Sentencia AL-305-14 — Registro 4819
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra sentencia que declaró sin lugar recurso de reposición y confirmó recurso de Apelación declarado con lugar,contra impugnación de costas en relación a incidente de cobro de honorarios profesionales promovida por impetrante en su condiciòn de procurador contra su misma empresa contrante,demandada para reintegro de trabajadores despedidos, en la cual impetrante era el procurador de dicha empresa demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia básicamente en que, el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, ostenta la calidad de procurador, y este fue contratado para desempeñar el cargo de asistente del Departamento de Asesoría Legal de la Empresa Nacional Portuaria, bajo la condición de empleado de confianza a tiempo completo y con exclusividad de servicios, devengando un salario mayor al establecido en el Arancel del Profesional del Derecho; siendo precisamente por esa misma contratación que el actor ejecutó los actos de procuración en beneficio de su empleador; en horas comprendidas dentro de la jornada y horario de trabajo pactados, todo en razón de su actividad laboral exclusiva y permanente a tiempo completo en una institución publica autónoma, actuaciones que coincidieron con el desarrollo de su jornada regular de los Juzgados y Tribunales de la República. Señalando además que no es posible que el Juzgado de Primera instancia tramite a tasación de honorarios por actos de procuración realizados en segunda instancia. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del año dos mil quince.VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARÍO ALBERTO PRIETO RODRÍGUEZ a favor del Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y revoca la resolución dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, del Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, con relación a la demanda Ordinaria laboral, en donde surge un cobro de honorarios profesionales promovida por el abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 70, 80 y 127 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de abril del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés del Departamento de Cortés, los Señores NORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO CAMPOS, CARLOS ALBERTO GUERRERO GUEVARA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SERGIO RENE FUNEZ RODRÍGUEZ, MARVIN AYALA, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, TATIANA PAOLA FUENTES, JESSICA JAKLYN FLORES CARDONA, SARA ESMERALDA TATUM LOPEZ, MELSY MERARY BEJARANO CASTRO, RAFAEL ROSENDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARCO ANTONIO RAMÍREZ ANDARA, LORENZO PANCHAME ESCOBAR, SABY YORLENY PAZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO ENRIQUE MONNAR ROSALES, BAYRON GEOVANI IZAGUIRRE AGUILAR, ROBERTO REYES VIGIL, GUILLERMO ADOLFO LOPEZ SOLIS, NELSON ALEXANDER ALDANA CANTILLANO, LORENA ALLIOTH VELÁSQUEZ CRUZ, GERSON ROLANDO CASTELLÓN VENTURA, CONSUELO RODRÍGUEZ HERRERA, DEBORA RUTH SIMMONS ANDERSON, XIOMARA YAMILETH PERDOMO RUGAMA, SUYAPA ARACELY MEJÍA CARBAJAL, NOE ROSALES VELÁSQUEZ, MARIA ODILIA PINEDA MARTÍNEZ, RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA, JOSÉ LUÍS SOTO, CARLOS ROBERTO SERRANO CRUZ, JORGE ALBERTO GALLARDO SÁNCHEZ, FRANCIS ONDINA SOSA RODRÍGUEZ, ÁNGELA ORELLANA CAMPOS Y ELMO GUZMÁN SOSA, promoviendo demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios a las pactadas en contratos de trabajos por tiempo indefinido que se entabla contra la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de los ilegales despidos hasta que se ejecute y quede firme la Sentencia Definitiva por despidos injustificados escritos y directos, pago de séptimo día, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), la cual tuvo como representante procesal en la sustanciación dicha demanda al Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ.2) Que en fecha ocho de octubre del año dos mil diez, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés dictó Sentencia Definitiva en la que declaro Con Lugar las pretensiones planteadas por los señores señalados en el antecedente anterior, por lo que el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ interpuso un recurso de apelación en contra de la citada sentencia; dicho recurso se resolvió en fecha dos de diciembre de dos mil diez, su falló fue CONFIRMANDO la Sentencia Apelada; asimismo en fecha ocho de mayo de dos mil doce la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema Justicia declaro No Haber Lugar a un recurso de casación interpuesto a favor de la Empresa Nacional Portuaria como parte demandada en contra del fallo proferido en primera instancia.3) En fecha once de septiembre de dos mil trece el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRÍGUEZ compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, presentando cobro de honorarios profesionales a favor del señor HERIBERTO GODOY VASQUEZ.-4) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, dictó Auto Interlocutorio mediante el cual resolvió: “…DECLARANDO SIN LUGAR LA IMPUGNACIÓN INTERPUESTA POR EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DE LA TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES PUESTA A LA ORDEN DE LAS PARTES POR LA SECRETARIA DE ESTE DESPACHO.” (Folios mil ochocientos veinte (F-1820) al mil ochocientos veintidós (F-1822) del tomo II de los antecedentes de primera instancia). 5) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pompilio Coto, en su condición de apoderado legal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP); en consecuencia se REVOCA la resolución de fecha veintiuno (21) de Noviembre del año dos mil trece (2013) dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el incidente de tasación de honorarios profesionales promovido por el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, relacionado con la demanda promovida por los señores NORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO CAMPOS, CARLOS ALBERTO GUERRERO GUEVARA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SERGIO RENE FUNEZ RODRÍGUEZ, MARVIN AYALA, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, TATIANA PAOLA FUENTES, JESSICA JAKLYN FLORES CARDONA, SARA ESMERALDA TATUM LOPEZ, MELSY MERARY BEJARANO CASTRO, RAFAEL ROSENDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARCO ANTONIO RAMÍREZ ANDARA, LORENZO PANCHAME ESCOBAR, SABY YORLENY PAZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO ENRIQUE MONNAR ROSALES, BAYRON GEOVANI IZAGUIRRE AGUILAR, ROBERTO REYES VIGIL, GUILLERMO ADOLFO LOPEZ SOLIS, NELSON ALEXANDER ALDANA CANTILLANO, LORENA ALLIOTH VELÁSQUEZ CRUZ, GERSON ROLANDO CASTELLÓN VENTURA, CONSUELO RODRÍGUEZ HERRERA, DEBORA RUTH SIMMONS ANDERSON, XIOMARA YAMILETH PERDOMO RUGAMA, SUYAPA ARACELY MEJÍA CARBAJAL, NOE ROSALES VELÁSQUEZ, MARIA ODILIA PINEDA MARTÍNEZ, RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA, JOSÉ LUÍS SOTO, CARLOS ROBERTO SERRANO CRUZ, JORGE ALBERTO GALLARDO SÁNCHEZ, FRANCIS ONDINA SOSA RODRÍGUEZ, ÁNGELA ORELLANA CAMPOS Y ELMO GUZMÁN SOSA, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), a través de su Representante Legal.- SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la impugnación formulada por el abogado POMPILIO COTO TORRES en su calidad de representante judicial de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), consecuentemente se absuelve a la entidad demandada de la pretensión antes indicada, exonerándola de la imposición de costas en primer instancia por dicho incidente procesal. TERCERO: SIN COSTAS, en esta instancia, por considerar que el recurrente le asisten motivos raciones y legales para litigar.-”. Asimismo el recurrido el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ manifiesto su inconformidad con la resolución emitida e interpuso un recurso de reposición; a la cual la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula del Departamento de Cortés le resolvió en la misma resolución de la siguiente forma: “Declara no ha lugar el recurso de reposición.-” (Folios diecinueve (F-19) al veintitrés (F-23) de los antecedente de segunda instancia).6) Que el recurrente el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 70, 80, y 127 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce.7) Que con fecha diecisiete de octubre del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito, pues no han ocurrido las vulneraciones alegadas por el demandante.CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y revoca la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, del Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, con relación a la demanda Ordinaria laboral, en donde surge un cobro de honorarios profesionales promovida por el abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 70, 80 y 127 de la Constitución de la República, ya que la sentencia emitida por el Tribunal recurrido inexplicablemente declara con lugar una apelación y revoca la sentencia emitida en primera instancia, violentando a su representado su legitimo derecho a trabajar y recibir un pago por los servicios prestados ejerciendo la procuración, basada en que su representado laboraba en la Empresa nacional Portuaria, con contrato de trabajo por tiempo indefinido en el cargo de asistente legal, tal criterio violenta la opinión del Colegio de Abogados de Honduras, que indica que en casos similares al de su representado si procede el pago de Honorarios Profesionales. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, pronunciándose que se puede apreciar en autos, todos los hechos que se subsumen cabalmente en que el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, es un profesional del derecho que fue contratado por una institución publica en el cargo de asistente legal de manera permanente a tiempo completo, y con un sueldo mensual; lo que impide a su criterio, exigir un pago adicional al pactado por el cumplimiento de obligaciones para las que fue contratado. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se lesionan los derechos constitucionales el recurrente hace referencia en su petición, siendo del parecer que no se otorgue la presente demanda de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia básicamente en que, el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, ostenta la calidad de procurador, y este fue contratado para desempeñar el cargo de asistente del Departamento de Asesoría Legal de la Empresa Nacional Portuaria, bajo la condición de empleado de confianza a tiempo completo y con exclusividad de servicios, devengando un salario mayor al establecido en el Arancel del Profesional del Derecho; siendo precisamente por esa misma contratación que el actor ejecutó los actos de procuración en beneficio de su empleador; en horas comprendidas dentro de la jornada y horario de trabajo pactados, todo en razón de su actividad laboral exclusiva y permanente a tiempo completo en una institución publica autónoma, actuaciones que coincidieron con el desarrollo de su jornada regular de los Juzgados y Tribunales de la República. Señalando además que no es posible que el Juzgado de Primera instancia tramite a tasación de honorarios por actos de procuración realizados en segunda instancia. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha doce de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0305=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL