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Sentencia AP-1020-14 — Registro 4759

Resumen

Otorgamiento de amparo en consulta contra resolución que declara inadmisible requerimiento Fiscal,por no adjuntar los medios de prueba producto de la investigación,en relación a la causa instruida contra imputado por el delito de Asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, señala en sus fundamentos de derecho, aspectos de suma relevancia a saber: en el parágrafo noveno dice: “Salvo la omisión de alguno de los requisitos fundamentales del Requerimiento Fiscal (que puede dar lugar a que pueda ser subsanado, éste debe ser admitido por el Juez competente, sin perjuicio de que, si alguna de las peticiones carecen del debido sustento probatorio, no se concedan automáticamente todas o algunas de las pretensiones del petitum, después de ser admitido el Requerimiento Fiscal, por que el ente acusador del Estado omitió el cumplimiento de los requisitos de la ley para restringir o limitar el derecho inviolable de la libertad, luego hace referencia a los presupuestos legitimadores de las medidas cautelares, para dejar establecido en el último párrafo en comento que “no se debe perder de vista que el Juez debe contar con los suficientes elementos de juicio para dictar una orden de captura. Los elementos de juicio los proporciona el Ministerio Público al estimar que concurren las circunstancias justificativas que son las mismas para restringir o limitar la libertad conforme las medidas cautelares. Las circunstancias justificativas le permiten saber al Juez cuáles son las causas en que se funda, así como los indicios resultantes de las actuaciones practicadas, que se hayan tenido en cuenta para acordarla, según lo dispuesto en el párrafo último del artículo 174 del Código Procesal Penal, ninguna medida cautelar ni la detención judicial ni la orden de captura, emanan automáticamente después de la petición del Ministerio Público. Debe haber previamente una actividad probatoria de parte de aquel que la pide. En caso contrario el Juez de garantía tiene la potestad de denegar la petición. (Folio No.55 piezas de consulta). En el acápite decimoprimero (parte del mismo folio No.55), señala el Ad-Quem: Una cosa es el Requerimiento Fiscal (que puede el Juez mandar a subsanarlo si faltan los requisitos exigidos por el artículo 293), y otra cosa es denegar, por ejemplo la orden de captura que en él se pide. Porque la solicitud de adopción de la orden de captura se hace en una de las partes del Requerimiento fiscal (en el No. 5 del artículo 294CPP), sin perjuicio de que en la relación de la prueba (número 4 del artículo 293 CPP), deba acompañarse la que demuestra la causa que concurre para dicha restricción de libertad (la captura) y el indicio resultante de las actuaciones practicadas, todas ellas respecto de las circunstancias justificativas para la orden de captura.CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente la resolución de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, es conforme a Derecho, considerando que el ente acusador ha comparecido a través de su representante interponiendo un Requerimiento Fiscal contra determinado ciudadano. Asimismo el Ad-Quem señala claramente que la ahora recurrente debe aportar los medios de prueba idóneos para configurar los elementos que necesita el A-Quo para dictar una resolución conforme a sus pretensiones, caso contrario aún y cuando se le admita el Requerimiento Fiscal este no tendrá el efecto buscado precisamente por falta de los elementos probatorios que lleven a la Señora Juez al convencimiento de la existencia de un delito y de la probabilidad de que el sospechoso haya tenido alguna participación en el hecho delictivo. En ese orden de ideas la representante del Ministerio Público al comparecer ante el Juez de Garantías debe hacerlo no solamente llevando un documento con el contenido de Requerimiento Fiscal, sino con el minimun probatorio para dejar establecidos los elementos antes señalados y obtener una resolución enmarcada en derecho. En consecuencia el pronunciamiento del Ad-Quem se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en el Recurso presentado por la Abogada JUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que otorgó la acción de amparo promovida contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha nueve de junio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el Señor JOSÉ ROLANDO MEDINA HENRÍQUEZ por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del Señor FELIPE ANTONIO CÁCERES.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 68, 82, 88, 90 y 95 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de agosto del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, la Abogada JUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve de junio del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 68, 82, 88, 90 y 95 de la Constitución de la República. 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “PRIMERO: OTORGA EL AMPARO contra la resolución la resolución de fecha nueve (9) de junio del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se inadmite el Requerimiento Fiscal contra JOSÉ ROLANDO MEDINA HENRÍQUEZ, por el delito de ASESINATO en perjuicio de FELIPE ANTONIO CÁCERES; SEGUNDO: Esta Corte de Apelaciones Seccional, DETERMINA:

  1. Que debe ser admitido el Requerimiento Fiscal contra JOSÉ ROLANDO MEDINA HENRÍQUEZ, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de FELIPE ANTONIO CÁCERES; 2) Que si la Fiscalía del Ministerio Público no le acredita al Juez de la instancia la concurrencia de los presupuestos legitimadores, invocando los indicios que resulten de las investigaciones, no está obligada el órgano jurisdiccional a dictar auto motivado para ordenar la captura;…” (Folios cincuenta y uno (51) al cincuenta y ocho (58) de la pieza de amparo).3) Que en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada JUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, mediante la cual se Otorga el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE GRACIAS LEMPIRAS, en relación a la cusa instruida contra el señor JOSE ROLANDO MEDINA HENRIQUEZ por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de FELIPE ANTONIO CACERES.CONSIDERANDO (4): Que la recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, manifestando que “La resolución contra la que se reclama es la que dictó el Juzgado de Letras departamental de Gracias Lempiras, en fecha 09 de junio del año 2014, mediante la cual declara inadmisible un Requerimiento Fiscal, presentado por el Ministerio Público, por no adjuntar al mismo los medios de prueba producto de la investigación, que obran en el Ministerio Público especialmente las declaraciones administrativas.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, señala en sus fundamentos de derecho, aspectos de suma relevancia a saber: en el parágrafo noveno dice: “Salvo la omisión de alguno de los requisitos fundamentales del Requerimiento Fiscal (que puede dar lugar a que pueda ser subsanado, éste debe ser admitido por el Juez competente, sin perjuicio de que, si alguna de las peticiones carecen del debido sustento probatorio, no se concedan automáticamente todas o algunas de las pretensiones del petitum, después de ser admitido el Requerimiento Fiscal, por que el ente acusador del Estado omitió el cumplimiento de los requisitos de la ley para restringir o limitar el derecho inviolable de la libertad, luego hace referencia a los presupuestos legitimadores de las medidas cautelares, para dejar establecido en el último párrafo en comento que “no se debe perder de vista que el Juez debe contar con los suficientes elementos de juicio para dictar una orden de captura. Los elementos de juicio los proporciona el Ministerio Público al estimar que concurren las circunstancias justificativas que son las mismas para restringir o limitar la libertad conforme las medidas cautelares. Las circunstancias justificativas le permiten saber al Juez cuáles son las causas en que se funda, así como los indicios resultantes de las actuaciones practicadas, que se hayan tenido en cuenta para acordarla, según lo dispuesto en el párrafo último del artículo 174 del Código Procesal Penal, ninguna medida cautelar ni la detención judicial ni la orden de captura, emanan automáticamente después de la petición del Ministerio Público. Debe haber previamente una actividad probatoria de parte de aquel que la pide. En caso contrario el Juez de garantía tiene la potestad de denegar la petición. (Folio No.55 piezas de consulta). En el acápite decimoprimero (parte del mismo folio No.55), señala el Ad-Quem: Una cosa es el Requerimiento Fiscal (que puede el Juez mandar a subsanarlo si faltan los requisitos exigidos por el artículo 293), y otra cosa es denegar, por ejemplo la orden de captura que en él se pide. Porque la solicitud de adopción de la orden de captura se hace en una de las partes del Requerimiento fiscal (en el No. 5 del artículo 294CPP), sin perjuicio de que en la relación de la prueba (número 4 del artículo 293 CPP), deba acompañarse la que demuestra la causa que concurre para dicha restricción de libertad (la captura) y el indicio resultante de las actuaciones practicadas, todas ellas respecto de las circunstancias justificativas para la orden de captura.CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente la resolución de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, es conforme a Derecho, considerando que el ente acusador ha comparecido a través de su representante interponiendo un Requerimiento Fiscal contra determinado ciudadano. Asimismo el Ad-Quem señala claramente que la ahora recurrente debe aportar los medios de prueba idóneos para configurar los elementos que necesita el A-Quo para dictar una resolución conforme a sus pretensiones, caso contrario aún y cuando se le admita el Requerimiento Fiscal este no tendrá el efecto buscado precisamente por falta de los elementos probatorios que lleven a la Señora Juez al convencimiento de la existencia de un delito y de la probabilidad de que el sospechoso haya tenido alguna participación en el hecho delictivo. En ese orden de ideas la representante del Ministerio Público al comparecer ante el Juez de Garantías debe hacerlo no solamente llevando un documento con el contenido de Requerimiento Fiscal, sino con el minimun probatorio para dejar establecidos los elementos antes señalados y obtener una resolución enmarcada en derecho. En consecuencia el pronunciamiento del Ad-Quem se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán departamento de Copán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ a favor de EL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de julio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha nueve de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1020=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL