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Sentencia AP-1229-14 — Registro 4963

Resumen

Resolución que denego recurso de amparo interpuesto por recurrente, contra actuaciones del Tribunal de sentencias de Progreso,que inadmitio el medio de prueba reconocimiento en rueda,en relación al proceso por suponerlo responsable del delito de Asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Del examen de la foliada esta Sala aprecia que el A-Quo admitió como medio de prueba la Reconstrucción de Hechos que consiste en la reproducción o puesta en escena del hecho punible de que se trate, con el fin de comprobar que ha ocurrido o pudo haber ocurrido de una forma determinada; de acuerdo a la doctrina la reconstrucción de Hechos incluso puede realizarse sobre un hecho distinto al delito mismo pero que puede ser influyente para la decisión, como por ejemplo, verificar a través de la reconstrucción de ese hecho en particular si es posible ver y oír algo bajo determinadas condiciones, como de carácter ambiental, de iluminación, o de distancia entre el sitio del suceso y el lugar donde se encontraba el testigo que afirma haber visto u oído. Es un medio de prueba de percepción directa”[1]. Mediante la Reconstrucción de hechos el Juez podrá corroborar si efectivamente lo declarado por los Testigos, peritos, es conforme a la reconstrucción del hecho, y se señala expresamente a los testigos y peritos en consideración a que el Imputado podría o no participar en la Reconstrucción de Hechos, de acuerdo al artículo 262 del Código Procesal Penal, con este medio de prueba se trata de reconstruir es decir reproducir fielmente la escena del delito, dejando establecido que solo se oirá al imputado si éste accediere a ello, por otra parte los derechos del imputado se encuentran plasmados en el mismo código en su “ Artículo 101 No. 5 que dispone: “A abstenerse de formular cualquier declaración sin que esta decisión sea utilizada en su perjuicio y si acepta hacerlo, a que su defensor esté presente al momento de rendirla, lo mismo que en cualquier otra diligencia en que se requiera la presencia del imputado”; derecho constitucional reconocido en el artículo 88 de la Carta Magna que establece:“no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, o de policía a declarar contra si mismo, contra cónyuge o compañero de hogar o contra sus parientes entro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”. En consecuencia el acusado tiene derecho a guardar silencio, por lo que siendo un derecho personalísimo en ningún momento podrá hacérsele rendir declaración contra su voluntad durante, la practica del referido medio de prueba, (Reconstrucción de Hechos), sin embargo aún sin la intervención del acusado el medio de prueba señalado podrá realizarse. En la misma resolución el A-Quo denegó la admisión del medio de prueba denominado Reconocimiento en Rueda, bajo el argumento de que la pretensión del Abogado defensor quedará satisfecha cuando se practique el medio de prueba antes relacionado de Reconstrucción de Hechos. En los medios de prueba analizados se encuentran diferencias por una parte el medio de prueba reconocimiento en rueda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 253 del Código Procesal Penal procede aún sin consentimiento del acusado según lo dice el antepenúltimo párrafo del numeral cuatro (4). (las negritas son nuestras), por el contrario en la práctica del medio de prueba Reconstrucción de Hechos, el imputado podría o no participar en la diligencia probatoria. En el caso de suceder lo dicho, el Abogado Defensor no ha tenido la oportunidad de evacuar un medio de prueba que para él es de suma importancia, tomando en cuenta que el reconocimiento en rueda como medio de identificación no exclusivo ni excluyente es aquel acto procedimental que va destinado y dirigido a la identificación de la persona supuestamente responsable del hecho delictivo, si bien es idóneo para identificar una persona no es suficiente para enervar el estado de inocencia del acusado por lo que “será necesario que aparte de la identificación y determinación del inculpado se aporten medios de prueba que, referentes a los hechos y actividades que se le imputan, reproduzcan con las necesarias garantías de inmediación y contradicción en la vista oral, pues el juicio lógicamente no versa sobre la identificación del inculpado como objeto de la acusación sino sobre su culpabilidad o inocencia[2]”. En atención a lo manifestado por el recurrente quien es de la opinión que el testigo de cargo tiene afectada su capacidad de visión, situación que debe considerar el Ente Acusador, al tener como una de sus funciones constitucionales promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Esta función le exige la objetividad tanto en los procesos de investigación de una causa, como en su substanciación en los Juzgados y Tribunales, de manera tal que debe procurar todas las pruebas que contribuyan a realizar un proceso limpio, transparente y justo, no importa si las pruebas son en beneficio del encausado, pues precisamente esa es la objetividad”[3]. Para tal efecto deberá realizar las diligencias investigativas que sean pertinentes, a fin de obtener medios de prueba pertinentes, y confiables que lejos de procurar dudas a los juzgadores, se logre la eficacia probatoria que se pretende, sin dejar de respetar y garantizar los derechos del imputado. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala deviene obligada a mantener y garantizar los derechos y Principios Constitucionales de los que emana el Derecho Procesal Penal, entendido éste como el Derecho Constitucional aplicado en materia penal, a fin de que los ciudadanos gocen de los derechos reconocidos por la Carta Magna, es así que la persona que enfrenta un proceso penal, debe hacerlo con la garantía de un Debido Proceso, y una tutela judicial efectiva que garantice la seguridad jurídica, así como garantizar su derecho a la defensa a lo largo del proceso, ya sea como en el caso que nos ocupa, aportando los medios de prueba que considere pertinentes y útiles a su defensa, por todo ello los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional. En ese orden de ideas debemos pronunciarnos que la sentencia venida en consulta debe Revocarse otorgando el amparo interpuesto a fin de salvaguardar el Derecho de Defensa del acusado inherente al debido proceso y la tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional; atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de julio del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil catorce (2014), que denegó el recurso interpuesto por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, a favor del señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIAS DEL PROGRESO, YORO en fecha cinco(05) de mayo del año dos mil catorce (2014), en relación a la causa instruida contra el señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor SANTOS TORIBIO MEJIA.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintisiete (27)de Junio del año dos mil catorce (2014), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, el Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DEL PROGRESO, YORO, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil catorce (2014), en la que DECLARA SIN LUGAR, la admisión de un medio de prueba número tres (3) denominado RECONOCIMIENTO EN RUEDA, propuesta por la defensa.. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES dictó sentencia en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil catorce (2014), mediante la cual falló:“DENEGANDO la acción de Amparo, interpuesto por el Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, a favor del señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA, contra la resolución de fecha Cinco (5) de Mayo del año Dos Mil Catorce (2014), dictado por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro.-“ (FOLIOS 29 y 32 de la segunda pieza).3) Que en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, a favor del señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se DENEGÓ el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha cinco de mayo del año dos mil catorce (2014), en relación a la causa instruida contra el señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor SANTOS TORIBIO MEJIA.CONSIDERANDO (4): Que el recurrente considera vulnerados los derechos o garantías constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, que prescriben el Derecho de Defensa y el Debido Proceso. En el acápite “HECHOS”, Manifiesta el recurrente que en fecha cinco de mayo del año dos mil catorce (2014) se celebró la audiencia para proposición de medios de prueba, en el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, habiendo presentado en su condición de defensor del imputado como medio de prueba número tres (3) el Reconocimiento en –rueda del Acusado, “para que previo a las formalidades legales pertinentes sea colocado el imputado en el lugar donde sucedieron los hechos junto a otras personas para establecer si realmente el testigo de cargo tiene la capacidad visual de identificar a las personas que participaron en los hechos desde el lugar donde supuestamente presenció los mismos”, señala que “el medio de prueba es de vital importancia para la defensa porque el testigo que deberá participar en el reconocimiento en rueda tiene graves problemas de visibilidad, sin embargo el Tribunal declaró sin lugar dicho medio probatorio aduciendo que es desproporcionado e inútil, que no se han acreditado los problemas visuales del testigo, y que la pretensión probatoria que argumenta la Defensa puede evacuarse en la Reconstrucción de Hechos. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, en el fallo venido en consulta, en su considerando número cuatro (04) hace referencia al medio de prueba Reconocimiento en Rueda consignado en el artículo 253 del Código Procesal Penal, señalando que “tal diligencia normalmente se realiza en un Tribunal colocando al sospechoso frente a otros con similares características, no se prevé en la legislación realizarla en el lugar de los hechos y además previo al reconocimiento de personas en confrontación o en rueda debe haber rendido declaración el testigo en la cual asevera reconocerlo al volverlo a ver”. Además señala el medio de Reconstrucción de Hechos contenido en el artículo 262 del Código Procesal Penal cuya disposición consigna en su fallo; manifestando al respecto que el imputado y los testigos tendrán los derechos y obligaciones establecidas en este código, en relación con las declaraciones. Es decir que esta es una modalidad de prueba que combina la inspección personal del Tribunal y el interrogatorio del acusado o de los testigos para reconstruir los hechos, por lo que es criterio del Tribunal de Alzada que el Tribunal de Sentencia tiene la razón al rechazar el medio de prueba reconocimiento en rueda, en razón que su pretensión probatoria podrá ser dilucidada en la reconstrucción de hechos que al efecto se realizará. Señala además el Ad-Quem en su considerando cinco (05) los requisitos que deben reunir los medios de prueba, explicando cada uno de ellos. Dice además, que en el presente caso, al rechazar el medio de prueba reconocimiento en rueda, el Tribunal lo ha hecho apegado al razonamiento anterior, puesto que, no solo no es el medio idóneo, si no, que su pretensión probatoria quedará satisfecha cuando se evacue el medio de prueba de reconstrucción de los hechos junto con la inspección al lugar de los hechos. Por todo ello Denegó la acción de amparo interpuesta CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo al artículo 199 del Código Procesal Penal “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en éste Código, siempre que sean objetivamente confiables”. Del examen de la foliada esta Sala aprecia que el A-Quo admitió como medio de prueba la Reconstrucción de Hechos que consiste en la reproducción o puesta en escena del hecho punible de que se trate, con el fin de comprobar que ha ocurrido o pudo haber ocurrido de una forma determinada; de acuerdo a la doctrina la reconstrucción de Hechos incluso puede realizarse sobre un hecho distinto al delito mismo pero que puede ser influyente para la decisión, como por ejemplo, verificar a través de la reconstrucción de ese hecho en particular si es posible ver y oír algo bajo determinadas condiciones, como de carácter ambiental, de iluminación, o de distancia entre el sitio del suceso y el lugar donde se encontraba el testigo que afirma haber visto u oído. Es un medio de prueba de percepción directa”[1]. Mediante la Reconstrucción de hechos el Juez podrá corroborar si efectivamente lo declarado por los Testigos, peritos, es conforme a la reconstrucción del hecho, y se señala expresamente a los testigos y peritos en consideración a que el Imputado podría o no participar en la Reconstrucción de Hechos, de acuerdo al artículo 262 del Código Procesal Penal, con este medio de prueba se trata de reconstruir es decir reproducir fielmente la escena del delito, dejando establecido que solo se oirá al imputado si éste accediere a ello, por otra parte los derechos del imputado se encuentran plasmados en el mismo código en su “ Artículo 101 No. 5 que dispone: “A abstenerse de formular cualquier declaración sin que esta decisión sea utilizada en su perjuicio y si acepta hacerlo, a que su defensor esté presente al momento de rendirla, lo mismo que en cualquier otra diligencia en que se requiera la presencia del imputado”; derecho constitucional reconocido en el artículo 88 de la Carta Magna que establece:“no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, o de policía a declarar contra si mismo, contra cónyuge o compañero de hogar o contra sus parientes entro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”. En consecuencia el acusado tiene derecho a guardar silencio, por lo que siendo un derecho personalísimo en ningún momento podrá hacérsele rendir declaración contra su voluntad durante, la practica del referido medio de prueba, (Reconstrucción de Hechos), sin embargo aún sin la intervención del acusado el medio de prueba señalado podrá realizarse. En la misma resolución el A-Quo denegó la admisión del medio de prueba denominado Reconocimiento en Rueda, bajo el argumento de que la pretensión del Abogado defensor quedará satisfecha cuando se practique el medio de prueba antes relacionado de Reconstrucción de Hechos. En los medios de prueba analizados se encuentran diferencias por una parte el medio de prueba reconocimiento en rueda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 253 del Código Procesal Penal procede aún sin consentimiento del acusado según lo dice el antepenúltimo párrafo del numeral cuatro (4). (las negritas son nuestras), por el contrario en la práctica del medio de prueba Reconstrucción de Hechos, el imputado podría o no participar en la diligencia probatoria. En el caso de suceder lo dicho, el Abogado Defensor no ha tenido la oportunidad de evacuar un medio de prueba que para él es de suma importancia, tomando en cuenta que el reconocimiento en rueda como medio de identificación no exclusivo ni excluyente es aquel acto procedimental que va destinado y dirigido a la identificación de la persona supuestamente responsable del hecho delictivo, si bien es idóneo para identificar una persona no es suficiente para enervar el estado de inocencia del acusado por lo que “será necesario que aparte de la identificación y determinación del inculpado se aporten medios de prueba que, referentes a los hechos y actividades que se le imputan, reproduzcan con las necesarias garantías de inmediación y contradicción en la vista oral, pues el juicio lógicamente no versa sobre la identificación del inculpado como objeto de la acusación sino sobre su culpabilidad o inocencia[2]”. En atención a lo manifestado por el recurrente quien es de la opinión que el testigo de cargo tiene afectada su capacidad de visión, situación que debe considerar el Ente Acusador, al tener como una de sus funciones constitucionales promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Esta función le exige la objetividad tanto en los procesos de investigación de una causa, como en su substanciación en los Juzgados y Tribunales, de manera tal que debe procurar todas las pruebas que contribuyan a realizar un proceso limpio, transparente y justo, no importa si las pruebas son en beneficio del encausado, pues precisamente esa es la objetividad”[3]. Para tal efecto deberá realizar las diligencias investigativas que sean pertinentes, a fin de obtener medios de prueba pertinentes, y confiables que lejos de procurar dudas a los juzgadores, se logre la eficacia probatoria que se pretende, sin dejar de respetar y garantizar los derechos del imputado. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala deviene obligada a mantener y garantizar los derechos y Principios Constitucionales de los que emana el Derecho Procesal Penal, entendido éste como el Derecho Constitucional aplicado en materia penal, a fin de que los ciudadanos gocen de los derechos reconocidos por la Carta Magna, es así que la persona que enfrenta un proceso penal, debe hacerlo con la garantía de un Debido Proceso, y una tutela judicial efectiva que garantice la seguridad jurídica, así como garantizar su derecho a la defensa a lo largo del proceso, ya sea como en el caso que nos ocupa, aportando los medios de prueba que considere pertinentes y útiles a su defensa, por todo ello los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional. En ese orden de ideas debemos pronunciarnos que la sentencia venida en consulta debe Revocarse otorgando el amparo interpuesto a fin de salvaguardar el Derecho de Defensa del acusado inherente al debido proceso y la tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional; atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: REVOCA la sentencia venida en consulta, de fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro. SEGUNDO: OTORGA EL AMPARO interpuesto por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ a favor del señor GERMAN EDUARDO MONTES ORELLANA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil quince, certificación de fallo de fecha veintisiete de de julio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1229=14.

ARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Brandt Moreno Carlos. EL PROCESO PENAL VENEZOLANO(f. 256, 2° edición, 2006)

[2] TC282/1994, de 24 de octubre, Sala 2a, B.O.E. de 29-11-1994, STC10/1992, de 16deenero,Sala1.ª,B.O.E. de1 3-2-1992.,entre otras.

[3] Código Procesal Penal Comentado. Honduras. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial. Sep.2000.Pág. 222.