Sentencia ALC-328-13 — Registro 4890
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo contra resolución dictada por el juzgado de letras del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, con relación a la solicitud de aprobación para el pago de indemnización por muerte de trabjador promovida en contra de la recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."de la lectura de la resolución dictada en fecha tres(3) de enero del año dos mil trece(2013), por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, departamento de Cortes, la misma revela en su parte dispositiva lo siguiente: “………el suscrito juzgador considera procedente APROBAR la indemnización reclamada la cual asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (LPS 160,369.20) por encontrarse apegado a derecho.- Por medio de la señora Receptora del despacho requiérase en legal y debida forma a la demandada EMPRESA HONDURAS MARÌTIMA, S. DE R. L. REPRESENTADA POR EL SEÑOR HENRY ARÈVALO ZUNIGA a fin de que dentro del termino de veinticuatro (24) horas pague o consigne a la orden de este juzgado la cantidad de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (Lps. 160,369.20), para lo cual extiéndase la Certificación de estilo del presente proveído al patrono…” (Vid. F.17 y 18 p. p.a.); resolución que evidentemente es violatoria del derecho de defensa que le asiste a la referida empresa mercantil, al compeler a la misma al pago de una suma de dinero, sin que a la misma se le citase a fin de hacer de su conocimiento la resolución recaída en la solicitud presentada, esto indudablemente ha vedado de la oportunidad a la parte afectada de ser oída y que si lo estimase pertinente se pudiese oponer a tal resolución..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y que otorga el amparo interpuesto por los recurrentes..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil quince. VISTO: En consulta la sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil trece (2013), proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se OTORGÓ la Acción de Amparo interpuesta por los abogados MIRIAM VERONICA DISCUA MENDOZA y MELVIN YOBANY ZUNIGA ACOSTA, a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S. DE R.L., contra la resolución emitida en fecha tres(3) de enero del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés, con relación a la solicitud de aprobación para el pago de indemnizaciones por muerte, promovida por la señora JOSEFA VELASQUEZ SOLER contra la empresa HONDURAS MARITIMA S. DE R.L.
A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés, el abogado JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO, en su condición de apoderado de la señora JOSEFA VELASQUEZ SOLER, presentando solicitud de aprobación para el pago de indemnización por causa de muerte, contra la sociedad mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S. DE R.L. 2) Que en fecha tres (3) de enero del año dos mil trece (2013), una vez seguido el trámite de ley correspondiente, el a-quo dicto auto mediante el cual resolvió: (Sic) “Se admite solicitud de aprobación de pago de indemnización por muerte del ciudadano JOSÈ ÀNGEL PÈREZ SOLER (Q.D.D.G.) acaecido a consecuencia de Riesgo Profesional promovida por el ABOG. JOSÈ REINERO FIGUEROA VILLATORO, EN SU CONDICIÒN DE APODERADO JUDICIAL DE LA SEÑORA JOSEFA VELÀSQUEZ SOLER, en contra de LA EMPRESA HONDURAS MARÌTIMA, S. DE R.L. REPRESENTADA POR EL SEÑOR HENRY ARÈVALO ZUNIGA tendiente a que judicialmente se apruebe el pago de indemnización por muerte.- Con merito en la documentación aportada mediante la cual se acredita que la compareciente JOSEFA VELÀSQUEZ SOLER dependía económicamente del fallecido JOSÈ ÀNGEL PÈREZ SOLER el suscrito juzgador considera procedente APROBAR la indemnización reclamada la cual asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (LPS 160,369.20) por encontrarse apegado a derecho.- Por medio de la señora Receptora del despacho requiérase en legal y debida forma a la demandada EMPRESA HONDURAS MARÌTIMA, S. DE R.L. REPRESENTADA POR EL SEÑOR HENRY ARÈVALO ZUNIGA a fin de que dentro del termino de veinticuatro (24) horas pague o consigne a la orden de este juzgado la cantidad de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (Lps. 160,369.20), para lo cual extiéndase la Certificación de estilo del presente proveído al patrono…” (Folios diecisiete (17) al dieciocho (18) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha uno (1) de marzo de dos mil trece(2013), compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los abogados MIRIAM VERONICA DISCUA MENDOZA y MELVIN YOBANY ZUNIGA ACOSTA, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S. DE R.L., contra el auto de fecha tres de enero del año dos mil trece, emitido por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés, por considerar que dicha resolución es violatoria de los dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió falló, mediante el cual resolvió: (Sic) “Otorgando el recurso de amparo del que ha hecho mérito, a efecto de que la autoridad recurrida restablezca el derecho constitucional declarado violado procediendo de la manera establecida en la motivación de este fallo…” (Folios veintitrés (23) al veintiséis (26) de los antecedentes de segunda instancia). 5) Que en fecha tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), esta Sala de lo Constitucional, recibió para su consulta la sentencia que se deja relacionada en el numeral que antecede, en el Recurso de Amparo interpuesto a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S. DE R.L., ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, irán a trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO(2): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el recurso de amparo interpuesto por los abogados MIRIAM VERONICA DISCUA MENDOZA y MELVIN YOBANY ZUNIGA ACOSTA, a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S. DE R.L., sentencia mediante la cual el referido Tribunal otorgo la acción de Amparo impetrada, por estimar que la resolución dictada por el a-quo vulnera el derecho de defensa invocado por los recurrentes, arguyendo para ello básicamente lo siguiente: (Sic.)“Que a los jueces del Trabajo se les faculta para aprobar el pago de indemnizaciones en caso de muerte de un trabajador que no ha testado, apreciando la relación de hijos y esposa o concubina; y a falta de estos los dependientes económicos, sin sujetarse a las pruebas legales que conforme a derecho común acreditan el parentesco; pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil, si se le presentan, en ese sentido aparecen regulados en los artículos 421 y 422 del Código del Trabajo, sin embargo el efecto de dicha resolución no es otra que autorizar la aprobación de pago, según el orden establecido en la primera disposición citada, supliendo así la voluntad del trabajador cuando no exista testamento o designación de beneficiarios; con la citada aprobación de pago el patrono puede pagar o no a los beneficiarios, si lo hace, el efecto de pago es la liberación de responsabilidad, si no lo hace, queda habilitado el beneficiario para acudir a la vía ordinaria en procura de tutela del derecho que cree tener, ejerciendo la acción correspondiente. El requerimiento es un acto de comunicación que según dispone el articulo 135 del Código Procesal Civil se utiliza para ordenar, conforme a la ley, una conducta o actividad; el procedimiento para la aprobación de pago de la indemnización no incorpora la participación del posible obligado, por ello el efecto de la aprobación se limita a eso como antes se expuso; la orden para requerir del patrono el pago de la indemnización solo es viable, con la citación del posible obligado, respetando de esta manera la garantía de audiencia y contradicción para la efectividad del derecho de defensa. Que del estudio del expediente contentivo de la presente acción de amparo, así como de las alegaciones en que los recurrentes han fundado la misma, este Tribunal aprecia que, los citados motivos resultan ser trascedentes de la esfera procedimental hacia la esfera de los derechos fundamentales protegidos por la jurisdicción de lo constitucional a la parte recurrente, la resolución contra la cual se reclama lleva implícita una violación al derecho constitucional invocados por los recurrentes y contenido en el articulo 82 de la Constitución de la República, a través de la cual se garantiza el derecho de defensa, que implica la oportunidad de la parte o tercero para participar y ser oído en el proceso, por si, en el caso que lo permita la ley, o por medio de un representante judicial para el uso de la oportunidad o el momento procesal en el ejercicio de los derechos que le asistan, en defensa de sus intereses con todas las formalidades, derechos y garantías del debido proceso, al imponerse una obligación de pago en un procedimiento del que no fue participe…...” . CONSIDERANDO (3): Que en el caso que ahora nos ocupa, y para los efectos de que esta Sala se pronuncie sobre la reforma, confirmación o revocación de la sentencia venida en consulta, es pertinente determinar si en el caso subjúdice hubo o no un quebrantamiento o vulneración de la garantía del derecho defensa. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en precedentes fallos, que el Derecho de Defensa se considera infringido cuando a las partes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (5): Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional; de todo lo anterior se desprende que a la impetrante no se le ha impedido el Derecho de Defensa, pues el tener una resolución contraria a sus pretensiones, no es razón suficiente para que se produzca una vulneración a este derecho. CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunas deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse, entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales y otros más. CONSIDERANDO (7): Que de la lectura de la resolución dictada en fecha tres(3) de enero del año dos mil trece(2013), por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, departamento de Cortes, la misma revela en su parte dispositiva lo siguiente: “………el suscrito juzgador considera procedente APROBAR la indemnización reclamada la cual asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (LPS 160,369.20) por encontrarse apegado a derecho.- Por medio de la señora Receptora del despacho requiérase en legal y debida forma a la demandada EMPRESA HONDURAS MARÌTIMA, S. DE R. L. REPRESENTADA POR EL SEÑOR HENRY ARÈVALO ZUNIGA a fin de que dentro del termino de veinticuatro (24) horas pague o consigne a la orden de este juzgado la cantidad de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (Lps. 160,369.20), para lo cual extiéndase la Certificación de estilo del presente proveído al patrono…” (Vid. F.17 y 18 p. p.a.); resolución que evidentemente es violatoria del derecho de defensa que le asiste a la referida empresa mercantil, al compeler a la misma al pago de una suma de dinero, sin que a la misma se le citase a fin de hacer de su conocimiento la resolución recaída en la solicitud presentada, esto indudablemente ha vedado de la oportunidad a la parte afectada de ser oída y que si lo estimase pertinente se pudiese oponer a tal resolución. CONSIDERANDO (8): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y que otorga el amparo interpuesto por los recurrentes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 1, 64, 82, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 14 No. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 No. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 2, 5, 45, 48, 54 párrafo segundo, 68 párrafo segundo y tercero y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta y que fue proferida en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, y mediante la cual se otorga el recurso de amparo interpuesto por los abogados MIRIAM VERONICA DISCUA MENDOZA y MELVIN YOBANY ZUNIGA ACOSTA, a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S. DE R.L..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil quince, certificación del Fallo de fecha dos de junio del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Laboral Venido en Consulta, registrado bajo el número SCO-0328-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL