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Sentencia AL-441-13 — Registro 4823

Resumen

Resolución que confirma sin lugar la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunalcon relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."6): Que de todo lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013), ha hecho amplia relación y mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de determinados contratos de servicios profesionales y técnicos, [1] donde se describen bien es cierto, los servicios a ejecutar por el contratista, el tiempo determinado para la validez y vigencia del contrato y el monto total a cancelar, con indicación de la estructura presupuestaria a afectar, haciendo únicamente las deducciones que corresponden al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), otras retenciones legales o por mandato judicial, y donde se estipula, específicamente en la clausula octava del referido contrato, que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten en forma expresa a los tribunales de lo contencioso administrativo de esta jurisdicción. CONSIDERANDO (7): Que no obstante lo anterior, el fallo venido en amparo, en continencia con numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, al cual se ha hecho alusión como principio sustantivo; por lo que se considera intrínseco a la consideración jurídica de la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto, resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. [2] De allí la esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, respecto a que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aunque el contrato denominado de servicios profesionales y técnicos ordene, a contrario sensu, la sumisión expresa de los contratistas a distinta jurisdicción. CONSIDERANDO (8): Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, pareciera pretender la prevalencia de una perspectiva netamente formal, para el caso, la prevalencia de la autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo. En tal sentido, cabe mencionar que tal planteamiento no muestra entidad suficiente, en lo que concierne a la perspectiva constitucional, como para otorgar la acción de amparo; encontrando asimismo que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, es decir, fundada en derecho; por la cual se garantiza el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente. CONSIDERANDO (9): Que igual tutela de la relación laboral, reflejada tanto en contratos individuales como colectivos para ambos factores de producción, declaraciones y derechos, resultan de observancia en la sentencia que resuelve en apelaciones el conflicto de competencia antes descrito y que, en definitiva, la sentencia se muestra respetuosa a lo establecido en los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías; y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de conformidad a ley y al fin social de las leyes laborales. CONSIDERANDO (10): Que considera la Sala de lo Constitucional que los artículos supra citados enmarcan, en efecto, derechos vigentes y principios plenamente operativos en el ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizan por orientar la aplicación del derecho positivo con trascendencia a la consideración meramente formal, y hasta mecánica de la legislación vigente; garantizado en cambio una interpretación amplia, sistemática y teleológica, a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos universalmente; recordando así que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como remarca finamente el tratadista Néstor del Buen L. en su conocida obra “Derecho del Trabajo”. [3] - Por todo ello se considera que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013) y que se ha conocido en amparo, no resulta en absoluto violatoria del derecho constitucional invocado por el recurrente; por lo cual es procedente denegar el presente recurso de amparo"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que no obstante lo anterior, el fallo venido en amparo, en continencia con numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, al cual se ha hecho alusión como principio sustantivo; por lo que se considera intrínseco a la consideración jurídica de la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto, resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. [2] De allí la esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, respecto a que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aunque el contrato denominado de servicios profesionales y técnicos ordene, a contrario sensu, la sumisión expresa de los contratistas a distinta jurisdicción."

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, pareciera pretender la prevalencia de una perspectiva netamente formal, para el caso, la prevalencia de la autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo. En tal sentido, cabe mencionar que tal planteamiento no muestra entidad suficiente, en lo que concierne a la perspectiva constitucional, como para otorgar la acción de amparo; encontrando asimismo que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, es decir, fundada en derecho; por la cual se garantiza el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente. CONSIDERANDO (9): Que igual tutela de la relación laboral, reflejada tanto en contratos individuales como colectivos para ambos factores de producción, declaraciones y derechos, resultan de observancia en la sentencia que resuelve en apelaciones el conflicto de competencia antes descrito y que, en definitiva, la sentencia se muestra respetuosa a lo establecido en los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías; y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de conformidad a ley y al fin social de las leyes laborales. CONSIDERANDO (10): Que considera la Sala de lo Constitucional que los artículos supra citados enmarcan, en efecto, derechos vigentes y principios plenamente operativos en el ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizan por orientar la aplicación del derecho positivo con trascendencia a la consideración meramente formal, y hasta mecánica de la legislación vigente; garantizado en cambio una interpretación amplia, sistemática y teleológica, a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos universalmente; recordando así que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como remarca finamente el tratadista Néstor del Buen L. en su conocida obra “Derecho del Trabajo”. [3] - Por todo ello se considera que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013) y que se ha conocido en amparo, no resulta en absoluto violatoria del derecho constitucional invocado por el recurrente; por lo cual es procedente denegar el presente recurso de amparo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha dieciséis de abril del dos mil trece, que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en fecha veinte de marzo del dos mil trece, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ASCENCIÓN BAUTISTA RAMOS, GLADIS AYALA MARTÍNEZ y ANGELA ROSA PAZ ALVARADO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), comparecieron ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, los señores ASCENCIÓN BAUTISTA RAMOS, GLADIS LIZETTE AYALA MARTÍNEZ y ANGELA ROSA PAZ ALVARADO promoviendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de despido, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.2) Que en fecha veinte (20) de marzo del dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, FALLÓ: ”1)Declarando SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DILATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE HUBIERE PRESENTADO LA DEMANDA POR RAZÓN DE LA MATERIA, interpuesta por el apoderado de la parte demandada.-SIN COSTAS…” (Ver folios doscientos cincuenta y ocho (258) al doscientos sesenta y cuatro (264) de la primera pieza).3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha veinte (20) de marzo del dos mil trece (2013), descrito en el antecedente inmediato anterior, por el ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal, la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; procedió la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, a emitir, en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013), el siguiente FALLO: ”PRIMERO: Declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante judicial del ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia se CONFIRMA la resolución proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en fecha veinte (20) de marzo del presente año (2013) en la DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por los señores ASCENCIÓN BAUTISTA RAMOS, GLADIS LIZETTE AYALA MARTÍNEZ y ANGELA ROSA PAZ ALVARADO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal, la Procuradora General de la República, señora ETHEL DERAS ENAMORADO…” (Ver folios seis (06) al diez (10) de la segunda pieza).4) El recurrente, Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de junio del dos mil trece (2013), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional el día veintiséis (26) de agosto del dos mil trece (2013). 5) Que en fecha trece (13) de septiembre de dos mil trece (2013), se tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, fue de la opinión de que NO SE OTORGUE el amparo solicitado, pues del análisis de autos no se encuentra probada causal que justifique los argumentos respecto al conflicto de competencia, teniendo en consecuencia la resolución emitida por el Ad Quem como ajustada a derecho. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013), en la cual la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, por consiguiente, confirma la resolución emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte (20) de marzo del dos mil trece (2013). Lo anterior, con fundamento en que los señores ASCENCIÓN BAUTISTA RAMOS, GLADIS AYALA MARTÍNEZ y ANGELA ROSA PAZ ALVARADO, presentaron la demanda ante la jurisdicción que tiene atribuida competencia para ello, siendo improcedente el defecto procesal de incompetencia de tribunal por razón de materia que promoviera en su oportunidad el recurrente, en su calidad de representante judicial del Estado de Honduras, como en efecto precisó el Juzgado A Quo. Lo anterior, al encontrar que los demandantes suscribieron contratos de servicios profesionales y técnicos, en los cuales se establecieron cláusulas de vigencia y duración, así como de las leyes aplicables en caso de controversia; contrataciones que fueron elevadas incluso a acuerdos ministeriales, siendo éstos el referéndum de aquellas. Sin embargo, también se desprende de la resolución bajo estudio, que ninguno de los demandantes requería de conocimientos técnicos o especiales a efecto de cumplir con las actividades contratadas (guardia de seguridad, auxiliar de farmacia y conserje), no resultando en strictu sensu la existencia de un acuerdo de nombramiento a favor de los Actores, en los cargos que desempeñaban. Por todo ello considera la Alzada que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda que motiva esta diligencia, en atención a los derechos laborales reclamados por los demandantes y a la vigencia de los principios constitucionales de “tutela judicial efectiva” y “juez natural”, mediante los cuales el Estado garantiza a las personas el acceso a la justicia. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso de amparo, el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición predicha, manifiesta que la resolución de alzada vulnera el derecho constitucional al debido proceso que asiste a la parte por él representada, según una pluralidad de argumentos y consideraciones legales, entre los cuales destacan: En primer lugar, que la parte demandante cree que agotaron la vía gubernativa al citar al Titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, hecho que se rechaza pues el único capaz de acudir ante cualquier instancia en representación de cualquier institución estatal para efectos de Conciliación, es el titular de la Procuraduría General de la República. Por otra parte, censura la resolución de la Alzada, por desconocer la existencia de Contratos y/o Acuerdos Ministeriales existentes, los cuales son documentos de orden público, conforme el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, acompaña numerosa jurisprudencia de orden constitucional en cuanto a la razón jurídica que acompaña la referida acción de amparo, la cual manifiesta razones y disposiciones jurídicas contrarias a lo ahora resuelto, en perjuicio del debido proceso de la parte solicitante de amparo. CONSIDERANDO (5): Que sigue manifestando el amparista que en el presente caso, la declaratoria SIN LUGAR del Defecto Procesal de Incompetencia de Tribunal por razón de la Materia, por parte de la respectiva Corte de Apelaciones no observa la plena sujeción a contratos de servicios técnicos y profesionales, puesto eso era lo que existía entre los ahora demandantes y la Secretaría de Salud, lo cual constituye la plenitud del vínculo jurídico existente. Asimismo, que los referidos contratos de servicios técnicos y profesionales tienen sus regulaciones en diferentes estamentos legales, por consiguiente todo lo allí pactado contrae consecuencias jurídicas estrictamente administrativas que se resolverán, en caso de conflicto, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Entre las normativas referidas a los diferentes estamentos legales que invoca el amparista, se encuentra lo preceptuado en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que excluye de su ámbito de aplicación los contratos y negocios jurídicos a que hace mención el artículo 8.1 de la Ley, con referencia a la cláusula de exclusión que ya señalan los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, señala que existen disposiciones de orden público emanadas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para los ejercicios fiscales de los años 2010, 2011 y 2012, los cuales, en el mismo sentido a lo antes dispuesto, regulan también lo referente a la contratación de personal con cargo especifico del gasto 12100, referido a sueldos básicos. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia otorgando el amparo contra la sentencia Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013), la cual ha sido descrita y circunstanciada en los Considerandos que anteceden, mandando a dichos funcionarios judiciales que actúen de conformidad a derecho. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013), ha hecho amplia relación y mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de determinados contratos de servicios profesionales y técnicos,[1] donde se describen bien es cierto, los servicios a ejecutar por el contratista, el tiempo determinado para la validez y vigencia del contrato y el monto total a cancelar, con indicación de la estructura presupuestaria a afectar, haciendo únicamente las deducciones que corresponden al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), otras retenciones legales o por mandato judicial, y donde se estipula, específicamente en la clausula octava del referido contrato, que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten en forma expresa a los tribunales de lo contencioso administrativo de esta jurisdicción. CONSIDERANDO (7): Que no obstante lo anterior, el fallo venido en amparo, en continencia con numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, al cual se ha hecho alusión como principio sustantivo; por lo que se considera intrínseco a la consideración jurídica de la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto, resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. [2] De allí la esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, respecto a que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aunque el contrato denominado de servicios profesionales y técnicos ordene, a contrario sensu, la sumisión expresa de los contratistas a distinta jurisdicción. CONSIDERANDO (8): Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, pareciera pretender la prevalencia de una perspectiva netamente formal, para el caso, la prevalencia de la autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo. En tal sentido, cabe mencionar que tal planteamiento no muestra entidad suficiente, en lo que concierne a la perspectiva constitucional, como para otorgar la acción de amparo; encontrando asimismo que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, es decir, fundada en derecho; por la cual se garantiza el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente. CONSIDERANDO (9): Que igual tutela de la relación laboral, reflejada tanto en contratos individuales como colectivos para ambos factores de producción, declaraciones y derechos, resultan de observancia en la sentencia que resuelve en apelaciones el conflicto de competencia antes descrito y que, en definitiva, la sentencia se muestra respetuosa a lo establecido en los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías; y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de conformidad a ley y al fin social de las leyes laborales. CONSIDERANDO (10): Que considera la Sala de lo Constitucional que los artículos supra citados enmarcan, en efecto, derechos vigentes y principios plenamente operativos en el ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizan por orientar la aplicación del derecho positivo con trascendencia a la consideración meramente formal, y hasta mecánica de la legislación vigente; garantizado en cambio una interpretación amplia, sistemática y teleológica, a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos universalmente; recordando así que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como remarca finamente el tratadista Néstor del Buen L. en su conocida obra “Derecho del Trabajo”.[3] - Por todo ello se considera que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil trece (2013) y que se ha conocido en amparo, no resulta en absoluto violatoria del derecho constitucional invocado por el recurrente; por lo cual es procedente denegar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha once de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0441=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Para el caso, el suscrito entre el Secretario de Estado en el Despacho de Salud, Dr. Arturo Bendaña Pinel y el señor Ascensión Bautista Ramos que obra a folios sesenta y nueve (69) y setenta (70) de la primera pieza de los antecedentes.

[2] De conformidad a la legislación del trabajo generalmente aplicable, como por ejemplo; los artículos 19, 20, 24 y 47 del Código del Trabajo, en su relación conjunta y armónica.

[3] Editorial Porrúa, 12ª edición revisada y actualizada, México, 1999. p. 30.