sin perjuicio de las limitaciones que por motivos de necesidad o de interés público, establezca la ley. En tal sentido, si bien es dable encausar este tipo de conflictos bajo una solución coercitiva, ésta debe ejercerse en compatibilidad al principio de subsidiariedad o ultima ratio, propio y característico de la ciencia del derecho penal; [1] derecho de acción que será acotado y ejercido en todo caso de conformidad al deber de garantía jurisdiccional, asegurando de tal manera que el ejercicio del poder punitivo no sobrepase el núcleo esencial de los derechos fundamentales, tales como son el derecho de petición y el de audiencia, el de inviolabilidad del derecho de defensa y, a la vez, en términos de configuración general, del ya citado principio derecho al debido proceso, establecidos y proclamados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que en cuanto a la argumentación promovida por la amparista, referida a que el tipo penal imputado no casa con los hechos declarados probados del caso, por no haber intervenido en ellos un perjuicio al ofendido (Estado de Honduras), mediando violencia e intimidación en las personas que se apoderen de una cosa inmueble o de un derecho real, cuyo dominio y propiedad sea de ajena procedencia, sino que la sucesión dominical de éste, respecto a un contrato de alquiler que suscribiera el imputado con el Banco que antecedió en el tracto sucesivo al Estado como propietario del inmueble. Al respecto, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que tal alegación, con la respetabilidad que esta amerita, incumbe netamente a la jurisdicción ordinaria su resolución, pues es la que se constituye para impartir justicia con sujeción únicamente a la Constitución y las leyes, aplicándolas al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado,[2] mas no constituye objeto propio de conocimiento y resolución para la jurisdicción constitucional, conociendo de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (8): Que en lo que respecta a esto último, resulta claro que definir el concepto y ámbito de aplicación del tipo penal de Usurpación, previsto en el artículo 227 de nuestro Código Penal, así como sus posibles límites y alcances o si guarda relación intrínseca o accidental con respecto a los elementos objetivos que ya tipifica el artículo 229 del referido Código (como son la incidencia de violencia o amenaza en las personas alegadas por el Recurrente), correspondería dirimirlo propiamente a la jurisdicción ordinaria, como ha quedado expresado en el anterior Considerando. Por otra parte, resulta que también se aprecia del estudio del caso, variedad de opiniones en la doctrina penal consultada,[3] las que no necesariamente muestran afinidad con la afirmación dogmático-jurídica que formula el peticionario en formalización del recurso.[4] CONSIDERANDO (9): Considera la Sala que anteriormente expuesto reconduce al argumento limitativo de competencia que queda fundado, respecto a la indebida objeción de violaciones de mera legalidad, [5] en sede de Justicia Constitucional, en contra de la actividad concreta emprendida por la autoridad denunciada. En este caso, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán que ha quedado debidamente relacionada. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha efectuado un análisis congruente y de fondo ante los hechos y el derecho alegados en el presente caso, con especial atención a los derechos constitucionales invocados y en particular a los artículos 80, 82, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República; 198, 199, 300 y 301 del Código Procesal Penal, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), no encontrándose violación o menoscabo en los términos expresados por el Recurrente, los cuales no alcanzan el mérito necesario para su otorgamiento. Por lo anteriormente expuesto, sin perjuicio del efecto excluyente y de no prejuzgamiento respecto al fondo de la controversia, procede dictar sentencia denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 0428-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Según Francisco Muñoz Conde (Derecho Penal: Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 354), aparte del tipo básico de Usurpación, se introdujo en la reforma reciente de 1995 en el Código Penal español, el apartado (numeral) segundo del artículo 245, el cual contiene el delito de ocupación pacífica, para quien sin autorización debida, ocupe un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o el mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular. - La crítica lege ferenda que ofrece el connotado penalista consiste en que ya por la vía de los interdictos civiles y de las leyes de arrendamientos, se les da a los titulares de los inmuebles ocupados suficientes medios para acabar con la ocupación: “… y que, en principio, el problema se debe situar en esta vía (…)”. Ibídem.

[2] Conforme a lo estipulado en los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República.

[3] Para el caso el artículo de Mendoza de Castro, María Antonieta: La usurpación en: Temas de Derecho Penal. Homenaje a José María Palacios Mejía. (Cálix Hernández, Jacobo et al (Comp.). Corte Suprema de Justicia. Litografía López, Tegucigalpa M.D.C., 2014); en el cual manifiesta que en las legislaciones modernas han desaparecido los conocidos elementos típicos del delito de Usurpación: “… como la violencia o intimidación, el engaño, el abuso de confianza y las amenazas…”. (Vid. p. 465 y ss.).

[4] Resume el estado de la cuestión el comentario del Dr. René Suazo Lagos, cuando expresa que originalmente el Código Penal establecía que esta pena debía aplicarse a quien mediante violencia o intimidación se apoderara de una cosa inmueble o usurpara un derecho real, pero en la reforma se omitió todo concepto de usurpación: “… estableciendo tan sólo la pena con que se debe sancionar este delito, lo cual obliga a precisar doctrinariamente este concepto”. Vid. Código Penal Comentado, 2ª edición, Empresa Nacional de Artes Gráficas (E.N.A.G.), Tegucigalpa M.D.C., 2000), p. 122.

[5] Ver lo prescrito para el caso en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC).