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Sentencia AP-339-12 — Registro 4721

Resumen

Resolución emitida por el ad-quem que confirma la sentencia interlocutoria que concedía el beneficio penal consistente en la conmuta de la pena impuesta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

En el presente caso resulta claro que la fundamentación vertida por Tribunal ad-quem para declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Publico, nace de la equiparación entre pena y conmuta por trabajo comunitario; lo cual no se compadece de los supuestos de posibilidad, imposibilidad o ilusoriedad que dimanan de las reglas del concurso real que establece el artículo penal precitado, siendo que lo decisivo en la pretensión fiscal remite a que el reo debió cumplir la suma material de ambas penas a que resultó condenado, debiéndose cumplir primero la pena mayor, seguido por la pena menor. CONSIDERANDO (8): Que no obstante la línea jurisprudencial aquí expresada, es menester dejar señalado como expresa salvedad de esta Sala de lo Constitucional, que existe el precedente, a contrario sensu emitido en el expediente AP 345-08 de fecha seis de octubre de 2009, según el cual: “el principio de acumulación entendido de un modo aritmético, si no se limita de algún modo, conduce a penas draconianas, incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica, siendo lógico que se arbitren determinados criterios, en los que, combinando los diversos principios, se llegue a penas proporcionales”, criterio que no resulta aplicable al presente caso,[4] pues la suma de las penas impuestas al señor JUAN CARLOS AVILA HERNANDEZ, consistentes en una pena de reclusión de cinco años por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de los señores MICHELLE FRANCELIA ROMERO, JUAN CARLOS ROMERO BUSTILLO, y a la pena de dos años con tres meses de reclusión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; no resultan en modo alguna desproporcionadas o conducentes a una aplicación draconiana del instituto de concurso de penas y/o delitos, sino que guardan una razonabilidad sustantiva acorde al canon de debido proceso que ha quedado asentado en las anteriores consideraciones. CONSIDERANDO (9): Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, y que se ha recurrido en esta vía constitucional vulnera efectivamente el derecho fundamental al debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual resulta meritorio otorgar la presente acción de amparo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de febrero de dos mil quince (2015), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual condenó a la señora M. G. D. G. y al señor R. DE LA O., a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autores responsables del delito de DAÑOS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio de la señora J. DE LA O G.; Se Declara a favor de los señores M. G. D. G. y R. DE LA O, EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, por un periodo de CINCO (5) AÑOS; Asimismo se declara responsables civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado D. J. Q., actuando en su condición de Apoderado de los encausados M. G. D. G. y R. DE LA O. SON PARTES: El Abogado D. J. Q., Apoderado Defensor de los Señores M. G. D. G. y R. de la O, en su condición de Recurrente y la Abogada T. J. F., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ÚNICO: El día diez (10) de mayo del año dos mil ocho, en la aldea El Carmen del Municipio de Camasca, departamento de Intibucá, los señores R. DE LA O y M. G. D. G. en compañía de otras personas, comenzaron a desentejar y a causar deterioros en la vivienda propiedad de su madre y abuela, respectivamente, señora J. de la O G., averías que se cuantifican por un valor mayor a los veinticinco mil lempiras, circunstancia esta que provocó que dicha,a se fuera a vivir a la vivienda de su hija M. de J. de la O.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- El recurrente, Abogado D. J. Q., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “Casación por infracción de ley. ► Motivo Único: Infracción por falta de aplicación de las normas 264 (excusa absolutoria) en relación al 254 (delito de daños) del Código Penal. ► Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en los dispuesto en la norma 360, párrafo primero, del elenco ritual procesal, en la parte que se lee así: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... cuando dados los hechos probados en la sentencia se hayan infringido un precepto penal... de carácter sustantivo,…” ► Explicación del Motivo: La norma penal 264 establece: “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por hurto, defraudaciones o daños que recíprocamente se causen los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines”. La norma precitada recoge una EXCUSA ABSOLUTORIA. En concepto del IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE y otros, (Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Editorial Praxis, S.A, 1 edición, octubre de 1996, Pág. 226), «son circunstancias o requisitos directamente relacionados con la persona del autor. El legislador es consciente de que la conducta es delictiva, y por ello lo suficientemente grave como para merecer una pena. Sin embargo, la propia valoración del legislador indica que este hecho, del que ya se ha afirmado su carácter antijurídico y culpable, debe ser excepcionalmente tolerado. Por ello lo priva de la sanción penal, basándose en apreciaciones previas de carácter político criminal. La formulación de estas excusas absolutorias es normalmente negativa, excluyendo la pena que correspondería a los intervinientes. Las excusas absolutorias, por su carácter personal, solo excluyen la pena a aquellos intervinientes en quienes concurra» Del mismo modo, Juan J. Bustos Ramírez y Hernán Hormazabal Malarée (Lecciones de Derecho Penal, Parte General, editorial trotta, SA, 2006, Pág. 356 y 357), referente a las excusa absolutorias, parafraseado a Silvela destaca que estas «no justifican el hecho y que por lo tanto tampoco son causas de atipicidad, pues el injusto o delito esta completo, pero que, sin embargo, por estrictas razones de utilidad, luego político-criminales, no se impone pena, aun cuando hay un sujeto activo claramente determinado que podría responder del delito. En definitiva, las excusas legales absolutorias son circunstancias personales que por estricta razones de utilidad en relación a la protección del bien jurídico excluye la imposición de pena.» En opinión del Doctor R. S. L., (Lecciones de Derecho Penal I, Parte General, 9 edición, año 2003 Pág. 128). «Las excusas absolutorias y las causas personales de exclusión de la pena, constituyen aspectos negativos de la punibilidad, por lo cual su función principal es excluir la pena, aun en los casos en que una conducta es típica, antijurídica y culpable, todo ello porque, por razones de utilidad o de política criminal, el legislador ha considerado conveniente no actualizar o dejar en suspenso la punibilidad. Cita como ejemplo clásicos de excusas absolutorias en el Código Penal Hondureño, lo mencionado en el artículo 339 conforme el cual, cuando los rebeldes o sediciosos se disolvieran o se sometieran a la intimación que al efecto les haga la autoridad legítima, quedaran exentos de pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, si no fueran empleados público, y en el artículo 264 conforme al cual, no se pena los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causen los cónyuges. los que hacen vida marital. los ascendientes o descendientes, consanguíneos o afines1 el viudo o la viuda respecto de las cosas que pertenecieron a su difunto cónyuge si no ha casado a poder de otro y los hermanos y cuñados si vivieren bajo el mismo techo. En el mismo sentido, podría considerarse como causa personal de exclusión de pena, lo establecido en el articulo 339 que declara exentos de pena, a los encubridores que lo sean de su cónyuge o de la persona que hacen vida marital o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que se hayan aprovechado por si mismos; o hayan auxiliado a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito.» Bajo este encuadre suscinto de la teoría dominante sobre el alcance y sentido de las EXCUSAS ABSOLUTORIAS, diremos en primer término, que el Código Penal Hondureño recoge claramente en la norma alegada (264) esta forma de exclusión de la pena. Por otra parte, al estudiar detenidamente la sentencia impugnada, es evidente que en toda su estructura, es decir, en la parte correspondiente a la identificación de las partes intervinientes, los antecedentes procesales, los hechos declarados probados, la prueba y su valoración y la fundamentación jurídica, los juzgadores establecen, conocen y dan por cierta la relación consanguínea o familiar existente entre los acusados y la presunta víctima, sin embargo y por cortesía procesal, tal extremo solo se expone a partir de los siguientes extractos de la sentencia: En el orden establecido, es menester comenzar analizando la parte de la sentencia que da la identificación de las partes intervinientes: En esta la parte el Tribunal de sentencia dice: “Como acusados, comparecieron... la señora M. G. D. G.… el señor R. DE L O, hijo de J. DE LA O (presunta víctima)… En la narración judicial efectuada sobre los antecedentes procesales (discurso de conclusiones de las partes), el Tribunal rememora las expresiones de la Fiscal del Ministerio Público: “…por lo que tal y como lo dispone el artículo 179-A, cualquier acto que tenga la finalidad de causar un daño físico y siendo que se ha acreditado que es abuela y madre de los acusados.” En los HECHOS DECLARADOS PROBADOS, el Tribunal de sentencia, expone: los señores R. DE LA O y M. G. D. G. en compañía de otras personas, comenzaron a desentejar y a causar deterioros en la vivienda propiedad de su madre y abuela, respectivamente...” Consecuentemente es importante insistir que durante el proceso de juicio oral y público (ver prueba y su valoración), fue patente el vinculo familiar entre las partes, es decir que los señores M. G. G. D. y R. DE LA O, son respectivamente nieta e hijo de la señora reputada ofendida J. DE LA O G., luego entonces, los procesados son ascendiente y descendiente de la víctima. El gravísimo vicio procesal del Tribunal de Sentencia en este motivo casacional, es indudablemente, condenar a los señores M. G. G. y R. DE LA O como autores responsables, directos y voluntarios de un delito de DAÑOS, incurre por ende, en un motivo de impugnación de la sentencia por infracción de ley, por violación de la ley, o dicho de otra forma, por la falta de aplicación de la norma penal 264, pues evidentemente, los imputados están exentos de responsabilidad criminal por daños al patrimonio de la señora ofendida. La norma penal 264, indica que no se penan los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causen los cónyuges, los que hacen vida marital, ascendientes o descendientes, consanguíneos o afines, el viudo o la viuda respecto de las cosas que pertenecieron a su difunto cónyuge si no ha pasado a poder de otro y los hermanos y cuñados si vivieren bajo el mismo techo. Implica pues que en el presente caso, se cumplen todos y cada uno de los requisitos para la aplicación irrestricta de la norma sustantiva penal citada y que el Tribunal de Sentencia con grave negligencia inexcusable cielo de aplicar: ♦ A).- En primer término, los hechos declarados probados que contienen la imputación, fueron finalmente calificados y estimados por el Tribunal sentenciador como un delito de DAÑOS: PARTE DISPOSITIVA: FALLA: PRIMERO: Declarar, a la acusada, M. G. G., penalmente responsable como actora directa de un delito de DAÑOS: SEGUNDO: Declarar, al acusado, R. DE LA O, penalmente responsable como actor directo de un delito de DAÑOS. ♦ De la declaración de hechos probados (también en otros apartados de la sentencia), el Tribunal, da por cierto que los señores M. G. D. G. R. DE LA O, son nieta e hijo de la supuesta víctima, J. DE LA O G.. ♦ B).- La norma manda que los daños se causen recíprocamente, es decir en ambos sentidos o viceversa, por manera que se aplica tanto, al sujeto activo si es un ascendiente o descendiente. No implica jamás y no es el espíritu de la norma, que la norma solo se aplique si los daños ocurren de modo recíproco y en solo evento, es decir, que en los hechos, tanto el ascendiente o descendiente al mismo tiempo, se causen daños, hurtos o defraudaciones, por la expresión “recíprocamente”, solo puede entenderse como hechos que pueden ocurrir en viceversa entre parientes y no que ocurran al mismo tiempo y en solo acto. ♦ La exigencia del artículo 264 in fine: “y los hermanos y cuñados si vivieren bajo el mismo techo”, es un requisito que de la literalidad de la norma, solo se aplica a aquellos sujetos activos que siendo hermanos y cuñados, es necesario que para que este exentos de pena, vivan bajo el mismo techo, es decir que compartan una residencia, morada, casa o hogar común. Como resulta patente, los señores M. G. D. G. y R. DE LA O, siendo nieta e hijo respectivamente de la presunta ofendida, fueron indebidamente e injustamente condenados por el delito de DAÑOS a la propiedad, sin aplicar el Tribunal de Sentencia LA EXCUSA ABSOLUTORIA del artículo 264, en beneficio de los procesados, tal y como era su obligación ineludible, bajo el principio de IURA NOVIT CURIA”.- III.- Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de “Casación por quebrantamiento de forma. ► Motivo Único: Incongruencia entre la sentencia y las pretensiones del Ministerio Público. ► Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en lo dispuesto en la norma 337 del elenco ritual procesal. ► Explicación del Motivo: El principio acusatorio tiende a garantizar la debida imparcialidad del órgano jurisdiccional en relación a las partes, así como a la acción penal, con la fijación del objeto del proceso, tanto en su aspecto subjetivo (persona contra quien va dirigida la acción), como objetivo (hechos sometidos a enjuiciamiento) con lo cual, una de su notas esenciales exige la correlación entre la acusación y la sentencia, debido a que la determinación del contenido de la acusación, es un asunto de las partes, que no puede dejarse en manos del juzgador sin poner entre dicho su debida imparcialidad. Los términos en que se plantea la acusación determinan el objeto del proceso, por lo cual el juzgador no puede apartarse de los mismos, y así genera un grado de vinculación del Tribunal con esos dos elementos señalados: El objetivo y subjetivo. De esta manera, la vinculación judicial se extiende también a la calificación que sostenga la acusación sobre el hecho. Se considera que la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, en contra de M. G. D. G. y R. DE LA O, es contentiva del vicio que taxativamente establece el artículo 337 del Código Procesal Penal que establece: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de carpos y en el auto de abertura a juicio o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de la actuaciones antes indicadas”. El ordenamiento jurídico-procesal, exige como garantía al principio de imparcialidad judicial, el respeto absoluto al principio de congruencia de la sentencia con la acusación, inclusive sobre el aspecto de la prohibición de la reforma peyorativa, es decir no pudiendo calificarse el hecho de forma mas grave como lo plantea la acusación, sin permitir siguiera un margen de iniciativa de propuesta de calificación distinta, quedando a salvo la reforma en la calificación jurídica a favor del imputado, al punto de permitir la norma 337 al Tribunal sentenciador la apreciación o calificación del hecho en faltas o contravenciones. Este motivo casacional rescata un pilar fundamental del sistema acusatorio, es decir en la necesidad de congruencia entre la sentencia y la acusación, y que representa en gran medida la ruptura de un paradigma de arbitrio judicial imperante en el sistema inquisitivo. El principio de congruencia indica que la sentencia no puede dar por acreditados otros hechos y otras circunstancias de los descritos en la acusación. La sentencia condenatoria que se dicte debe ser consecuencia del juicio y enmarcado en los limites fijados por la acusación. El propósito del principio, es impedir que el acusado sea condenado por un hecho diverso al que fuera imputado e intimado. Un factor importante, de suprema importancia, es que el esquema propuesto opera con una identidad entre el hecho planteado en la acusación y el hecho juzgado en el debate y por ende sometido a sentencia, base toral del principio de congruencia, teniendo que ver también la calificación (contra el reo), que deberá estar sujeta a la regla de prohibición peyorativa (no reforma en perjuicio). Nuestra jurisprudencia, específicamente de la Corte Suprema de Justicia, (sentencia de fecha 30/08/2006, recaída en el Recurso de Casación Penal numero 236-2005, el alto Tribunal ya sostiene: “… el juzgador para dictar su sentencia efectivamente se encuentra vinculado a la formalización de la acusación de las partes acusadoras, tanto en la descripción del hecho circunstanciado, como a la personalidad e identidad de los acusados y sus víctimas, objeto de juzgamiento… los actos procesales que fijan el objeto del juicio, compuesto por los hechos y sus circunstancias, su calificación jurídica provisional y los sujetos procesales, no son otros que los de: Formalización de acusación, contestación de cargos, auto de apertura a juicio, ampliación de la acusación y de contestación de la ampliación, en su caso…” En el presente caso, la norma procesal 337 que desarrolla EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, fue olímpicamente inobservada por el Tribunal de Sentencia, pues de la simple lectura del contenido de hechos, contenidos en la formalización de acusación y sostenidos durante la AUDIENCIA PRELIMINAR, se desprende que el Ministerio Público formalizó los cargos en contra de M. G. D. G. y R. DE LA O, por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, calificado y decretado en el artículo 179-A del Código Penal, calificación que inclusive sostenida por la Fiscalía al inicio del debate, por cuanto y tanto, es la calificación final de los hechos acordada en contra de los acusados, en el auto de prisión dictado en AUDIENCIA INICIAL. No obstante, el Tribunal de sentencia, sin una argumentación o motivación jurídicamente sostenible, falla condenado a los señores M. G. D. G. y R. DE LA O, como penalmente responsables como autores directos de un delito de DAÑOS. Es evidente por tanto, la violación al principio de congruencia por parte del Tribunal, pues como juzgadores, la norma procesal 337 les vedaba dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no fueran las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta. Sin embargo, de la lectura del ACTA DEL JUICIO se verifica que el Ministerio Publico al inicio del debate, al sostener los hechos que comprenden la FORMALIZACION DE ACUSACION, califico los mismos como un delito de Violencia Intrafamiliar, pues literalmente expuso lo siguiente: “Formaliza acusación contra los imputados por el delito de Violencia Intrafamiliar, la ofendida convivió por muchos años con su nieta M. G. G., por más de diez años en la aldea El Carmen, Camasca, Intibucá. El diez de mayo del 2007, los imputados se apoderaron de la casa donde vivían, botándole la ropa y utensilios de cocina, ahora quiere llegar a la casa donde vivían, la ofenden y la sacan y le dicen que no tiene porque llegar, porque no tiene nada que ver en la casa. Hechos que se constituyen en el delito de violencia intrafamiliar tipificada en el artículo 179-A del Código Penal, que conlleva una pena privativa de libertad de uno a tres años de reclusión”. Del examen y lectura del acta de debate, también se comprueba que el Ministerio Publico, durante el juicio, tampoco realizó una ampliación de acusación o de los cargos, en los términos que establece el artículo 321 el Código Procesal Penal. Al final del juicio, el Ministerio Publico, según la misma ACTA DE DEBATE, al pronunciar su discurso de conclusiones establece:”... que no queda duda de la participación de los ahora imputados, por lo que solicita se les condene por el delito de Violencia intrafamiliar, por el daño causado en la integridad psicológica y patrimonial de la ofendida de acuerdo al artículo 179-A del Código Penal...” Con lo anterior, queda establecido que el Tribunal de Sentencia al condenar a los imputados M. G. D. y R. DE LA O, por el delito de DAÑOS, no solo calificó los hechos, en perjuicio de los acusados en forma distinta de la que resultó de la formalización de acusación, pues el delito de Violencia Intrafamiliar, según el artículo 179-A, el bien jurídico es el orden de la familia, cuya pena es de uno (1) tres (3) años de reclusión, en tanto el delito de Daños, previsto en el artículo 254 del Código Penal, el bien jurídico protegido resulta ser la propiedad, cuya pena establecida es de tres (3) a cinco(5) años de reclusión. El Tribunal, no obstante que en la redacción de la sentencia reconoce paladinamente que los hechos formalizados y calificados por el Ministerio Público, son distintos al delito por el que finalmente condenan a los procesados, no ofrece sin embargo, una motivada y correcta justificación, jurídicamente sustentable. Así para el caso, el Tribunal en el numeral primero de la VALORACION DE LA PRUEBA, al valorar el testimonio de la imputada M. G. D. G., en el párrafo primero dice: “…en suma la propia versión de la imputada con forma extremos de cargo y condicionan a estos jueces en sostener firme el criterio de deducirles responsabilidad penal, si bien por otro delito del que imputaba el Ministerio Público, por uno que constituye elementos dañosos a la propiedad…” Más adelante los honorables Jueces de la Sentencia, al valorar la declaración de la señora J. DE LA O G., reputada presunta víctima refieren: “…que los dos encartados tienen participación directa en los hechos enjuiciados y que por unanimidad estos jueces consideran que lo es por el delito de daños contra la propiedad…”. Ahora bien, los juzgadores del Tribunal de Sentencia, como se ha establecido; y a sabiendas que el delito por el cual condenan no corresponde a los hechos calificados en la formalización de acusación, en la FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA SENTENCIA que sin duda alguna, es la parte de la sentencia donde se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, explican con valoración y motivación contradictoria e inaceptable, al contenido del principio de congruencia, los motivos jurídicos por los cuales califican los hechos en un delito de DAÑOS contra la propiedad, al decir en el numeral primero, párrafo cuarto de la fundamentación jurídica, lo siguiente: “Cabe mencionar en la presente sentencia que si bien el Ministerio Público interesó una imputación por un delito de Violencia Intrafamiliar sancionada en el artículo 179-A del Código Penal, no es menos cierto que para estos juzgadores en el transcurso del debate se ha acreditado un delito cuyo bien jurídico protegido es la propiedad, en el caso sub judice, los daños ocasionados a la vivienda de la ofendida”. Olvidan por tanto, lo honorables Jueces del Tribunal de Sentencia, que el principio acusatorio en su exacta formulación, supone que nadie puede ser condenado sin que se haya formulado debidamente una acusación contra él, por alguien distinto de aquel a quien le corresponde juzgar. Ello produce como consecuencia necesaria la exigencia de una correlación entre la acusación y sentencia. Olvidan también los Jueces del Tribunal de Sentencia, que los derechos de tutela judicial sin indefensión, a ser informado de la acusación y a un proceso con todas las garantías que reconoce la Constitución, conducen a señalar que los preceptos constitucionales y procesales consagran el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa. Ello significa además, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo. Esta correlación se manifiesta en la vinculación del Tribunal a algunos aspectos de la acusación, concretamente a la identidad de la persona contra la que se dirige: a los hechos que constituyen su objeto y a la calificación jurídica, de forma que no puede condenar por delito más grave o que no siéndolo sea homogéneo con el contenido de la acusación. Dicho lo anterior, extraña sobremanera, que Tribunales constitucionales, en un Estado Democrático de Derecho, sostenga aun criterios con arraigo y origen inquisitivo, que no atienda la función unificadora de la jurisprudencia, la finalidad nomofiláctica del recurso de casación, siendo desde todo punto de vista injustificado que desconozcan el sentido y alcance de un principio fundamental de la sentencia, pues a todas luces, el Tribuna de Sentencia, en este caso, ignoro e inaplicó la norma procesal y la jurisprudencia disponible, en grave detrimento de los procesados, incurriendo por ende en la redacción de la sentencia en errores in procedendo e in iudicando, sobre todo, cuando por la experiencia diaria de la judicatura en estos temas procesales, ya es criterio unificado y aceptado que los Tribunales de Sentencia de la Re publica. tienen la imposibilidad de condenar, por violación del principio de legalidad y de congruencia, al imputado a un delito más grave del sostenido por la acusación en la formalización de acusación o en la ampliación de cargos, es decir que no procede una calificación mas gravosa.- Por otra lado, es frecuente y aceptado, que los Tribunales de Sentencia condenen sin aspavientos por delitos homogéneos, es decir por delitos menos graves y que protejan los mismos bienes jurídicos, ejemplo: De robo a hurto, de homicidio a lesiones, de violación a actos de lujuria. LA DEFENSA PIDE EN DERECHO Y SUPLICA AL TRIBUNAL: Se admita este escrito, junto a la copia simple del mismo, tener por formalizada en tiempo y forma el presente recurso, conceder el termino de diez días a la parte recurrida, a efecto que pueda pronunciarse sobre el mismo, una vez cumplido ese trámite, emplazar a las partes para que dentro del quinto día hábil se personen ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y remitir las actuaciones a ese alto Tribunal”.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA TRES (3) DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO PENAL.- SE DENUNCIA INOBSERVANCIA DE LAS CAUSAS ABSOLUTORIAS DEL DELITO DE DAÑOS.- IV.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- V.- Como punto central, el Censor señala que el Tribunal de Sentencia debió absolver a sus representados en virtud de estar comprendidos en la causa absolutoria del numeral 1) del artículo 264 del Código Penal, dado que se trata de daños recíprocos entre ascendientes y descendientes. - VI.- La PUNIBILIDAD es la posibilidad de imponer una sanción a aquella conducta penalmente reprochable; La punibilidad no debe de ser entendida como un elemento del delito, sino como una consecuencia de éste. La Punibilidad se compone elementos objetivos y subjetivo.- 1).- ELEMENTOS OBJETIVOS DE PUNIBILIDAD: La Punibilidad implica el merecimiento de una pena, dando así el sentido de que todo delito es punible.- En algunos casos el tipo penal condiciona la extensión de la punibilidad a determinadas circunstancias objetivas que implican mayor reproche, pudiendo ser condiciones personales, modalidad criminosa, objeto del delito, etc.; así por ejemplo en los delitos de hurto (Art. 224 del CP) y estafa (Art. 241 del CP), la extensión de la punibilidad o magnitud del castigo dependerá del valor del bien mueble objeto del delito, mientras que en el delito de estupro (Art. 142 del CP) la penalidad dependerá de la modalidad criminosa (prevalimiento o engaño).- 2).- ELEMENTOS SUBJETIVOS DE PUNIBILIDAD: La punibilidad implica la posibilidad de aplicar penas; si bien la pena solo podrá ser impuesta tras comprobarse la existencia del delito, ello no comporta que ante un delito necesariamente se tenga que imponer una pena, de tal modo que ello dependerá en algunos casos de la existencia de las denominadas excusas absolutorias.- Estas son el conjunto de circunstancias que determinan la exclusión de la pena a la conducta penalmente relevante, típica, antijurídica y culpable; no todo delito tendrá excusas absolutorias, éstas serán determinadas en cada tipo penal, elegidas por el legislador obedeciendo a consideraciones de política criminal, cuando estime que en ciertos casos no es necesaria o conveniente la imposición de la pena.- VII.- Entre las Excusas Absolutorias contempladas en el Código Penal, encontramos las señaladas en su artículo 264; indica la norma que “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1) Los cónyuges, el hombre y la mujer que hacen vida marital y los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. 2) El viudo o viuda, respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. 3) Los hermanos y cuñados, si vivieren bajo el mismo techo. La exención de este artículo no es aplicable a los extraños que participen del delito.”. El fundamento de las excusas antes relacionadas se encuentra en una razón de política criminal que exige no criminalizar actos efectuados en el seno de grupos familiares unidos por fuertes vínculos en los términos descritos, ya que la irrupción del sistema penal dentro del grupo familiar resulta poco recomendable en tanto que perjudicaría la posible reconciliación familiar, siendo por otro lado contraria a la filosofía que debe inspirar la actuación penal de mínima intervención y última ratio, siendo preferible diferir el conflicto a la jurisdicción civil que supone una intervención menos traumática y más proporcionada a la exclusiva afectación de intereses económicos como los únicos cuestionados, de ahí que se excluyan los apoderamientos violentos o intimidatorios en los que quedan afectados valores superiores a los meramente económicos como son la vida, la integridad física o psíquica, la libertad y seguridad. Esta Sala es del criterio que la reciprocidad a la que alude el artículo 264 supracitado no comporta que en un caso concreto objeto de juzgamiento los sujetos mencionados en el precepto deban tener necesariamente la doble condición de ofensor y víctima, sino que la excusa es aplicable en cualquiera de las combinaciones posibles, es decir cuando el ascendiente, por ejemplo, el abuelo cometa un delito de hurto en perjuicio de su nieto (descendiente) o viceversa, o cuando el esposo comete una defraudación en perjuicio de su esposa o viceversa. Dicho en otros términos cuando el texto emplea el adverbio recíprocamente debe entenderse de manera tal que si en otro suceso se invierten los roles y aquéllos, quienes fueron protagonistas activos pasan a ser los sujetos pasivos, los nuevos autores también estarán eximidos; por lo menos los identificados en los numerales primero y tercero, pues es impensable que se dé la misma hipótesis en el caso del numeral segundo. Una lectura detenida del factum revela que se tiene por acreditado que los señores R. DE LA O y M. G. D. G. en compañía de otras personas, desentejaron y causaron deterioros en una vivienda propiedad de su madre y abuela, respectivamente, la señora J. de la O G., averías cuyo monto ascendió a un valor superior a los veinticinco mil lempiras, y que en la parte dispositiva de la sentencia impugnada se condenó a dichos encartados por la comisión del delito de DAÑOS a una pena de tres años de reclusión, al mismo tiempo que se les concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena. De este modo y siendo que del factum se desprende que los procesados son descendientes consanguíneos de la ofendida en línea recta, hijo y nieta respectivamente (es decir en el primero y segundo grado de consanguinidad) y que el delito que se les atribuye es el de daños, cabe aplicar en su favor la excusa absolutoria prevista en el artículo 264 No. 1) del Código Penal, consecuentemente el Juzgador de instancia ha inobservado lo dispuesto en el precepto mencionado al dictar una sentencia condenatoria en contra de los encausados, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente. Por todas las razones anteriormente expuestas debe declararse con lugar el presente motivo de casación formulado por la Defensa de los encartados. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA TRES (3) DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NO SE CITA PRECEPTO AUTORIZANTE.- SE DENUNCIA INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LAS PRETENSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Habiendo prosperado el primer motivo por infracción de ley en virtud del cual se absuelve a los imputados, esta Sala considera que no es pertinente pronunciarse sobre el presente motivo formulado por la Defensa de los encartados. IX.__ POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, en su único motivo, interpuesto por el Abogado D. J. Q., Apoderado Defensor Privado de los acusados M. G. D. G. y R. de la O; SEGUNDO: CASANDO Y DECLARANDO la nulidad de la Sentencia de fecha tres de Junio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- TERCERO: DECLARANDO ABSUELTOS de responsabilidad criminal a los encausados M. G. D. G. Y R. DE LA O por el delito de DAÑOS en razón del cual habían sido condenados a la pena de tres años de reclusión, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para que proceda con arreglo a Derecho. Redactó: El Magistrado CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-472-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL