Sentencia AL-650-13 — Registro 4827
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que declaró con lugar recurso de apelación,estimando la excepción de incompetencia de tribunal interpuesta por parte demandada,relacionada a demanda laboral de reintegro interpuesta por impetrante contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Salud y la jurisdicción competente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“(8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia básicamente en que, el demandante requería de conocimientos especiales a efecto de cumplir con las actividades contratadas y propias de la medicina; documentada inicialmente mediante contratos de servicios profesionales a efectos de cumplir con el procedimiento administrativo del caso, para los efectos presupuestarios correspondientes; en consecuencia dicho vinculo jurídico se origina de una contratación que el Artículo 2, numeral 2 del Código del Trabajo excluye de la competencia de los Tribunales de lo Laboral, agregándose que dichos contratos están sujetos al derecho administrativo con la documentación acompañada”…. “(12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 183 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRÍGUEZ a favor del Señor GEDNEER SAID ALVAREZ OVIEDO, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y reformó el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor GEDNEER SAID ALVAREZ OVIEDO, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de mayo del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Señor GEDNEER SAID ALVAREZ OVIEDO, promoviendo demanda ordinaria laboral de primera instancia para el reintegro al trabajo en mejores condiciones a las que tenia al momento del despido injusto, reconocimiento de estabilidad y antigüedad en el trabajo, en contra del ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de junio del año dos mil trece, dictó Auto Interlocutorio mediante la cual resolvió: “1)Declarando SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA PRESENTE DEMANDA, interpuesta por el apoderado de la parte demandada.- SIN COSTAS.- (Folios trescientos nueve (309) al trescientos trece (313) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado OSCAR ORLANDO MELENDEZ LOPEZ en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO Declarando ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante judicial del ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia se REFORMA la resolución proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en fecha tres (03) de junio del presente año (2013) en la DEMANDA LABORAL ORDINARIA de la referencia, promovida por el señor GEDNEER SAIDALVAREZ OVIEDO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Salud, por medio de su representante legal, la Procuradora General de la Republica, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución, misma que se contrae a declarar con lugar la excepción dilatoria de incompetencia de tribunal.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la resolución apelada y relacionada anteriormente, en sus demás extremos, es decir, en cuanto a la exoneración de costas.-SIN COSTAS, por tener el recurrente motivos legales y racionales para litigar en ésta instancia.” (Folios cinco (05) al ocho (08) de los antecedente de segunda instancia). 4) Que el recurrente Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil trece, interponiendo acción de Amparo a favor del señor GEDNEER SAID ÁLVAREZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 323 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de noviembre del año dos mil trece. 5) Que con fecha dos de diciembre del año dos mil trece, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y reformó el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor GEDNEER SAID ALVAREZ OVIEDO, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 90 y 323 de la Constitución de la República, ya que al Tribunal recurrido no reparó que los contratos y la forma en que el demandante realizaba sus actividades reúnen elementos esenciales que tipifican una verdadera relación laboral; y sin estar comprendidos en la exclusión establecida en el Artículo 2 del Código de Trabajo, al no ostentar el demandante la categoría de empleado publico; y, no, estar regulada su relación con el Estado por un Acuerdo Ejecutivo, si no mas bien de orden laboral. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, pronunciándose que se puede apreciar en autos, la naturaleza del vínculo, es decir la relación contractual entre el demandante y demandado, la cual como se señala, nace de un contrato y no mediante un acuerdo. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos se lesiona el debido proceso al que la recurrente hace referencia en su petición. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia básicamente en que, el demandante requería de conocimientos especiales a efecto de cumplir con las actividades contratadas y propias de la medicina; documentada inicialmente mediante contratos de servicios profesionales a efectos de cumplir con el procedimiento administrativo del caso, para los efectos presupuestarios correspondientes; en consecuencia dicho vinculo jurídico se origina de una contratación que el Artículo 2, numeral 2 del Código del Trabajo excluye de la competencia de los Tribunales de lo Laboral, agregándose que dichos contratos están sujetos al derecho administrativo con la documentación acompañada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado bajo el número SCO-0650-2013.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL