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Sentencia AP-1261-14 — Registro 4744

Resumen

Resolución que revoca el Auto de Formal Procesamiento en relación a la causa instruida contra imputada, por suponerla responsable del delito de Actos Preparatorios Para El Tráfico Ilícito De Drogas en perjuicio de La Salud De La Población Del Estado De Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir su decisión, se respetaron los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala se encuentran enmarcadas en la ley. CONSIDERANDO: Que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es la procedencia o no de los sobreseimientos definitivos, son susceptibles de la Garantía de Amparo cuando esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de enero de dos mil quince. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de septiembre de dos mil catorce, que revoca el auto de formal procesamiento de fecha once de julio de dos mil catorce, emitido por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; en relación a la causa instruida contra BEVERLY BALENDA FORBES DIAZ, por suponerla responsable del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente estima que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, no es apegada a la verdad, pues es del criterio que se presentaron los elementos de prueba suficientes para suponer la participación de la imputada en el delito de actos preparatorios para el trafico ilícito de drogas. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que el recurrente invoca como violado, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de autos, la resolución de la Alzada, apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logra determinar la existencia del delito de actos preparatorios para el trafico ilícito de drogas, es decir la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estima asimismo que por tanto no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que la imputada ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó el Tribunal de Alzada para revocar la resolución dictada por el A-Quo. CONSIDERANDO: Siendo que la impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial recurrido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial. CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal de Segunda Instancia en la apreciación de las pruebas que generan su convicción y formado su juicio de valoración es razonable y concruente, a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir su decisión, se respetaron los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala se encuentran enmarcadas en la ley. CONSIDERANDO: Que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es la procedencia o no de los sobreseimientos definitivos, son susceptibles de la Garantía de Amparo cuando esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de septiembre de dos mil catorce; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de febrero del dos mil quince. VISTO: el recurso de reposición presentado por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por esta Sala en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince, mediante la cual se sobresee el recurso de amparo presentado contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de septiembre de dos mil catorce, que revoca el auto de formal procesamiento de fecha once de julio de dos mil catorce, emitido por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; en relación a la causa instruida contra BEVERLY BALENDA FORBES DIAZ, por suponerla responsable del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que consta de autos que la acción de amparo de mérito fue interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA; en fecha seis (06) de noviembre de dos mil catorce, sobreseyendo esta Sala dicho recurso en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil quince, la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince, apreciándose que ha omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, al limitarse a relacionar los motivos por los que accionó en amparo, en consecuencia y conforme se aprecia de la motivación de la resolución contenida, se advierte que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante.- NOTIFIQUESE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de las resoluciones de fechas catorce de enero de dos mil quince y veinticuatro de febrero de dos mil quince, recaídas en el recurso de amparo Penal registrado en este Tribunal con el número 1261-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.