Sentencia AP-06-15 — Registro 4710
Resumen
Sentencia recurrida que declaró sin lugar recusación denegó un recurso de reposición,con relación a la causa instruida contra los impetrantes por suponerlos responsable de los delitos de Homicidio, Abuso de Autoridad, Encubrimiento, y Violación de los Deberes de los Funcionarios SOBRESEIMIENTO
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, esta Sala advierte que la restitución del acto que se reclama en amparo no resultaría viable, pues éste no solamente ha producido ya todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material ya no es factible, siendo que por un lado el juez MARIO ROLANDO DÍAZ integró ya la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia en el juicio que ya fue llevado a cabo, en su calidad de cuarto juez, no teniendo intervención en el mismo, dada la función ya específica que ostenta el cuarto juez conforme con lo que dispone el Artículo 335 del Código Procesal Penal. Consecuentemente, no sólo se afirma con ello la irreparabilidad del acto por este hecho, sino que además, se evidencia la inexistencia de la violación alegada, puesto que la invocada y supuesta parcialidad del referido funcionario por parte del quejoso no tuvo lugar, con lo cual, no se acredita perjuicio ni agravio en perjuicio del ya referido imputado, con la cual la violación alegada es ciertamente inexistente. CONSIDERANDO: Que en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, debe comportar una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional, en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que de lo anteriormente relacionado, esta Sala puede afirmar, que el acto reclamado por vía de amparo se constituye como un acto consumado de modo irreparable al no poderse obtener ya en este momento, ni física ni materialmente su restitución y además, al no existir una afectación real y notoria a los derechos Constitucionales de las victimas, resulta inocuo continuar con la tramitación del juicio de garantías, al no advertirse quebrantamiento a garantía constitucional alguna con el proceder de la autoridad recurrida. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 5 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, M.D.C., veinte de abril de dos mil quince. VISTO: los antecedentes en el presente el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO a favor de los señores ELEAZAR ABIMAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y JOSUE ANTONIO SIERRA contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha ocho y once de diciembre dos mil catorce, que declaró sin lugar una recusación presentada contra el señor Juez Mario Rolando Díaz y denegó un recurso de reposición, respectivamente, en las diligencias conocidas por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra los señores ELEAZAR ABIMAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y JOSUE ANTONIO SIERRA por suponerlos responsable de los delitos de HOMICIDIO en perjuicio de EBED JAASEL YANEZ CÁCERES Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, asimismo, contra JOSUE ANTONIO SIERRA por suponerlo responsable de los delitos de ENCUBRIMIENTO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se aprecia que el recurrente afirma inter alia la existencia de violación a la garantía del debido proceso en perjuicio de su defendido, estimando que la misma se manifestó al haber sido rechazada la recusación que presentó en contra de uno de los jueces que integran el Tribunal de Sentencia que conoce del proceso incoado en contra de sus representados ELEAZAR ABIMAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y JOSUE ANTONIO SIERRA. El impetrante adujo que un pronunciamiento público por parte de una organización a la cual pertenece el referido juez, en torno a una aparente condena de acciones llevadas a cabo por las FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, institución a la que pertenecen sus representados, según afirma el amparista. CONSIDERANDO: Que del informe rendido por la autoridad recurrida, se advierte que la actuación que resolvió la cuestión de recusación planteada por el hoy recurrente se establece que el pronunciamiento público antes referido, no guarda relación con el proceso penal iniciado contra los señores ELEAZAR ABIMAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y JOSUE ANTONIO SIERRA, estimando el Ad-Quem que el pronunciamiento vertido por la asociación a la que pertenece el juez recusado, no compromete su imparcialidad en forma alguna, estimando la Alzada que éste además no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en la ley. CONSIDERANDO: Que por otro lado, consta de los antecedentes un informe presentado a esta Sala por parte de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la que se establece que el Abogado MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES, el Juez que fue recusado por el impetrante, integró la Sala Quinta como cuarto Juez, no interviniendo en el juicio, dado que la función del cuarto juez integrante es la de sustituir en caso que sea necesario a alguno de los tres jueces que integran el Tribunal el cual concluyó inclusive con una sentencia absolutoria en favor del encartado. CONSIDERANDO: Que ha sido aceptado doctrinariamente y así ha sido criterio del Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas. CONSIDERANDO: Que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable y 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías. CONSIDERANDO: Que siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala concuerda que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Ello no implica ciertamente, que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aun y cuando esta restitución se de en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas. CONSIDERANDO: Que siendo así y pasando al conocimiento del presente recurso de amparo, si el acto reclamado es, como lo señala el impetrante, la resolución de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce que declara sin lugar una cuestión de recusación promovida por el recurrente contra el juez MARIO ROLANDO DÍAZ; aplicando los criterios antes citados, debe determinarse si este acto consumado, es o no de naturaleza irreparable, con el ánimo de establecer la procedencia del recurso que se intenta. Si partimos de los efectos y consecuencias de la ejecución de este acto, como nos ilustra la doctrina, se advierte que el efecto y consecuencia inmediata del mismo, es que al no establecerse mérito en la recusación planteado, no había impedimento alguno para que el juez referido pudiera integrar el Tribunal de Sentencia que conocería del juicio en el proceso incoado en contra de los imputados anteriormente aludidos. CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, esta Sala advierte que la restitución del acto que se reclama en amparo no resultaría viable, pues éste no solamente ha producido ya todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material ya no es factible, siendo que por un lado el juez MARIO ROLANDO DÍAZ integró ya la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia en el juicio que ya fue llevado a cabo, en su calidad de cuarto juez, no teniendo intervención en el mismo, dada la función ya específica que ostenta el cuarto juez conforme con lo que dispone el Artículo 335 del Código Procesal Penal. Consecuentemente, no sólo se afirma con ello la irreparabilidad del acto por este hecho, sino que además, se evidencia la inexistencia de la violación alegada, puesto que la invocada y supuesta parcialidad del referido funcionario por parte del quejoso no tuvo lugar, con lo cual, no se acredita perjuicio ni agravio en perjuicio del ya referido imputado, con la cual la violación alegada es ciertamente inexistente. CONSIDERANDO: Que en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, debe comportar una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional, en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que de lo anteriormente relacionado, esta Sala puede afirmar, que el acto reclamado por vía de amparo se constituye como un acto consumado de modo irreparable al no poderse obtener ya en este momento, ni física ni materialmente su restitución y además, al no existir una afectación real y notoria a los derechos Constitucionales de las victimas, resulta inocuo continuar con la tramitación del juicio de garantías, al no advertirse quebrantamiento a garantía constitucional alguna con el proceder de la autoridad recurrida. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 5), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el RECURSO de amparo interpuesto por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO a favor de los señores ELEAZAR ABIMAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y JOSUE ANTONIO SIERRA, contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha ocho y once de diciembre dos mil catorce, en virtud de advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional y el haberse demostrado la inexistencia de la violación alegada por el impetrante; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a certificar la misma, tanto a la autoridad recurrida como a la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y se proceda el archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil quince, certificación de resolución de fecha veinte de abril de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0006=15.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL