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Sentencia AP-368-14 — Registro 4753

Resumen

Resolución recurrida que deniega el recurso de amparo en virtud de inadmisibilidad de querella interpuesta por recurrente por el delito de Difamación constitutiva de Injuria contra dirigente sindical

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CUATRO (4): Que esta sala Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones, cuando al examinar los antecedentes consta que en el caso que nos ocupa lo que se manifiesta es la preocupación por el bienestar de los trabajadores que representa el señor Durón, pues es un hecho notorio que es un dirigente sindical, cuyas manifestaciones fueron vertidas desde esa representación que ostenta; lo que se equipara a conductas atípicas cuando se trata de critica a políticas o gestión administrativa; o cuando se trata de defender intereses colectivos legítimos, de información a la opinión publica, de datos personales, ineptitud profesional, comportamiento incorrecto de personajes públicos, políticos, etcétera, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 72 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, que deniega el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUITION SYSTEMS S. de R.L. de C.V., conocida bajo el nombre comercial de KYUNGSHIN-LEAR, contra la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil trece, proferida por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con motivo de la Querella por el delito de DIFAMACIÓN CONSTITUTIVA DE INJURIAS promovida por el Abogado EDGARDO DUMAS CASTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUITION SYSTEMS S. de R.L. de C.V., conocida bajo el nombre comercial de KYUNGSHIN-LEAR, contra el señor DANIEL DURON ROMERO. Estima el recurrente que dicha resolución es violatoria del derecho de Defensa y del derecho al debido proceso estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDGARDO DUMAS CASTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUITION SYSTEMS S. de R.L. de C.V., conocida bajo el nombre comercial de KYUNGSHIN-LEAR, interponiendo Querella por el delito de DIFAMACIÓN CONSTITUTIVA DE INJURIAS contra el señor DANIEL DURON ROMERO.2) Que en fecha diez de septiembre de dos mil trece, el Tribunal en referencia, dictó resolución mediante la cual resolvió Declarar sin lugar de plano la querella presentada por el Abogado EDGARDO DUMAS CASTILLO contra el señor DANIEL DURON ROMERO, en virtud que notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito. (Folios 42 y 43 de la pieza de primera instancia). 3) Que el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, compareció en fecha trece de diciembre de dos mil trece, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUITION SYSTEMS S. de R.L. de C.V., conocida bajo el nombre comercial de KYUNGSHIN-LEAR, contra la resolución proferida por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha diez de septiembre de dos mil trece. Manifestando el recurrente que dicha resolución es violatoria del derecho de Defensa y del derecho al debido proceso estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la pieza de segunda instancia).4) Que en fecha veintiocho de marzo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones referida dictó sentencia mediante la cual denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO. (Folios 23 Y 24 de la pieza de segunda instancia)

  1. Que en fecha diez de abril de dos mil catorce, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento al Artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que deniega el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUITION SYSTEMS S. de R.L. de C.V., conocida bajo el nombre comercial de KYUNGSHIN-LEAR, contra la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil trece, proferida por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con motivo de la Querella por el delito de DIFAMACIÓN CONSTITUTIVA DE INJURIAS promovida por el Abogado EDGARDO DUMAS CASTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUITION SYSTEMS S. de R.L. de C.V., conocida bajo el nombre comercial de KYUNGSHIN-LEAR, contra el señor DANIEL DURON ROMERO. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil trece, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán,, es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en virtud que se ha violentado el derecho al debido proceso, al declarar sin lugar de plano la querella presentada contra el señor DANIEL DURON ROMERO, en virtud que notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta sala Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones, cuando al examinar los antecedentes consta que en el caso que nos ocupa lo que se manifiesta es la preocupación por el bienestar de los trabajadores que representa el señor Durón, pues es un hecho notorio que es un dirigente sindical, cuyas manifestaciones fueron vertidas desde esa representación que ostenta; lo que se equipara a conductas atípicas cuando se trata de critica a políticas o gestión administrativa; o cuando se trata de defender intereses colectivos legítimos, de información a la opinión publica, de datos personales, ineptitud profesional, comportamiento incorrecto de personajes públicos, políticos, etcétera, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 72 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Confirmado la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado.- GARCIA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de julio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha dos de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0368=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL