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Sentencia AL-495-13 — Registro 4825

Resumen

Resolución que declara sin lugar excepción de falta de Jurisdicción por compromiso arbitral y de Litispendencia con relación a demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás conceptos laborales,que el presente caso no se trate entonces, de un asunto civil de índole privado, en el que en caso de conflicto, su resolución sea susceptible al principio de disponibilidad de las partes, como ha argumentado el recurrentdonde

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que el peticionario ha considerado violados o amenazados por el ad quem, los derechos contenidos en los artículos 90, 110, 205 y 313 de la Constitución de la República, relativos al debido proceso, vinculado con la jurisdicción y competencia; el derecho a terminar los asuntos civiles relativos a la libre administración de sus bienes, por transacción o arbitraje; y principio de legalidad en cuanto a las funciones de los poderes legislativo y judicial compete, respectivamente. CONSIDERANDO 2: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, el peticionario lo relaciona, con el hecho de que a su criterio, el asunto que el ad quem somete a conocimiento de la justicia ordinaria, ha de dilucidarse mediante arbitraje, pasando por alto la potestad de cada quien de decidir la forma en que ha de dirimir sus asuntos civiles. CONSIDERANDO 3: Que el caso sub examine refiere a un conflicto sometido a conocimiento jurisdiccional, en el que se demanda a la Empresa Inmobiliaria Lempira S.A. de C.V. el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales al Señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA; asuntos que al tratar específicamente de derechos laborales surgidos a raíz de una relación entre patrono y trabajador, es decir, de los efectos de una relación jurídico-laboral, al tenor de lo que dispone el artículo 128 de la Constitución de la República, son de orden público. Lo anterior implica, que el presente caso no se trate entonces, de un asunto civil de índole privado, en el que en caso de conflicto, su resolución sea susceptible al principio de disponibilidad de las partes, como ha argumentado el recurrente; ya que si bien es cierto, la relación jurídica laboral, cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades; no menos cierto es que la autonomía de la voluntad, pierde terreno, en la función del contrato como regulador de la relación laboral, que en sus aspectos más significativos viene impuesta desde afuera por los poderes estatal o colectivos. Por ende, es necesario para la salvaguarda de los derechos laborales, la intervención de un órgano jurisdiccional estatal previa y legalmente establecido, como ente independiente e imparcial conocedor y garante del derecho a aplicar, en respeto al Juez Natural. Por lo tanto, cualquier cláusula que implique el sometimiento a un órgano distinto, como ser el tribunal arbitral, al apartarlo de la tutela obligatoria del Estado, sería nula, tal y como también lo establece el artículo constitucional previamente citado. CONSIDERANDO 4: Que como consecuencia de lo antes expuesto, y en sintonía con el dictamen emitido por el Ministerio Público; lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en recurso de apelación, respecto a la obligatoriedad de conocimiento que tiene el Juzgado de Letras, respecto al asunto sometido a su competencia y jurisdicción, es respetuosa de los parámetros legalmente establecidos en la Constitución de la República, y el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República; no puede considerarse vulnerado. En tal virtud, procede la denegación del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 90, 128, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 6, 7, 8, 9 numeral 3 literal b, 41 numeral 1, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RODRIGO ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. de C.V. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo del año dos mil trece, que declara Con Lugar el recurso de apelación y reforma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil trece; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. por medio de su Presidente y Representante legal el señor JESUS KAFATI KAFATI. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones antes referida, y se continúe con el trámite procedente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Enero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RODRIGO ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. de C.V. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo del año dos mil trece, que declara Con Lugar el recurso de apelación y reforma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil trece; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. por medio de su Presidente y Representante legal el señor JESUS KAFATI KAFATI. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de octubre del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA, promoviendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios adeudados, vacaciones proporcionales y en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia definitiva en vista del despido directo, unilateral ilegal e injusto, contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. por medio de su Presidente y Representante legal el señor JESUS KAFATI KAFATI.2) Que en fecha veinticinco de enero del año dos mil trece, la parte demandada contestó la demanda interpuesta en su contra, oponiendo a su vez Excepción Procesal de falta de Jurisdicción por compromiso arbitral, excepción procesal de litispendencia y excepción material de prescripción, presentando documentación relacionada. (Folios 21 al 26 de la pieza de primera instancia).3) Que en fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece, el Juzgado antes citado, celebró Audiencia Primera de Trámite, la cual fue suspendida, señalando el A-quo su continuación para el día diecinueve de marzo del año dos mil trece, fecha en la cual dictó auto interlocutorio en el cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: 1.- Declarar CON LUGAR la Excepción Procesal de Falta de Jurisdicción por Compromiso Arbitral, opuesta por el Representante Judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A., a través de su Presidente y Representante legal señor JESUS KAFATI KAFATI, de generales expresadas; contra la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado a pagarle las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salario adeudado, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; promovida por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de Representante Judicial del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA, de generales también conocidas; que como consecuencia de la Falta de Jurisdicción de este Juzgado me abstengo de continuar conociendo del presente caso, así como de pronunciarme sobre la Excepción procesal de Litis Pendencia, opuesta por el Representante Judicial de la demandada; por tanto se pone fin al proceso con sobreseimiento y se ordena el archivo de las presentes diligencias, reservándose a las partes su derecho para acudir a la decisión arbitral. 2.- SIN COSTAS en esta instancia….” (Folios 130 al 132 y 153 y folios 154 al 158 de la pieza de primera instancia). 4) Que en fecha siete de mayo del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA contra el auto interlocutorio emitido por el A-quo, relacionado en el numeral anterior, dictó sentencia mediante la cual (Sic) “FALLA: 1. Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, accionando como Representante Procesal de la parte demandante.- 2.- REFORMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, que corre agregado a folios 154, 155, 156 y 157 frente y vuelto de la pieza compulsada, en los términos siguientes: UNO: REVOCAR el numeral 1.- de la parte resolutiva del AUTO INTERLOCUTORIO que declarara CON LUGAR la EXCEPCIÓN PROCESAL DE FALTA DE JURISDICCIÓN POR COMPROMISO ARBITRAL opuesta por el Representante Procesal demandado; en consecuencia: a) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PROCESAL DE FALTA DE JURISDICCIÓN POR COMPROMISO ARBITRAL opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada.- DOS: Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PROCESAL DE LITISPENDENCIA interpuesta por el Abogado RODRIGO ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, en su condición Representante Procesal de la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRAS, S.A. en la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento promovida por el Abogado JORGE FABIÁN COREA LOBO, en su condición de Representante Procesal del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRAS, S.A., por medio de su Presidente y Representante legal el señor JESÚS KAFATI KAFATI, para que el patrono pruebe la justa causa de despido.- TRES: CONFIRMANDO el numeral 2.- de la parte resolutiva del auto interlocutorio que se refiere a las Costas.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia…..” (Folios 9 al 13 de la pieza de segunda instancia).5) Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, compareció ante este alto Tribunal, el Abogado RODRIGO ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. de C.V., contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo de dos mil trece, por considerar que la misma violenta o amenaza los artículos 90, 110, 205 y 313 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir su dictamen.6) Que con fecha cinco de noviembre de dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO 1: Que el peticionario ha considerado violados o amenazados por el ad quem, los derechos contenidos en los artículos 90, 110, 205 y 313 de la Constitución de la República, relativos al debido proceso, vinculado con la jurisdicción y competencia; el derecho a terminar los asuntos civiles relativos a la libre administración de sus bienes, por transacción o arbitraje; y principio de legalidad en cuanto a las funciones de los poderes legislativo y judicial compete, respectivamente. CONSIDERANDO 2: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, el peticionario lo relaciona, con el hecho de que a su criterio, el asunto que el ad quem somete a conocimiento de la justicia ordinaria, ha de dilucidarse mediante arbitraje, pasando por alto la potestad de cada quien de decidir la forma en que ha de dirimir sus asuntos civiles. CONSIDERANDO 3: Que el caso sub examine refiere a un conflicto sometido a conocimiento jurisdiccional, en el que se demanda a la Empresa Inmobiliaria Lempira S.A. de C.V. el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales al Señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA; asuntos que al tratar específicamente de derechos laborales surgidos a raíz de una relación entre patrono y trabajador, es decir, de los efectos de una relación jurídico-laboral, al tenor de lo que dispone el artículo 128 de la Constitución de la República, son de orden público. Lo anterior implica, que el presente caso no se trate entonces, de un asunto civil de índole privado, en el que en caso de conflicto, su resolución sea susceptible al principio de disponibilidad de las partes, como ha argumentado el recurrente; ya que si bien es cierto, la relación jurídica laboral, cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades; no menos cierto es que la autonomía de la voluntad, pierde terreno, en la función del contrato como regulador de la relación laboral, que en sus aspectos más significativos viene impuesta desde afuera por los poderes estatal o colectivos. Por ende, es necesario para la salvaguarda de los derechos laborales, la intervención de un órgano jurisdiccional estatal previa y legalmente establecido, como ente independiente e imparcial conocedor y garante del derecho a aplicar, en respeto al Juez Natural. Por lo tanto, cualquier cláusula que implique el sometimiento a un órgano distinto, como ser el tribunal arbitral, al apartarlo de la tutela obligatoria del Estado, sería nula, tal y como también lo establece el artículo constitucional previamente citado. CONSIDERANDO 4: Que como consecuencia de lo antes expuesto, y en sintonía con el dictamen emitido por el Ministerio Público; lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en recurso de apelación, respecto a la obligatoriedad de conocimiento que tiene el Juzgado de Letras, respecto al asunto sometido a su competencia y jurisdicción, es respetuosa de los parámetros legalmente establecidos en la Constitución de la República, y el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República; no puede considerarse vulnerado. En tal virtud, procede la denegación del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 90, 128, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 6, 7, 8, 9 numeral 3 literal b, 41 numeral 1, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RODRIGO ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. de C.V. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo del año dos mil trece, que declara Con Lugar el recurso de apelación y reforma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil trece; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del señor LEONEL SALEH KAFATI BICHARA contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA LEMPIRA S.A. por medio de su Presidente y Representante legal el señor JESUS KAFATI KAFATI. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones antes referida, y se continúe con el trámite procedente. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha doce de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0495=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL