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Sentencia AP-1395-14 — Registro 4747

Resumen

Resolución que revoca auto de formal procesamiento y ordena sobreseimiento definitivo contra imputada y confirma auto de formal procesamiento en relación imputado en la causa instruida contra éstos, por suponerlos responsables del delito de Defraudación Fiscal, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados contra la resolución de fecha uno de septiembre del año dos mil catorce y revocar el auto de prisión dictado contra la señora SARA YAMILETH VALLADARES LAINEZ, instruyendo al A-quo que profiera en su favor sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C, cuatro de marzo del dos mil quince. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de octubre de dos mil catorce, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción para delitos Financieros, en fecha uno de septiembre del año dos mil catorce; en relación a la causa instruida contra los señores SARA YAMILETH VALLADARES LAINEZ Y JORGE MAURICIO SUAZO TALBOTT, por suponerlos responsables del delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representado la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, por considerar que la señora SARA YAMILETH VALLADARES, dada su función de Gerente de compras de la empresa DISTELSA, tenía conocimiento de la cantidad de teléfonos celulares que se habían comprado e importado, y aún a sabiendas que existían dos facturas de compra, se le hizo entrega únicamente a la Agencia aduanera una de las facturas para que con este documento la Agencia Aduanera procediera a efectuar el trámite aduanero por la totalidad de los teléfonos importados. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil catorce, que declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados, revocó el auto de prisión dictado contra la señora SARA YAMILETH VALLADARES LAINEZ, instruyendo al A-quo que profiera en su favor sobreseimiento definitivo y confirmó el auto de prisión decretado contra el señor JORGE MAURICIO SUAZO TALBOTT, por considerar el Ad-quem que ninguna de las pruebas de cargo configuran el indicio racional para suponer que la señora SARA YAMILETH VALLADARES, participó directa o indirectamente en alguna acción u omisión por medio de la cual se evadió el pago de algún tributo, apreciándose en beneficio de esta imputada el dictamen del laboratorio de documentología de la Dirección de Medicina Forense, que concluyó que no es posible asociar la confección de la firma cuestionada con una autoría por parte de referida imputada en la Declaración del Valor de Aduana de las Mercancías Importadas, como así lo reconoce el propio Ministerio Público en su requerimiento fiscal; además, el artículo 211 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), establece que la declaración del valor de las mercancías será firmada y quien la firme será responsable de la exactitud de los datos, de la autenticidad de los documentos que la respalda y de suministrar cualquier información a la autoridad. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados contra la resolución de fecha uno de septiembre del año dos mil catorce y revocar el auto de prisión dictado contra la señora SARA YAMILETH VALLADARES LAINEZ, instruyendo al A-quo que profiera en su favor sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de octubre de dos mil catorce, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA; PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticuatro de marzo de dos mil quince, certificación de la resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.1395=2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.