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Sentencia AL-868-14 — Registro 4830

Resumen

prueba de la causal de despido con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que del acto reclamado se desprende que la decisión de la Alzada se encaminó a confirmar lo resuelto por el A-quo en la sentencia recurrida, al determinar que el demandante dejó de asistir al trabajo sin permiso del patrono y sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos, causal que se encuentra conforme al artículo 112 literal (h del Código del Trabajo; situación que quedó debidamente acreditada en el proceso con la prueba que al efecto se aportó y valoró el Juzgador, relacionando el mismo en el fallo tales extremos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., nueve de enero de dos mil quince. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado, TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, a favor del señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, que confirma la sentencia definitiva de fecha tres de abril de dos mil catorce, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES, dirigida contra el EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, recaen en que no se tomaron en cuenta los agravios que expusiera en contra de la resolución por la que apeló, así como que el recurrente es del parecer que con los medios de prueba que presentó establece que por parte de la demandada no se justifica el despido de la que fue objeto.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violentadas con el acto contra el cual reclama, el principio de legalidad y el derecho de defensa entre otros reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la decisión de la Alzada se encaminó a confirmar lo resuelto por el A-quo en la sentencia recurrida, al determinar que el demandante dejó de asistir al trabajo sin permiso del patrono y sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos, causal que se encuentra conforme al artículo 112 literal (h del Código del Trabajo; situación que quedó debidamente acreditada en el proceso con la prueba que al efecto se aportó y valoró el Juzgador, relacionando el mismo en el fallo tales extremos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado, TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, a favor del señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce; toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de febrero de dos mil quince. VISTO: el recurso de reposición presentado por el Abogado TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, a favor del señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES; contra la resolución dictada por esta Sala en fecha nueve (09) de enero de dos mil quince, mediante la cual se sobresee el recurso de amparo presentado contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce, que confirma la sentencia definitiva de fecha tres (03) de abril de dos mil catorce, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES, dirigida contra el EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).CONSIDERANDO: Que consta de autos que la acción de amparo de mérito fue interpuesta por el el Abogado TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, a favor del señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES; en fecha uno (01) de agosto de dos mil catorce, sobreseyendo esta Sala dicho recurso en fecha nueve (09) de enero de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil quince, el Abogado TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha nueve (09) de enero de dos mil quince, apreciándose que ha omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, al limitarse a relacionar los motivos por los que accionó en amparo, en consecuencia y conforme se aprecia de la motivación de la resolución contenida, se advierte que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, a favor del señor JOSÉ OCTAVIO IZAGUIRRE FUNES; por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de resoluciones de fechas nueve de enero y veinticuatro de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0868=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL