Sentencia AL-806-12 — Registro 5864
Resumen
Sentencia recurrida que reformó la dictada en primera instancia ,declarando con lugar la excepción dilatoria de incomptencia de Tribunal por razón de la materia,con relación a la demanda para el pago de prestaciones por despido injustificado y pago de salarios dejados de percibir ,interpuesta por recurrente empleada de la DEI ante la competencia laboral y no contencioso-administrativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."…"11): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: que las personas naturales que prestan sus servicios de manera permanente y continua en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación de dichos servidores públicos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y no ante los Tribunales del Trabajo. CONSIDERANDO(12): Que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada y mediante la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente la excepción de incompetencia del Tribunal, no vulnera en perjuicio del recurrente, las garantías Constitucionales invocadas, en tanto que el Tribunal ad-quem han señalado con arreglo a derecho, cual es la jurisdicción competente para conocer de la cuestión controvertida planteada. CONSIDERANDO(13): Que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda.CONSIDERANDO(14): Que tratándose del supuesto inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código del Trabajo no regula expresamente cual es el efecto que en tales circunstancias pueda tener la declaratoria de incompetencia hecha por los Juzgados de lo Laboral. CONSIDERANDO(15): Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez (10) días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. CONSIDERANDO(16): Que por las razones expuestas, procede denegar la Garantía de Amparo relacionada. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"11): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: que las personas naturales que prestan sus servicios de manera permanente y continua en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación de dichos servidores públicos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y no ante los Tribunales del Trabajo. CONSIDERANDO(12): Que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada y mediante la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente la excepción de incompetencia del Tribunal, no vulnera en perjuicio del recurrente, las garantías Constitucionales invocadas, en tanto que el Tribunal ad-quem han señalado con arreglo a derecho, cual es la jurisdicción competente para conocer de la cuestión controvertida planteada. CONSIDERANDO(13): Que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda.CONSIDERANDO(14): Que tratándose del supuesto inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código del Trabajo no regula expresamente cual es el efecto que en tales circunstancias pueda tener la declaratoria de incompetencia hecha por los Juzgados de lo Laboral. CONSIDERANDO(15): Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez (10) días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. CONSIDERANDO(16): Que por las razones expuestas, procede denegar la Garantía de Amparo relacionada. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2, n°2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, art. 31 (Reglamentos)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario por Ley de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, a favor de la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ contra el fallo dictado en fecha treinta de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio proferido en fecha trece de junio de dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento promovida por la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI). ANTECEDENTE S 1) Que en fecha siete de septiembre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante Legal la Procuradora General de la República, en ese entonces la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a fin de que el patrono, la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI); pruebe la justa causa de su despido. 2) Que en fecha trece de junio de dos mil doce, el Juzgado de Letras citado, FALLÓ:”1) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA opuesto por la Apoderada de la parte demandada; 2) SIN COSTAS: En esta instancia.” (Folios 148 al 152 de la primera pieza).3) Que en fecha treinta de agosto de dos mil doce, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, FALLÓ:” I.- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II- REFORMAR el auto interlocutorio proferido en fecha trece de junio del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento promovida por la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ, en contra de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, para el pago de prestaciones laborales por despido injustificado, pago de derechos adquiridos y como indemnización el pago de los salarios dejados de percibir y costas, en los términos siguientes: UNO: REVOCAR el numeral 1) de la parte resolutiva del fallo que declara SIN LUGAR la Excepción de Incompetencia de tribunal a quien se hubiera interpuesto la demanda, en consecuencia: Declara CON LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada.- DOS: CONFIRMAR el numeral 2) de la parte resolutiva del auto interlocutorio apelado que se refiere a las COSTAS.- III.-SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 38 al 41 de la segunda pieza). 4) Que en fecha doce de octubre de dos mil doce, el recurrente abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de amparo a favor de la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ, por estimar que la decisión del Tribunal ad-quem, y que se deja relacionada en el numeral anterior es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 61,64, 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. En fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción Constitucional impetrada. 5) Que en fecha doce (12) de agosto de dos mil trece (2013), la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen en el cual fue de la opinión de que se DENIEGUE el amparo interpuesto, por no existir a su juicio la vulneración de las garantías invocadas por el recurrente. CONSIDERANDO (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia proferida en fecha treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la que por mayoría de votos declaro con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y consecuentemente reformó la sentencia interlocutoria proferida en fecha trece (13) de junio de dos mil doce (2012), por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ, las garantías constitucionales invocadas; para ello explica que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada ha reformado el fallo que se ha dictado en la primera instancia con argumentaciones falsas, contradictorias y al margen de la ley, violentando disposiciones legales contenidas en el Decreto Legislativo Nº 17-2010 contentivo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico, específicamente en lo que concierne al articulo 7 de la referida ley, que confiere a la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), carácter autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio; dice el recurrente que por tal razón el juzgado competente para conocer del asunto de merito es el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, y no la jurisdicción Contencioso Administrativa, aduce que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones se decidió por mayoría de votos y no por unanimidad; y que las garantías constitucionales del derecho de petición y debido proceso son violentadas por el referido fallo, ya que en el caso concreto su representada ha presentado Demanda Ordinaria Laboral ante el a-quo y la misma fue admitida, y que en el momento procesal oportuno tal jurisdicción ha declarado sin lugar la excepción dilatoria planteada por la parte demandada, señala que la argumentación esgrimida por el a-quo esta apegada a derecho y con fundamento en los principios del debido proceso y la legalidad; dice que la competencia por razón de la materia, esta determinada por la naturaleza de la pretensión, en este caso de la parte demandante y por las disposiciones legales que la regulen, es decir en el caso de su representada para que se le reintegre a su puesto de trabajo o que el patrono compruebe la justa causa de su despido; demanda que se fundamenta en la normativa aplicable al caso, esto es lo dispuesto en el Código del Trabajo, todo ello por que entre su representada y la parte demandada ha existido una relación laboral de carácter permanente, extremo que dice ha resultado acreditado con las pruebas aportadas. Por ultimo el recurrente señala la vulneración de las declaraciones constitucionales preceptuadas en los artículos 60, 61 y 64, ya que no es posible que la DEI, desarrolle sus actividades en un completo desorden legal y que los Tribunales de la República avalen tales irregularidades, al permitir que la misma en forma antojadiza y aleatoria, en unas demandas excepciones de incompetencia o declinatoria, tal y como lo ha hecho en el caso de autos, y por otro lado no aceptando someterse a la jurisdicción laboral; dice que la ley debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos. CONSIDERANDO(4): Que bajo la panorámica planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no las declaraciones y derechos constitucionales alegados por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el ad-quem no debió de haber declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente reformar la sentencia dictada por el a-quo en fecha trece (13) de junio de dos mil doce (2012), falló por el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar la excepción dilatoria interpuestas por la parte demandada, referida a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO(5): Que de conformidad a lo prescrito por el artículo 246 de la Constitución de la República: “Las Secretarias de Estado son órganos de la Administración general del país, y dependen directamente del Presidente de la República. La ley determinara su numero, organización competencia y funcionamiento del Consejo de Ministros.” CONSIDERANDO(6): Que por su parte, el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, exceptúa de su régimen de aplicación, a “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales”, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan. CONSIDERANDO(7): Que el articulo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que dicha jurisdicción es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Publica, sujetos al derecho administrativo; por su parte el articulo 2 señala que se entiende por Administración Publica: a) El Poder Ejecutivo; b) Las entidades estatales, entendiéndose por estas las municipalidades y las instituciones autónomas. El artículo 3 por su parte establece que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también: “a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, recisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las municipalidades y por las instituciones autónomas, y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los Poderes del Estado…”; y el articulo 6 de la referida normativa señala que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es improrrogable. CONSIDERANDO(8): Que el Decreto Legislativo No. 17-2010, contentivo de la Ley de Fortalecimiento de lo Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico, preceptúa en su articulo 71 “Crease la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como una entidad desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía funcional, técnica, financiera, administrativa y de seguridad nacional, adscrita a la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas, con personalidad jurídica propia, con autoridad y competencia a nivel nacional, cuyo domicilio es la Capital de la República”; y en lo que se refiere a las relaciones laborales, específicamente el articulo 81 de la referida ley dispone lo siguiente: “Se crea el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para los funcionarios y empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Los derechos y obligaciones que les corresponden por tal condición, incluyendo lo relativo a su seguridad social, las normas de ingreso, capacitación, ascenso, traslado, suspensión, extinción de la relación de empleo y las demás que se consideren pertinentes, se deberán regir por el reglamento que al respecto emita la institución, por conducto de la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas”.CONSIDERANDO(9): Que el Acuerdo Legislativo No. 1184, contentivo del Reglamento del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 32766, de fecha siete de marzo de dos mil doce, en su articulo 1 señala lo siguiente: “El Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, regula las relaciones de servicio entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y sus funcionarios y empleados. El mismo establece los derechos, obligaciones y prohibiciones de los funcionarios y empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, incluyendo lo relativo a la seguridad social, normas de ingreso, capacitación, ascenso, traslado, suspensión, vacaciones, beneficios, plan de clasificación de puestos y remuneraciones, prestaciones e indemnizaciones laborales, medidas disciplinarias así como la extinción de la relación de servicio….”; por su parte el articulo 110 del referido reglamento señala: “La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será la competente para conocer de cualquier controversia que pudiera originarse con relación al Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera. En caso de que se impugne una cancelación o separación del servidor se seguirá el procedimiento en materia personal, en los demás casos deberá seguirse el procedimiento de primera o única instancia establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. CONSIDERANDO(10): Que de conformidad a lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, “……los órganos desconcentrados son creados por ley, la que determinará su grado de desconcentración y su respectiva competencia, la cual ejercitarán con autonomía técnica-administrativa financiera….. Sin perjuicio de lo que las leyes dispongan, el personal de éstos órganos estará sujeto al Régimen del Servicio Civil….”CONSIDERANDO(11): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: que las personas naturales que prestan sus servicios de manera permanente y continua en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación de dichos servidores públicos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y no ante los Tribunales del Trabajo. CONSIDERANDO(12): Que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada y mediante la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente la excepción de incompetencia del Tribunal, no vulnera en perjuicio del recurrente, las garantías Constitucionales invocadas, en tanto que el Tribunal ad-quem han señalado con arreglo a derecho, cual es la jurisdicción competente para conocer de la cuestión controvertida planteada. CONSIDERANDO(13): Que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda.CONSIDERANDO(14): Que tratándose del supuesto inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código del Trabajo no regula expresamente cual es el efecto que en tales circunstancias pueda tener la declaratoria de incompetencia hecha por los Juzgados de lo Laboral. CONSIDERANDO(15): Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez (10) días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. CONSIDERANDO(16): Que por las razones expuestas, procede denegar la Garantía de Amparo relacionada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la señora Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 64, 80, 82, 90, 183, 246, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.2.3 a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2 No.2 del Código del Trabajo; 17 del Código Civil; 2, 3 y 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y 71 Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico.- FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, a favor de la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ contra el fallo dictado en fecha treinta de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil quince, certificación de fallo de fecha catorce de octubre de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 806=12.
CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES
SECRETARIO POR LEY DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL