Sentencia AL-403-13 — Registro 4821
Resumen
Resolución que confirma auto interlocutorio que declaró sin lugar incidente de anulabilidad de actuaciones desde auto de admisión de demanda de merito para que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir y demás conceptos laborales,donde impetrante argumenta la falta de capacidad legal de representación de la Procuraduria General de la República en el agotamiento de los tramites gubernativoscomo requisito sine qua non previo a instancia jurisdiccional, solicitando la anulabilidad de dichas actuaciones desde la admisión de la demanda de merito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."6): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente, la demandante agotó el trámite gubernativo, para tal efecto fue citado en legal y debida forma el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). No siendo un imperativo de la Ley que para agotar dicho trámite gubernativo tuviera que citarse a la Procuraduría General de la República, que si bien es cierto ostenta la Representación Legal del Estado Hondureño, también lo es que debe representarlo en juicio o ante las demandas instruidas en contra del Estado ante los órganos jurisdiccionales competentes y no ante los trámites de carácter eminentemente administrativos, como resulta ser la intervención en los tramites eminentemente administrativo directa de las partes en conflicto que comparecen ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a intentar el procedimiento conciliatorio administrativo, trámite previo a entablar un proceso jurisdiccional. Asimismo corre agregado a los autos (F. 15 primera pieza) el Acta de cierre de las diligencias conciliatorias Administrativas gubernativas por decisión de las partes, la que fue firmada por dichas partes en conflicto, es decir la demandante y el ahora recurrente, quien, habiendo actuado En Representación Del Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas Y Vida Silvestre, pretende ahora, hacer ver a esta Sala que tal actuación no estaba enmarcada en la ley y que su representación carecía de validez; en ese sentido desconcierta a la Sala la pretensión del recurrente. Por todo ello, resulta que la anulabilidad de actuaciones invocada por el recurrente no es de recibo, debiendo tenerse por agotado el trámite gubernativo. Así, como que, la Procuradora General de la República habiendo sido emplazada, en el momento procesal oportuno, en su condición de Representante del Estado procedió a contestar en tiempo y forma la demanda ordinaria laboral. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente dice que se ha vulnerado la garantía del Debido Proceso, entendiendo el Debido Proceso Adjetivo o Formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial [1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona [2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que ha observado los requisitos y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa se ha garantizado a lo largo del proceso, el impetrante ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales, así como que ha ejercitado la acción recursiva sin limitación alguna. CONSIDERANDO (9): En cuanto a la vulneración del artículo 64 Constitucional, del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que no existe vulneración constitucional a tal precepto, no existen ni siquiera indicios de que los derechos y garantías del recurrente se hayan disminuido, restringido o tergiversado, por otra parte la resolución impugnada ha sido dictada ceñida a las exigencias del Debido Proceso, en consecuencia ha sido aplicada la normativa jurídica atinente al caso concreto. CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público representado por la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, emitió dictamen en fecha 18 de septiembre del año dos mil trece, quien ha sido de la opinión porque NO SE OTORGUE el amparo intentado. CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41, numeral 1 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAAS. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se han violentado las garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 691 y 858 del Código del Trabajo, Decreto Legislativo número 9-89 y artículos 3, 193.2 literal b), 199, 211, 213.1 y 426 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ, en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria para que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación y pago de los demás derechos laborales de conformidad a la contratación colectiva contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.2) Que en fechas once (11) y veintisiete (27) de febrero, doce (12) de marzo, veinticuatro (24) de abril y catorce (14) de junio del año dos mil trece, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Primera de Trámite en la cual el Abogado Carlos Arturo Dubon Leitzelar en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandada, interpuso el incidente de anulabilidad de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda, mismo que fue resuelto por el Juzgado antes referido mediante auto interlocutorio de fecha doce (12) de marzo del año dos mil trece (2013), en el cual falló declarando sin lugar el incidente interpuesto. (Folios 82 al 83, 84 al 86, 87 al 89, 91 al 92 y 106 al 107 de la primera pieza de los antecedentes).3) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial dictó sentencia mediante la cual falló confirmando el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil trece (2013). (Folios 35 al 37 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) El recurrente Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, compareció ante este Tribunal, en fecha tres (3) de junio del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 691 y 858 del Código del Trabajo, Decreto Legislativo número 9-89 y artículos 3, 193.2 literal b), 199, 211, 213.1 y 426 del Código Procesal Civil. Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil trece (2013). 5) Que con fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil trece (2013), la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE el recurso interpuesto por no haberse ultrajado los artículos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), que Confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante, al formalizar el recurso manifiesta que la resolución impugnada ha vulnerado el artículo 64, referida a la prohibición de aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; artículo 82 referido al Derecho a la Defensa y 90 del Debido Proceso, todos de la Constitución de la República, en relación con los artículos 691, 858 del Código del Trabajo, Decreto Legislativo No. 9-89 y artículo 3,193.2 literal b) del Código Procesal Civil. Explica el concepto de la violación de la siguiente manera (F. 20 pieza de amparo): “Deriva de la sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), al haberse confirmado el auto interlocutorio en el cual se declaró sin lugar el incidente de anulabilidad de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda, violenta lo establecido en los artículos 691, 715, 858 del Código del Trabajo, Decreto Legislativo No. 9-89 y artículos 3, 211, y 213.1 del Código Procesal Civil, ya que la parte demandante al dirigir su demanda contra el Estado de Honduras, estaba obligada a presentar junto con la demanda el acta donde conste que haya agotado el procedimiento gubernativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, tal y como lo ordena el artículo 691 ya señalado, y en el caso de autos solo acompañó el acta de agotamiento del procedimiento gubernativo contra la Institución desconcentrada denominada ICF, persona jurídica diferente al Estado de Honduras”. Señala que “de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Civil los actos procesales que contengan irregularidades son anulables a petición de parte y el hecho de que el Juzgado haya admitido una demanda contra el Estado de Honduras sin que se haya presentado el acta de agotamiento del procedimiento gubernativo implica violación a normativa de orden público y una grave irregularidad, por lo que el Juzgado previo a la admisión de la demanda, debió ordenar a la parte demandante por una sola vez, que acompañara o presentara el documento exigido por la ley, consistente en el acta de agotamiento de Procedimiento Gubernativo, debiéndole concederle plazo perentorio de diez días para presentar el acta respectiva, de no presentarla ordenar el archivo del expediente”. Manifiesta además que “se ha violentado el artículo 691 del Código del Trabajo (F. 20 vuelto, pieza de amparo), que implica la violación al Debido Proceso, ya que se apartó de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Además expone que se violenta el Debido Proceso porque la autoridad recurrida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil, lo que procedía era emitir un auto, pero al contrario encabeza su resolución estableciendo que la vista es para dictar sentencia. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su fallo expone de manera clara y precisa los motivos que provocan el Recurso de Amparo, así como los alegatos de las partes, en el Considerando Cinco (F. 36 pieza de amparo) de su resolución hace referencia al decreto legislativo invocado por el recurrente (Decreto No. 9-89), manifestando: SIC “que en el hecho, que desde la vigencia del mencionado Decreto Legislativo, la representación legal de las entidades desconcentradas la asume la Procuraduría General de la República, no constituye que esta deberá intervenir en todos los asuntos legales del ICF, (INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE), inclusive en los trámites administrativos, debiendo de tomarse en cuenta el espíritu de dicho decreto legislativo, el cual tiene fines eminentemente de eficacia tributaria, al pretender racionalizar el gasto público para equipar las obligaciones sociales a raíz de la crisis económica, en donde no tiene cabida la representación legal de las instituciones desconcentradas en los trámites administrativos – conciliatorios, tal como lo establece el artículo 64 del Decreto Legislativo 17-2010, donde clara y ciertamente establece que esta representación será en juicios o demandas incoadas, refiriéndose estrictamente a los procesos jurisdiccionales, tal como lo confirma la prueba documental de la apoderada demandante donde se refleja la comparecencia directa del Apoderado Legal del ICF, a través de Poder General para Pleitos otorgado por el Director Ejecutivo del ICF, en donde interviene la Procuraduría General de la República, en vista de ser un trámite eminentemente administrativo previo a la jurisdiccional”. En consecuencia el Ad-Quem confirmó el auto Interlocutorio, proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial. CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente, la demandante agotó el trámite gubernativo, para tal efecto fue citado en legal y debida forma el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). No siendo un imperativo de la Ley que para agotar dicho trámite gubernativo tuviera que citarse a la Procuraduría General de la República, que si bien es cierto ostenta la Representación Legal del Estado Hondureño, también lo es que debe representarlo en juicio o ante las demandas instruidas en contra del Estado ante los órganos jurisdiccionales competentes y no ante los trámites de carácter eminentemente administrativos, como resulta ser la intervención directa de las partes en conflicto que comparecen ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a intentar el procedimiento conciliatorio administrativo, trámite previo a entablar un proceso jurisdiccional. Asimismo corre agregado a los autos (F. 15 primera pieza) el Acta de cierre de las diligencias conciliatorias Administrativas gubernativas por decisión de las partes, la que fue firmada por dichas partes en conflicto, es decir la demandante y el ahora recurrente, quien, habiendo actuado en representación del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, pretende ahora, hacer ver a esta Sala que tal actuación no estaba enmarcada en la ley y que su representación carecía de validez; en ese sentido desconcierta a la Sala la pretensión del recurrente. Por todo ello, resulta que la anulabilidad de actuaciones invocada por el recurrente no es de recibo, debiendo tenerse por agotado el trámite gubernativo. Así, como que, la Procuradora General de la República habiendo sido emplazada, en el momento procesal oportuno, en su condición de Representante del Estado procedió a contestar en tiempo y forma la demanda ordinaria laboral. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente dice que se ha vulnerado la garantía del Debido Proceso, entendiendo el Debido Proceso Adjetivo o Formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que ha observado los requisitos y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa se ha garantizado a lo largo del proceso, el impetrante ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales, así como que ha ejercitado la acción recursiva sin limitación alguna. CONSIDERANDO (9): En cuanto a la vulneración del artículo 64 Constitucional, del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que no existe vulneración constitucional a tal precepto, no existen ni siquiera indicios de que los derechos y garantías del recurrente se hayan disminuido, restringido o tergiversado, por otra parte la resolución impugnada ha sido dictada ceñida a las exigencias del Debido Proceso, en consecuencia ha sido aplicada la normativa jurídica atinente al caso concreto. CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público representado por la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, emitió dictamen en fecha 18 de septiembre del año dos mil trece, quien ha sido de la opinión porque NO SE OTORGUE el amparo intentado. CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, a favor del ESTADO DE de HONDURAS, contra la sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. . NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha trece de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0403=13.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.