Sentencia AL-286-13 — Registro 4818
Resumen
Sentencia impugnada que declara sin lugar incidente de anulabilidad contra la admisibilidad de demanda laboral para el pago del fuero sindical por traslado de puesto de trabajo,interpuesta contra recurrente;habiendose acreditado el cierre de diligencias gubernativas conciliatorias por la no comparecencia de impetrante como parte requerida ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y que según éste argumenta que debio agotarse el tramite administrativo contra el Estado y no contra el ICF
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(5): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo y escuchada la opinión de la Agente de Tribunales del Ministerio Público, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, procurando establecer la grave infracción al debido proceso alegada por el peticionario; destacándose de su argumentación, su discrepancia o desacuerdo respecto a la interpretación del artículo 691 del Código del Trabajo efectuada por la Alzada al confirmar el fallo de primera instancia, así como otras anomalías de carácter formal a las que atribuye trascendencia constitucional. CONSIDERANDO (6): Que tampoco puede esta Sala desconocer lo dispuesto en una normativa jurídica de orden público, como es el Decreto Legislativo No. 17-2010, contentivo de la denominada “Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, según publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,193 de fecha 22 de abril del año 2010, mediante el cual se concentra la Defensa de los intereses del Estado en la Procuraduría General de la República, que constitucionalmente lo representa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 228 de la Carta Magna, siendo una de sus atribuciones contestar cualquier tipo de demandas o acciones que los particulares promuevan contra el Estado, según lo dispuesto en su Artículo 64, citado in extenso por el Dictamen Fiscal y que a la letra dispone, en lo conducente: “Para efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Procuraduría General de la República asumirá la Representación Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados. (…)”; lo cual, al tenor del principio de legalidad y sostenida jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional: “ (…) no puede ser obviada por no ser una disposición de carácter potestativo sino que de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares pueden disponer o alterar su vigencia a su libre arbitrio”. CONSIDERANDO (7): De manera tal, que los argumentos aquí expuestos aparecen como tendientes a demostrar que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo causó agravios al debido proceso de la parte ahora representada por el amparista, como es el Estado de Honduras, al no resolver favorablemente sus peticiones de anulabilidad de actuaciones. Sin embargo, ninguna de dichas argumentaciones incide en la razonabilidad sustancial del fallo de la Alzada, puesto que como se desprende de los antecedentes, la Representación Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados, como es el caso del Instituto de Conservación Forestal (ICF), al tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; le correspondería a la Procuraduría General de la República, no pudiendo tal mandato legal ser controvertido o tergiversado. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo anteriormente expuesto, estima esta Sala que la acción de mérito no se encuentra fundada en razones y derechos de orden constitucional, deduciéndose claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y consiguiente declaratoria de NO HA LUGAR"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 228 (Decreto)
- Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo del dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha doce de marzo de dos mil trece, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirma un auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha ocho de febrero de dos mil trece, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago del fuero sindical por traslado de puesto de trabajo del señor DARIO ERICO FIGUEROA CARRILLO promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS y VIDA SILVESTRE (SITRAICF) contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el Recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil doce (2012), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago del fuero sindical por traslado de puesto de trabajo contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS y VIDA SILVESTRE (ICF) demanda promovida a través de su representante Legal, la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2) Que seguido el trámite de ley, en continuación de AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE, celebrada en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, FALLÓ:”… Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE DE ANULABILIDAD solicitado por el Representante Procesal Sustituto de la parte demandada Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR en la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS y VIDA SILVESTRE (SITRAICF).” (Ver folios treinta y dos (32) al treinta y cuatro (34) de la primera pieza). 3) Que en fecha doce (12) de marzo de dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto fallo que antecede, FALLÓ: ”1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR actuando en su condición de Apoderado Apelante.- 2.- CONFIRMAR el Auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho febrero del 2013.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.” (Ver folios treinta y seis (36) al treinta y nueve (39) de la segunda pieza). 4) El Recurrente Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de abril del año dos mil trece (2013), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha doce (12) de marzo del año dos mil trece (2013), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional el día veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013). 5) Que en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil trece (2013), se tuvo por evacuado en tiempo y forma el dictamen emitido por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, fue de la opinión de que se DENIEGUE el amparo solicitado, lo cual tuvo como base las siguientes consideraciones: Que se desprende de los antecedentes, que en la demanda laboral promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo por la Apoderada Legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (SITRAICF) contra el Estado de Honduras por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) se presentaron adjuntos documentos entre los cuales destaca el cierre de diligencias gubernativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012), ante lo cual se presentó el incidente de anulabilidad, por la parte demandada, el cual fue declarado sin lugar por el Juzgado de Letras del Trabajo, lo cual fue ratificado por la Corte de Apelaciones del Trabajo. - Que el análisis jurídico de la cuestión planteada arroja que la sentencia recurrida no vulnera ninguna garantía constitucional invocada por el Recurrente, puesto que de la legalidad vigente y aplicable al caso (artículo 64 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y artículo 14 de la Ley Forestal y Áreas Protegidas) se desprende que tanto el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), como la Procuraduría General de la República (PGR) están facultadas para comparecer; habiéndose acreditado en el caso de autos que se citó a dicho Instituto a través de la persona que ostenta la representación legal de la institución, la cual según acta de cierre de diligencias administrativas gubernativas conciliatorias fue requerida, pero no compareció; con lo cual entiende la dictaminadora se han agotado las diligencias gubernativas conciliatorias a las cuales se ha hecho anterior referencia. (Ver folios veinticinco (25) al veintinueve (29) de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al Recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de marzo del año dos mil trece (2013) declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago del fuero sindical que ha quedado pertinentemente relacionado; lo cual tuvo como fundamento, en lo pertinente al incidente de anulabilidad de actuaciones, que el alegato del apelante para promoverlo establecía el no agotamiento del procedimiento administrativo contra quien se promueve la demanda, pues se agotó contra el ICF, persona jurídica diferente al Estado de Honduras; que tal motivo de anulabilidad esgrimido por la parte apelante obvia que consta a folio seis (6) del expediente, que se citó a dicho Instituto a través de la persona que ostenta la representación legal de la institución, como es el Director Ejecutivo, señor JOSÉ TRINIDAD SUAZO BULNES, quien no se hizo presente a dicha audiencia (diligencias administrativas gubernativas conciliatorias), pese a ser requerido para ello. Que lo anterior fue revisado y valorado adecuadamente por el Juzgado A Quo, quien dio así cumplimiento a lo expresado en el artículo 64 del Decreto No. 17-2010 (Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público), mismo que otorga plenas facultades a la Procuraduría General de la República (PGR) para comparecer y ejercer la representación legal de las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados; como es el caso del ICF, al tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Por lo consiguiente no cabe conceder el incidente de anulabilidad opuesto por el representante procesal de la parte demandada, más aun ahora que la ausencia del requisito mencionado es subsanable para no entorpecer el acceso a la justicia, razón por la cual el Juzgador resolvió de conformidad a derecho.
CONSIDERANDO (4): Que la formalización del recurso promovido por el Recurrente, Abogado CARLOS ARTURO DUBÓN LEITZELAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, se reconduce a expresar inconformidad por la indebida aplicación que la instancia ha hecho, entre otros, de los artículos 691, 715, 858 del Código del Trabajo, Decreto Legislativo 9-89 y artículos 3, 211 y 213.1 del Código Procesal Civil, ya que la parte demandante ha dirigido su demanda contra el Estado de Honduras, por lo que estaba obligada a presentar junto con la demanda el acta donde conste que haya agotado el procedimiento gubernativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, contra el Estado de Honduras; infracción que denota no se ha citado en forma correcta a procedimiento gubernativo a su mandante, como es el Estado de Honduras, siendo lo procedente de conformidad a derecho público. En su lugar, manifiesta el Recurrente, que el Juzgado A Quo obvió tal proceder y admitió la referida demanda sin que se hubiese constatado el agotamiento del procedimiento gubernativo contra el Estado de Honduras, lo cual es una grave irregularidad que implica violación a normativa de orden público, lo que se aúna a otras anomalías efectuadas por el Ad Quem al confirmar el auto de primera instancia, apartándose de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, en violencia al debido proceso, como es nominar como sentencia interlocutoria lo que debía emitirse era un auto, al tenor del artículo 193.2 literal b) del Código Procesal Civil.
- Por todo lo antes expresado, en aras de mantener incólume la garantía al debido proceso, solicita de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se dicte sentencia conforme a derecho otorgando el presente recurso. CONSIDERANDO (5): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo y escuchada la opinión de la Agente de Tribunales del Ministerio Público, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, procurando establecer la grave infracción al debido proceso alegada por el peticionario; destacándose de su argumentación, su discrepancia o desacuerdo respecto a la interpretación del artículo 691 del Código del Trabajo efectuada por la Alzada al confirmar el fallo de primera instancia, así como otras anomalías de carácter formal a las que atribuye trascendencia constitucional. CONSIDERANDO (6): Que tampoco puede esta Sala desconocer lo dispuesto en una normativa jurídica de orden público, como es el Decreto Legislativo No. 17-2010, contentivo de la denominada “Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, según publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,193 de fecha 22 de abril del año 2010, mediante el cual se concentra la Defensa de los intereses del Estado en la Procuraduría General de la República, que constitucionalmente lo representa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 228 de la Carta Magna, siendo una de sus atribuciones contestar cualquier tipo de demandas o acciones que los particulares promuevan contra el Estado, según lo dispuesto en su Artículo 64, citado in extenso por el Dictamen Fiscal y que a la letra dispone, en lo conducente: “Para efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Procuraduría General de la República asumirá la Representación Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados. (…)”; lo cual, al tenor del principio de legalidad y sostenida jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional: “ (…) no puede ser obviada por no ser una disposición de carácter potestativo sino que de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares pueden disponer o alterar su vigencia a su libre arbitrio”.[1] CONSIDERANDO (7): De manera tal, que los argumentos aquí expuestos aparecen como tendientes a demostrar que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo causó agravios al debido proceso de la parte ahora representada por el amparista, como es el Estado de Honduras, al no resolver favorablemente sus peticiones de anulabilidad de actuaciones. Sin embargo, ninguna de dichas argumentaciones incide en la razonabilidad sustancial del fallo de la Alzada, puesto que como se desprende de los antecedentes, la Representación Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados, como es el caso del Instituto de Conservación Forestal (ICF), al tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; le correspondería a la Procuraduría General de la República, no pudiendo tal mandato legal ser controvertido o tergiversado. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo anteriormente expuesto, estima esta Sala que la acción de mérito no se encuentra fundada en razones y derechos de orden constitucional, deduciéndose claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y consiguiente declaratoria de NO HA LUGAR. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 64, 80, 82, 90, 129, 135, 228, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0286-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver sentencia de amparo laboral SCO 786-11, del 23 de octubre de 2012. En igual sentido, la sentencia de amparo laboral SCO 155-13, dictada por esta Sala el 10 de marzo de 2015, con similar tesitura jurisprudencial a la planteada en el presente caso.