Sentencia AP-198-14 — Registro 4719
Resumen
Resolución recurrida que confirma el auto de prisión dictado en primera instancia contra el recurrente por los delitos de Extorsión y Asociación Ilícita
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"…""CONSIDERANDO (6): Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación, preliminar y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria en la que se desarrollan, varios actos procesales desde la investigación, requerimiento fiscal, audiencia de declaración del imputado y la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de formal procesamiento…, asimismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1]. Durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. CONSIDERANDO (7): Que ""La prueba puede significar lo que se quiere probar (objeto); la actividad destinada a ello (actividad probatoria); el procedimiento fijado por la ley para introducir la prueba al proceso (medio de prueba); el dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad (elemento de prueba); el resultado conviccional de su valoración[3]"". En esa línea de pensamiento, el ""elemento de prueba, o prueba propiamente dicha, es todo lo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva[4]. Relacionado este pensamiento con lo expuesto por la recurrente en cuanto a la ilicitud de la prueba aportada por el Ministerio Público, específicamente la llamada telefónica, captada por el Agente de Policía WILSON ELY MACHADO CASTRO, de la cual el mismo hace referencia en su declaración como testigo de cargo, hemos de hacer las observaciones siguientes: De acuerdo a los antecedentes en el presente proceso existen varias personas procesadas por los delitos de Extorsión, Asociación Ilícita y portación ilegal de armas, al momento de la detención del señor MATIAS HERNANDEZ RIOS (Coprocesado)fue detenido también el señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ a quien se le realizó un registro personal, y se le encontró el teléfono celular No. 33-14-62-98, que resultó ser el número desde donde se realizaban las llamadas para extorsionar varias personas y se hacía llamadas al señor Matías Hernández Ríos, número al que entraron varias llamadas de una persona identificada con el nombre de Lester, siendo captada una de ellas por el agente de policía mencionado, quien refirió el tipo de conversación escuchado, en dicha conversación se giraban instrucciones en relación a una persona conocida como “Doña Olga”, por lo que seguidas las investigaciones se identificó al ahora procesado LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, quien fue detenido y procesado junto a las personas antes mencionadas. El aparato celular en el cual se capta la llamada que hizo el señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, se encontraba en situación de decomiso y en proceso de investigación, por lo que si bien es cierto el agente de policía contestó una llamada en la que obtuvo elementos de prueba que posiblemente perjudican al representado de la recurrente, lo cierto es que la investigación debía continuar su curso, en consecuencia en cualquier momento saldría a luz la identidad del quejoso, lo cual era inevitable, asimismo, el señor ORTEZ FLORES no es titular de la línea en la cual se hizo la escucha, es una línea atribuida a un tercero, en este caso al señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ a quien se le había decomisado dicho aparato. Por otra parte la intervención de una comunicación privada, implica el hecho de interceptar, a través de instrumentos electrónicos o mecánicos, la comunicación que mantienen dos o mas personas con el objeto de obtener información que intercambian, sin el conocimiento de las personas cuya conversación se está registrando, siendo así, no puede sostenerse que el agente de policía nunca intervino la comunicación entre el señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ y el señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES. Asimismo el Ministerio Público se ha hecho valer de una serie de medios de prueba que establecen la probable participación de los acusados en los hechos por los que han sido procesados penalmente; todo ello sin menoscabar la presunción de inocencia de la que gozan, es así que siendo que el proceso apenas inicia y que el auto de formal procesamiento no causa estado, sino que susceptible de reforma o revocatoria, es meramente provisional y susceptible de ser revocado una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron, porque a las partes se les garantizan sus derechos en juicio, para hacer valer sus pretensiones, siendo el momento idóneo para someter al contradictorio todo el acervo probatorio, a fin de lograr una convicción jurídica en cuanto a la inocencia o culpabilidad de los acusados, la Audiencia de juicio oral y público. Por todo ello, esta Sala no encuentra quebranto al derecho -garantía constitucional del Debido Proceso, erróneamente invocada por la recurrente. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-Quem sobre la resolución dictada por la A-Quo, tanto de los hechos que motivan el requerimiento fiscal, como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, es conforme a Derecho, y así lo ha plasmado en su resolución al encontrar que de acuerdo a este estudio existe la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa.
CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.""
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Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
.Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-Quem sobre la resolución dictada por la A-Quo, tanto de los hechos que motivan el requerimiento fiscal, como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, es conforme a Derecho, y así lo ha plasmado en su resolución al encontrar que de acuerdo a este estudio existe la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa. ."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero del dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DARIÉN MINOU RIVERA PAVON a favor del Señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha siete de noviembre del año dos mil trece, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra el Señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ alias “TIGUACAL” por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra los Señores MATIAS HERNANDEZ RIOS, LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES Y WIL GABRIEL MORENO GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 y 100 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil doce, la Abogada KENIA LAGOS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, Departamento de Valle, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ alias “TIGUACAL” por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra los Señores MATIAS HERNANDEZ RIOS, LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES Y WIL GABRIEL MORENO GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, Departamento de Valle, en Audiencia Inicial celebrada en fechas veintitrés y veinticuatro de julio del año dos mil doce, resolvió: “1) Decretar el correspondiente AUTO DE PRISIÓN contra los señores ELIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ alias “El tiguacal” quien nació el 20 de abril, 1991 quien cuenta con 21 años de edad, hondureño, soltero, comerciante y con domicilio en el Campamento, La Montaña, Nacaome, Valle a quien se le requiere por considerarle participación del tipo penal de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ Y TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- MATIAS HERNANDEZ RIOS con identidad No. 1707-1975-00104 quien nació el 06 de febrero, 1975 cuenta con 37 años de edad, hondureño, en unión libre con la señora Heydi Osorio vígil, comerciante y con domicilio en la colonia Ismael Acosta, San Lorenzo, Valle.- 3) LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES con identidad No. 1709-1990-00701 quien es mayor de edad, hondureño, quien nació el 15 de julio, 1990, casado con Yuri Ariselda Salinas Lopez, con domicilio en el Caimito, San Lorenzo, Valle Y WIL GABRIEL MORENO GARCIA con identidad No. 1709-1975-00383, mayor de edad, hondureño y quien nació el 18 de septiembre, 1975 y cuenta con 37 años de edad, motorista casado con Seyby Noelia Rivera, con domicilio en la Aldea Brisas del Lago, Nacaome, Valle a quienes se les acusa como responsables de los delitos de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ Y TESTIGO PROTEGIDO.-.- 2) Notificar el correspondiente AUTO DE PRISIÓN al Director de la Granja Penal y este a su vez al imputado.-…” (Folios treinta y ocho (38) al cincuenta y dos (52) de la pieza de primera instancia). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada FLERIDA AIDEE SOSA SILVA en su condición de Defensora Pública de los imputados ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ, MATIAS HERNANDEZ RIOS Y LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha siete de noviembre del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1°) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Publica Abogada FLERIDA AIDEE SOSA SILVA, en contra de la resolución pronunciada en la audiencia inicial de fecha veinticuatro (24) de Julio del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle en la causa penal instruida en contra de los señores: ERLIS BARTOLO MARQUINA, de generales ya expresadas, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, de generales ya expresadas, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO; MATIAS HERNANDEZ RIOS, de generales ya expresadas, por suponerlo responsable del delitos de EXTORSIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO; y WIL GABRIEL MORENO GARCIA, de generales ya expresadas, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ, TESTIGO PROTEGIDO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2º) En consecuencia CONFIRMAR la resolución recurrida.-” (Folios diez (10) al dieciséis (16) de la pieza de segunda instancia). 4) Que la recurrente Abogada DARIÉN MINOU RIVERA PAVON, compareció ante éste Alto Tribunal, en fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 100 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha siete de noviembre del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, mediante la cual confirma la resolución pronunciada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle en la audiencia inicial de fecha veinticuatro de julio del dos mil doce, con relación a la causa instruida contra el señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES por suponerlo responsable del delito de EXTORCIÓN Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la señora OLGA LIDIA AGUILAR, XIOMARA FLORENTINA PAZ Y UN TESTIGO PROTEGIDO. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, párrafo “DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES”, expresa la vulneración a tales derechos constitucionales contenidos en los artículo 90 y 100, señalando que el “vicio se produce desde que la Corte de Apelaciones aludida legaliza actuaciones judiciales que se llevaron a cabo en abierta contravención a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas ya que en lo referente a la autorización o consentimiento para intervenir las comunicaciones establecidas en el artículo 45, dispone, entre otras cosas, que “cuando la grabación, registro o captación u observación de la comunicación sea autorizada o con consentimiento expreso por uno de los participantes legítimos del derecho, no será considerada como intervención y podrá ser valorada como prueba conforme a las reglas generales, en el caso de mérito la actuación procesal impugnada se llevó a cabo en franca desobediencia a las formas procesales antes indicadas”. Sigue manifestando el recurrente que con ello se violentó el debido proceso y el derecho a las comunicaciones, en vista que la captación de la llamada entrante al móvil de su representado fue realizada por el agente de Policía ELY MACHADO CASTRO sin autorización de autoridad competente y sin su consentimiento. Sin embargo tan defectuosa intervención fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, confirmando el quebranto al debido proceso y el secreto a las comunicaciones”. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem al dictar su resolución hace una relación circunstanciada de los hechos y pruebas sometidas a estudio, en el párrafo OCTAVO EXPONE: “Que habiendo analizado las argumentaciones expuestas por la defensa pública en su condición de parte apelante y las argumentaciones refutivas de la Fiscalía del Ministerio Público, en su condición de parte apelada y habiendo analizado además la resolución pronunciada por la Jueza instructora en la audiencia preliminar,(debería decir audiencia inicial) el Tribunal de Alzada observa, que a este momento procesal con los medios de prueba documentales y testificales aportados por el órgano acusador en la audiencia inicial, se acreditan suficientes indicios de responsabilidad de los imputados ERLIS BARTOLO MARQUINA, MATIAS HERNANDEZ RIOS, LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES Y WILL GABRIEL MORENO GARCIA en la comisión del delito por el que se les acusa…, además expresa el Ad-Quem que la prueba aportada en el proceso, no está viciada de nulidad, por lo que la Jueza instructora la valoró debidamente, no siendo procedente revocar la resolución pronunciada por la A-Quo, que declara sin lugar la nulidad planteada por la Defensa, ya que la resolución se ajusta a derecho conforme a lo que manda la ley. En tal virtud es procedente confirmar la resolución pronunciada por la Jueza Instructora en dicha audiencia procesal”. Por lo que Declara sin lugares Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Pública. CONSIDERANDO (6): Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación, preliminar y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria en la que se desarrollan, varios actos procesales desde la investigación, requerimiento fiscal, audiencia de declaración del imputado y la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de formal procesamiento…, asimismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1]. Durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. CONSIDERANDO (7): Que "La prueba puede significar lo que se quiere probar (objeto); la actividad destinada a ello (actividad probatoria); el procedimiento fijado por la ley para introducir la prueba al proceso (medio de prueba); el dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad (elemento de prueba); el resultado conviccional de su valoración[3]". En esa línea de pensamiento, el "elemento de prueba, o prueba propiamente dicha, es todo lo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva[4]. Relacionado este pensamiento con lo expuesto por la recurrente en cuanto a la ilicitud de la prueba aportada por el Ministerio Público, específicamente la llamada telefónica, captada por el Agente de Policía WILSON ELY MACHADO CASTRO, de la cual el mismo hace referencia en su declaración como testigo de cargo, hemos de hacer las observaciones siguientes: De acuerdo a los antecedentes en el presente proceso existen varias personas procesadas por los delitos de Extorsión, Asociación Ilícita y portación ilegal de armas, al momento de la detención del señor MATIAS HERNANDEZ RIOS (Coprocesado)fue detenido también el señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ a quien se le realizó un registro personal, y se le encontró el teléfono celular No. 33-14-62-98, que resultó ser el número desde donde se realizaban las llamadas para extorsionar varias personas y se hacía llamadas al señor Matías Hernández Ríos, número al que entraron varias llamadas de una persona identificada con el nombre de Lester, siendo captada una de ellas por el agente de policía mencionado, quien refirió el tipo de conversación escuchado, en dicha conversación se giraban instrucciones en relación a una persona conocida como “Doña Olga”, por lo que seguidas las investigaciones se identificó al ahora procesado LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, quien fue detenido y procesado junto a las personas antes mencionadas. El aparato celular en el cual se capta la llamada que hizo el señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES, se encontraba en situación de decomiso y en proceso de investigación, por lo que si bien es cierto el agente de policía contestó una llamada en la que obtuvo elementos de prueba que posiblemente perjudican al representado de la recurrente, lo cierto es que la investigación debía continuar su curso, en consecuencia en cualquier momento saldría a luz la identidad del quejoso, lo cual era inevitable, asimismo, el señor ORTEZ FLORES no es titular de la línea en la cual se hizo la escucha, es una línea atribuida a un tercero, en este caso al señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ a quien se le había decomisado dicho aparato. Por otra parte la intervención de una comunicación privada, implica el hecho de interceptar, a través de instrumentos electrónicos o mecánicos, la comunicación que mantienen dos o mas personas con el objeto de obtener información que intercambian, sin el conocimiento de las personas cuya conversación se está registrando, siendo así, no puede sostenerse que el agente de policía nunca intervino la comunicación entre el señor ERLIS BARTOLO MARQUINA GUTIERREZ y el señor LESTER ARMANDO ORTEZ FLORES. Asimismo el Ministerio Público se ha hecho valer de una serie de medios de prueba que establecen la probable participación de los acusados en los hechos por los que han sido procesados penalmente; todo ello sin menoscabar la presunción de inocencia de la que gozan, es así que siendo que el proceso apenas inicia y que el auto de formal procesamiento no causa estado, sino que susceptible de reforma o revocatoria, es meramente provisional y susceptible de ser revocado una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron, porque a las partes se les garantizan sus derechos en juicio, para hacer valer sus pretensiones, siendo el momento idóneo para someter al contradictorio todo el acervo probatorio, a fin de lograr una convicción jurídica en cuanto a la inocencia o culpabilidad de los acusados, la Audiencia de juicio oral y público. Por todo ello, esta Sala no encuentra quebranto al derecho -garantía constitucional del Debido Proceso, erróneamente invocada por la recurrente. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-Quem sobre la resolución dictada por la A-Quo, tanto de los hechos que motivan el requerimiento fiscal, como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, es conforme a Derecho, y así lo ha plasmado en su resolución al encontrar que de acuerdo a este estudio existe la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa.
CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada DARIEN MINOU RIVERA PAVON, a favor del señor LESTER ARMANDO ORTIZ FLORES, contra la sentencia de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Valle. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo el número SCO-0198-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[2] Idem.
[3] CAFFERATA NORES (José), La prueba en proceso penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 13.
[4]CAFFERATA NORES (José), op.cit., p.14.