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Sentencia AP-1253-14 — Registro 4743

Resumen

Resolución impugnada que confirma auto de formal procesamineto contra impetrante en relación a la causa instruida contra ésta, por suponerla responsable del delito de Usurpación y a la solicitud de un auto para mejor proveer que le fuera denegado a éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el argumento de la recurrente versa en que la Alzada, en su resolución no se pronunció en cuanto al agravio que le representa la inadmisión que hiciera el A-quo de la solicitud de un auto para mejor proveer, pues es del criterio de que no hay acción penal que perseguir. CONSIDERANDO: Que la impetrante considera que con la resolución emitida se han violentado entre otros el debido proceso y el derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que el Ad-quem señala que después del análisis de la prueba llega a la conclusión que se acreditó la plena prueba de haberse cometido el delito de usurpación, puesto que concurren todos los elementos de su tipificación legal, asimismo se desprende de la relación de los hechos, actos y circunstancias que el órgano jurisdiccional determina como indicios racionales de la participación de la imputada en la comisión del delito ya relacionado, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, agregando que al no haberse acreditado la nulidad del instrumento público en cuestión, el mismo es válido, con lo que para este Alto Tribunal, la Alzada infiere en su resolución lo inocuo que resultaba el auto para mejor proveer que solicitó la recurrente. CONSIDERANDO: Que el auto para mejor proveer es una herramienta al servicio del juez, ante la insuficiencia o duda provocada por un medio de prueba propuesto por las partes, pero no es posible que supla la actividad procesal de las partes, cualquier falencia en dicha actividad no es imputable a los órganos jurisdiccionales, pues la misión del juez, es dirimir el conflicto planteado mediante una sentencia basada en la prueba evacuada en el juicio. De lo ya expuesto esta Sala concluye que el auto para mejor proveer es potestativo del Juzgador por lo que no le vincula u obliga al Juez para el otorgamiento del mismo a una petición de las partes. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de mayo de dos mil quince. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ESTHER CAROLINA FLORES MARTINEZ, a favor de la señora GLENI JEANETH ARGUETA PEÑA,; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco (05) de agosto de dos mil catorce, que confirma el auto de formal procesamiento de fecha doce (12) de junio del dos mil catorce, dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN; en relación a la causa instruida contra la señora GLENI JEANETH ARGUETA PEÑA, por suponerla responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora SANTOS EBELINDA ISIDRO VELASQUEZ. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el argumento de la recurrente versa en que la Alzada, en su resolución no se pronunció en cuanto al agravio que le representa la inadmisión que hiciera el A-quo de la solicitud de un auto para mejor proveer, pues es del criterio de que no hay acción penal que perseguir. CONSIDERANDO: Que la impetrante considera que con la resolución emitida se han violentado entre otros el debido proceso y el derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que el Ad-quem señala que después del análisis de la prueba llega a la conclusión que se acreditó la plena prueba de haberse cometido el delito de usurpación, puesto que concurren todos los elementos de su tipificación legal, asimismo se desprende de la relación de los hechos, actos y circunstancias que el órgano jurisdiccional determina como indicios racionales de la participación de la imputada en la comisión del delito ya relacionado, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, agregando que al no haberse acreditado la nulidad del instrumento público en cuestión, el mismo es válido, con lo que para este Alto Tribunal, la Alzada infiere en su resolución lo inocuo que resultaba el auto para mejor proveer que solicitó la recurrente. CONSIDERANDO: Que el auto para mejor proveer es una herramienta al servicio del juez, ante la insuficiencia o duda provocada por un medio de prueba propuesto por las partes, pero no es posible que supla la actividad procesal de las partes, cualquier falencia en dicha actividad no es imputable a los órganos jurisdiccionales, pues la misión del juez, es dirimir el conflicto planteado mediante una sentencia basada en la prueba evacuada en el juicio. De lo ya expuesto esta Sala concluye que el auto para mejor proveer es potestativo del Juzgador por lo que no le vincula u obliga al Juez para el otorgamiento del mismo a una petición de las partes. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ESTHER CAROLINA FLORES MARTINEZ, a favor de la señora GLENI JEANETH ARGUETA PEÑA,; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco (05) de agosto de dos mil catorce; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil quince, certificación de resolución de fecha doce de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1253=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL